¿DEMORCRACIA, LIBERTAD, DERECHOS HUMANOS?
Malos tratos policiales e impunidad
Siguió habiendo informes de tortura y malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, situación que se veía agravada por la falta de investigaciones sistemáticas e independientes de tales incidentes. Según un estudio publicado por la organización nacional contra el racismo SOS Racismo, en uno de cada tres casos denunciados de violencia racista, los responsables eran funcionarios del Estado encargados de hacer cumplir la ley.
En abril, España ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que había firmado en 2005. A pesar de ello, mantuvo prácticas condenadas por el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura por considerar que aumentaban el riesgo de tortura y maltrato, como la detención en régimen de incomunicación.
En enero, los Mossos d'Esquadra, policía autónoma de Cataluña, pusieron fin violentamente a una fiesta tradicional callejera en la localidad catalana de Arenys de Mar, en el noreste del país. Según informes, hicieron uso de la violencia para intentar dispersar a los participantes, a los que golpearon con porras en la cabeza y el cuerpo al cargar contra ellos, causando lesiones a algunos. Una de las víctimas, Joan Munich, recibió al menos un golpe en la cabeza, a causa del cual se desplomó y quedó inconsciente momentáneamente. Cuando recobró el conocimiento, lo detuvieron. Posteriormente fue declarado culpable de agredir a un agente de policía, por lo que se le impuso una condena condicional de un año de cárcel y una multa. Dos compañeros suyos fueron declarados culpables de desobedecer una orden de la policía y multados. Los tres presentaron un recurso de apelación, pero sin éxito. Otros siete hombres presentes en el lugar de los hechos presentaron denuncias contra la policía, pero tampoco éstas prosperaron.
En junio, un agente de la policía nacional asestó un puñetazo en la cara a una mujer que intentó intervenir en la detención, aparentemente violenta, de una desconocida a la puerta de un bar de Barcelona. Según informes, a continuación la mujer fue detenida y llevada a una comisaría de policía, donde cuatro agentes la introdujeron a empujones en una celda y la golpearon por todo el cuerpo y la cabeza. También le dieron patadas en la cabeza, estando ella caída en el suelo de la celda y con las manos esposadas a la espalda. Un médico de la policía que la examinó bajo custodia indicó que presentaba sólo contusiones de poca importancia, pero un informe médico solicitado por la mujer cuando quedó en libertad señaló la existencia de múltiples lesiones en la cabeza, el rostro, los brazos, las piernas y la espalda. En agosto se impuso a la mujer una multa por haber opuesto resistencia a su detención.
En febrero se separó de su cargo a ocho de los nueve agentes de policía implicados en el maltrato y la muerte bajo custodia de Juan Martínez Galdeano en julio de 2005. Se retiraron las acusaciones formuladas contra uno de ellos y se presentaron cargos contra los demás por agresión grave, lesiones y homicidio por imprudencia. El fiscal de Almería solicitó diez años de prisión para el de mayor rango, y ocho para los demás. Según la autopsia e informes médicos posteriores, la muerte de Juan Martínez Galdeano se debió a una combinación de los violentos golpes y las técnicas de inmovilización a que fue sometido por los agentes de policía y una reacción adversa a la cocaína que había consumido.
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