Foros Castilla

Un Congreso con 400 escaños, de los que 200 sean elegidos entre todas las provincias y la otra mitad, en un único distrito a nivel nacional. En tiempos de crisis y de contención del gasto, Unión, Progreso y Democracia (UPYD) aboga por remar contracorriente y redimensionar el tamaño de la Cámara Baja para compensar las desigualdades del sistema electoral. La medida, que incluye la idea de las listas desbloqueadas, es la condición previa e “irrenunciable” para que el partido pueda apoyar al Gobierno que emane de las urnas, se engloba dentro de un programa político mucho más ambicioso y que contempla eliminar las duplicidades de las diferentes administraciones para ahorrar hasta 40.000 millones en duplicidades.

La fórmula pretende corregir el “sesgo territorial” del sistema sin modificar la Carta Magna. Para ello, la reforma respetaría el hecho de que la provincia siga siendo la circunscripción electoral, pero crearía, además, una nueva circunscripción nacional que redistribuyese mejor entre todos los partidos los restos de voto que ahora se pierden al no obtener representación parlamentaria. “Se trata de mejorar el sistema con lo que permite la Constitución”, explica el responsable de campaña, Carlos Martínez Gorriarán. “Más adelante, propondremos que la circunscripción sea la Comunidad Autónoma y no la provincia”.

Una propuesta que, reconocen, necesitará, de mucha pedagogía para hacer entender a los ciudadanos la necesidad de ampliar el sistema y no reducirlo. “Los ciudadanos tienen muchas razones para el descontento hacia la clase política, pero nosotros proponemos cambiar el sistema a fondo para conseguir un Parlamento más vivo y eficaz”, explica. “Sería un coste muy pequeño y totalmente asumible si se ahorra, por otro lado, en otras administraciones con medidas como la supresión de las Diputaciones o la fusión de Ayuntamientos”.

La propuesta de UPyD, parecida pero diferente a la expuesta por EQUO en su programa, choca directamente con las medidas anunciadas por Mariano Rajoy y que contemplan la posibilidad de reducir la Cámara Baja a 300 escaños. Algo que, a juicio de UPyD, sería “intolerable” pues contribuiría a reforzar aún más el bipartidismo dominante. “Ahorrar en diputados es ahorrar en democracia y solo contribuiría a evitar la entrada de los partidos minoritarias y a aumentar el peso de las circunscripciones menos pobladas”, añade. “Se produciría algo así como una ruralización del voto”.

A su juicio, con estos dos cambios fundamentales se compensaría en buena medida las deficiencias del sistema electoral y no harían tan urgente el cambio del sistema D´Hont por otro más proporcional como el Hare.

Devolución de competencias

La otra gran baza del partido de Rosa Díez se estructura en torno a la reforma del sistema autonómico para evitar duplicidades y eliminar instituciones superfluas. En este sentido, el partido considera “urgente” reordenar las competencias de las diferentes administraciones porque el sistema, tal y como está concebido, contribuye a agravar aún más la crisis económica con “gastos excesivos”.

Como ejemplo de esta reforma, defiende la unión de ayuntamientos pequeños, a la vez que consideran innecesarios 17 parlamentos autonómicos, las diputaciones provinciales y otros organismos repetidos en todas las comunidades. Apuestan también por devolver al Gobierno central las competencias en Educación, Sanidad, Justicia y Medio Ambiente.

UPyD se plantea, también, un "ambicioso programa" de lucha contra el fraude fiscal, que actualmente representa un 20 por ciento del PIB. Según el dirigente del partido magenta, recaudando la mitad de este porcentaje ya no sería necesario recortar de "partidas más sensibles" como la sanidad y la educación.