Seguro que este tema le gusta a Ginevra.
Ayer, cuándo tuve noticia de este despropósito, pensé en abrir un tema para comentarlo. No lo hice porque pensaba en caliente y me iba a costar contenerme.
Nada nuevo bajo el sol en este país, así funcionan las cosas en Españistán.
Esto es demasiado -istán hasta para Españistán.
El comunicado de ALA (Asociación Libre de Abogados) explica perfectamente bien los antecedentes de hecho y las vulneraciones de derecho.
Básicamente, el abogado Erlantz Ibarrondo Merino se presenta para efectuar la defensa de un detenido en la Brigada Policial de Información de Madrid. Hasta aquí, todo correcto.
Sin embargo, el atestado que las FSE remitirán al juzgado, contiene datos personales del letrado que lleva a cabo la defensa, cosa que sobra. El atestado debe contener hechos en los que se ha basado la detención y circunstancias de esa naturaleza, por tanto, está completamente fuera de lugar explicitar la vida política del abogado que lleva el caso.
No contentos con eso, además, en el mismo atestado, solicitan a la autoridad judicial competente que se estudie la posible implicación del letrado en una Organización Criminal. Para flipar... Esto, como muy bien explica ALA, excede de las funciones de las FSE, pues los atestados no deben contener los posibles delitos en los que incurran los abogados que lleven el caso en cuestión, porque para ello, se debería abrir otro procedimiento contra esa persona en concreto, según reza la Ley de Enjuiciamientro Criminal y la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero lo que no se puede hacer es meterlo con calzador en el caso de su defendido. Es que es de manual.
Es decir, se vulneran leyes, derechos contenidos en las leyes, derechos fundamentales amparados en la constitución y hasta derechos contenidos en tratados internacionales ( está prohibido identificar a la persona del letrado con su defendido y con los presuntos hechos delictivos por éste cometidos).
¿Qué se pretende conseguir con esta chapuza tan bananera? Fácil: Acojonar a los abogados para que se piensen dos veces el defender de ciertos delitos a los detenidos. En concreto delitos que tienen un marcado carácter ideológico o que son supuestamente cometidos por personas de una determinada ideología, que el Gobierno considera molesta.
Es muy grave, es gravísimo, porque supone poner trabas al derecho a la asistencia de un abogado que reconoce la Constitución y los siguientes Tratados internacionales:
Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU), Convención Europea de Derechos Humanos (UE), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU), y Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE).
El sistema corrupto hasta la médula que tienen montado parece que cada vez está más cuestionado, así que recurren a la siempre útil herramienta del miedo. El objetivo es aislar y criminalizar a los que protestan, y ahora también a sus abogados. Cuántos menos elementos que estorben al poder, mejor.
Criminalizar a los abogados es un salto cualitativo en la escala represora. Si dejamos que este hecho se quede así, al final, dejará de ser un hecho puntual para convertirse en la norma y eso no se puede consentir. Criminalizar al abogado especializado en este tipo de delitos, no solo es un atentado contra los derechos del propio letrado, sino que es una vulneración genérca del derecho a la asistencia jurídica y la defensa, porque indirectamente, se estarían poniendo trabas.
Esta vez destaco sin embargo, el punto positivo de la noticia:
A la hora de publicación de este artículo, tanto el ICAM [Ilustre Colegio de Abogados de Madrid] como el CGAE [Consejo General de la Abogacía de España] habían manifestado su enérgica repulsa por los actos aquí denunciados y puestos en su conocimiento por la Comisión de Defensa de la Defensa, afirmando ofrecer su amparo al letrado afectado y estar dispuestos a tomar las medidas pertinentes ante el Ministerio del Interior para evitar la repetición de estos hechos.
Y es que, es bueno mantener un mínimo de ética profesional, y abrir la Ley de Enjuiciamiento Criminal aunque sea de vez en cuándo...
Por cierto, he escuchado y leído a E. Ibaiondo en los diferentes medios y me ha parecido un profesional competente, que sabe de lo que está hablando, que argumenta en derecho. Este letrado tiene una ideología determinada, que comparto en muchos puntos, pero eso no tiene que ser un obstáculo para que desarrolle de forma competente su actividad profesional, como de hecho hace.
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