Castilla y las elecciones catalanas

El próximo domingo 27 de septiembre, los ciudadanos catalanes están llamados a las urnas para votar a sus representantes en el Parlamento de Cataluña, algo que debiera parecernos rutinario, pues durante los últimos treinta y cinco años, son ya once veces las que se produce. Sin embargo, no se nos escapa que estos comicios son diferentes y que tienen una importancia más significativa, que trasciende al territorio y a la sociedad catalana, desde el momento que han sido convocados en clave “plebiscitaria” advirtiendo la candidatura de “Juntos por el Sí” y las CUP que su objetivo es alcanzar una mayoría parlamentaria que permita la declaración unilateral de la independencia de Cataluña.

Y parece obvio que tanto las otras fuerzas políticas concurrentes a estos comicios como diversos actores sociales, económicos y políticos, tanto catalanes, como del resto de España e internacionales, se toman en serio esta amenaza, pues el “leitmotiv” de sus declaraciones se posiciona básicamente sobre los beneficios o perjuicios de una Cataluña independiente.

No soy partidario de la independencia de Cataluña, ni de ningún otro de los territorios que hoy conforman España. Me parece que los destrozos económicos, políticos, sociales y emocionales que puede generar superan con creces cualquier potencial beneficio. Creo que, además, el procedimiento elegido por los actuales gobernantes de Cataluña para alcanzar el fin que ansían es totalmente inaceptable, violando el marco legal y democrático existente, optando por un proceso unilateral, a pesar de ser muchos más los actores implicados y afectados, pervirtiendo lo que son unas elecciones autonómicas, para convertirlas de facto en un referéndum vinculante e irreversible.

Especialmente desleal me parece el comportamiento en este asunto de Convergencia Democrática de Cataluña, el partido de Pujol y Mas, quienes sin complejos han disfrutado de una posición central en la sociedad y la política catalana durante más de treinta y cinco años, gracias a una Constitución Española que hoy rechazan, pero que en su momento no solo apoyaron sino que contribuyeron a redactar, y a un modelo autonómico que hoy detestan, pero que ha sido claramente beneficioso, especialmente para su comunidad. El Pacto Constitucional, desde el punto de vista del Estado de las Autonomías, implicaba encontrar un terreno de juego aceptable para la mayoría, que obligaba a ceder tanto a quienes preferían un Estado Unitario, como a quienes deseaban la independencia de alguna de las comunidades periféricas.

La deriva separatista de Más y su partido parece seguir un detestable guion, que comienza en la consecución de la autonomía, que pasa por la obtención del mayor número de competencias, presupuestos y privilegios posible, mediante pactos, negociaciones y chantajes, y que finaliza, cuando ya no se puede obtener nada más del Estado y de la sociedad española, en la ruptura independentista.

Por otra parte, tampoco puedo de dejar de reconocer que es absolutamente inviable e insostenible mantener la Unidad de España, de forma democrática, si frente a ella se construyera una sólida, mayoritaria y persistente en el tiempo opinión en la sociedad de Cataluña a favor de la independencia. Y cualquier Sociedad o País democrático debe articular salidas para que si tan extrema opción se consolida, pueda tener un cauce pacífico de expresión. Hoy, en el marco legal español, esa posibilidad es débil pero existe, en el ámbito de la modificación de la actual Constitución Española.

Cualquier modificación territorial en el seno de las sociedades democráticas, solo puede darse en el terreno del mutuo acuerdo, al margen de cualquier decisión unilateral. Así ha sido en la separación pactada de la República Checa y Eslovaquia, o en los referéndums –fallidos para los independentistas- de Quebec y Escocia.

Está claro, y las reiteradas declaraciones de Naciones Unidas sobre la materia lo certifican, que el Principio de Autodeterminación sólo es aplicable para gestionar procesos de descolonización de un territorio y su población respecto a una potencia colonial, situación que es algo impensable en el caso de dos de las más ricas y autónomas comunidades españolas: el País Vasco y Cataluña.

En el ámbito de las sociedades occidentales, las sentencias de la Corte Suprema de Canadá, para gestionar desde un punto democrático las ansias independentistas de la provincia francófona de Quebec, han arrojado luz a cómo desenvolverse ante estos embarazosos procesos, concluyendo que la independencia no puede plantarse desde la perspectiva unilateral, sino desde la negociación; que exige un referéndum exclusivo sobre la secesión con una pregunta meridianamente clara, y que debe ser apoyado por una mayoría cualificadamente suficiente, que obviamente no se alcanza con el 51%.

Como castellanista que soy no puedo dejar de sentirme afectado por el proceso secesionista catalán, lugar donde residen más de 300.000 castellanos y castellanas, que en su día debieron abandonar a la fuerza su tierra para encontrar una forma de ganarse la vida, a pesar de haber sido en muchos casos discriminados como “charnegos” en su propio país, y que ahora pueden acabar siendo extranjeros en su propia casa. Como castellanista que soy, tampoco puedo olvidar el esfuerzo desplegado por el Estado Español en los últimos ciento cincuenta años en fortalecer la industria catalana, en invertir los ahorros de los españoles en las infraestructuras y el sistema financiero catalán, en generar electricidad, agua y materias primas para dar viabilidad a las empresas y urbes catalanas, en convertir a millones de andaluces, extremeños, aragoneses, gallegos y castellanos en mano de obra barata para alimentar el desarrollismo de Cataluña, a costa de despoblar las grandes mesetas del interior de España.

A pesar de los negros nubarrones que en el horizonte temporal presagian aciagos acontecimientos, no me resisto a intentar advertir algunas oportunidades que esta nueva manifestación de la permanente crisis territorial que vive España puede traernos. Espero que el grave conflicto que la declaración unilateral de independencia puede traernos a todos no se materialice y deseo que la mayor parte de la sociedad española, incluida la catalana, ante este momento histórico, entienda que es el momento de repensar nuestro Estado de las Autonomías, reconociendo el carácter plurinacional de España, dando respuesta a quienes desde el País Vasco, Cataluña y Galicia, pero también Aragón, Castilla, Andalucía o Canarias, entendemos compatible nuestra identidad como Nación Cultural, con nuestra pertenencia al Estado Español, a Europa y a una Comunidad Internacional cada vez más relacionada e interdependiente. Espero que seamos muchos quienes nos pongamos a trabajar en un modelo federal para España, que reconozca las realidades de sus diferentes pero complementarios pueblos, que dé respuestas a las demandas legítimas, que vertebre la solidaridad y la racionalidad, que acabe con las discriminaciones y los privilegios. A todos los españoles este camino nos irá bien, catalanes incluidos. A los castellanos, también.