El PP impone la 'Ley Mordaza'

[Juan Otero]

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El Consejo de Ministros da luz verde a la Ley de Seguridad Ciudadana y la remite a las Cortes. Quedarán prohibidas las redadas indiscriminadas por motivos étnicos o raciales

PÚBLICO / AGENCIAS Madrid 11/07/2014 15:16 Actualizado: 11/07/2014 22:16

 
Activistas de Greenpeace escalan el faro de Moncloa contra la Ley de Seguridad Cuidadana
El Gobierno aprueba hoy el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana
La oposición ignora cómo quiere el PP convertir en ley el 'decretazo'
Tras meses de modificaciones, y protestas que han venido de los partidos, los juristas y la calle, el Gobierno del PP ha dado luz verde al proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza, que ha remitido este viernes a las Cortes para su aprobación. Un simple trámite, puesto que el rodillo parlamentario que le permite su mayoría absoluta en el Parlamento hará que la apruebe aún con el voto en contra de la oposición.

En este tiempo, juristas, policías y movimientos sociales se han posicionado contra el anteproyecto y se han repetido las movilizaciones en la calle para protestar contra su aprobación. Ya en noviembre el magistrado de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, afirmaba que con esta legislación el PP estaba instaurando "el derecho administrativo del enemigo". Mientras, Greenpeace, en un informe, ya advertía que el anteproyecto, junto a la reforma del Código Penal, vulneran el Convenio para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, firmada en 2007, vigente desde 2009 en la UE y jurídicamente vinculante. Igualmente, incumplen tanto los artículos sobre el derecho de reunión y de libertad de expresión recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 como en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966. También el Consejo de Europa expresó su preocupación.

Entre las novedades, se prohíbe por primera vez por ley las redadas policiales indiscriminadas o por razones étnicas, se regulan los cacheos y se fija que el traslado y estancia en comisaría para la identificación de personas no supere el plazo máximo de seis horas. Así, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido que la identificación de las personas por los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberá respetar "los principios de no discriminación y proporcionalidad".

Respecto a las movilizaciones, uno de los puntos que más preocupados tenía a la oposición política y a los movimientos sociales, el ministro ha dejado claro que el nuevo texto no modifica "para nada" la legislación actual sobre el derecho de reunión y manifestación y rebaja de grave a leve las que se desarrollen sin haber sido comunicadas ante el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos. Pero si además de no ser comunicadas, se perturba gravemente el orden público, se considerará una infracción grave.

Este proyecto de ley no hubiera influido en la absolución de los responsables de la protesta ante el Parlament catalán
En este punto, ha reconocido que este proyecto de ley no hubiera influido en la absolución de los responsables del asedio al Parlament, ya que fueron juzgados por el Código Penal. Sin embargo, ha asegurado que por la vía administrativa sí hubieran tenido que hacerse cargo del pago de una multa.

Después de siete meses desde que el Consejo de Ministros diera el visto bueno al anteproyecto y tras incluir las aportaciones de órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal o la Agencia de Protección de Datos, el Gobierno remite para su tramitación parlamentario el nuevo proyecto. Con estas observaciones, además de algunas aportaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias y varias entidades sociales como Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermon Oxfam, el nuevo texto cuenta ahora, en palabras del ministro, "con mayor calidad jurídica", es "profundamente garantista" y tiene "perfecto encaje" en la Constitución.

El proyecto no trata de sancionar más, sino con mayores garantías y menor discrecionalidad, ha destacado Fernández Díaz, dividido en cinco capítulos, el último de ellos dedicado al régimen sancionador de infracciones muy graves -se tipifican cuatro respecto a las 21 previstas en el primer borrador de Interior-, graves (26 frente a las 31 iniciales) y leves (7, trece más). Entre las principales novedades incorporadas respecto al anteproyecto, Fernández Díaz ha subrayado la regulación de los supuestos excepcionales de traslado a dependencias policiales para identificación de personas.

Una diligencia, ha enfatizado, que sólo se practicará cuando no sea posible identificar a alguien por medios físicos o telemáticos y siempre "por el tiempo estrictamente necesario", que no podrá superar las seis horas, tal y como había solicitado el Consejo de Estado en su dictamen sobre el anteproyecto. Además, los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado deberán expedir un "volante acreditativo" del tiempo de permanencia en dependencias policiales. Fernández Díaz también ha destacado como novedad el artículo 20, en el que se regula por primera vez la práctica de los registros corporales externos, más conocidos como cacheos, y que estarán sometidos a los principios de "no discriminación e injerencia mínima".

Respecto al régimen sancionador, las infracciones muy graves estarán multadas con entre 30.000 y 600.000 euros; las graves, con entre 1.000 y 30.000 euros, y las leves, con multas 100 a 1.000 euros, las mismas cantidades hasta ahora vigentes. Precisamente, otra de las novedades respecto al primer borrador es la división de las sanciones muy graves y graves en grados máximo, medio y mínimo. Como norma general se impondrá la multa en el grado más leve, en el medio cuando concurra al menos una circunstancia agravante como reincidencia y en grado máximo únicamente cuando los hechos revistan especial gravedad. Además, dentro de cada grado se individualizará la sanción con criterios recogidos en la ley, entre los cuales figurará la capacidad económica del infractor.

[Juan Otero]

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http://www.kaosenlared.net/component/k2/91783-v%C3%ADdeo-finaliza-la-concentraci%C3%B3n-contra-la-ley-mordaza-aprobada-hoy-en-consejo-de-ministros

(VÍDEO) Finaliza la concentración contra la Ley Mordaza aprobada hoy en Consejo de Ministros
Escrito por  Kaos. Represión

 (VÍDEO) Finaliza la concentración contra la Ley Mordaza aprobada hoy en Consejo de Ministros
El punto de encuentro será la bandera. Muchas de nosotras, acudiremos vestidas de negro y amordazadas para simular una marcha funeraria o entierro de la democracia, por si quereis uniros tambien.  Os pasamos la Nota de Prensa elaborada por NSD en rechazo al Proyecto de Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y la ultima revision del Grupo de Análisis sobre Ley Mordaza para difundir en blogs y redes.
Comienza la performance de No Somos Delito
 
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Compañeras de la CGT denuncian que desde #HoyNosAmordazan están rodeadxs en Colón al mejor estilo democrático constitucional por nuestra seguridad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Angustias, del #15M, luce hoy velo negro. "Ha muerto la libertad", con la #LeySeguridadCiudadana, dice.
 
 
 
 
 
 
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Ya se producen identificaciones a la salida del metro y en Plaza Colón. Intentan rodear a la gente y comienzan a identificarla.
 
 
 
 
 
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Más de setenta colectivos sociales rechazan la aprobación del Proyecto de Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
NO SOMOS DELITO
 
Desde la plataforma ciudadana No Somos Delito, a la que se han adherido más de 70 organizaciones sociales, queremos expresar nuestro más rotundo rechazo al Proyecto de Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana aprobado hoy viernes en Consejo de Ministros. Esta tarde a las 19 horas nos uniremos a una concentración pacífica en la Plaza de Colón para mostrar nuestra preocupación y alerta ante lo que consideramos un paso más del gobierno para cercenar gravemente el ejercicio de los derechos y libertades civiles de los ciudadanos y ciudadanas reconocidos tanto en la Constitución Española como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
 
"Legislar a favor de las personas y no en su contra"
 
En primer lugar, rechazamos una Ley cuya justificación se basa en una supuesta creciente demanda de seguridad y prevención del delito por parte de la ciudadanía que, en realidad, no existe. Muy por el contrario, consideramos que se trata de una legislación innecesaria que viene motivada por criterios claramente políticos, de carácter partidista, e incluso particulares. Si observamos las estadísticas oficiales de los últimos años todo apunta hacia una disminución acusada en el número de delitos (exceptuando los casos de delitos informáticos y económicos), lo que nos coloca muy por debajo de la media europea (VER: Balance de la criminalidad 2013 del Ministerio del Interiorhttp://goo.gl/A8v3cW). Ésto demuestra cómo el gobierno, sin un sustento real, está tratando de crear una falsa percepción de inseguridad en la sociedad que le permita justificar el endurecimiento de las leyes a costa de recortes de los derechos de la ciudadanía.
 
Medidas intimidatorias que refuerzan el control del Estado sobre la ciudadanía
 
Esta sensación de inseguridad ficticia creada expresamente por el Gobierno, no sólo le ha servido para introducir en este proyecto de Ley nuevas infracciones y castigar más duramente las ya existentes, sino que ha sido aprovechado para blindarse aún más frente a las numerosas reclamaciones de la ciudadanía. Así, el proyecto introduce una serie de conceptos extremadamente vagos e imprecisos cuya interpretación será hecha por el propio Gobierno, ampliando el margen de discrecionalidad y arbitrariedad de los agentes en su actuación.
 
●       Redadas preventivas, sin necesidad de que haya alteración efectiva de la seguridad, sin ningún tipo de requisito o criterio adicional. En concreto, podrán limitar que circulemos o permanezcamos en un determinado lugar de la vía pública si la policía considera que "existen indicios racionales de que se pueda alterar la seguridad ciudadana o la pacífica convivencia". No se exige que la alteración se esté produciendo, sino que los agentes consideren que puede llegar a producirse, según su criterio. En nuestra opinión esto abre un margen de interpretación muy amplio que podría traducirse en restricciones arbitrarias.
 
●       Sanciones graves por asistir a manifestaciones y concentraciones sin que se provoque ninguna alteración, sólo por el mero hecho de no haber sido comunicadas en plazo. Además, la sanción se agravará si estas tienen lugar en infraestructuras críticas o sus inmediaciones (cuyo listado es secreto de estado y por tanto no pueden conocerse), ante parlamentos autonómicos o el Congreso (aunque ni siquiera estén reunidos ese día) o si la policía no puede identificar fácilmente a las personas asistentes (por llevar una bufanda en invierno o una gorra en verano, por ejemplo).
 
●       Disolver una manifestación en caso de urgencia. La policía podrá dar la orden de disolución en el acto, de manera verbal y sin motivar, si considera que existe una situación de urgencia. La consecuencia de aprobar algo así es que la policía tendrá una amplísima discrecionalidad para disolver manifestaciones en el momento que quieran, al ser ellos los que deciden cuándo estamos ante una situación de urgencia. Además, la policía podrá alegar que dió orden de disolver, orden cuya existencia no tendrá siquiera que acreditar, y que podrá justificar en percepciones de ese momento o circunstancias inventadas, y así crear artificiosamente una razón para sancionar, basada en que no se hizo caso a la orden dada.
 
"Sin consenso con la ciudadanía"
 
Igualmente denunciamos que medidas legislativas de tanta relevancia para la convivencia en democracia como las que contempla la Ley de Seguridad Ciudadana, están siendo tramitadas justamente en verano, con el objeto de que pasen inadvertidas y evitar el debate entre la ciudadanía, sus colectivos e instituciones. Estamos hablando de la aplicación de un paquete de medidas intimidatorias que consideramos hechas a medida de las acciones de protesta social que se vienen desarrollando en los últimos tiempos. No nos cabe duda de que el objeto de este proyecto de ley no es otro que limitar el derecho a la protesta. A este respecto, la  ley de Seguridad Ciudadana califica, como infracciones graves, sancionadas con multas de 601 euros a 30.000 euros, "la perturbación grave de la seguridad ciudadana en las reuniones no comunicadas frente al congreso, senado o asambleas legislativas de las comunidades autónomas". El texto establece también, sanciones graves por "el uso no autorizado de imágenes, datos personales o profesionales de las autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, sin menoscabo del derecho fundamental a la información", un matiz, este último que podrá generar cierta arbitrariedad en la aplicación de la norma. A su vez, incluye como infracciones leves sancionables con multas de 100 a 600 euros, "la celebración de reuniones o manifestaciones no comunicadas en lugares de tránsito público" de las que serán responsables "los que se consideren como promotores u organizadores", "las injurias o faltas de respeto y consideración dirigidas contras las fuerzas de seguridad en una concentración o reunión en el ejercicio de sus funciones" o "el escalamiento a edificios o monumentos sin autorización".
 
“Porque tenemos algo que decir: No somos delito”.
 
Desde la Plataforma No Somos Delito llevamos más de un año difundiendo y denunciando las consecuencias de esta legislación en plazas, parques, centros sociales y etc. Hemos trabajado en la elaboración de un amplio material escrito y audiovisual para compartir y difundir información acompañado de una alta presencia en redes sociales. Del mismo modo nuestra voz se ha escuchado en actos y acciones de teatro en la calle, y hemos hecho llegar nuestra denuncia hasta la oficina de derechos humanos de la OSCE así como al Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, junto a la PAH y otros colectivos. 
 
En definitiva y en base a nuestro trabajo, consideramos que la tramitación de una Ley de Seguridad Ciudadana como la que hoy impulsa el gobierno no es un hecho aislado y puntual. Creemos que ésta y otras leyes en proceso de modificación responden a un plan de DE-GENERACIÓN democrática impulsado en aras del vaciamiento de los derechos y libertades democráticas. Nos referimos a un amplio paquete legislativo que incluye reformas tales como la Ley de Seguridad Ciudadana, la  Ley del Aborto o el Proyecto de Reforma del Código Penal, todas ellas, dirigidas a criminalizar nuestras libertades, castigar la protesta social pacífica y especialmente, las situaciones de pobreza. Lo que nos lleva a pensar, que a día de hoy vivimos en una sociedad cada vez más desigual, más quebrada, y en la que se demuestra repetidamente que no somos iguales ante la ley como estipula el artículo 14 de nuestra Constitución.
 
Análisis: http://nosomosdelito.net/article/2014/07/10/puntos-clave-del-nuevo-anteproyecto-de-ley-de-seguridad-ciudadana-leymordaza
La Policía podrá 'retener' a ciudadanos en comisaría para su identificación durante un máximo de seis horas

   Los ciudadanos sospechosos de haber participado en alguna actividad delictiva podrán ser trasladados a comisaría para su identificación y ser obligados a permanecer allí durante un máximo de seis horas, según el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros y remitido al Congreso de los Diputados.

   El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha presentado este viernes el texto aprobado por el Ejecutivo con numerosas modificaciones respecto al primer anteproyecto de noviembre del pasado año. Los cambios obedecen a las recomendaciones recibidas desde numerosos órganos consultivos y organizaciones sociales y que "enriquecen" el texto, según el ministro.

   Fernández Díaz ha defendido que el proyecto de ley, que sustituye a la denominada 'Ley Corcuera' de 1992, es "profundamente garantista" y tiene "pleno encaje" en la Constitución. Divide las sanciones en tres niveles, leves (multas de entre 100 y 600 euros), graves (entre 601 y 30.000 euros) y muy graves (entre 30.001 y 600.000 euros). Estas dos últimas consideraciones pueden ser divididas a su vez en grados: mínimo, medio y máximo.

   Entre los aspectos más polémicos de la futura ley, el de las manifestaciones, el ministro ha defendido que no modifica la actual regulación y "sólo pretende sancionar las acciones violentas, agresivas o coactivas" y, además multa, la perturbación del desarrollo de una manifestación.

[Tizona]

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Espero que el PP pierda las elecciones y que esa ley sea derogada inmediatamenmte. El bipartidismo, cuando ve peligrar su poltrona, se quiere proteger con leyes contra el rechazo que los ciudadanos sienten por 'la CASTA'

Francamente, espero que PPSOE se hundan en sus propias basuras y no se levanten mas.

[Juan Otero]

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Estoy en parte de acuerdo contigo, pero si la solución es Podemos, cambiaremos todo para que nada cambie, yo creo que debe ser un cambio de conciencia, sobretodo desde la clase obrera castellana

[Tizona]

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Podemos nace manco de sentido común y sobrado de ensoñaciones irreales, por ejemplo al que tenga dos casas exproiarle una, aunque sea un trabajador que las ganó sudando mucho a lo largo de su vida; o darle a todos los vagos de España y a cuantos inmigrantes nos lleguen una paga social . ............. estos pavos no saben la cantidad de maldiciones que están cayendo sobre sus devaneos........, vamos como ese ZP que nos hundió, gentecilla que cree saberlo todo no puede convencer sino a indigentes del sentido común. Esperemos que de estos no haya demasiados como ya ocurrió con ZP.

[Juan Otero]

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Como he dicho antes, Podemos no es para mí la mejor opción que hay para gobernar un territorio, pero lo que estoy seguro es que no está mancos de sentido común y que aplican los valores que se decían en el 15M, por ejemplo la eurodiputada que cobra lo mismo y dona el resto a una asociación de Cádiz, lo que practica PPSOE es política totalmente alejada de los que realmente pagamos sus sueldos para que gestionen
En cuanto a lo de las casa, no conozco al dedillo como lo ha puesto Podemos en su programa, pero para vivir yo creo que sólo hace falta tener una casa y estar agusto, evitando el mercadeo con algo que es básico


darle a todos los vagos de España y a cuantos inmigrantes nos lleguen una paga social
Eso peca de racismo, en cuanto lo primero tenemos una casta de vagos que cobran mínimo 10 veces más de los famosos 400€ de subsidio que hay ahora y están en el Congreso y Senado y lo segundo, Cristiano Ronaldo, Marcelo, Messi, etc, también son inmigrantes y a esos sí se les quiere, claro