Langreo / Mieres,
Luisma DÍAZ
La huelga general de la minería que viven las comarcas carboneras españolas desde el pasado 23 de mayo es la misma que, a finales de 1991, tuvo su punto álgido con el encierro en el pozo Barredo, en Mieres, con el que se inició el proceso de ajuste, aún ininterrumpido, del sector en el país. El de Barredo fue el primer capítulo, y está por ver si la actual huelga es el punto y final del carbón o si, pese a las pretensiones del Gobierno central, la minería española aún tiene una historia por delante.
El sector del carbón en España ha adelgazado mucho, hasta el punto de casi llegar a al anorexia, desde 1991. En aquel año había cotizando en el régimen especial de la minería un total de 45.212 personas. Un número que se ha reducido hasta llegar a los 4.000, una cifra a la que hay que sumar otros tantos trabajadores de las subcontratas. Alrededor de esta actividad se calcula que se generan 30.000 empleos indirectos, de los que dependen unas 200.000 personas. De los 20 millones de toneladas de carbón que se extraían, se ha pasado a sacar alrededor de 8,5 millones.
El proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 propone una reducción global del 64 por ciento para todo el montante económico del Plan del Carbón 2006-2012, un documento firmado por el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero tras otra revuelta minera -más liviana- a finales de 2005. Este plan tomaba el relevo de otro anterior 1998-2005, firmado por José María Aznar (PP), esta vez sí, tras una cruenta huelga que dejó las Cuencas prácticamente paralizadas durante un mes. De cumplirse lo firmado en el Plan, las comarcas mineras españolas recibirían este año un total de 703 millones de euros. Pero la realidad es otra bien distinta.
La crisis económica y la política de recortes emprendida por el Gobierno del PP para controlar el déficit han llevado al Ministerio de Industria a reducir de forma «drástica», según los sindicatos mineros y la patronal Carbunión, las ayudas para la actividad del sector y a la reactivación de las Cuencas. Este tijeretazo amenaza «con la supervivencia de la minería» y, por lo tanto, pone entre la espada y la pared a todo el tejido económico de los valles del Nalón, el Caudal y el Suroccidente de la región, además de las comarcas de Castilla y León, Aragón y Andalucía, que pese a los intentos reindustrializadores de las dos últimas décadas mantienen en la extracción de carbón su principal pilar.
Con el recorte, los 703 millones se quedan en únicamente 253. Los sindicatos desgranaron, el día en que convocaron la primera jornada de huelga en la minería, las partidas que se veían afectadas por la reducción del presupuesto. Las ayudas a la producción de carbón, es decir, el dinero con el que se subvenciona a las compañías mineras, pasa de 301 millones a 111. La partida para la creación de infraestructuras (fondos mineros) se reduce de 167 a 101,6 millones. En el caso de las becas (ayudas a estudios universitarios, de bachillerato y Formación Profesional, y cursos de idiomas en el extranjero) se pasa de 56 a 2 millones. Para la instalación de nuevas empresas en las zonas mineras (reconversión industrial y económica), la partida, de 167 millones, baja hasta los 39. Y en materia de Seguridad Minera, el Plan preveía una inversión de 12 millones que, en caso de aprobarse los Presupuestos -y todo apunta a que será así- el dinero desaparece, pasan a ser cero euros.
Esta reducción de las ayudas de forma repentina y acelerada deja tocada de muerte a la minería, un sector para el que, en un principio, estaba prevista una eutanasia más lenta, asistida, progresiva, prolongada en el tiempo, hasta 2018, año límite impuesto por la Unión Europea (UE) para que las empresas recibiesen algún tipo de ayuda estatal, siempre condicionada al cierre de las minas. Aquellas empresas que alcanzasen la rentabilidad y quisieran seguir activas deberán devolver las subvenciones recibidas. Un inconveniente importante.
Los sindicatos siempre mantuvieron la esperanza de que, moviendo los hilos adecuados en Bruselas, la minería española pudiese llegar a estabilizarse. Para lograrlo había que entrar en la reserva estratégica nacional y a la vez, lograr apoyos en Europa, un respaldo que podían ofrecer países poderosos como Alemania -que pese a ser abanderada de los recortes se plantea abrir nuevas minas- y otros con un sector muy desarrollado, como Polonia. Además, el carbón es la única fuente de energía fósil autóctona, algo que es útil para evitar los vaivenes que, periódicamente, sufren los países que exportan gas y petróleo a España. A comienzos de este año, con el encarecimiento del gas, el carbón ha pasado a quemarse más que nunca en los últimos años.
Los sindicatos achacaron al anterior Ejecutivo socialista que había hecho muy poco por lograr estos objetivos, por convencer a Europa de la necesidad de mantener una pequeña reserva carbonera en España. La aplicación de los fondos mineros tampoco era precisamente la mejor, y según el SOMA a día de hoy hay 1.063 millones de euros de la reactivación pendientes de ser invertidos. En 2010 además, las empresas privadas llegaron prácticamente al colapso porque el carbón nacional no se quemaba, algo que acabó causando la última gran huelga en el sector, y que llevó a los sindicalistas José Ángel Fernández Villa (SOMA-FITAG-UGT) y Maximino García (Federación de Industria de CC OO), entre otros, a encerrarse en el Ministerio de Industria.
Pese a la gravedad de estos incumplimientos, el sector seguía vivo, manteniendo un nivel de empleo que hacía de él el pilar económico fundamental en las comarcas mineras de Asturias, León, Palencia y Teruel. Sin embargo, la repentina reducción de las ayudas podría obligar al cierre inmediato de algunas explotaciones. La huelga actual es ya más una cuestión de vida o muerte, una necesidad vital de una actividad económica que ha pasado a ser una forma de vida en las Cuencas tras más de 150 años con minas abiertas. Generaciones enteras de vecinos han trabajado en la mina, algo que conocen bien las centrales sindicales, que llaman a «toda la sociedad» de las comarcas carboneras a sumarse a la movilización.
Un respaldo que tendrá su termómetro el próximo día 18, cuando se han convocado una huelga general en los territorios mineros españoles. Por el momento, en el pulso entre mineros y Gobierno, ambas partes siguen manteniéndose firmes. Del ganador de la contienda dependerá, en buena parte, el futuro de las Cuencas.
FUENTE:PUBLICO
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