Abro esto para pedir la asistencia a todo el mundo de Valladolid y alrededores, es algo que ha costado sacar adelante.
Nuestras vidas o su negocio. ¡Por lo público! ¡Por nuestros derechos!
Diferentes sectores en lucha -los cuales han recibido el nombre de mareas sociales o mareas por lo público- hemos apostado por confluir en una gran marea global vallisoletana. Este tsunami resultante es el reflejo de lo que la mayoría de la gente común desea: una sociedad redistributiva e inclusiva donde se garanticen los derechos fundamentales universales y en la que los servicios públicos que son de todas y todos no se sometan a las leyes del mercado, de la especulación y del enriquecimiento privado. Ante los duros momentos que nos está tocando padecer, nuestra respuesta está cargada de razones de gran envergadura:
Denunciamos que la política de recortes en Sanidad no busca en absoluto disminuir posibles derroches, sino que tiene la finalidad de liquidar el sector público mediante la reducción por la fuerza de la calidad del servicio ofrecido, abriendo a su vez nuevos espacios para la rapiña de las grandes empresas, que son las beneficiarias de estas privatizaciones encubiertas. Estamos hablando, por tanto, de un cambio de modelo sanitario que nos lleva de uno eficiente y barato a otro que considera nuestra salud como un negocio al servicio del capital especulativo.
Tres cuartas partes de lo mismo ocurre en materia educativa, con evidentes pasos hacia la total mercantilización del sector. Denunciamos la continua escalada de recortes en la Escuela Pública que desde el año 2010 vienen acometiendo los Gobiernos Central y Autonómico. Exigimos la eliminación de los conciertos que suponen la desviación de financiación de la Escuela Pública a empresas privadas, así como la retirada de la LOMCE por clasista y segregadora, que hace que la educación pierda su carácter compensador de desigualdades, que anula la participación democrática de la comunidad educativa y que aumenta la presencia de la religión dentro de los centros educativos. En cuanto a la educación superior, reclamamos que el control del sistema recaiga en sus usuari@s y profesionales, orientándose el aprendizaje científico y humanístico hacia las necesidades reales de la sociedad y no hacia las de las grandes firmas económicas interesadas en desvirtuar el modelo, como se evidencia en el Plan Bolonia y la Estrategia 2015. Igualmente, exigimos que los centros de aprendizaje fomenten el pensamiento crítico y reflexivo proclive a la transformación social.
También en el Sistema de Servicios Sociales nos encontramos con una situación crítica que parece querer llevarnos al anterior modelo de beneficencia, por el cual la atención de las personas en riesgo de exclusión queda en manos de la caridad particular en vez de estar en las de la sociedad en su conjunto por medio de personas cualificadas para esta labor. Muy especialmente en este contexto, nos tenemos que oponer y nos oponemos a cualquier retroceso que agrave las desigualdades sociales y que desproteja a quienes más apoyo precisan.
Igualmente integramos esta marea ciudadana empleados públicos y funcionarios de la Administración que, a pesar de realizar una labor rigurosa y eficaz en defensa de los servicios públicos, sufrimos día a día la presión de los intereses políticos. Denunciamos, además de la venta que se hace de lo público de forma impune, la presencia de irregularidades o ilegalidades vinculadas a intereses políticos ajenos a la objetividad que garantizan los empleados públicos por oposición en favor de unos servicios de calidad para toda la ciudadanía. También denunciamos que, con la excusa de la crisis y los recortes, la casta política está sacrificando a la ciudadanía eliminando líneas de ayudas y servicios públicos sin que desaparezcan ni se cuestionen sus privilegios en forma de multisueldos, pensiones vitalicias, dietas, tarjetas de crédito, gastos de representación y protocolo, autopropaganda para seguir subidos en la escalera del poder, coches oficiales, bufandas, asesores, personal de confianza, etc. Nos oponemos a que cualquier servicio público acabe en manos de entes, fundaciones, empresas públicas o privadas, fuente de corrupciones y de tráfico de influencias partidistas, que siempre abren la puerta a la privatización y a la pérdida de lo público ante la impasibilidad de las Cortes, del Procurador del común, etc.
También confluimos en esta Marea Ciudadana quienes hemos luchado día a día contra los desahucios. El crecimiento económico en el Estado español de los últimos años está ligado a la construcción de viviendas y a la concesión casi indiscriminada de créditos hipotecarios. La ausencia de políticas de control indujo al sobreendeudamiento de una parte importante de la población como única forma de acceder a una vivienda digna producto de los intereses de notarios, tasadores, entidades financieras e inmobiliarias y contienen claros indicios de fraude y estafa generalizada. Todo ello ha conducido a un escenario en el que en los últimos tres años ha habido más de 350.000 ejecuciones hipotecarias y embargos. Exigimos con carácter de urgencia la paralización de las ejecuciones hipotecarias y dar una respuesta a millones de personas empujadas a la exclusión social. Denunciamos la existencia de millones de pisos vacíos en manos de las entidades financieras que no están cumpliendo con su función social, mientras miles de familias se quedan sin casa y con una deuda de por vida, y los bancos esperan hacer nuevos negocios rentables con las viviendas de los desalojados.
Por último, pero no por ello menos importante, reivindicamos el derecho a un trabajo digno para todas las personas desempleadas. Hacemos mención especial a la juventud empujada a la emigración y en quienes por su edad son excluidos del mercado laboral. No debemos olvidar que este gran colectivo, el de las desempleadas y desempleados, es doblemente maltratado, tanto por su falta de trabajo como por la desprotección a la que se le somete al reducirse sus prestaciones. Así mismo, denunciamos que quienes tienen la suerte de mantener un puesto de trabajo han visto muy reducidos sus derechos laborales tras la aprobación de las últimas reformas y viven bajo la permanente incertidumbre del despido.
En resumen, creemos que este Régimen debe ser sustituido por uno más justo, solidario y equitativo, en el cual no se negocie con los servicios públicos, en el que se garanticen los derechos sociales de tod@s, y en el que las personas del común no paguemos los desmanes especulativos de una casta empresarial y política sin escrúpulos que nos ha llevado a la ruina económica, política y moral. Por eso salimos a la calle bajo el lema “nuestras vidas o sus negocios”, considerando que estamos reivindicando derechos de pura supervivencia para el pueblo trabajador y honrado.
Marea Ciudadana
Valladolid, marzo de 2013
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