El PCAS Madrid Contra el Cierrre de Coca-Cola en FuenlabradaAnte las recientes noticias sobre el cierre de diversas fábricas de la multinacional Coca-Cola en varios puntos del país, entre ellas la fábrica de CASBEGA en Fuenlabrada (Madrid), desde el Partido Castellano (PCAS) queremos manifestar:
Nuestro rechazo a estas acciones, que afectarán a más de mil empleados de esta empresa. No es fácil encontrar justificaciones a esta decisión, que se produce en un momento en el que la compañía ha obtenido unos beneficios de más de 900 millones de euros. Las plantas que se plantean cerrar, y muy en especial la de Fuenlabrada que nos incumbe, son, de hecho, altamente productivas.
Nuestra rechazo a la política económica llevada a cabo desde la Comunidad de Madrid, que está conduciendo al desmantelamiento de los sectores productivos en aras a una economía especulativa, que genera corrupción, paro, y destrucción del territorio.
Nuestra denuncia de la desindustrialización de Castilla. Observamos con frustración la disminución del sector industrial en las cinco comunidades castellanas.
Ante esta situación, desde el Partido Castellano (PCAS) reclamamos la paralización del cierre de la factoría de CASBEGA en Fuenlabrada. Exhortamos a la Comunidad de Madrid a que inicie gestiones cerca de la dirección de la empresa con el fin de asegurar la continuidad de la planta.
Hacemos un llamamiento a todos los castellanos para que se sumen a las posibles acciones de presión que puedan convocarse, con el fin de presionar tanto a la dirección de CASBEGA, como a las autoridades, tanto de la CAM como del Gobierno de España.
Para terminar, queremos subrayar el compromiso del PCAS con la puesta en práctica de una política económica orientada a la generación de valor añadido en el territorio castellano. Esta política ha de prestar, como es lógico, un interés especial al sector industrial, pero también ha de basarse en el desarrollo de una agricultura y de una ganadería sostenibles, en la puesta en valor de nuestro patrimonio natural y cultural, y en el uso compartido entre las cinco comunidades castellanas de nuestras infraestructuras y servicios.
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