Pues gracias por contestar, de verdad.

Pero para tener un poco claros esos puntos. ¿Podrías desarrollarlos un poco?. Más que nada porque así de resumidas, esas reformas en su mayor parte también las tienen claras el P$E y el PP’$.

Gracias y salud.

Me llama la atención que sectores neoconservadores exigan a los sindicatos que realicen una huelga general. 

A ver si el ‘espíritu santo’ a iluminado  sus descarriadas almas católicas y ahora los da por pensar en los pobres más que en sí mismos.

A no, que es únicamente para joder al P$E. Bueno, pues para eso ya tienen a su 'sindicato' Manos Limpias (por ejemplo) … pero claro, los de derechas, por no movilizarse, no se movilizan ni cuando viene su sumo pontífice. 

Lo de los ‘sindicatos’ oficiales CCOO y UGT hace ya mucho tiempo que se conoce de qué van (pogres ñoños los define una amigo mío). Son engranajes del sistema para tener al pueblo trabajador controladito, de vez en cuanto una huelga general de 1 'puto' día (de esa forma justifican su función ante el sistema para seguir ganando sus jornales de mercenarios, abonan las dietas a sus liberados, nunca sirve de nada porque nunca se cambia nada, y  el resto de personal perdemos ese día de sueldo, y nos desmoralizan un poco más para nos queden menos ganas de secundar otra.)  ... y a seguir viviendo del cuento.

Existen otras personas y colectivos que están al margen de todo ese mercadeo, que será el que se movilice (o no) una vez más (cuando quiera). Serán los de toda la vida, el pueblo trabajador que consiguió con sus esfuerzos y luchas todos los avances sociales durante la historia, los tacharán de 'grupos incontrolados de radicales de izquierda', que recibirán una vez más los palos de la policía (en la calle y en las comisarías), tendrán juicios, les caerán condenas por alteración del orden público, los criminalizarán de nuevo con el término de 'comandos abertzales’ en Madrid, y al final serán los únicos que podrían frenar las reformas que planean contra el pueblo trabajador (nunca son reformas importantes que perjudiquen a los ricos). Vamos, lo de siempre. Estos días ya están deteniendo en sus domicilios a estudiantes que participaron en la contra-cumbre de ministros de educación de hace unas semanas (http://www.lahaine.org/index.php?p=45087)

Me hace gracia que en muchos sitos se dice eso de las famosas 'reformas' que 'obligatoriamente' hay que hacer, pero que la persona de a pie, no sabe que leches es. Supongo que será porque no se atreven a decirlas y practicarlas a los niñatos del P$E, ni se las escuchan a los sinvergüenzas del PP'$, y el ambiguo movimiento liberal furtivamente calla.

El pueblo trabajador no debería hacer ni caso a los medios de comunicación burgueses, que lo único que quieren es utilizarlo una vez más como marioneta para intereses de los grupos políticos y corporaciones patronales y financieras, que en nada nos beneficiará.



 

   

El Gobierno local se ha negado a entrar a la zona y el federal ha hecho caso omiso de la solicitud de varias organizaciones y de diputados para ingresar a rescatar a las víctimas.

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL ATAQUE A LA MISION HUMANITARIA QUE VISITABA SAN JUAN COPALA, OAXACA: SE CONFIRMA MUERTE DE BETY CARIÑO

Compañeras y compañeros:

La caravana humanitaria integrada por observadores internacionales, defensores de derechos humanos, periodistas, maestros e integrantes de diversas organizaciones oaxaqueñas que se dirigía al municipio autónomo de San Juan Copala, fue emboscada por un grupo de hombres armados, resultando varias personas heridas y algunas presuntamente muertas.

No se tiene información oficial del número de personas heridas ni muertas, porque el Gobierno local se ha negado a entrar a la zona. Por su parte, el Gobierno federal ha hecho caso omiso de la solicitud de varias organizaciones de la sociedad civil y de diputados, diputadas y Senadores para ingresar a rescatar a las víctimas.

Solo se ha logrado confirmar la lamentable, triste y dolorosa muerte de nuestra compañera y hermana Bety Cariño directora de CACTUS e integrante de la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano y de Juri Jaakkola, observador de derechos humanos de nacionalidad finlandesa.

Bety Cariño Trujillo, es una defensora de derechos humanos desde más de 15 años, tiene un trabajo de acompañamiento comunitario en la región de la mixteca capacitando a los pueblos indígenas de la región y brindando solidaridad y asesoría a las mujeres de la zona para la defensa de sus derechos, de igual manera impulso la creación de redes de economía solidaria en varias comunidades de la zona y logró junto con varias organizaciones más crear la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano, actualmente tenía el acompañamiento de una organización internacional de protección a defensores de derechos humanos por el riesgo que enfrentaba en el ejercicio de trabajo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Bety será recordada como una compañera y luchadora incansable que perdió la vida acompañando una caravana humanitaria que buscaba como siempre lo hizo, el beneficio de los más pobres, como una compañera confiable, comprometida e incansable que acompañara nuestras luchas con su espíritu y que no nos dejará rendirnos hasta encontrar la justicia y el castigo de este acto estúpido de barbarie y violencia perpetrado por un grupo paramilitar que actúa bajo la complacencia del gobierno del estado de Oaxaca.

Hasta el momento de enviar esta comunicación, cuando menos 6 personas se encontraban en calidad de desaparecidas en las inmediaciones del ataque. Entre las personas desaparecidas se encuentra 1 ciudadano de Bélgica, 3 integrantes de VOCAL y 2 periodistas de la revista Contralínea” que acompañaban la Misión humanitaria.

Las autoridades estatales se habían negado a entrar a la zona a constatar el estado físico de los integrantes de la misión, aunque según reportes de compañeros que se encuentran en Juxtlahuaca un convoy de aproximadamente 45 elementos de la policía estatal en compañía del Ministerio Público y de servicios periciales habrían realizado un operativo para ingresar a la zona del ataque a las 10 de la mañana del día de hoy, desconociendo hasta el momento el resultado de dicho operativo.

En este momento se encuentran desaparecidos:

1. Martin Sautan – Bélgica

2. David Venegas – Oaxaca – Vocal

3. Noé Bautista – Oaxaca- Vocal

4. Fernando Santiago - Oaxaca – Brigadas Indígenas

5. David Cilia - Contralínea

6. Ericka Ramírez - Contralínea

Ante esta brutal agresión en contra de los defensores, defensoras y observadores internacionales de derechos humanos, de representantes de los medios de comunicación y del horrible asesinato de nuestra compañera Bety Cariño, exigimos a las autoridades estatales y federales:

· Ingreso a la zona de la agresión, recuperación de los cuerpos, rescate de los desaparecidos o secuestrados, atención a los heridos.

· Presentación con vida de los activistas, defensores y periodistas desaparecidos.

· Establecimiento de garantías de seguridad para los heridos y para los sobrevivientes.

· Intervención de la Procuraduría General de la República en la investigación de estos hechos.

· Investigación y sanción a los responsables intelectuales y materiales de estos hechos algunos de ellos habitantes de la comunidad de La Sabana Copala, pues desde las casas de este lugar se perpetro el ataque y que presumiblemente pertenecen a la organización paramilitar denominada Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui (UBISORT)

· Investigación imparcial, expedita y certera a cargo de la Procuraduría General de la República para castigar a los asesinos de este grupo paramilitar.

· Destitución inmediata del Secretario de Gobierno del estado de Oaxaca, de la Procuradora del Estado y del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana por negarse a intervenir de manera oportuna una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, favoreciendo con ello la actuación impune del grupo paramilitar agresor.

Solicitamos la intervención de las organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional para denunciar estos hechos, de los medios de comunicación para darlos a conocer y de toda la sociedad en su conjunto para exigir su esclarecimiento.

Enlace a la noticia:
http://www.kaosenlared.net/noticia/oaxaca-confirmados-dos-muertos-seis-desaparecidos-ataque-paramilitar-g

Si.

Varias fotos de la carpa de Izca/Yesca durante el concierto de 6eiSKAfes

El conflicto entre Unión Fenosa y comunidades afectadas por los altos precios y los cortes de suministro llevaron al Gobierno de Guatemala a declarar el estado de sitio en el departamento de San Marcos. Desde octubre de 2009, ocho líderes sociales destacados en la lucha por la expulsión de la multinacional han sido asesinados, cuatro de ellos en marzo de 2010. Señalan vínculos de la compañía con el narcotráfico.
 
El 24 de octubre de 2009, Víctor Gálvez recibió 32 impactos de bala cuando salía de la oficina donde atendía a los vecinos damnificados por DEOCSA, una de las dos filiales de Unión Fenosa en el país. El asesinato de este destacado opositor local a la eléctrica española conmovió Malacatán, un municipio situado en el departamento de San Marcos, a 250 kilómetros de la capital, cerca de la frontera con México.

El conflicto había comenzado mucho antes. La oposición a la gestión de Unión Fenosa y la lucha por la nacionalización del sector eléctrico, iniciada con su privatización en 1999, había alcanzado a finales de 2009 la dimensión de un conflicto abierto. Ya en noviembre de 2004, la Corte de Constitucionalidad guatemalteca había determinado que Unión Fenosa, a través de su filial DEOCSA, estaba realizando cobros indebidos mediante un impuesto ilegal, y que debía devolver cerca de 200 millones de euros a los usuarios. Algo que nunca hizo.

90.358 demandas

El 8 de julio de 2009, una carta de 30 organizaciones, movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos del Estado español, con motivo de la adquisición de Unión Fenosa por parte de Gas Natural, denunciaba las prácticas habituales de la multinacional en Guatemala. Entre las irregularidades recogidas, además de la violación del dictamen de la Corte, el texto documentaba “cobros indebidos en las facturas (…), represalias de Unión Fenosa contra la población dejando sin suministro eléctrico a las comunidades que protestan por las altas tarifas y la mala calidad del servicio”. Sólo en los primeros cinco meses de 2009, la Comisión Nacional de Energía guatemalteca recibió 90.358 denuncias contra la compañía. “Las tarifas eléctricas para el consumidor final comenzaron a incrementarse de forma exponencial, y el servicio no ha dejado de empeorar. Han sido presentadas innumerables denuncias por los usuarios ante los cobros desproporcionados, los cortes de energía sin aviso previo y el abuso de autoridad de sus funcionarios ante los reclamos de las poblaciones rurales”, relata a DIAGONAL Jesús Carrión, del Observatorio de la Deuda en la Globalización.

Después de una consulta popular para exigir la salida de la filial de Unión Fenosa, numerosas comunidades del departamento de San Marcos se organizaron para no pagar las facturas de la eléctrica española. Las demandas: la expulsión de la multinacional del país, la nacionalización del sector, la creación de empresas municipales de energía y la reforma de la Ley General de Electricidad.

La respuesta de Unión Fenosa, según denuncian las organizaciones sociales, fue el corte del suministro de electricidad a partir del 15 de diciembre del año pasado. “Tras una semana sin energía, los habitantes se quedaron también sin agua, colocados ante el riesgo de enfermedades infecto-contagiosas. En los hospitales y en los centros de salud del área se perdieron alrededor de 40.000 vacunas destinadas para los niños y niñas de los municipios afectados”, relatan desde el Frente Nacional de Lucha por la Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales (FNL). A pesar de que Unión Fenosa adujo problemas técnicos, para la prensa guatemalteca la causa del corte del fluido eléctrico en varias comunidades de San Marcos, entre ellas Malacatán, había que buscarla en los 7,5 millones de euros que los vecinos debían a la compañía: 60.000 personas llevaban un año en huelga de pago como forma de protesta por los “abusos” de Unión Fenosa.

El corte de suministro eléctrico días antes de Navidad encendió a las comunidades. Tras pasar tres días sin luz, centenares de vecinos bloquearon las rutas que comunican México con Guatemala. Se sucedieron tomas de carretera, plantones, marchas y cientos de asambleas informativas. El Gobierno de Colom no tardó en acusar al Frente de Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (FRENA), organización a la que pertenecía Víctor Gálvez antes de ser asesinado, de ser responsable de conexiones ilegales, una práctica muy común en la región. El 22 de diciembre, el presidente guatemalteco decretaba el estado de prevención en San Marcos, una especie de estado de sitio, todavía vigente, con el que quedaron suspendidas la mayoría de las libertades y derechos civiles.

Hasta el momento el estado de prevención, decretado en principio para 15 días, ha sido prorrogado en seis ocasiones. “De los ocho dirigentes populares que han sido asesinados, siete lo han sido en el marco del Estado de sitio. La población no puede reunirse para articularse, porque es delito que se reúnan más de tres personas”, denuncia a DIAGONAL Roberto Madriz, de la Comisión Política del FNL. “Los sicarios del narcotráfico recorren armados las aldeas, diciéndole a la población ‘o pagan o los matamos’. Al día siguiente de que se decretara el estado de sitio, Unión Fenosa abrió oficinas justo en el edificio desde donde opera el capo del narco de la zona, en un edificio que todo el mundo sabe que es de su propiedad. Con ello, lanza un claro mensaje al pueblo”.

Mantener el negocio

Para la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), el Estado de sitio sólo puede entenderse “como un mecanismo del Estado para resolver el ‘problema’ del servicio eléctrico en el Departamento y la posibilidad de que DEOCSA-Unión Fenosa pudiera mantener su negocio”.

El 13 de enero de 2010, Evelinda Ramírez, presidenta del Comité de FRENA en Chiquirines (Retalhuleu), volvía en coche de la capital hacia su casa, en el municipio de Ocós, en San Marcos. Durante dos días se había reunido con diferentes autoridades del Gobierno para reclamar el esclarecimiento del asesinato de Víctor Gálvez, la suspensión del estado de sitio y la expulsión de Unión Fenosa del país.

Entre los kilómetros 206 y 208 de la Carretera del Pacífico, una camioneta Ford Pick Up blanca con los vidrios polarizados interceptó el coche. Los disparos mataron a Evelinda Ramírez e hirieron a dos de sus acompañantes. También en Malacatán, era asesinado el 29 de enero Pedro García, miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Municipalidad y activista por la nacionalización de la energía en su pueblo, San Pablo. Pocos días atrás, García había denunciado irregularidades cometidas por el Consejo Municipal de Malacatán.

La historia se repite

Un final parecido le esperaba a Octavio Roblero, católico de base, integrante del FRENA, del FNL y uno de los principales líderes de San Marcos en la lucha por la nacionalización del sector energético y la expulsión de Unión Fenosa. El asesinato de su cuñado, Víctor Gálvez, y las amenazas de muerte recibidas, le llevaron a presentar un recurso de protección a la Corte Suprema el 20 de enero. En la tarde del 17 de febrero, mientras Roblero cerraba la puerta de su negocio en la estación de autobuses de Malacatán, fue acribillado por desconocidos desde un coche. Este cuarto asesinato volvió a trascender las fronteras de Guatemala.

El 21 de febrero, una nueva carta de 50 organizaciones, sindicatos y partidos españoles fue enviada a los presidentes Álvaro Colom y Rodríguez Zapatero, a los directivos de Unión Fenosa-Gas Natural y a los principales accionistas de la eléctrica, La Caixa y Repsol. El documento señalaba que estos asesinatos se debían a la “actividad social” de las víctimas y a “su lucha contra los apagones y los cobros excesivos de DEOCSA”, así como “al intento de silenciar la actividad de los movimientos sociales y de los defensores de los derechos humanos”.

Al mismo tiempo, la carta apuntaba a “la responsabilidad del Gobierno español en la impunidad de estos asesinatos” ya que ante estas denuncias “no ha puesto en marcha todas las medidas diplomáticas y políticas necesarias para esclarecer y frenar esta situación”. Exactamente un mes después de la difusión de la carta, el 21 de marzo, tres líderes comunitarios eran “salvajemente asesinados a bala y machete” en el municipio de Ocós, en el departamento de San Marcos, según un comunicado conjunto del FNL, Plataforma Agraria y la organización ecologista Ceiba. Carlos Noel Maldonado Barrios, de 60 años, Leandro Maldonado, de 78 años y Ana María Lorenzo Escobar, de 40 años, habían dedicado su activismo a la expulsión de Unión Fenosa del país y al derecho de las comunidades al libre acceso al agua potable.

Intervención del Ejército

Al día siguiente, en la cercana aldea de Las Brisas, también en San Marcos, el activista Santiago Gamboa era asesinado por “balas del Ejército”, según el FNL. Gamboa era dirigente del Comité de Vecinos en lucha por la nacionalización de la energía eléctrica en la comunidad de Santo Domingo. Aquel día por la mañana, según el mismo comunicado, diez empleados de una subcontrata de Unión Fenosa habían acudido a desconectar el fluido eléctrico. La reacción de la comunidad fue retenerlos y denunciar el hecho a las autoridades. El Gobierno envió 250 soldados para “rescatar a las personas secuestradas por una turba”. Los soldados abrieron fuego contra los manifestantes. Además de Gamboa, que murió en el acto, otros seis vecinos fueron alcanzados por las balas de los soldados.

El operativo del Ejército en Las Brisas fue seguido, según denuncia el FNL, por la persecución de líderes sociales: “Cubiertos con el argumento de que se trata de acciones contra el narcotráfico, han allanado las viviendas de los dirigentes locales del movimiento contra Unión Fenosa, han inundado las calles con tropas amedrentadoras, han creado una situación de terror entre la población”. La organización de derechos humanos UDEFEGUA señala la complicidad entre la multinacional, el Estado y el crimen organizado: “Es inaceptable que en pleno Estado de excepción implantado por el Gobierno para proteger los intereses de una transnacional que roba y viola la ley, las bandas de criminales, al servicio del narcotráfico, del Gobierno y de Unión Fenosa, actúen con total impunidad”.

“La Policía y el Ejército han jugado el papel de matones armados al servicio de Unión Fenosa”, sostiene Roberto Madriz, del FNL. Sin embargo, admite que hasta ahora no hay pruebas que valgan ante un tribunal: “No existe ninguna evidencia que pruebe la complicidad de Unión Fenosa en la ola de asesinatos de dirigentes que se le oponen. Pero ante la ausencia de evidencia que apunte en cualquier otra dirección, no puede tampoco descartarse como sospechosa. De hecho, no hay nadie, en absoluto, implicado como autor material o intelectual. La más absoluta impunidad rodea cada uno de estos hechos”.

Enlace a la noticia:
http://www.kaosenlared.net/noticia/ocho-activistas-opuestos-union-fenosa-asesinados-seis-meses-guatemala

  Inés García Holgado, al frente de la denuncia en Argentina. Inés es hija de exiliado republicano y familiar de dos fusilados y un desaparecido. Descendiente de castellanos y simpatizante del  movimiento popular castellano. Es abogada, y especialista en Derechos humanos.
 

Diez asociaciones y dos particulares, Darío Rivas Cando e Inés García Holgado, han presentado una querella ante la Justicia argentina contra el "genocidio" cometido contra miles de personas durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista. Solicitan que se pida a España la identificación de todos sus presidentes y ministros entre 1936 y 1977 para identificar a los responsables de estos crímenes y detener a los que continúen vivos. En el escrito tildan de "inaudito" que el juez Garzón haya sido acusado de prevaricación por la Falange cuando lo que hizo fue "interpretar" la Ley de Amnistía.

El acto de presentación de la anunciada querella por crímenes franquistas que tuvo lugar ayer por la mañana ante la Cámara Federal de Buenos Aires se convirtió en una muestra de apoyo y solidaridad con el juez Baltasar Garzón, inculpado en España por un delito de prevaricación . La querella ha sido presentada por los familiares de dos víctimas del franquismo, un alcalde asesinado en 1937 y un desaparecido, presuntamente enterrado en una fosa común, y está respaldada por 10 organizaciones de defensa de los derechos humanos y de recuperación de la memoria, autorizadas por la Constitución argentina a presentarse como parte implicada en cualquier demanda por violación de derechos básicos.

Los que piden justicia

La denuncia sostiene que la Ley de Amnistía no rige fuera de España Garzón comparece de nuevo ante el Supremo con la justicia en alta tensión.

El caso ha caído en el Juzgado número 1 de la Cámara Federal, cuya titular es la magistrada Rolmilda Servini de Cubria, lo que no fue recibido con demasiado entusiasmo por los querellantes. La juez Servini es muy conocida en los ambientes jurídicos y políticos argentinos, y ha tenido que hacer frente en su ya larga carrera a varias demandas contra algunas de sus actuaciones profesionales. Tuvo a su cargo la causa denominada Yomogate, donde se acusaba a la cuñada del presidente Menem de lavar dinero proveniente del narcotráfico, y alcanzó popularidad a principios de los noventa al intentar censurar la sátira de un conocido cómico argentino.

Será ella quien decida si acepta la querella presentada ayer, que parte de los dos hechos relatados pero que implica el reconocimiento de la jurisdicción internacional por parte de la justicia argentina. Los querellantes solicitan que se recaben en España los nombres y domicilios de los miembros de los Gobiernos existentes entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas. La misma solicitud se formula respecto a "mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores generales de Seguridad y dirigentes del partido Falange Española" en ese mismo periodo. Según los abogados que han preparado la demanda, Beinusz Smukler y Ricardo Huñis, la Ley de Amnistía no puede aplicarse a crímenes que pueden ser asimilados a delitos de genocidio o lesa humanidad, como son, en su opinión, los de la dictadura franquista.

En la conferencia de prensa celebrada a última hora de la mañana de ayer (18.00 hora peninsular española), se hizo hincapié en el respeto profesional que provoca en América Latina el juez Baltasar Garzón. "Alguna vez se ha dicho que las acciones del juez Garzón dañaban la imagen de España en América Latina, pero es precisamente lo contrario. Nunca tuvo España mejor imagen en nuestros países que cuando Garzón abrió sus procedimientos contra los dictadores y torturadores de Chile y Argentina. Es ahora cuando esa imagen favorable está sufriendo, cuando se intenta procesar a Garzón por aplicar tratados internacionales que España suscribe", explicó el periodista Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales.

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presente en el acto, apoyó al juez Garzón y exigió que se continúe la investigación sobre los crímenes cometidos en el franquismo. "No importa que los responsables estén muertos. Lo que importa es la verdad", aseguró a EL PAÍS. "Toda esta movilización pretende llamar la atención sobre la persecución que está sufriendo el juez", añadió en medio de los aplausos de los asistentes. Uno de los abogados firmantes de la querella, Ricardo Huñis, aseguró que ya está recibiendo muchas llamadas no sólo de Argentina sino de otros lugares del mundo, en las que descendientes de españoles asesinados durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra preguntan qué pueden hacer para sumarse a esta iniciativa.

El vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Santiago Macías, expresó su emoción y recordó que el acto coincidía con la fecha de proclamación de la II República. Agradeció a las asociaciones argentinas su defensa del juez Garzón y su voluntad de llevar adelante acciones judiciales contra los crímenes franquistas y solicitó apoyo para lograr que España derogue la Ley de Amnistía. La presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, insistió en la importancia del paso que acaba de darse y recordó la gran acogida que tuvo siempre en España su demanda de justicia para los desaparecidos argentinos.

La nota más emocionante la proporcionó Darío Rivas, de 90 años, hijo del alcalde de Castro de Rei (Lugo) asesinado en 1937, que logró recuperar sus restos en 2005 y que continúa exigiendo justicia. Darío estuvo en el acto, pero fue su sobrina quien leyó un texto en el que se acusa a España de seguir viviendo como en la época de la dictadura y de haber aceptado un pacto de silencio, indigno.

Enlace a la noticia: http://www.forocastellano.org/spip.php?article270
Artículo relacionado:  Batallón Comuneros de Castilla  (http://www.forocastellano.org/spip.php?article41)



 

Que personaje este César. Debe ser que los fascistas hicieron el cursillo de masacres en la unión soviética (o un curso por correspondencia), porque el modelo que utilizaban es calcado al soviético (salvo que no tenían el detalle de llevarles autobus) ... ¿Sería Franco un infiltrado de Stalin?

 

Fuerza militar-policial asalta viviendas y capturan campesinos en el Aguán. “Aparte de amenazarnos y tratarnos como perros, nos llevaron dos celulares y dos biciclestas, además de dejarnos destruidas las puertas de las casas las cuales abrieron a patadas”

Armados hasta los dientes y pateando las puertas, militares y policías llegaron intempestivamente esta madrugada a la comunidad El Despertar donde entraron a las casas sin orden de allanamiento ni de captura y sacaron del pelo cuando dormían a Ulises Laínez y Vicente Padilla, miembros de la Cooperativa del mismo nombre de la comunidad, denunciaron familiares de los afectados, este martes 13 de marzo.

La Cooperativa El despertar, es una de las 28 afiliadas al Movimiento Unificado Campesino del Aguán , MUCA, que están siendo reprimidas por el régimen que ha desplazado a una fuerza militar-policial de enormes proporciones, como si se desplazara a una confrontación bélica.

“Estaba haciendo la comida para los cipotes que van a la escuela, cuando de repente entraron a la cocina un montón de policías y militares preguntando quiénes dormían, yo les dijo que solo estaban allí mis hijos, mi suegra y mi cuñado y que por favor no entraran porque mi suegra está enferma y se puede morir, pero no hicieron caso y fueron directamente donde dormía mi cuñado Ulises y lo agarraron del pelo y se lo llevaron”, dijo una mujer la mujer todavía muy nerviosa cuando conversó con defensoresenelinea.com.
 
El hecho ocurrió antes de las cinco de la mañana de este martes y la fuerza policial-militar mantuvo por más de una hora a los detenidos a quienes dejó en libertad tras advertirles que ya estaban identificados, la liberación se produjo después de que el COFADEH hiciera la denuncia a través de Radio Globo y que el vice ministro de Seguridad Roberto Romero Luna, no supiera explicar la ilegalidad al ser entrevistado por este medio de comunicación.

A cuatro  niño de entre dos a 10 años  que encontraron en dos casas los tiraron al piso, los gritos y llanto de los pequeños no conmovió a los agentes que procedieron a tirar todo en la casa y a colocarle un rifle en la cabeza a una de las mujeres, mientras otro militar le punzaba la espalda con un fusil al sacarla de la casa, como si se tratara de una peligrosa delincuente.

“Aparte de amenazarnos y tratarnos como perros, nos llevaron dos celulares y dos biciclestas, además de dejarnos destruidas las puertas de las casas las cuales abrieron a patadas”, relató otra de las afectadas.

Vaya forma de buscar la reconciliación con una ametralladora en la cabeza

Bertha Oliva de Nativí, Coordinadora de Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, criticó la forma en que el actual régimen está abordando el problema de la tierra en el Aguán.

“Vaya forma de reconciliar con pueblo hondureño con una ametralladora apuntando a la cabeza por más de 48 horas, lo que ha sembrado el terror ante la indefensión de los campesinos, esta acción solo me recuerda una operación similar llevada a cabo en San Esteban Olancho, en junio de 1981, unos 15 días después de que desaparecieran forzadamente a Tomás Nativí”, señaló la defensora de derechos humanos.

“Vea que casualidad que el mismo que dirigió el operativo en ese entonces está actuando ahora, es el mismo escuadronero de la muerte que desapareció a mucha gente, es un reeditaje del pasado lo que se está llevando a cabo en el Aguán”, denunció Oliva.

Agregó que tal operación de ese entonces estaba coordinada por Billy Joya Améndola, al igual que ahora. “llegaron con helicópteros  y muy armados, allí mucha gente fue muerta y otra desaparecida, todavía los buscamos y el Estado hondureño no ha respondido ante nuestro reclamo”.
Al cierre de esta nota, centenares de militares y policías están en la calle principal de la comunidad El Despertar, los pobladores temen otras acciones represivas contra ellos.

Los 5 mil jóvenes asesinados por los falsos positivos, donde la responsabilidad del Estado colombiano es innegable, son hechos que nos animan a no claudicar...


Crónica de una noche de recuerdos

La sala de la universidad de Ginebra estaba llena para escuchar a la senadora colombiana, los presentes la recibieron con un fuerte aplauso de bienvenida. El Alcalde de la ciudad de Ginebra, Remy Pagani le dio la bienvenida, en nombre del ejecutivo de la ciudad. La senadora se sorprendió de ver en la sala, a algunos sobrevivientes de la UP, que compartieron con ella en el parlamento, y en las acciones por la paz en Colombia. Nos gustaría que ustedes estuvieran con nosotros,-Dijo dirigiéndose a los asistentes, en la sale muchos refugiados, emigrantes colombianos, suizos, en medio de la multitud Córdoba reconoció al ex senador de la UP Hernán Motta, a la ex presidente de la UP Aida Avella, y a otros tantos rostros familiares de la lucha en Colombia- “pareciera repetitivo, pero debo decirles que la situación de Colombia ha empeorado, con respecto a cómo la dejaron ustedes cuando partieron”. La senadora hizo un recorrido, por los asesinatos a sangre fría, los mal llamados falsos positivos, las chuzadas del DAS, la infiltración paramilitar en las instituciones, el desplazamiento, el financiamiento mafioso de las campañas políticas, en fin, escuchándola las imágenes y los malos recuerdos nos invadieron, y muchos en la sala no pudieron evitar las lagrimas.

Qué es un falso positivo, información para extranjeros?

Consciente que muchos europeos en la sala, necesitaban una explicación sobre esta modalidad de ejecuciones extrajudiciales, la senadora ilustró como la política de recompensas que generó el gobierno, y en la cual J-M Santos, actual candidato del régimen, y ex ministro de la guerra de uribe promovió en los militares para mostrar resultados victoriosos de la política estatal, para ganar ascensos en la cúpula militar, lo que en realidad fue la implementación sistemática de asesinatos a jóvenes pobres de Soacha y otras regiones, que fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate. Para los presentes quedó claro, que las famosas cifras de guerrilleros muertos en combate, fueron infladas en detrimento de la vida de jóvenes pobres asesinados por esta política estatal.

La negativa sistemática del conflicto y el nacimiento de colombianos y colombianas por la paz

“En esa negativa del conflicto colombiano por parte del gobierno, nace la organización de colombianos y colombianas por la paz, que considera que la solución del conflicto colombiano pasa por el reconocimiento del mismo”. Se empeñan en negar la existencia del conflicto social, político y armado a pesar de las cifras y de lo macabro que hemos escuchado. En Colombia se escandalizan cuando hablo de los hornos crematorios con que los paramilitares desaparecían sus víctimas”. La senadora le ilustra al auditorio, el varias testimonios de paramilitares, a los cuales ha tenido acceso. Recordemos que la senadora ha visitado en las cárceles a los jefes paramilitares extraditados a los EEUU y en Colombia.

“El paramilitar, llamado “el iguano” por ejemplo, nos contó, en la cárcel de Cúcuta antes que lo extraditarán, como funcionaron los hornos crematorios, la misma revista semana reveló una foto de estos, los hornos fueron construidos en Norte de Santander, allí la gente fue cremada viva, y eso ha sido comprobado y nadie lo puede negar, el iguano es un hombre pobre, que participó con tal maestría en el genocidio cometido en Urabá, que luego fue enviado, esta vez como jefe a Norte de Santander, su testimonio es inenarrable y uno no se explica cómo hemos llegado a tanto horror, como utilizar los famosos lagos de cocodrilos para desaparecer la gente. El Iguano nos que dijo sólo él, había matado 5900 personas y hasta ahora sólo ha podido confesar 132, en esas cifras se encuentran sindicalistas, intelectuales, defensores de DDHH, opositores políticos, y todo aquel acuse de ser parte de la guerrilla”.

“Con estos testimonios nosotros hemos tenido acceso a información privilegiada sobre quienes están detrás de los paramilitares, quiénes son los seis patriotas de que hablaba Castaño, quiénes son los financiadores e instigadores del paramilitarismo. El relato del iguano tiene sólo 4 meses, les estoy hablando del presente en Colombia.

En colombianas y colombianos por la paz, desde el intercambio epistolar con las FARC-EP y el ELN nos hemos comprometido con el intercambio humanitario y a buscarle salidas a la solución política, dos momentos fueron muy difíciles, el bombardeo en ecuador, y la operación jaque, que pudieron haber hecho perder la confianza de la insurgencia en las gestiones por la liberación de prisioneros de guerra, sobre todo, en el ambiente del predominio al rescate militar, y la manera como los medios de comunicación informan parcialmente al país, ocultando deliberadamente la realidad. Estas salidas que exploramos desde la sociedad civil se han ido extendiendo, los estudiantes se han comprometido, y otros sectores muy importantes de la sociedad colombiana.

Después de las marchas organizadas por el gobierno contra el secuestro, se inicio una guerra contra nosotros, donde nos han insultado e intimidado, pero con todo eso, la paz en Colombia no tiene reversa, cuéstenos lo que nos cueste. En colombianos y colombianas por la paz somos conscientes que en Colombia hay partidarios de las liberaciones sin contraparte, y otro sector que comparte el intercambio humanitario. Nosotros nos pronunciamos contra el secuestro, hemos escrito cartas a la insurgencia sobre eso, que ustedes pueden leer en nuestro sitio de internet. Nosotros hemos contribuido a esclarecer las cifras sobre el secuestro, “país libre” [ Vicepresidente F. Santos /Salud Hernández) y otras instancias que trabajan este tema hablaban de más de 3 000 secuestrados, en realidad la cifra bajó a 132, nosotros descubrimos que muchas fundaciones que trabajan este tema recibían dinero en proporción al número inflado de los supuestos secuestrados. El fenómeno existe, pero no en la magnitud que pregonan ciertas organizaciones en Colombia, son mayores las cifras de los desaparecidos, y de eso nadie habla en Colombia, ni de los 18 millones de pobres, ni de los 5 millones de desplazados.

De los 5 mil jóvenes muertos por los falsos positivos, donde la responsabilidad del Estado colombiano es innegable, son hechos que nos animan a no claudicar en nuestro empeño, y no somos apátridas por decirlo.

La ley de justicia y paz, y cómo se extraditó la verdad

“Yo he sido una opositora a esta ley, pero tenemos que reconocer que es a través de esta como hemos conocido ciertas confesiones y testimonios que demostraron los lazos del Estado”, a través del ejército, policía y los paramilitares y su compromiso en estas masacres contra el pueblo colombiano, pero miren bien, el gobierno se asustó con estos testimonios y por eso extraditó a los paramilitares a los EEUU, lo que se hizo fue extraditar la verdad. Yo presido una comisión de DDHH que se ha creado para intentar recuperar estos testimonios, nuestra tarea fue y ha sido dura, nos hemos reunido con Don Berna, Mancuso, entre otros, estas reuniones nos han permitido conocer esa realidad. Don Berna por ejemplo dio la orden para matar al senador Manuel Cepeda, también supimos y hemos podido reconstruir el modus operandi de estas operaciones, cómo funcionaron, cómo y quienes colaboraron con esta empresa criminal.

El informe que estamos preparando para presentarlo al congreso, contendrá información importante que develara información hasta ahora no conocida, por eso necesitamos constituir una comisión garante de la verdad en Colombia.

El precio que hemos tenido que pagar por la verdad

En una de las visitas que le hice a Mancuso, la gente del consulado de Colombia en los EEUU me hizo detener para evitar que tuviéramos acceso a esos testimonios, lo que hemos vivido por encontrar y preservar la verdad del horror paramilitar no tiene nombre. Mancuso en la primera visita, nos pidió perdón por todo lo que nos había hecho, por mi secuestro, por la desaparición de mi hija, y por otros crímenes, nosotros le tocamos el tema de las tierras, que para la constitución de la verdad es muy importante, y nos sorprendimos de que el mismo Mancuso nos dijera, que las principales tierras expropiadas a los 5 millones de desplazados están ahora en manos de políticos e instigadores de los paramilitares.

A pesar de los obstáculos, y las dificultades hemos avanzado, nosotros podríamos hacer la más fácil y es sumarnos al coro de los cultores de la guerra, como lo hacen muchos oportunistas, pero no, nosotros creímos y creemos en estos gestos de las liberaciones, que abren puertas para la negociación política. Nosotros creemos que la paz en posible en Colombia, a pesar de los intentos de judicialización, un día antes de venir acá me abrieron otro proceso judicial por supuesta pertenencia a la guerrilla, todos esos obstáculos los venceremos los colombianos y colombianas que estamos comprometidos con la solución política. No podemos observar el conflicto desde nuestras casas, nosotros somos miembros de la sociedad colombiana, y tenemos el derecho y la obligación de luchar por vivir en paz con justicia social.

En la sala alguien grita: “intercambio humanitario ya” aplausos

Suiza mediador privilegiado

Le hemos pedido al gobierno suizo que nos ayude en esta solución política al conflicto, pues es un país que brinda seriedad y seguridad a las partes, sobre todo para crear un ambiente propicio de confianza para sentar a hablar. Pero claro, esperamos que el gobierno colombiano acepte la mediación y la intervención internacional.

Mensaje a los colombianos en el exterior

A nosotros nos gustarían que volvieran para luchar junto a nosotros por la paz, y si el retorno no es posible, donde estemos debemos luchar unidos por la paz. Hoy por hoy el paramilitarismo está más vivo que nunca, estos han elegido parte del nuevo congreso, nosotros no podemos perder la perspectiva de que país venimos y el compromiso frente a él. Nosotros estamos armados de voluntad y de la palabra para seguir luchando por la solución política.

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