Os comento que en virtud de una reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2.010, se han anulado de forma definitiva los convenios de colaboración firmados por el Ayuntamiento de la Puebla de Arganzón y Condado de Treviño con el Gobierno Vasco en materia de educación y cultura y en materia de promoción económica y desarrollo rural. El Supremo razona al respecto que los municipios no pueden suscribir convenios de colaboración con otra comunidad autónoma sobre materias que son competencia de la comunidad autónoma a la que pertenecen y sin el consentimiento de ésta.
Este mecanismo de los convenios de colaboración era el medio elegido por el PNV y grupos afines para dar forma jurídica (justificar bajo apariencia de legalidad) su muy pensado proceso de euscaldinización del Condado de Treviño. Bajo el paraguas de la colaboración pretendían que los servicios públicos esenciales de la "educación" (imaginaos lo que supone dejar en manos de estos tipos las escuelas de Treviño) y "sanidad" quedaran en manos del Gobierno Vasco. Si a eso se añade la promoción económica y el desarrollo rural, cajones de sastre donde cabe todo, el proceso de absorción en pocos años estaría concluido. A partir de ese momento un ciudadano de Treviño ya no dependería para nada de su región de origen, y todos los servicios públicos esenciales le serían prestados por el Gobierno vasco, en especial, la educación donde como es lógico aprendería que Treviño es parte de Euscalerría. Para que se vea lo torticero del engaño, es perfectamente posible y legal que entre dos CCAA se firme un convenio para que una preste determinados servicios a los ciudadanos de otra cuando esto convenga a sus intereses, por ejemplo, que los servicios médicos a nivel de especialista para un ciudadano de la Puebla de Arganzón se presten en Vitoria. Pero una cosa es esto y otra muy distinta lo que se pretendía con estos convenios que era sin más sustituir a la Junta en sus competencias y dejar en manos del Gobierno Vasco la decisión de cómo se iban a prestar servicios esenciales como la educación con toda la carga ideológica que ello comporta. En fin, al menos en este caso, creo que hay que dar enhorabuena a los servicios letrados de la Junta de Castilla y del Estado que con su actuación han evitado este intento de absorción ilegal promovido desde las instituciones políticas vascas.
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