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El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) lleva al Congreso de los Diputados la roturación en Sigueruelo (Segovia)

El Partido Castellano (PCAS) hizo en el Congreso de los Diputados cuatro preguntas al Gobierno  acerca de la roturación de una gran finca en Sigueruelo (municipio de Santo Tomé del Puerto) situada en el interior del Parque Natural "Sierra Norte de Guadarrama". El Partido Castellano (PCAS) presentó las preguntas el 6 de octubre (nº de Registro de Entrada 0005905) a través del diputado Joan Baldoví Roda, diputado en el Congreso de los Diputados de Compromís,  formación política con la que el PCAS (coaligado además con otras formaciones) consiguió formar la candidatura PRIMAVERA EUROPEA y lograr representación  en el Parlamento Europeo en las elecciones de 2014.

http://partidocastellano.org/content/2016/10/10/el-partido-castellano-pcas-lleva-al-congreso-de-los-diputados-la-roturaci%C3%B3n-en (http://partidocastellano.org/content/2016/10/10/el-partido-castellano-pcas-lleva-al-congreso-de-los-diputados-la-roturaci%C3%B3n-en)

El escrito presentado por Baldoví hace una exposición de los hechos que se han sucedido en las seis últimas semanas en Sigueruelo que han culminado con la roturación de un terreno que nunca fue antes cultivado (por eso no se puede hablar de reforestación) sin la preceptiva Declaración de Impacto Medioambiental, sin hacer público el proyecto en ningún BOE ni en el BOCYL, sin contar con los habirtantes de la zona, sin tener en cuenta que la roturación tenía lugar en una zona incluida en un Parque Natural con todas las limitaciones que impone la ley,y, sobre todo, sin tener en cuenta la amenaza alabastecimiento de agua de los habitantes de la zona. Todas ellas circunstancias que hacen altamente improbable que este proyecto se pueda llevar a cabo.
A continuación se hacen cuatro preguntas al Gobierno de España relativos al procedimiento por el que se han llevado a cabo las obras, cómo se ha podido llegar al extremo de degradar irremisiblemente un Parque Natural protegido, por qué no se han respetado todos los pasos legales que exige la ley, por qué no se protege el abastecimiento de agua, los derechos históricos de los habitantes de la zona y la convivencia en los pueblos afectados y, finalmente por qué el Gobierno de España no detiene definitivamente las obras (que La junta de Castilla y León se ha limitado a paralizar "cautelarmente").