Para ello, se establecerían "ayudas atractivas" con el fin de promover el arranque, con un presupuesto máximo de 2.400 millones de euros, según el borrador. España rechaza esa idea, porque considera que promueve el "desguace" del sector.
Esta reforma de dos fases se basa en una reestructuración y en liberalizar en 2013 el cultivo de viñas, porque se acabará con los derechos de plantación, que actualmente restringen la superficie de viñedo.
No se obligaría a arrancar los viñedos. Y aparte se permitiría cultivar más viñedos de los limitados hasta ahora.
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