La juez imputa a González Egido y lo pide para Rosario Arévalo en el sumario del incendio El sumario del incendio acaba de dar un vuelco que puede ser definitivo. La juez de Sigüenza que instruye el sumario en el caso del Incendio del Ducado, María del Mar López, dictó ayer un Auto en el que se muestra que existen "indicios racionales para la imputación" de la ex consejera de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Rosario Arévalo Sánchez, por un "presunto delito de incendio forestal por imprudencia grave".
El Juzgado, al determinar que Arévalo era persona aforada por el Estatuto de Autonomía en el momento de los hechos, pone en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha la situación, "acordando remitir testimonio de la resolución así como de lo actuado, para que dicho Tribunal pueda determinar si se considera competente para el conocimiento de los hechos y reclama la remisión de las actuaciones".
También se imputa al todavía delegado provincial de Medio Ambiente, Sergio David González Egido; al ex director del Parque Natural del Alto Tajo, Rafael Ruiz López; y al todavía alcalde de Riba de Saelices, José Luis Samper Pasamón.
La decisión de la juez supone la imputación de los dos máximos responsables políticos de la extinción del incendio que se cobró la vida de 11 personas, miembros del Retén de Cogolludo, el 17 de julio de 2005; y supone un salto cualitativo, ya que hasta ahora se había centrado principalmente en la imputación a técnicos y funcionarios (además de a los excursionistas que prendieron la barbacoa y algunos responsables de empresas).
El auto de la juez, Mari Mar Lorenzo, al que ha tenido acceso EL DECANO, señala que “del contenido de las numerosas diligencias de investigación practicadas en el procedimiento, se desprende que existen indicios racionales para la imputación de la titular de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en la fecha de producción de los hechos, Doña Rosario Arévalo Sánchez; toda vez que nos encontramos ante unos hechos presuntamente constitutivos de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, resultando de las actuaciones carencias importantes en cuanto al control del uso de las barbacoas, su vigilancia, la ausencia de medidas especificas y adecuadas, la defectuosa ejecución y control del Plan de Emergencias de incendios forestales de Castilla La Mancha, defectos en la formación y en la actividad de extinción del incendio, todo ello en relación a las funciones que tenia encomendadas derivadas de las competencias propias de su cargo y que le fueron atribuidas por la legislación vigente”.
Cabe señalar que ningunas de las imputaciones parte de una petición de la acusación particular que representa a la Asociación de Familiares de Víctimas, sino de la propia iniciativa de la magistrada instructora. "Nosotros habíamos decidido pedir estas imputaciones del delegado y la consejera, entre otros, cuando acabaran las declaraciones en el Juzgado de los técnicos; pero la juez se ha adelantado", han señalado a esta redacción desde el despacho de abogados Solano, de Guadalajara, que representa a la Asociación.
La imputación de José Luis Samper y Rafael Ruiz tiene que ver, a juicio de la acusación de los familiares, con el estado de las infraestructuras de la zona donde estaba situada la barbacoa, su mantenimiento y limpieza.
Desde la Asociación de Familiares, se ha valorado esta noticia con gran satisfacción: "Estamos muy contentos. La jueza está haciendo un gran trabajo; con valentía, independencia y rigor; está investigando lo que pasó, y está dando como razones para las imputaciones las mismas que nosotros llevamos defendiendo desde el principio: las carencias en la barbacoa, que no funcionaron las actividades de extinción, y que no se cumplió el plan de emergencia, entre otras".
Finalmente, hay que apuntar que además de Arévalo, González Egido, Ruiz y Samper, ha resultado imputado Joaquín Baumela Navarro, director general del Grupo SPA, de ingeniería específica de Defensa, con fabricación y mantenimiento de vehículos especiales.
Con estas cinco personas, si se confirma la imputación de Arévalo por el TSJ, ya serían 26 las personas imputadas en este proceso, ya que a ellas hay que añadirles los excursionistas, el guía de la Cueva de los Casares, seis técnicos de la Delegación de Medio Ambiente; tres profesionales del 112, el ex alcalde y el secretario del Ayuntamiento de Riba de Saelices; y dos representantes, de empresa de mantenimiento de helicópteros y de Tragsa.
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