Voy a intentar expresar mis ideas a este respecto de forma concisa, pero clara:
Actualmente la mayoría de obras viarias se llevan a cabo mediante el sistema de concesión público-privada, o privada, y se financian mediante los llamados Project Finance.
Causas: el Estado no tiene dinero para construir tantos Km de autovía en España. La capacidad financiera de un gobierno a nivel infraestructural no pasa de las autovías principales y estratégicas (en el caso español, las autovías radiales). El resto se tiene que pagar con fondos privados si queremos la carretera. Y si no, pues nos conformamos con la carretera convencional de toda la vida (que sería lo suyo), o vamos en burro. España tiene ahora mismo una red de aproximadamente 15.000 Km de autovías, que, comparativamente, supone lo siguiente:
España: 15.000 Km
Alemania: 12.800 Km
Francia: 12.000 Km
Italia: 6.500 Km
Reino Unido: 3.000 Km
En definitiva, se ha construido mucho en los últimos años. Autovías sin sentido algunas de ellas, y que no son estratégicas.
Obviamente, el Project Finance tiene la segunda parte: el Estado da el permiso, no pone un duro y las empresas construyen la autovía a su costa (y riesgo), mediante créditos multimillonarios de la banca. Pero claro, el Estado ha de garantizar el beneficio a dichas empresas constructoras, por lo que se ve obligado a otorgar en concesión la explotación de la obra pública durante el periodo que sea necesario para amortizar la inversión y garantizar un nivel de beneficio que está inicialmente estipulado por contrato.
Es muy guay para un político no dar una peseta y que las infraestructuras se hagan solas... pero la gente tiene que ser consciente de que hay que pagarlas.
Por lo que, obviamente, si pasado un plazo de años, los flujos de tráfico han sido menores de los esperados y la empresa que construyó la autovía no ha recuperado la inversión, el Estado le tiene que ampliar obligatoriamente la concesión.
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Es decir, la conclusión es clara: las empresas constructoras no son el "coco", o el "hombre del saco". Construyen porque hay una demanda social de una infraestructura que el Estado no puede pagar. Y se llevan su beneficio, porque para eso son las que ponen el dinero y las que corren el riesgo.
Lo que me parece muy mal, llegados a este punto, es que, tras la finalización de la amortización y la recepción del beneficio estipulado, (es decir, en el momento en que las obligaciones contractuales de la empresa finalizan), el Estado diga que seguirá cobrando peaje porque hay que recaudar dinero. Eso es intolerable.
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