Lo que pretende convocar Ibarretxe el año que viene no es un referéndum, sino una consulta no vinculante, que es algo diferente. Os pego un artículo de Ramón Zallo, asesor del Lehendakari en algunos de estos temas, por si os puede servir de aclaración.
Hoja de ruta… con gps
Ramón Zallo
En política siempre hay dos posibilidades. O tomar la iniciativa adecuada para dar salida a un problema -sabiendo que no es seguro el acierto- o ver venir y esperar sentado. En nuestro caso la dificultad es mayor porque se solapan dos problemas distintos: violencia política y Estado reacio al cambio. Ambos se alimentan.
La tesis de la espera supone una doble quimera: confiar en que ETA renuncie sólo por deslegitimación y represión; y que el Estado pase de mononacional a plurinacional por prestidigitación. El efecto es que le da a ETA la doble llave de su propia actividad y de la política general, y que le da al Estado la excusa para no moverse e impedir cualquier cambio que, en el fondo, es lo que más le preocupa.
Hay que tomar iniciativas acertadas simultáneamente en dos campos para que ETA no le robe la agenda a la sociedad real, a los partidos e instituciones; y para que el Estado no bloquee el cambio del marco jurídico-político. De hacerlo convertirá esta nación sin Estado en rehén de una institucionalización que no respaldó (Constitución) y de una vía agotada (el viejo Estatuto) y que ya no sirve para sus retos actuales.
Haber pasado de sociedad industrial a post-industrial en un contexto global y diverso tiene sus exigencias: lograr la paz; el reconocimiento de la identidad cultural y política; y un tipo de autogobierno con herramientas de política pública para la gestión del bienestar (seguridad social, políticas sociales), del conocimiento (ciencia, tecnología, valores añadidos inmateriales) y de la
internacionalización (infraestructuras, relaciones internacionales…). Es todo eso y no la insaciabilidad vasca lo que espolea el cambio.
Las vías agotadas
En ese doble empeño de pacificar y cambiar ya no sirven las vías ensayadas con anterioridad. La vía del Pacto de Ajuria Enea se convirtió en puro antiterrorismo sin cambios, y la vía Ardanza la anularon los socialistas (Redondo y Díez) con la apuesta de la pinza antinacionalista con el PP.
Tampoco cabe la pista Lizarra. La confusión entre pacificación y normalización le daba un cheque casi en blanco a ETA y su inmadurez e impaciencia la arruinó. Por su parte, la vía de un nuevo Estatuto Político legitimado por el Parlamento Vasco tuvo la caducidad de un portazo en Cortes, y queda como material revisable en reserva. La reciente vía de la tregua con doble mesa -técnica (violencia y sus secuelas) y política (pre-acuerdo de Loiola sobre normalización)- contó con la fuerte implicación del Partido Socialista pero, sus dudas y lentitud, el descontrol de una politizada Justicia, un PP boicoteador y, sobre todo y de nuevo, una ETA pidiendo la luna en Loiola y poniendo la bomba de la T4 se llevó por delante las dos mesas.
Y a partir de ahí los partidos se han instalado en la espera y en la trinchera. Les tocaba el turno a las instituciones legítimas siquiera para no perderlo todo. De ahí su oportunidad.
Miedo a la democracia y al GPS
No molesta el contenido real de la hoja de ruta propuesta por el lehendakari en sede parlamentaria. De hecho,
la primera consulta -a un año vista- sería sobre una obviedad: la simple constatación de que hay un doble problema de violencia (principio ético) y de reconocimiento jurídico pactado de nuestra realidad nacional (principio democrático). Además se reiteraría el apoyo a una decisión del propio Parlamento español (final dialogado de la violencia si no hay violencia) y se apuntaría hacia un Loiola bis o hacia una Comisión Parlamentaria para entrar al fondo. La segunda consulta -a tres años vista- también sería sobre otra obviedad: un acuerdo de normalización, y que no sería muy distinto del de Loiola. Transversal a tope. O sea, que sería firmable por los socialistas; y por la parte -creo que mayoritaria- de la izquierda abertzale que sabe que vive con otros, y que tiene el sentido de común de saber que a los navarros o a los de Iparralde sólo les pueden y deben consultar sus instituciones o ellos mismos pero no el Parlamento Vasco.
¿Entonces? Si no es radical, si es tan moderada que sorprende, dónde están el desafío, el desvarío, el mesianismo, el imposible jurídico….? Lo que molesta es que el GPS institucional haya localizado un problema y apuntando el cuándo y cómo canalizarlo contando con la sociedad, en lugar de esperar. Molesta el precedente y la democracia. El problema real está en la mentalidad y actitud… de sus críticos más feroces.
En primer lugar, en una democracia de baja calidad (J. M. Colomer, dixit), nacida de una Transición amnésica, predominan los demócratas con miedo a la democracia. El modelo español está plagado de techos unilaterales, de ruborizantes legislaciones de excepción y cárceles para líderes (Otegi), de ámbitos politizados de la Justicia, de interpretaciones restrictivas permanentes de sus normas y, por si acaso, cuenta con un rey de árbitro final fáctico.
Ha molestado que se apele a la mayoría parlamentaria vasca y se pretenda consultar a la población. Todo sin el pueblo. Que López dijera que los gobiernos están para dar respuestas y no para preguntar es una perversión mental propia del Despotismo Ilustrado del XVIII.
Y siempre se recurre al "imposible jurídico". Y, sin embargo, no hay problema jurídico para una consulta. El Gobierno de Zapatero puede no prohibirla y puede evitar que la Audiencia Nacional, el TS o el TC la impidan; cabe una transferencia provisional por apelación al Derecho Histórico que tenemos a saber sobre nosotros mismos; cabe la aplicación por analogía de la vía de consulta ya existente en el ordenamiento jurídico español, aprobada en los Estatutos de Catalunya y Andalucía. Cuestión de voluntad. Ni más ni menos.
En segundo lugar, hay un problema de reconocimiento del sujeto nacional. El término de nación aparece en un preámbulo estatutario (Catalunya) o se le llama realidad nacional (Andalucía) pero no se acepta que un Estado plurinacional de hecho lo sea de Derecho. Los partidos mayoritarios con su "vivimos juntos, decidimos juntos", la gestionan con una aritmética de apisonadora de nación única. El bipartidismo en alternancia garantizará siempre unas mayorías del NO… y, así, españoles a la fuerza. En esa interpretación literal se han especializado la mayoría de constitucionalistas "demócratas", expertos en justificar jurídicamente el imposible democrático de un Estado mononacional en un país plurinacional, de tener como rehenes del Estado a las naciones sin Estado y que, además, no puedan preguntárselo sin que, además, las mayorías electorales periódicas en cada nación sirvan para las cuentas. ¡Todo un andamiaje de cartón piedra!
Para colmo, algunos no soportan ni el derecho a cambiar cromos que, siquiera, la ley D'Hondt permite en el Parlamento español, y quieren volver al modelo del bipartidismo puro de la Restauración (conservadores y liberales). Es el caso de la propuesta de reforma de la ley electoral de Savater -de libertario a liberticida- y Díez -de socialista del ven y cuéntalo a partidaria de la confrontación civil en Euskadi para que no quede nada que contar-.
En tercer lugar, ha molestado que el lehendakari, desde el respeto jurídico, asuma la representación de la Nación, y que se pueda cargar de legitimidad y de capacidad persuasora mediante una onsulta no vinculante en caso de no ser escuchado. Una consulta de esa naturaleza sería exquisitamente democrática pues se atribuye al Parlamento Vasco (donde están todas las ideologías y reside la soberanía popular de la CAE) la función de decir no o sí a un pacto con el Gobierno español o a las condiciones de esa
consulta desbloqueadora y no vinculante. En la vida real todos acudimos a herramientas que nos refuercen.
Vistas las furibundas reacciones puede ocurrir que haya consulta dentro de un año o no la haya (por ejemplo, Ruiz Piñeiro condenando a inhabilitación a Ibarretxe para arruinar la consulta; prohibición de la Audiencia Nacional y/o del TC; victoria del PP en las elecciones generales o engorilamiento patriótico del PSOE). Parece de locos e indecente que Pepiño Blanco -el mismo que vetó a la Navarra progresista- acuse al Gobierno Ibarretxe de dar argumentos a ETA porque el gobierno Zapatero se sienta obligado a impedir la consulta por pánico electoral al PP. El mundo al revés. Se retratan.
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