El gobierno de Rajoy se conforma con la inhabilitación para quienes malgasten fondos públicos.
¿Porqué no la cárcel? Da que pensar que no se legisle duramente contra los dilapidadores del esfuerzo ciudadano. ¿Hoy por tí, mañana por mí? A un mal gestor le caen 6 o diez años de inhabilitación ¿Y qué?, si ya ha hecho de las suyas, se la sopla.
Se debería empezar por los que acaban de dejar el poder, buscar responsabilidades y donde se encuentren que paguen.
Se me ocurren sugerencias:
- A la primera vez que mal administre, a la calle en el acto e inabilitación de por vida.
- Si la faena no se detecta hasta el final de la legislatura, reparar el daño causado con cargo a su patrimonio y bienes futuros. Si lo ha hecho deliberadamente expropiación de todos sus bienes y retirada del pasaporte, eso o 30 años de cárcel a cumplir integramente. A ver si así se rie de la gente
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