Los letrados de la Ribera del Duero se están planteado, entre otras posibilidades, darse de baja del turno de oficio o no asistir a aquellas vistas que se celebren en Burgos aunque todavía no se ha tomado ninguna decisión en firme
N.L.V. / ARANDA
La suspensión desde el mes pasado de los juicios penales que, una vez por semana, venían celebrándose en el Palacio de Justicia de la capital ribereña parece que sigue despertando rechazos. Si ya en el mes de mayo el Consistorio arandino aprobaba en el pleno por unanimidad una moción instando a que se replantease esta decisión, ahora es uno de los colectivos más afectados, el de los abogados que ejercen su profesión en la capital ribereña, el que está dispuesto a iniciar movilizaciones para obligar a los responsables de Justicia a replantearse su postura.
Un nutrido grupo de letrados ribereños mantuvo hace unos días una reunión con la junta directiva del Colegio de Abogados de Burgos, encabezada por el decano Pablo Hernando Lara, en la que tras poner de manifiesto los numerosos perjuicios que ha conllevado la obligatoriedad de desplazarse a la capital burgalesa para celebrar vistas penales, se plantearon algunas de las medidas de presión que podrían llevarse a cabo para acabar con una situación que, fuentes de este colectivo, califican como «insostenible».
La posibilidad de darse de baja del servicio de atención al detenido, popularmente conocido como turno de oficio, en el que están apuntados en total 20 abogados de la comarca, fue una de las opciones que se barajaron. Sin embargo no consiguió una gran aceptación ya que el Colegio de Abogados está obligado a suministrar gente para esos turnos y la ausencia de profesionales en la Ribera se vería suplida por otros llegados desde Burgos o, incluso, adscritos a otros colegios, con lo que las repercusiones serían mínimas.
También se planteó la convocatoria de una «especie de huelga» para, amparándose en ella, negarse a asistir a las vistas celebradas en Burgos. Una opción que también despertó recelos ya que podría tener consecuencias para los propios letrados, por lo que tampoco hubo consenso.
ACTUACIONES INMINENTES. En cualquier caso, todo el sector está de acuerdo en que la situación requiere alguna actuación inminente para la que habrá que aunar esfuerzos. «Estamos mirando a ver qué se puede hacer y qué medidas se pueden tomar», reconoció uno de los profesionales afectados.
REDUCCIÓN DE SERVICIOS. Desde el colectivo de abogados no se entiende que, cuando se estaba reclamando con insistencia la creación de un Juzgado de Menores para la capital ribereña, no solo no se atienda esta petición sino que se eliminen las vistas penales, reduciendo los servicios judiciales que se prestan en la Ribera.
Una decisión para la que no se halla ninguna justificación posible. La única razón que podría disculpar esta medida sería un importante descenso en el número de causas que se dirimen en los juzgados arandinos. Sin embargo, a día de ayer se ha incoado más de un millar de procedimientos para causas penales. Si bien es cierto que no todas terminan en el juzgado, sí lo hace una parte muy importante, que puede alcanzar el sesenta por ciento, A ellos hay que sumar, además, los juicios rápidos de los que ya se han celebrado casi sesenta desde que se implantaron hace ya algunos meses.
Los abogados han encontrado en sus demandas el respaldo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tanto desde la Policía Nacional como desde la Local se ha reconocido que el traslado de las sesiones a la capital burgalesa obliga a que varios de sus agentes se desplacen también para actuar como testigos en los juicios. Más allá de los importantes costes que hay que satisfacer por kilometraje por desplazamientos de larga distancia y de horas a compensar, el perjuicio se encuentra sobre todo en el descenso de efectivos en unas plantillas ya de por sí bastante cortas. Una situación que podría aplicarse prácticamente sin variaciones a la Guardia Civil.
Una medida que beneficia a cuatro y perjudica a miles
Detrás de la decisión de suspender los juicios penales en la capital ribereña parece encontrarse la negativa de algunas de las titulares de estos juzgados a tener que desplazarse un día por semana hasta Aranda. Una postura en la que parece que no se tiene en cuenta que si las vistas se celebran en el Palacio de Justicia arandino, solo cuatro personas, el juez, el representante del Ministerio Fiscal, y dos funcionarios del juzgado, estarían obligadas a cubrir los 80 kilómetros que separan Burgos de esta localidad.
Sin embargo, las cosas cambian de manera palpable cuando la situación es la contraria. Con el traslado de las sesiones a la capital burgalesa, al menos seis personas se ven obligadas a hacer el mismo trayecto, los abogados de cada una de las partes, sus representados y, cuando menos, un testigo por la defensa y otro por la acusación. Este número se incrementa cuando también se cita a declarar a agentes de la Policía Nacional o Local que hayan intervenido en el caso, en ocasiones solo recibiendo la denuncia. No son infrecuentes los casos en que tienen que acudir en calidad de testigos cuatro o cinco funcionarios policiales llegando a darse la situación en que, desde Miranda, tuvieron que acudir una docena de agentes a testificar hasta Burgos.
Lo pero de esto es que mientras los policías están cumpliendo con la Justicia, sus vacantes son difíciles de cubrir ya que las plantillas son muy cortas, con lo que indirectamente se perjudica a los ciudadanos que ven como hay menos personal para cubrir sus necesidades de seguridad.
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