El boicot al etiquetado en español señala a cuatro empresas de Burgos
Subvencionados. La Asociación Omnium Cultural, subvencionada por la Generalitat, llama a los catalanes a no comprar Pascual, Martínez, Matutano y San Miguel
El universo de las subvenciones está lleno de paradojas. Sólo así se puede entender que una asociación como Omnium Cultural, que el pasado año recibió una ayuda directa de la Generalitat superior al medio millón de euros por su contribución a la «promoción y la normalización de la lengua, la cultura y la identidad nacional de Cataluña», según consta en la web del Ejecutivo tripartito, patrocine y promocione una campaña de boicot a todos los productos que se venden en España cuyo etiquetado no cuenta con una versión en catalán.
La campaña, dirigida a «los once millones de compradores» de un ente artificial que Omnium y sus ‘socios’ denominan «países catalanes» (Cataluña, Andorra, Valencia y Baleares), se realiza a través de una página web presidida por una serie de razonamientos que rezan, básicamente y después de traducirlos, así: «El catalán siempre ha de aparecer, en primer lugar y en situación preferente, como la lengua propia de los Países Catalanes, un mercado de 11 millones de potenciales consumidores que comienzan a exigir sus derechos como ciudadanos libres. Por tanto, a partir de ahora, y de forma progresiva, los miembros de las entidades impulsoras de la Organización de Consumidores y Usuarios en Lengua Catalana fomentaremos la compra exclusiva de aquellos productos que incorporan el catalán en el etiquetado y en la publicidad, y promoveremos un boicot activo con aquellas empresas y productos que no cumplan con estos mínimos requisitos lingüísticos».
Para los ciudadanos englobados en esos «11 millones de consumidores potenciales» que no anden demasiado frescos a la hora de computar todas y cada una de las firmas que no comparten la filosofía lingüística de Omnium Cultural, la web renueva cada semana el listado de los productos que hay, o no, que comprar. Hasta cuatro firmas asentadas en la provincia se citan explícitamente detrás de un «no compreu» (no compréis). Se trata de las patatas Lays, que produce Matutano, la repostería Martínez, cuya planta y origen son históricos en Briviesca, la cerveza San Miguel, actualmente del grupo Mahou, a quien también señalan, y la lechera Pascual. Especialmente sangrante es este último caso, dado que la firma burgalesa invirtió 40 millones de euros y creó 100 puestos de trabajo directos en Cataluña, precisamente, para evitar el boicot de la Generalitat en la recordada «crisis del yoghurt». El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del tripartito catalán, Antoni Siurana, agradeció personalmente al grupo Pascual la apuesta del grupo arandino por su Comunidad el pasado dos de febrero. Sin embargo, una entidad subvencionada por el Gobierno al que representaba Siurana sigue poniendo al frente de los objetivos del «boicot activo» a la firma ribereña.
En la lista, que censura centenares de productos, figuran otras empresas de Castilla y León como Fontaneda (Palencia) o Revilla (Soria). Por ‘alusiones’, otras sociedades asentadas en Burgos también podrían decir algo en el asunto, como el grupo Ancor (Villalonquéjar) que fabrica los etiquetados de otros muchos productos que aparecen mencionados tras el «no compreu».
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