ACTITUDES ANTE LA AUTONOMIAUna pregunta fundamental se impone antes de seguir adelante: ¿era deseada la autonomía por los ciudadanos de Castilla y León? El regionalismo difícilmente podía prosperar en un ámbito territorial cuyas señas de identidad eran prácticamente similares a las predicadas del conjunto de España. En Castilla y León, a diferencia de lo que sucedía en otros territorios españoles, no había hechos diferenciales, ni una lengua distinta de la común de la nación. Es más, el papel esencial que había desempeñado la Corona de Castilla en la construcción de España había alentado tradicionalmente en las tierras meseteñas un sentimiento españolista integrador, que veía con recelos cualquier intento de los territorios periféricos de adquirir cotas de autonomía. Ese panorama se había visto particularmente fortalecido en la época franquista, en la que las señas de identidad de castellanos y leoneses eran utilizadas con frecuencia como arma antiseparatista. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, el calificativo aplicados la lengua castellana de "lengua del Imperio", al fin y al cabo arma arrojadiza contra quienes hablaban otras lenguas hispánicas?
Ahora bien, ese orgullo centralista y españolista que con tanto ardor se había insuflado en tierras de Castilla y León no se había traducido en nada positivo para esta región. Antes al contrario, la crisis iniciada en el siglo XVII parecía continuar en los años setenta del siglo XX.
La despoblación creciente, el retraso económico, la salida al exterior de los ahorros de la región, el deterioro progresivo de su patrimonio histórico-artístico y, en general, el desaliento y la falta de pulso vital eran síntomas inequívocos del triste panorama que ofrecían Castilla y León en esas fechas. Por si fuera poco se acusaba a sus habitantes de centralistas, cuando de hecho el centralismo, lejos de traer ventajas, había supuesto para Castilla y León su "agonía", por decirlo con las palabras empleadas por el escritor Andrés Sorel en un conocido ensayo publicado en los años setenta. "¿No sería preferible, dados esos supuestos, conseguir un determinado grado de autogobierno, aunque sólo fuera para procurar poner remedio a tanto desafuero?". Es necesario señalar, no obstante, que esa salida era defendida por grupos minoritarios de la sociedad castellanoleonesa. Todavía estaba muy arraigada en la región la mentalidad "imperialista", que veía a Castilla como el paladín de la unidad de España y que, por lo tanto, rechazaba cualquier idea que supusiera el más mínimo resquebrajamiento de la sagrada unidad de la patria.
El sentimiento regional en Castilla y León, en lógica concordancia con lo señalado, tenía escaso arraigo en el año 1976. Así se puso de relieve en la encuesta realizada en ese año, por un grupo de sociólogos dirigidos por J. Jiménez Blanco, acerca de la conciencia regional en España. La mayoría de los consultados, tanto en Castilla como en León, defendían postulados claramente centralistas, siendo en cambio muy reducido (14% en Castilla y 10% en León) el sector que admitía que la región pudiera tener competencias políticas propias. Ahora bien, el desarrollo de los acontecimientos a partir de 1976 discurrió, como no podía menos de suceder, en sentido contrario al que indicaba la encuesta citada. De día en día se fortalecía el sentimiento regionalista, tanto si el mismo se veía desde la perspectiva de evitar agravios comparativos con otras regiones como si se contemplaba en el sentido de adquirir competencias para administrar los recursos propios y tratar de construir una sociedad con expectativas de futuro.
Puesto en marcha el regionalismo, es indudable que el sentido unitario, castellanoleonés, prevalecía sobre cualquier otro. Pero no fue ésta la única alternativa ofrecida a los ciudadanos de Castilla y León, ni mucho menos. Hubo numerosos grupos y grupúsculos que defendían posiciones diferentes de las señaladas. Por lo general la mayoría de estos grupos acudían a los testimonios de la historia para defender sus propuestas. Unos ponían el acento en la radical separación entre Castilla y León, lo que exigía como mínimo la creación de dos entes autonómicos diversos. Tal fue el caso, por ejemplo, de Comunidad Castellana, entidad que se inspiraba en las ideas expresadas a principios de este siglo por Luis Carretero y posteriormente por su hijo Anselmo Carretero. Dicho grupo reclamaba el reconocimiento de la singularidad de Castilla, por lo que consideraba la comunidad castellanoleonesa en marcha como un auténtico "híbrido". Otro núcleo antiunitario fue el denominado Grupo Autonómico Leonés, que reivindicaba la personalidad propia de aquel territorio, lo que, en su opinión, debía traducirse en una autonomía política ajena por completo a la de Castilla. Pero también surgieron grupos que rebasaban con mucho la proyectada unión de Castilla y León. Pensamos concretamente en los que propugnaban la idea de la "gran Castilla", heredera sin duda del proyecto de "Pacto Federal Castellano" del año 1869. Esa "gran Castilla", además de incluir las nueve provincias de la cuenca del Duero, debería incorporar también las provincias de Santander y Logroño, tradicionalmente integradas ambas en Castilla la Vieja, las de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo y Ciudad Real, es decir la Castilla la Nueva de los antiguos libros de texto y la de Albacete.
EL PROCESO AUTONÓMICO. LA PREAUTONOMÍALa transición a la democracia en España estuvo acompañada por la puesta en marcha de un sistema de articulación territorial totalmente novedoso, el denominado "Estado de las autonomías". El Estado de corte centralista se retiraba de la escena, dejando su lugar a una nueva estructura político-administrativa que tenía sus cimientos en la autonomía de las "nacionalidades" y "regiones" existentes en el conjunto de España. Las tierras de Castilla y
León, como no podía menos de suceder, se sumaron a la corriente en marcha, aun cuando el inicial impulso autonomista fuera de débil potencia. El primer paso en el despliegue de la voluntad regionalista en Castilla y León, por más que tuviera simplemente un carácter simbólico, puede verse en la concentración efectuada el 23 de abril de 1976. Para conmemorar la derrota de los comuneros en la localidad vallisoletana de Villalar, acaecida en esa misma fecha de¡ año 1521, se dieron cita en la campa de la localidad mencionada unas 500 personas, convocadas por el Instituto Regional Castellano-Leonés. ¿Por qué acudir a una derrota como símbolo de la voluntad de resurgimiento en Castilla y León? El apoyo del regionalismo en el evento histórico de Villalar obedecía al hecho de que los comuneros estuvieran firmemente arraigados en la memoria colectiva de las gentes de Castilla y León, que les consideraba un hito significativo en la lucha por la conquista de las libertades. A ellos se había acudido, desde los albores del siglo XIX, en todos los momentos de exaltación liberal y progresista habidos en España. Por ello nada tenía de extraño que, cuando en el final del franquismo parecía resurgir un sentimiento regionalista en Castilla y León, se volviera los ojos, de forma espontánea, a aquel acontecimiento histórico.
Pero volvamos a la concentración del año 1976. Como quiera que el acto no había sido autorizado por el Ministerio del Interior, a la sazón dirigido por Manuel Fraga, los concentrados en Villalar fueron disueltos por la Guardia Civil. En los dos años siguientes, 1977 y 1978, por el contrario, Villalar fue el escenario de magnas concentraciones populares, que contaron con la debida autorización. En 1977 estuvieron presentes en Villalar unas 20.000 personas. Ahora bien, en la reunión de 1978 se calcula que asistieron a los actos conmemorativos de la derrota de Villalar alrededor de las 200.000 personas, lo que sin la menor duda constituye el récord de toda la historia de sus celebraciones. Con todas las matizaciones que se quiera, la excepcional asistencia registrada en la campa de Villalar en el año 1978 era un testimonio indiscutible de que la conciencia regionalista estaba progresando.
A raíz de la celebración, en junio de 1977, de las primeras elecciones libres que tenían lugar en España desde los años treinta, el impulso autonómico cobró nuevos vuelos. Ello obedecía a que el gobierno triunfante en las elecciones citadas manifestó desde el primer momento que uno de sus objetivos preferentes era desarrollar la institucionalización de las autonomías regionales. En consonancia con ese propósito, en octubre de 1977 se constituyó en Valladolid la Asamblea de Parlamentarios y Diputados provinciales de Castilla y León. La marcha hacia la autonomía pasaba a ser un asunto directamente manejado por los políticos, lo que explica que paulatinamente se desdibujara el papel que hasta entonces habían desempeñado la Alianza Regional de Castilla y León y el Instituto Regional Castellano-Leonés. Colocados ya en el camino señalado, fue de suma importancia el Real Decreto de fecha 13 de junio de 1978 por el que se creaba el Consejo General de Castilla y León, órgano encargado de dirigir el proceso autonómico en dicha región. Eran los primeros pasos en la senda institucional, si bien todo estaba prácticamente por definir, incluida la propia configuración territorial de la comunidad castellanoleonesa. En principio se dejaba abierta la puerta a la entrada en la Comunidad de todas las provincias integrantes de las regiones históricas de Castilla la Vieja y León. Santander y Logroño, no obstante, optaron por seguir la vía autonómica uniprovincial, constituyendo comunidades autónomas propias (Rioja y Cantabria, respectivamente). León, inicialmente, tampoco se sumó al proyecto en marcha.
El primer presidente del Consejo General de Castilla y León fue Manuel Reo¡ Tejada, diputado centrista por Burgos, que estuvo en el cargo entre junio de 1978 y julio de 1980. Le sucedió el senador por Burgos de la UCD José Manuel García Verdugo, elegido por el Pleno del Consejo en una reunión que se celebró en Palencia el día 12 de julio de 1980. Ahora bien, a la autonomía podía llegarse por diferentes vías. Dentro de las posibilidades que establecía la Constitución para acceder a la autonomía, Castilla y León optó por el camino más fácil, que consistía en lograr la adhesión de las Diputaciones provinciales y de dos tercios, al menos, de los Ayuntamientos cuya población representara la mayoría de la provincia.
La labor desarrollada por el Consejo General de Castilla y León fue, sin lugar a dudas, sumamente meritoria. En esos años, qué duda cabe, se pusieron los cimientos del nuevo edificio. Paralelamente iba creciendo, con todas las matizaciones que se quiera, la conciencia regional. Así se puso de relieve en una encuesta llevada a cabo en el año 1979. En relación con la encuesta, antes citada, de¡ año 1976, los progresos eran notables, toda vez que un 59% de los consultados en 1979 se manifestaron dispuestos a votar favorablemente la autonomía regional. Por lo demás, desde el propio Consejo se fomentaron actividades diversas encaminadas a promover esa conciencia regional. Recordemos, como más significativas, la creación de¡ Instituto de Economía de Castilla y León, cuya sede se fijó en Salamanca, así como la institución de los premios "Villalar de los Comuneros" y "Castillo de Monzón". Al Consejo General de Castilla y León le faltaban, no obstante, competencias. En cualquier caso en noviembre de 1978 se puso en marcha la Comisión Mixta de Representantes de la Administración Central y de¡ Consejo General, encargada precisamente de trabajar en ese terreno, preparando el traspaso de competencias.
Pero la etapa preautonómica, justo es señalarlo, estuvo erizada de numerosas dificultades. Sin duda el problema más arduo con que se encontró el nuevo órgano de gobierno regional fue la actitud reticente manifestada por las provincias de León y de Segovia. Inicialmente, como antes se indicó, León quedó fuera de¡ marco preautonómico, aunque en 1980 la asamblea de alcaldes y concejales de la provincia, según todos los indicios después de una hábil actuación de¡ político centrista Rodolfo Martín Villa, acordó integrarse en el proceso en marcha. Posteriormente fue la provincia de Segovia la que se salió de¡ marco regional, presumiblemente por los designios más o menos caciquiles de determinados políticos locales, que buscaron, cómo no, supuestos argumentos de índole histórica para defender sus propuestas. No dejó asimismo de jugar un papel negativo, por más que de signo diferente al de León y de Segovia, la actuación de determinados grupos burgalesistas, como la "Junta pro Burgos Cabeza de Castilla", claramente hostil a lo que denominaban el "invento castellanoleonés" fabricado, así se decía, por el centralismo de Valladolid.
http://www.tierracomunera.org/es/contenido/?iddoc=173
··· 
