Castilla no cabe en la Constitución / 1Demetrio Casado 22 JUL 1980La Constitución española de 1978 configura el Estado de las Autonomías, cuya estructuración se ha topado, entre otros problemas, con el de la integración/ desintegración de Castilla. En efecto, Castilla, presuntamente la entidad regional histórica más importante de España -al menos según el punto de vista convencional-, no comparece como tal a la cita autonómica, sino mediante representantes parciales (Cantabria, la Rioja), representaciones mixtas (Castilla y León, Castilla-La Mancha) y representaciones que excusan su asistencia o la demoran (Segovia, Madrid). Hay que preguntarse, pues, por qué la vieja tierra de los castillos se ha tornado hoy en la presente amalgama de las Castillas. Castilla ha sido, y es, objeto de varias conciencias y lecturas, lo que parece indicar un fenómeno de superposición de identidades, que tal vez no sea ajeno a esa señalada incomparecencia de Castilla como entidad única y neta.
En el libro de Carretero Jiménez sobre
La personalidad de Castilla, recientemente reeditado, puede verse un mapa de ésta que incluye las siguientes «tierras» tradicionales: La Montaña, Tierras de Burgos, la Rioja, Tierras de Soria, Tierras de Segovia, las Alcarrias, Tierras de Avila, Tierras de Cuenca. Salvo algún arreglo de conveniencia (como la exclusión del solar de Madrid capital), éste es el perímetro de las tierras repobladas y colonizadas en el proceso de la Reconquista bajo formas institucionales específicamente castellanas: derecho propio distinto del rechazado Fuero Juzgo, organizaciones locales de tipo comunero, fueros.
Esta es, para el autor citado, la auténtica y aun única Castilla y, por consiguiente, la que debe ser recuperada de cara a la estructuración descentralizada -ayer federal y hoy autonómica- del Estado. Discusiones históricas aparte, la propuesta en cuestión presenta dos graves problemas:
1. El mapa de Carretero Jiménez choca, en numerosos puntos, tanto con la geografía de la conciencia castellanista (exclusión de Valladolid y Toledo, por citar sólo dos casos), como con la división administrativa provincial, lo que supone su práctica inviabilidad material y formal como proyecto autonómico (recuérdense los artículos 141.1 y 143.1 de la Constitución.
2. No es ajeno a estas circunstancias, probablemente, el hecho de que, a pesar de haber sido formulada la doctrina en cuestión hace bastantes años, y aun habiendo recibido apoyo y difusión en los recientes (por parte, principalmente, de los lideres y sectores más influyentes de la asociación regionalista Comunidad Castellana), las adhesiones logradas son muy escasas.
Una segunda idea de Castilla es la que se forma a partir de la antes citada definitiva asociación castellano-leonesa, que se verla ampliada posteriormente por la incorporación de otros reinos y dominios, viniendo a constituir un poderoso holding político para el que se adoptó como «denominación de marca» el nombre de Castilla. Aparte de este fenómeno de nomenclatura, es de significar que el citado proceso de articulación política de reinos comporta una creciente y secular interacción económica, social y cultural entre ellos. El hecho registrable hoy es una conciencia de castellana presente no sólo en la Castilla de Carretero Jiménez, sino también en tierras de León, la Mancha y en amplios sectores de la metrópoli madrileña, de modo que vale todavía decir: «¡Ancha es Castilla! ».
El Ministerio de las Regiones publicó, en diciembre de 1978, un desplegable en el que se compara el anterior mapa regional de España con el que se configuró en el primer período preautonórnico, y que, en lo que atañe a nuestro asunto, podría resumirse así:
- Antes de crearse el Ministerio de las Regiones: León, Castilla la Vieja y Castilla la Nueva.
- Después de actuar el Ministerio de las Regiones: León, sin León (provincia), aparece unido a Castilla la Vieja, sin la más vieja de sus tierras (Santander) y sin Logroño; Castilla la Nueva aparece privada de Madrid, pero ha incorporado Albacete.
Semejante montón de escombros al que se redujo la convencional geografía histórica de León y Castilla no pudo ser obra exclusiva de un solo ministerio durante un periodo tan breve; pero no consta, por otra parte, que el departamento de las regiones interviniera con ideas claras y medios adecuados para evitar el resultado que refleja su desplegable. En todo caso resulta patente que la hipotética posibilidad de construir tres comunidades autónomas sobre los moldes de las regiones históricas convencionales: León y las dos Castillas -tercera lectura o concepción de Castilla-, quedó desbordada a las primeras de (el) cambio.
Ni región ni nacionalidad
Si definimos la región, a los efectos que aquí nos interesan, como una unidad geográfica y social, cuya población se identifica por referencia a ella en sus aspectos geográficos e históricos, y que mantiene una relación funcional interna, parece claro que Castilla, según lo que hemos visto hasta ahora, no es una región.
Por de pronto, Castilla no tiene fronteras. La Universidad de Salamanca fue creada por un rey leonés para que sus vasallos no tuvieran que salir a estudiar fuera del reino; pero el Ayuntamiento de Salamanca fue el primero que reivindicó y adoptó el pendón castellano en el período reciente. En el Quijote, la Mancha aparece con entidad propia, pero no incompatible con Castilla. Hoy, la fórmula Castilla-La Mancha, ¿indica exclusión o inclusión? En segundo lugar, los castellanos no se identifican mediante Castilla. Los ceutíes de origen cristiano se autodenominan castellanos para diferenciarse de los musulmanes, judíos e hindúes, pero los castellanos de la Península se identifican generalmente como montañeses, riojanos, segovianos, alcarreños. Finalmente, las tierras y las gentes de Castilla no están hoy vinculados a comunicados entre sí ni en lo cultural ni materialmente: en las ciudades castellanas existen casas regionales correspondientes a otras provincias castellanas; las tierras castellanas se comunican a través de Madrid, como las diferentes regiones entre sí.
Castilla es hoy, de hecho, un agregado poco integrado de pequeñas comarcas subprovinciales (La Bureba, Cameros), comarcas medias y tierras de ámbito provincial o casi provincial (la Montaña, Segovia, la Alcarria), comarcas interprovinciales (Tierra de Campos, la Mancha) y centros históricos, económicos y políticos (Burgos, Valladolid, Madrid, Salamanca, Toledo). Castilla no es una región, porque históricamente no ha sido una región, sino una estructura mucho más compleja de behetrías, merindades, comunidades de villa y tierra y, después, reinos. Castilla, pues, no cabe en la Constitución como región administrativizable en una comunidad autónoma,
Si entendemos que una nacionalidad viene a ser una región con etnia y lengua diferenciadas de las de su entorno, así como con una cultura específica que incluye la actitud y la voluntad de conservación y proyección en un marco institucional privativo, Castilla tampoco es una nacionalidad.
La etnia castellana no es pura, sino plural y mestiza, ya que se configura por la mezcla continuada de cántabros, vascos, astures, celtíberos, francos, germanos, musulmanes, judíos, etcétera. La lengua castellana también es mestiza, incluso en su propio origen: latín euskerizado, en calificación sintética. Etnia y lengua castellanas se derraman por la Península primero y por el ancho mundo después, y están presentes en numeroso! pueblos exteriores al núcleo castellano. La cultura castellana, que nace como opción castiza al rechazar el Fuero Juzgo y las instituciones leonesas, desarrolla un fondo impresionante de formas y prácticas en parte tradicionales, en parte adaptativas a las condiciones de la Reconquista, en parte recibidas de otros pueblos. Castilla, pues, ha derramado y ha asimilado valores e instituciones, y hoy no parece muy interesada en clasificar su patrimonio específico, inscribirlo en el registro de la propiedad histórica e invocar títulos de nacionalidad histórica.
Castilla es algo más abierto que una nacionalidad, y es inútil pretender su integración total en el Estado de las autonomías al modo de Cataluña o el País Vasco.
Castilla entera no cabe en la Constitución.
Fuente.-
http://elpais.com/diario/1980/07/22/espana/333064803_850215.htmlCastilla no cabe en la Constitución /y 2Demetrio Casado 23 JUL 1980La configuración de las comunidades autónomas es un deber político de los castellanos en tanto que españoles: es mejor aplicar la Constitución que bloquearla. También es una conveniencia práctica para los castellanos en tanto que tales: si el Estado. se estructura en comunidades autónomas, que vendrán a ser instrumento de autogobierno, sería perjudicial quedar al margen heterogobernados. Tal vez era inevitable -aparte la actividad/pasividad del Ministerio de las Regiones- la eclosión de Castilla en parcelas y mixtos preautonómicos. Por realismo; hay que partir de este hecho; por pragmatismo, debemos ver hacia dónde convendría ir.En Santander contienden dos posturas autonomistas: 1) la promovida por la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, que propugna una autonomía separada y que han asumido las principales fuerzas políticas; 2) la que defiende la Asociación Cántabra en Castilla, que cuenta con más miembros (10.000) de todos los partidos políticos y que defiende la integración de Cantabria en Castilla. Así las cosas, y considerando tanto razones históricas como prácticas (Cantabría y la Meseta no tendrían sino ventajas en la intensificación de sus relaciones), parece aconsejable no zanjar la cuestión sin nuevos turnos de reflexión y diálogo.
En La Rioja parece pacífica la opción por una autonomía privativa, pero el moderado entusiasmo que suscita podría indicar que dicha opción refleja, sobre todo, un deseo de obviar la disyuntiva entre la tendencia pro vasca -que se manifestó muy expresamente en los momentos en que lo vasco alcanzó su máximo prestigio político- y la tendencia, procastellana -que apenas se ha manifestado-. Si así fuera, y aunque ello resulte insólito en materia de autonomías, convendría esperar sin cerrar la puerta actualmente abierta para la integración en Castílla.
La muy laboriosa empresa de construir lo que quiere ser comunidad autónoma mixta de Castilla y León -inicialmente concebida para albergar a las regiones de León y Castilla la Vieja- parece un desafío a la lógica histórica y política. León y Castilla tienen títulos históricos más que suficientes para constituir dos comunidades autónomas separadas; no serían obstáculo para ello factores de territorio o población, aun cuando la conciencia histórica leonesa se hubiera reducido a la provincia del mismo nombre, y, por otra parte, se conrirmase el apartamiento de las provincias de Santander, Logroño y aun Segovia. Políticamente, cabría esperar mayor rendimiento, vamos a decir así de dos comunidades autónomas que de una, ya que supondría mayor descentralización, mayor representación y menos conflictos internos. En un orden práctico, en cambio, el mixto Castilla y León viene a resolver el intrincado enigma de la frontera castellano-leon.esa y da salida a la aspiración del liderazgo regional de la ciudad más pujante y dinámica del valle del Duero, Valladolid. Por otro lado, parece difícil que se produzca una marcha atrás en el proceso de unión, que está prevaleciendo sobre las tesis de separación de Castilla y León precozmente propugnadas por asociaciones regionalistas, como Comunidad Castellana, Grupo Autonomista Leonés y Ciudadanos Zamoranos; el acuerdo de integración por parte de la provincia de León representa un paso muy importante que, por razones cuantitativas y cualitativas, no podrá ser contrarrestado por la reciente separación de Segovia, probablemente táctica y transitoria. Nótese, en todo caso, que la reducción de esta comunidad al valle del Duero, cerrado por la frontera de Portugal, haría realidad la figura de las «nueve provincias caídas en una trampa de lobos» (Senador), lo que aconseja, también, desde este punto de vista, no cerrar la puerta a la Montaña y la Rioja.
La agrupación Castilla-La Mancha rompe la hipotética unidad de Castilla, pero, refleja la conciencia paralela, no convergente por ahora, de castellanía de las dos mesetas; crea una comunidad mixta, según ciertas opiniones, pero obvia la espinosa cuestión de la inclusión/no inclusión de La Mancha en Castilla.
El caso de Madrid
Madrid es un caso aparte: pnmero, porque aún no ha dado ningún paso efectivo en el proceso autonómico, solamente ha hecho algunos gestos; segundo, porque «Madrid es mucho Madrid», tanto por la capitalidad del Estado radicado en la villa como por el peso demográfico y económico de la capital y de la provincia.
Haciendo pie en el hecho indudable de que Madrid y su provincia se asientan sobre tierra castellana original, determinados sectores de opinión postulan la integración de aquella villa y provincia en una comunidad autónoma castellana única, inspirada en las tesis de Carretero Jimenez (este, en cambio, excluye de su mapa-ideal el solar de Madrid capital, sin duda en atención a sus características presentes). La propuesta indicada es plenamente lógica en la línea de argumentación histórica en que se sitúa, discutible desde una consideración más amplia y políticamente inviable en el momento presente.
La posible integración de Madrid en Castilla y León no parece ser propugnada por nadie, pero es seguro que sería rechazada por la clase política del valle del Duero. Si ha sido considerada y aun ensayada la integración en el ente preautonómico castellano-manchego, pero el intento no obtuvo otro fruto que una disposición adicional en el estatuto de aquel ente, que permite la futura renegociación del asunto. Por parte de Castilla-La Mancha se teme que la incorporación de Madrid suponga la conversión de su actual demarcación preautonómica en una mera área de servicios y de descongestión de Madrid cuya capital dominaría demográfica, económica y culturalmente la comunidad autónoma; algunos líderes madrileños parecen ver con buenos ojos la posibilidad de ampliar el espacio de maniobra urbanística (ante el peligro de congestión) y económica (ante el peligro de decadencia por competencia de otro centro regional) de Madrid, y salen al paso de los temores de dominación ofreciendo una capital regional, distinta de Madrid y anunciando que en un futuro inmediato la gran metrópoli, por su propia dinámica de desarrollo, cesará de succionar recursos y riquezas para pasar a difundirlos en su entomo. En un orden político, tanto la derecha como la izquierda hacen cálculos sobre la posibilidad de dominar políticamente en el conjunto resultante de la incorporación de Madrid (izquierda) a la actual comunidad preautonómica de Castilla-La Mancha (derecha). En el debate en cuestión se echa de menos una precisión, por lo demás obvia: así como un posible trasplante de cerebro sería en realidad un trasplante de cuerpo, la integración de Madrid en Castilla-La Mancha sería en rigor la integración de Castilla-La Mancha en Madrid, según muestran las magnitudes demográficas y económicas de ambos conjuntos: Madrid tiene dos veces y media más población que Castilla-La Mancha y una producción casi cuatro veces superior.
Las fórmulas de integración antes evocadas son propuestas por algunos de sus valedores con la corrección de prever un estatuto especial para Madrid capital («Madrid, distrito capital»), corrección importantísima, ya que supone «liberar» a la comunidad autónoma de que se trate del peso pesado madrileño, que quedaría aislado, segregado. El supuesto de segregación de Madrid capital sin el régimen de autogobierno propio de una comunidad autónoma parece poco interesante, tanto para Madrid como para los madrileños, que padecerían una evidente discriminación. El supuesto contrario (aceptando la hipótesis de que pudiera establecerse al amparo del artículo 144 de la Constitución) obviaría aquel inconveniente, pero llevarla consigo terdos los previsibles para una comunidad autónoma con mucha población y poco territorio.
A la vista de las dificultades o costes que acompañan a las diferentes alternativas expuestas, y teniendo en cuenta que la ancha e indefinida Castilla necesitaría configurar más de una comunidad autónoma resulta tranquilizador saber que, por fin, Madrid «camina hacia la autonomía uniprovincial» (Manzano, EL PAÍS, 15-8-1980). Así se evitarán a la vez el riesgo de dominación en el supuesto integracionista y el de asfixia en el segregacionista. En el caso de que existieran dudas sobre si Madrid tiene, la «entidad regional histórica» que la Constitución (artículo 143. 1) exige a las comunidades autónomas un¡provinciales, se podría recurrir al precepto de recambio previsto para tales casos (articulo 144,a).
Fuente.- http://elpais.com/diario/1980/07/23/espana/333151204_850215.html
··· 
