Un desastre urbanístico sin precedentes 02.11.2009 EN LOS ÚLTIMOS 15 años se ha producido en España un proceso de urbanización sin precedentes. Han desaparecido bajo el asfalto 250.000 hectáreas de territorios naturales o rurales y se ha incrementando la superficie artificial en un 30%. La primera causa de la urbanización ha sido el explosivo crecimiento del parque residencial, que desde 2001 ha crecido más de un 20%. Lo ocurrido en España no tiene parangón en Europa; era algo que todos percibíamos al cruzar los Pirineos y que los datos se han encargado de confirmar con contundencia: las viviendas construidas en España en ese periodo superan holgadamente la suma de las realizadas en Francia y Alemania, países cuya población conjunta triplica la española. Los cálculos más optimistas sitúan en 250.000 las viviendas sobreconstruidas anualmente desde 2003.
El proceso de urbanización ha supuesto la pérdida de un importantísimo patrimonio natural y paisajístico y la merma de la calidad de vida de futuras generaciones. Ha cambiado radicalmente la fisonomía de gran parte de nuestros paisajes, como resultado de un modelo turístico basado en el corto plazo y en la edificación residencial, que genera un alto beneficio económico en el momento de la promoción y la construcción, pero cuyos efectos positivos se reducen drásticamente una vez entregadas las viviendas. Por su parte, las áreas metropolitanas se han extendido de forma imparable, obligando a miles de ciudadanos a recorrer distancias irracionales para llegar a sus lugares de trabajo.
¿Cómo ha sido posible un proceso de urbanización tan devastador? Lo primero que cabe decir es que han sido los planes urbanísticos de cada ayuntamiento los que han ordenado o desordenado el territorio de cada municipio. Pese a que la multiplicación de casos de corrupción urbanística puede hacer pensar lo contrario, el desarrollo territorial ha sido resultado, en general, de planes redactados y tramitados cumpliendo la legislación. Además, todo este proceso ha tenido lugar una vez completadas las transferencias de las competencias en planificación territorial, urbanismo y medio ambiente a las autonomías, y después de que éstas hayan aprobado leyes avanzadas sobre estas materias, algunas de cuyas premisas suscribiría el más radical de los ecologistas. Nunca antes la construcción de una vivienda había requerido una tramitación tan compleja, cuajada de informes destinados, en teoría, a racionalizar las dinámicas urbanizadoras y controlar sus efectos ambientales.
Sin embargo, el proceso constructivo ha avanzado sin contar con instrumentos de ordenación del territorio capaces de orientar estratégicamente las formas de ocupación del suelo y de canalizar de manera inteligente las presiones urbanizadoras locales. Tampoco las herramientas de control ambiental han sido eficaces a la hora de evitar la destrucción de parajes con valores ecológicos demostrados, ni siquiera en los casos más evidentes, como bien demuestran los ejemplos del Algarrobico, el Alto del Cuco en Cantabria y otros muchos repartidos por España. Como tantas veces en nuestro país, los discursos y los ambiciosos objetivos en materia ambiental, urbanística o de sostenibilidad, concretados incluso en leyes, no se han visto acompañados por un avance paralelo de los instrumentos de aplicación, y de la voluntad política para alcanzarlos.
Otra de las grandes paradojas del reciente proceso de ocupación del territorio es que, pese a las notables diferencias existentes en los discursos de los dos principales partidos políticos, la urbanización se ha producido de forma similar en comunidades autónomas gobernadas desde hace lustros por el PP o el PSOE (véase, por ejemplo, el litoral meridional murciano y la costa almeriense o gaditana). No hay que olvidar que los planes municipales deben ser aprobados por las administraciones autonómicas. Los ayuntamientos, con independencia de su color político, se han convertido en promotores entusiastas de expansiones urbanísticas en muchos casos excesivas, bajo la premisa de que la construcción residencial es la única forma de progreso de sus municipios y ciudadanos. Para ello han puesto en marcha planes que comparten una característica: la ausencia de transparencia en su tramitación y de participación ciudadana en la toma de decisiones, pese a que en muchos casos implican una transformación profunda del territorio y del marco de vida de los vecinos.
Por otra parte, las disposiciones urbanísticas, sobre todo las que afectan a la determinación de los suelos que pueden ser urbanizados, han estado sujetas a un alto grado de discrecionalidad, por no decir arbitrariedad, ante la falta de documentos de planificación regional que fijen los límites u orienten al menos las propuestas de cada municipio. En este proceso pocas veces queda claro el papel de los agentes y grupos de interés vinculados a la propiedad del suelo, los grandes ganadores del reciente boom inmobiliario, con beneficios muy superiores a los promotores residenciales. Con frecuencia, estos agentes han comprado a pequeños propietarios locales suelos en los que no era posible construir y en pocos meses han multiplicado su valor por 500 o por 1.000, tras la aprobación del correspondiente plan urbanístico.
Las dinámicas descritas han pervertido el urbanismo, que ha pasado a convertirse en un instrumento cuyo objetivo fundamental es la obtención de beneficios económicos. Nos hemos acostumbrado a que casi cualquier asunto de envergadura, desde fichajes futbolísticos hasta planes para enjugar el déficit de RTVE, RENFE o el Ministerio de Defensa, se financien con las plusvalías generadas por los procesos de recalificación. Incluso gran parte del gasto corriente de muchos ayuntamientos, con el que se abonan por ejemplo las nóminas de los funcionarios, depende de los procesos de urbanización, de forma que para su propia supervivencia se deberían mantener crecimientos urbanísticos permanentes. La ausencia de una financiación local adecuada y suficiente se convierte en la causa, pero también en la excusa perfecta para justificar la necesidad de seguir edificando.
El gran problema es que, el desbocado incremento de los precios del suelo, ha sido uno de los ingredientes clave de un aumento del coste de la vivienda que pagaremos durante décadas en nuestras hipotecas. Además, la planificación urbanística ha perdido su carácter estratégico para la definición del futuro de territorios y ciudades, y se convierte en una más de las herramientas financieras. Si bien es cierto que las administraciones públicas no sólo tienen el derecho, sino la obligación de participar en las plusvalías del proceso urbanístico, no lo es menos que deberían tratar de evitar el incremento excesivo de los precios de la vivienda libre.
LO OCURRIDO en los últimos años apunta a que el problema no ha sido, como durante el franquismo, la ausencia de mecanismos democráticos o marcos legislativos adecuados sino la insuficiente voluntad o capacidad política de unos partidos que no han logrado evitar que los intereses de determinados grupos locales hayan pasado por encima de los intereses generales.
Muchos son los cambios a introducir si queremos que el futuro de nuestro territorio sea diferente al perpetrado en estos últimos quince años. Entre ellos debiera contemplarse la consolidación de una nueva cultura del territorio, la formulación de planes de ordenación del territorio de carácter estratégico, la definición de un sistema de financiación local suficiente e independiente de los procesos constructivos, la incorporación de participación pública y transparencia a la formulación de los planes urbanísticos, la identificación de los propietarios de los suelos recalificados, la simplificación de los instrumentos de control ambiental de los planes y un largo etcétera. Pero quizás la única medida efectiva sería regenerar, reforzar y controlar las organizaciones políticas locales con el objetivo de que, una vez alcanzado el poder, no asuman como propios los objetivos de los propietarios de suelo.
Santiago Fernández Muñoz es profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid y concejal de Torrelodones (Madrid).
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