FERRAN REQUEJO catedrático de ciencia política y doctor en filosofía
"La voluntad política del Gobierno español podría con todos los obstáculos legales, sea antes o después"
El profesor de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) cree que la propuesta del lehendakari apunta a una posible solución al tema de fondo del conflicto vasco, aunque augura que la consulta no va a poder llevarse a efecto por una cuestión de legalidad no resuelta
Se le considera uno de los mayores expertos del Estado español sobre federalismo, aunque la amplitud de su conocimiento en diferentes materias es tan extensa como su formación y sus títulos universitarios. Ferran Requejo incorpora la perspectiva federalista al debate sobre la propuesta del lehendakari, una vertiente tan poco aplicada al caso vasco como muy interesante por lo que de novedosa, razonada y documentada tiene.
En muchos ámbitos se califica la propuesta de plan soberanista/secesionista. ¿Se la puede tildar como tal?
Puede distinguirse en la propuesta entre el contenido y el proceso. El contenido concreto no se conoce, aunque si siguiera las pautas del denominado Plan Ibarretxe anterior, la propuesta incluiría elementos confederales y federales asimétricos en relación con el Estado. Más que soberanista/secesionista, la propuesta se situaría en el escenario que he denominado partenariado o de soberanía-asociación. El proceso, por su parte, remite a una consulta y a un referéndum. La primera no tiene por qué tildarse de soberanista entre otras cosas porque desconocemos su contenido. Más bien se trata del ejercicio de un derecho democrático, algo muy generalizado en las democracias liberales desarrolladas. El referéndum será soberanista o no según lo que se pregunte, algo que en la actualidad también se desconoce. Los datos actuales apuntan, sin embargo, a que no sería propiamente de carácter secesionista, sino sobre algún tipo de partenariado con el Estado español.
Y si lo fuera, ¿qué problema habría si se hiciera por vías pacíficas y democráticas, tomando en consideración la voluntad popular?
El problema es de legalidad, no de legitimidad democrática. La regulación que se hizo en la Constitución española de 1978 fue muy restrictiva en la cuestión de los referéndums. Había miedo de hacia dónde podría evolucionar el sistema con dicha regulación. Una cuestión que sitúa a los principales actores en trincheras casi irreconciliables es la de considerar que el problema está en las reglas actuales o en la propuesta de solución (que obviamente es pacífica y de respeto a la voluntad popular). Creo que las reglas actuales de la democracia española tienen graves deficiencias tanto liberales como democráticas en estos aspectos.
En Montenegro se hizo, y además con el plácet de la UE. Kosovo va por el mismo camino, con la aprobación de Europa y la mediación de la ONU.
Montenegro es hasta ahora la última pieza de la fragmentación del puzzle yugoslavo tras el colapso de los estados comunistas de la Europa central y oriental (donde 3 antiguos estados han dado origen a un conjunto de 23 nuevos estados). De hecho la mayoría de los nuevos estados europeos del siglo pasado tienen su origen en el colapso de dos imperios, el austro-húngaro tras la primera guerra mundial y el soviético en los años 90. Hay pocos ejemplos de procesos de independencia en Europa occidental en el siglo XX: Noruega-Suecia (1904), Irlanda (1921) y algunas islas. Los estados democráticos en el tema de la territorialidad se han comportado hasta ahora más como estados que como democráticos. A pesar que buena parte de ellos son fruto de guerras, anexiones, deportaciones de poblaciones, etc, todo ello muy alejado de la lógica democrática. Todos los estados, también los democráticos, son agencias nacionalistas y nacionalizadoras celosas de sus territorios, aunque hay estilos distintos. El Estado español es de los mejores ejemplos de este comportamiento.
Apelar al derecho de decisión supone reconocer el sujeto político vasco. Quizá sea ésta la madre del cordero para entender la oposición española a esta propuesta.
España es un estado plurinacional. Una de las deficiencias de la Constitución actual es que no reconoce explícitamente su pluralismo nacional interno. Podría pensarse (de momento creo que solo pensarse) que una reforma constitucional podría introducir el reconocimiento político y constitucional del carácter plurinacional del Estado. Ello introduciría la idea de que en la democracia española no existe un demos único, sino varios demoi en tanto que sujetos políticos de carácter nacional. La cultura política española, sin embargo, es en términos generales muy monista, poco proclive a aceptar el pluralismo cultural y, sobre todo, el pluralismo nacional. La referencia a una "nación indivisible", a la "soberanía (monista) del pueblo español" o a una ciudadanía concebida en términos homogéneos y uniformizadores resultan formulaciones coactivas en una realidad tan plural como la española. Ello se comprueba cotidianamente tanto en el PP como, con más matices, en el PSOE. Se trata de una cultura política muy primitiva, ajena no solo a la plurinacionalidad, sino también a pensar las relaciones políticas en términos propiamente federales. Una cultura que no viene del franquismo sino de mucho más atrás, de los últimos cinco siglos.
¿Supone, o no, la propuesta de Ibarretxe una salida al problema de fondo del conflicto político vasco o enmaraña más la situación?
El fondo de la propuesta apunta a una posible solución al tema de fondo, que no es otro que la regulación de un reconocimiento pleno de la realidad nacional vasca y la de la regulación de un autogobierno propiamente nacional que afecte a cinco ámbitos: simbólico-lingüístico, competencial, institucional, económico e internacional (que puede tener algunos vínculos con el estado en materias concretas: pasaporte, defensa, etc). He desarrollado estas ideas en trabajos académicos. Sin embargo, la vía elegida supone una confrontación con la legalidad española difícil de superar desde planteamientos exentos de consenso en el interior de Euskadi.
¿Tiene encaje la propuesta de Ibarretxe dentro del ordenamiento jurídico español?
Creo que en sus términos actuales la respuesta simple es "no". La propuesta quizá debería reunir más voluntades en Euskadi sobre los puntos a reformar del ordenamiento jurídico español. Si ello no es posible, es decir si la estrategia de consenso no es viable, entonces se impone una estrategia de confrontación, en la que sería conveniente, además de la movilización, procurar una internacionalización del conflicto, buscar un tercer polo que ayude a desencallar el tema.
Zapatero e Ibarretxe coincidieron en apelar al Estatuto de Gernika y la Constitución para defender sus respectivas y contrarias posturas. Eso demuestra que es una cuestión de voluntad política.
En política cuando se quiere hacer una cosa se acaba haciendo, a pesar que de entrada parezca una vulneración de la legalidad. ¿Recuerda la aprobación del primer Estatuto andaluz a pesar de que hubo alguna provincia que no dio el voto mínimo necesario en el referéndum preceptivo? La voluntad política puede con todos los obstáculos legales, sea de forma más lenta o más inmediata. Si hay que hacer reformas legales se hacen y ya está. Pero si hay visiones distintas sobre la legalidad, el acuerdo es prácticamente imposible; siempre favorece al mantenimiento del status quo.
Zapatero reclama un acuerdo previo entre los vascos antes de que les sea reconocido el derecho a decidir. Sin embargo, el Plan Ibarretxe fue aprobado en el Parlamento vasco con mayoría absoluta.
La aprobación en el Parlamento vasco es, obviamente, una condición necesaria, aunque no la veo como una condición suficiente. Repito lo dicho sobre un consenso que incluya a más fuerzas políticas vascas. Creo que un acuerdo con el PSE sería muy conveniente. En Cataluña el papel del PSC no es tan cerrado en estas cuestiones. Antes de iniciar una estrategia de confrontación, que parece abocada a un nuevo fracaso, deberían buscarse acuerdos con el PSE. Solo si dicho acuerdo no es posible debería plantearse una estrategia de confrontación, previsiblemente de un recorrido que no sería corto, buscando aliados dentro y fuera de España.
Se centra todo el debate en la consulta, pero lo fundamental es la negociación y el acuerdo.
Las consultas sirven para expresar voluntades y ratificar acuerdos. El problema reside en si no existe voluntad por parte del Gobierno central de llegar a estos acuerdos en el tema de fondo. El tema de fondo, planteado dentro de la legalidad española no es de carácter democrático, sino de carácter liberal. Se trata de establecer cómo proteger a las minorías nacionales de las acciones de la mayoría. Se trata de una dimensión colectiva del tema clásico de la tiranía de la mayoría. La democracia española no regula bien esta cuestión. De hecho el gran fracaso de la Constitución de 1978 reside en que es modelo inoperante para reconocer y acomodar una realidad plurinacional en una misma democracia.
Zapatero blande el Estatuto de Gernika como única posibilidad de cambio o reforma en Euskadi. Sin embargo, el Estatuto ha sido incumplido reiteradamente por aquellos que ahora la invocan.
Efectivamente. El Gobierno central es a veces el primero en no cumplir la legalidad. Ello se ha visto con el Estatuto de Gernika o actualmente con el incumplimiento de las disposiciones del Estatuto de Cataluña sobre inversiones e infraestructuras. El Gobierno central tampoco nunca ha publicado las balanzas fiscales (a pesar de prometerlo), ni con el PSOE ni con el PP (esto sería un escándalo en cualquier país federal avanzado). Buena parte de los papeles de Salamanca (expoliados por el franquismo) siguen ahí, en Salamanca, a pesar de lo que dispone la ley aprobada por Las Cortes de hace ya unos años. Por otra parte, el poder central ha vulnerado el espíritu de consenso constitucional al invadir constantemente competencias autonómicas, a través de unas leyes de bases de carácter reglamentista, del contenido concreto de leyes orgánicas, de la fragmentación de competencias, de la interpretación uniformizadora de las condiciones de garantía de los derechos de los ciudadanos, y de una interpretación expansiva de las funciones administrativas. Las ambigüedades de la Constitución han demostrado que refuerzan al poder más fuerte, que es el poder central.
¿Cree que el lehendakari podrá finalmente convocar la consulta el año que viene?
Francamente, no veo en este momento demasiadas posibilidades. El calendario electoral marca los ritmos a corto plazo y no creo que puedan establecerse los consensos necesarios en un período tan corto de tiempo. Además, las posibilidades de realización práctica de un referéndum unilateralmente decidido por el Gobierno vasco parecen escasas. ¿Es posible, por ejemplo, su realización práctica en Barakaldo en contra del Gobierno central? Lo veo difícil.
La Constitución sí explícita el camino a recorrer para convocar referendos, pero no para las consultas. ¿Dónde está la ilegalidad?
Algunos Estatutos actuales (Cataluña, Andalucía) contemplan la posibilidad de realizar consultas (no referéndums), aunque no es el caso en el vigente Estatuto de Gernika. De todos modos, una consulta de alcance no parece que sea en estos momentos una opción clara en cualquier territorio. Dependerá del desarrollo legislativo por parte de los parlamentos de las comunidades y, sobre todo, de los acuerdos políticos prácticos con el gobierno central. Se puede mantener la no ilegalidad de las consultas, pero las ambigüedades constitucionales no favorecen, una vez más, la protección de las minorías nacionales. El modelo constitucional es muy restrictivo en este punto en términos de pluralismo democrático.
El caso escocés, así como el irlandés, es un modelo de serenidad y normalidad en el debate nacional e incluso independentista. ¿Por qué no es posible aquí?
Simplemente, porque España no es el Reino Unido. Hace unos años, en un coloquio Canadá-España - Cataluña-Quebec le preguntaron a un conocido periodista catalán qué era lo que envidiaba más de Quebec. La respuesta fue concisa y brillante: "Canadá". Lo que más echo en falta cuando por motivos académicos visito países como el Reino Unido, Bélgica, Suiza, Canadá, etc, es la distinta cultura liberal y democrática que conforma la cultura política y territorial de estos países. Se trata de una cultura política claramente federal. Se percibe que el mejor método de convivencia es llegar a pactos o a acuerdos pragmáticos. Todo muy alejado del unitarismo y de la voluntad uniformizadora en términos nacionales mostrada por los principales actores políticos españoles a lo largo de las tres últimas décadas. Se trata de actores marcados por un nacionalismo unitarista, que están exentos de una vocación federal y pluralista auténticas, y subdesarrollados en términos de un liberalismo democrático moderno desde el que pensar (o repensar) la convivencia entre mayorías y minorías nacionales en una misma democracia. Si el sistema no ofrece caminos prácticos a las minorías nacionales, el independentismo se convertirá en una opción cada vez más racional.
El lehendakari se sentará en el banquillo de los acusados por dialogar con Batasuna. ¿Aprecia trasfondo político en la causa?
Se trata de una decisión jurídica con una intencionalidad política clara. Una situación semejante sería bastante surrealista en otros contextos democráticos en los que ha habido procesos de violencia armada (Irlanda del Norte, Sudáfrica). No resulta muy de recibo esta acusación cuando los distintos presidentes de gobierno españoles (González, Aznar, Zapatero) han dialogado con ETA (y no ya con Batasuna), y no ha pasado nada en términos jurídicos.
El poder judicial está condicionando continuamente la actuación de los agentes políticos e institucionales del País Vasco. ¿Cuánto hay de normalidad en todo esto?
Pretender normalidad da por descontado que este es un país normal. Y no lo es. Algunos tribunales actúan a veces en función de la coyuntura política (Audiencia Nacional, Tribunal Constitucional, TSJPV, etc). El sistema político español tiene pendiente una normalización de la legalidad democrática (abrogación de la ley de partidos), así como una conveniente descentralización del poder judicial en términos federales. Es parte de los déficits del resultado constitucional surgido de la transición de los años setenta y del contexto político en el que se produjo.
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