lunes, 7 de noviembre de 1994
EMPRESAS FANTASMAS
El fracaso en Castilla y León pone en cuestión la política industrial del PPEn los últimos cuatro años, la comunidad castellano-leonesa asiste, entre sorprendida y perpleja, al derrumbe de las expectativas generadas por el discurso político del Gobierno regional en política industrial. Desde el comienzo de la presente legislatura, el Ejecutivo dirigido por Juan José Lucas ha venido afirmando que, frente a la actitud socialista en el Gobierno de la nación, había la posibilidad de realizar una estrategia industrial basada en los criterios de discrecionalidad y creciente participación del sector privado sobre los recursos presupuestarios, a través de una política de subvenciones directas.
Las dificultades que dicha política ha supuesto respecto a un sector industrial afectado, como en el resto del país, por la crisis económica han modificado en los últimos meses la estrategia, sustituyendola por una utilización cada vez más acusada del mecanismo de avales.Las consecuencias de esta política se han manifestado desastrosas en relación con la viabilidad de los principales proyectos anunciados por la Junta de Castilla y León. Pocas provincias de la comunidad han quedado fuera de este proceso. Desde Palencia hasta León, pasando por Burgos, Valladolid o Ávila, las ofertas de industrialización son, por el momento, un fiasco, y algunas comienzan a volverse contra sus promotores.
más informaciónPILZ (Ávila)
Una inversión por confirmarSe preveían inversiones en Ávila superiores a los 21.000 millones de pesetas. Tenía que crear un importante número de puestos de trabajo. La Junta de Castilla y León consignó en 1991 más de 7.000 millones de pesetas de subvención, además de importantes apoyos del Ministerio de Economía. El presidente Lucas colocó la primera piedra. Transcurridos tres años, este proyecto de ubicación de una planta de fabricación de discos compactos tiene un plazo de no más de 15 días para confirmar definitivamente su inversión. En caso contrario, la empresa Pilz perderá todos los derechos a las subvenciones comprometidas.
VALLE DEL CERRATO (Palencia)
El "culebrón" que empezó con AznarIba a tener aeropuerto, universidad privada, campos de golf, lagos artificiales para la práctica deportiva, otras zonas deportivas y de expansión, zonas residenciales de lujo, intercambiadores de mercancías, centros de transporte, así como servicios y equipamientos inmobiliarios para una posible población de 45.000 personas. Cinco años después aún no se ha puesto en marcha ni siquiera el polígono industrial que, financiado con fondos europeos, estaba en el origen del proyecto.
Hasta la fecha se han producido acontecimientos que reducen significativamente las posibilidades de futuro de este ambicioso plan. También se ha producido la incapacidad financiera del grupo británico promotor del proyecto European Land.
En las últimas semanas, otro grupo inversor desconocido se ha comprometido a aportar los 4.000 millones necesarios para poner en marcha una obra faraónica cuyos primeros pasos se dieron con José María Aznar como presidente de Castilla y León.
CRYSTALOID (Valladolid)
Un asunto en los tribunalesUbicada en el parque tecnológico de Boecillo, un proyecto que ha recibido más de 7.000 millones de pesetas de los presupuestos regionales, la empresa Crystaloid pretendía ser la factoría emblemática de un proyecto originado igualmente en la época de Aznar. Frente a la lógica y al programa electoral, una iniciativa que en principio era privada ha terminado por incorporarse al conjunto de las empresas públicas de la comunidad, ocupando la primera plaza entre las más onerosas de la región. La Junta ha aportado en los últimos tres años más de 3.000 millones de pesetas en aportaciones y subvenciones de capital, con un volumen de pérdidas acumuladas a finales de este año superiores a los 1.300 Millones de pesetas.
El portavoz económico del PSOE en la comunidad, Zenón Jiménez Ridruejo, presentó una denuncia ante los tribunales por presunta falsedad en documento público. De los datos disponibles en la investigación realizada en la propia empresa por el citado portavoz se deduce que existen disparidades millonarias entre los documentos contables y los comprobantes mercantiles correspondientes al inmovilizado de material.
BIOMÉDICA (León)
El caso del americano inexistenteRechazados por las comunidades autónomas de Galicia y Asturias e informados negativa mente por la Dirección General de Incentivos Regionales del Ministerio de Economía, los tres proyectos industriales presentados por Biomédica, una multinacional norteamericana con sede en las Antillas Holandesas, y que no figura en los registros mercantiles de ninguno de dichos países, están en el origen de una agria polémica en Castilla y León. Las inversiones previstas eran superiores a los 8.000 millones de pesetas. Utilizando la línea de incentivos territoriales, al margen de la política de incentivos regionales del Ministerio de Economía, la Junta de Castilla y León aprobó la concesión de 2.400 millones de pesetas en subvenciones al proyecto industrial, al tiempo que el Ayuntamiento de León, presidido por el popular Juan Morano, aportaba terrenos para su ubicación valorados en 700 millones de pesetas.
El compromiso del presidente de la comunidad, Juan José Lucas, con el proyecto Biomédica le llevó no sólo a presidir la ceremonia en la que se plantó la primera encina del terreno donde se instalaría Biomédica, sino que afirmó con toda rotundidad las garantías del proyecto. Transcurrido el plazo otorgado por la Junta para el comienzo de las obras, se concedió una prórroga de seis meses que finalizó el pasado octubre. Sin que mediase solicitud de la empresa, la Consejería de Economía de la Junta ha ampliado el plazo, llevándolo hasta el mes de junio próximo, una vez celebradas las elecciones autonómicas. Investigaciones periodísticas posteriores han revelado que la empresa no existe. Desde el Ejecutivo autónomo todavía se cree en el proyecto Biomédica.
Las subvenciones desaparecidas
De los 1.250 millones de pesetas aportados por el Ejecutivo regional para el saneamiento de la que fuera primera industria textil de Béjar, la Hispano-Textil, 320 millones de pesetas siguen sin justificarse, según indica la auditoría realizada por Price Waterhouse. El destino de las subvenciones a esta empresa está siendo investigado por la única comisión de investigación que el PP ha aceptado en las Cortes regionales. Los datos disponibles confirman que el Ejecutivo concedió un anticipo de tesorería, no solicitado por la empresa, con el consiguiente incumplimiento de lo dispuesto en la ley de Hacienda de la comunidad. La empresa, que cerró sus puertas el pasado mes de abril por problemas financieros irresolubles, ocasionó el despido de sus 280 trabajadores, los cuales esperan todavía conocer el destino de estos dineros públicos que tenían que haber servido para reflotar a la empresa.Artículo de EL PAÍS. Fuente:
http://elpais.com/diario/1994/11/07/espana/784162822_850215.html
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