La nacionalización de la miseria
Pilar Izquierdo Teruel
eL nuevo puesto de trabajo para un miembro de la familia real en una empresa española en EE.UU. invita a reflexionar una vez más sobre algunos de los aspectos que vivimos -debería de decir soportamos- en este país. Iñaki Urdangarín ficha por la telefónica transoceánica como consejero delegado con un sueldo, se dice, de un millón de euros al año. La infanta Elena trabaja en Mapfre como directora de Proyectos Sociales y Culturales -¿incluirá esto las corridas de toros a las que asiste?- y percibe, se comenta, unos doscientos mil euros; el de su hermana Cristina en la Fundación La Caixa ascendía, se murmura, a una cantidad similar.
El ERE de Telefónica entre 2003 y 2007 supuso que unos catorce mil trabajadores se fueran a la calle y hace muy pocos meses se aprobó otro por el que medio millar de empleados del área de móviles han corrido la misma suerte. Estamos hablando de una compañía que en 2007 tuvo unos beneficios de 9.000 millones de euros.
Mapfre obtuvo en 2008 unos beneficios netos de cerca de 1.000 millones y La Caixa próximos a los 2.000. Contra ambas entidades se han presentado en los últimos tiempos varias demandas por despido improcedente.
De acuerdo que la empresa privada puede hacer lo que le venga en gana, ¿o no? Pues sólo hasta cierto punto, porque cuando su conducta afecta negativamente a ciudadanos de a pie, es necesario examinar detenidamente sus actuaciones sobre todo si con una mano ceba al privilegiado y con la otra escatima a los parias del capitalismo.
Puede ser entendible, aunque jamás dejarnos indiferentes, que un pequeño empresario tenga que despedir a dos de sus tres empleados porque no es capaz de sobrevivir por falta de ingresos, pero que una gran compañía arroje al desempleo a cientos o miles de obreros y a uno solo de los que tiene en plantilla le pague un sueldo equivalente al salario de cien, y encima que lo haga por la repercusión mediática que tal fichaje le proporciona, es indecente y más en lo que nos quieren vender como un Estado de bienestar.
En España los servicios esenciales y hasta los supuestos derechos universales recogidos en la Constitución se están privatizando; todo aquello que sea susceptible de venderse sale al mercado y se le ofrece al mejor postor o al que se conozca los atajos hasta el despacho adecuado. Me dirán que la educación o la sanidad son servicios fundamentales y públicos es cierto, pero ¿qué está ocurriendo? Que tanto una como otra se están viendo privadas de recursos por parte de la Administración para de ese modo empujar a los ciudadanos hacia su versión privada. El mejor ejemplo lo tenemos en la Comunidad de Madrid, donde hasta se ponen en manos particulares colegios edificados sobre terreno público y con recursos de la Comunidad, o sea, pagados por todos los madrileños.
Cualquier actividad gestionada por la Administración que genere ingresos sustanciosos acaba por convertirse en un bien puesto en venta y los beneficios que produce, que tendrían que destinarse a una mayor percepción salarial de los obreros, a la investigación, a cubrir el déficit de otros servicios indispensables pero no rentables y a la reinversión para generar más puestos de trabajo, resulta que después de la transacción van a parar al insondable bolsillo de unos pocos favorecidos. El Estado cobra, el gran empresario aumenta su patrimonio y el pueblo, como siempre, sufre las consecuencias del expolio a manos del poder. Lo único que permanece nacionalizado es la miseria, ésa sí que es acervo público. Los ciudadanos nos hemos quedado reducidos a cooperativistas de la miseria y aún ésta hemos de emplearla en abonar a particulares lo que se suponían derechos universales.
A qué espera, por ejemplo, un partido político al que se le cayeron las siglas que sonaban a proletariado y a justicia para nacionalizar la banca. Tiene en sus manos la fórmula para acabar con los desmanes de un sector que cuenta con bula para robar y, sin embargo, sigue echando de comer a la bestia mientras la hambruna va haciendo cada vez más mella entre los ciudadanos.
Y a qué esperamos nosotros para salir a la calle e impedir que esta situación de desprecio y de indefensión continúe. Supongo que a estas alturas no estaremos confiando todavía en la intercesión de ciertos interlocutores sociales de gran influencia y de cuyas prebendas estatales no quiero acordarme, porque está claro que desde el despacho que sus dirigentes ocupan, siguen "sin ver las condiciones" para pasar a una acción efectiva y, sobre todo, que demuestre que son dignos de los valores que dicen defender; tal vez es que cobran y mucho por prostituirlos.
Sueldos millonarios para reyes, príncipes, infantes, consortes, ministros, alcaldes, consejeros delegados y demás sanguijuelas del sistema. Subvenciones y ayudas económicas fabulosas para una Iglesia tridentina o para la tauromaquia; permisividad absoluta para regulaciones de empleo oportunistas en empresas boyantes y en el otro lado del euro: paro, deudas, embargos, carencia de bienes fundamentales, asistencia sanitaria pública inadecuada, educación pública precaria, indiferencia ante las reivindicaciones sociales y un desprecio infinito por el pueblo. Un pueblo que sigue sin darse cuenta de que de su silencio y de su abulia nacen la penuria que padece y una esclavitud de la que aparenta no ser consciente, un Pueblo que, por lo tanto, está abocado a ser la víctima propiciatoria una y otra vez.
El Sr. Urdangarín se irá a Estados Unidos y nosotros seguiremos arrastrándonos por las páginas de ofertas de empleo de los diarios y por la de los resultados de la lotería, para al fin doblar el periódico pensando: "Tal vez mañana...". ¡Siempre mañana! Pero la tragedia es hoy y sus consecuencias quizás nos lleven a arrepentirnos demasiado tarde de nuestra nefasta cobardía. Los grandes cambios no se logran mendigando y consintiendo, sino plantando cara a quien nos somete a tales humillaciones, pero parece que hasta la dignidad la tenemos hipotecada y no nos queda valor para recuperarla.
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