El gobierno del PP se plantea una muy probable prorroga del permiso de actividad de la central nuclear de Santa María de Garoña después de que el consejo de ministros recibiese el día 5 un informe favorable. Con esta decisión revocaría la resolución del gobierno del PSOE que estableció el año 2013 como fecha tope para una nuclear cuyo reactor está en actividad desde 1971.
La comarca se enfrenta al eterno dilema que aqueja de norte a sur a muchos munbicipios castellanos: el de optar entre acoger una instalación peligrosa o el de entrar en ireversible declive por falta de inversiones. Si bien el cierre de la nuclear sería una excelente noticia no es menos cierto que, sin un plan de desarollo rural firme, numerosos puesytos de trabajo peligrarían y multitud d epersonsa se verían abocadas a la emigración.
Exigir al estado que deje de usar a los municipios castellanos como rehenes forzados a arriesgar su seguridad a cambio de unas inversiones que deberían recibir por derecho, en tanto que constituidos por ciudadanos, debería ser una prioridad para cualquier opción castellanista e incluso para aquellas personas que no siendo castellanistas, se nieguen por justicia a que los ciudadanos del medio rural sean tratados como personas de segunda categoría que solo merecen recibir infraestructuras y servicios si es a cambio de poner en peligro su salud. Resulta bochornosa la actitud de un estado y de unos políticos que tratan al mundo rural con pura y simple mentalidad neocolonial, como si de meras colonias conquistadas y no territorio del estado, fueran.
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