En la madrugada del 20 de Abril de 1963, 27 descargas de fusil (y dos tiros de gracia) acababan con la vida del dirigente comunista
Julián Grimau (en la imagen),condenado en Consejo de Guerra por un delito de rebelión contra el régimen. En el Consejo de Ministros que debía ratificar la condena, celebrado apenas nueve horas antes del fusilamiento, ninguno de los asistentes votó a favor de la concesión del indulto, a pesar de que sobre la mesa estaba listo el proyecto de Ley que creaba el Tribunal de Orden Público (TOP),que excluía de la jurisdicción militar los asuntos relacionados con la disidencia política.
Julián Grimau, hombre desconocido para la mayoría de la población, pasaba así a convertirse en el último condenado al que se la aplicaban las leyes represivas creadas tras la Guerra Civil.
Julián Grimau García había nacido en Madrid (1911), en el seno de una familia numerosa. Su padre (el licenciado en Derecho Enrique Grimau) ingresó en la Policía, llegando a ser comisario en Barcelona, aunque su ideario liberal le hace abandonar el cuerpo, al no estar de acuerdo con los sanguinarios métodos represivos del militar
Severiano Martínez Anido (gobernador civil de Barcelona durante la dictadura de Primo de Rivera). Enrique Grimau pasará entonces al negocio editorial, trabajando en la Compañía Iberoamericana de Publicaciones. Ya en la II República, ocupará varios cargos políticos de segundo orden.
Julián, por su parte, se inicia en la política afiliándose a la
Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA) de
Casares Quiroga, durante una breve estancia en Galicia (a donde se había trasladado para ejercer como subgerente de una librería). Más tarde pasará a formar parte del Partido Radical, debido a que su padre tenía una gran amistad con Diego Martínez Barrio, una de sus principales figuras.
Al comenzar la Guerra Civil, Julián Grimau participa en el asalto al Cuartel de la Montaña y en los combates contra los sublevados que tienen lugar en la sierra madrileña. Poco después ingresa en la policía, haciéndose del PCE casi al mismo tiempo. Es destinado a Barcelona, donde interviene activamente en la represión contra el POUM y los anarcosindicalistas instigada por el PCE/PSUC. Posteriormente, se le acusará de haber estado al frente de la cheka de la calle Berenguer, sus actividades habrían sido decisivas para que fuesen torturadas y ejecutadas centenares de personas.
En 1939 marcha a Francia sin su mujer y sus dos hijos. Luego se instalará en la República Dominicana junto a su padre, aunque regresa al país galo en 1947, volviéndose a casar y teniendo dos hijos más.
Incorporado al Comité Central del PCE en 1954, entra clandestinamente en España para reorganizar el partido, y ya desde principios de los años 60 reside en este país, compartiendo su responsabilidad con Simón Sanchéz Montero y Jorge Semprún Maura. Grimau residirá en Madrid, en casa de unos comunistas no fichados, bajo la identidad de Emilio Fernández Gil. Según Jorge Semprún, era un militante abnegado pero muy descuidado, lo cual acaba favoreciendo su detención.
Ésta se produce en Madrid, el 7 de noviembre de 1962, tras citarse en la Plaza de Roma (hoy Plaza Manuel Becerra) con un camarada que, al parecer, le delata. Se llama Francisco Lara, y compra su libertad a cambio de la delación. Tras encontrarse con Lara, Grimau sube a un bus. Entonces, seis policías caen sobre él y le llevan a la Dirección General de Seguridad, donde sólo confiesa su nombre y su pertenencia al PCE.
Durante todo el interrogatorio policial, Grimau sufre diversas torturas, siendo golpeado repetidamente en la cabeza. Según declara después a su abogado, un policía le preguntó si quería que le pegase como un médico o como un funcionario. También es arrojado desde una ventana (seis metros de caída) quedando medio inconsciente, posiblemente porque a los torturadores se le fue la mano y, pensando que estaban a punto de matarle, decidieron similar su suicidio. Éste incidente es presentado por
Manuel Fraga Iribarne (entonces ministro de Turismo) como un intento de suicidio, aglo imposible, pues Grimau estaba esposado a la silla y lejos del lugar donde se le arrojó.
Las heridas y traumatismos de Grimau son serios y tardan varios meses en curarse. Atendido en el Centro Asistencial de la calle General Ricardos, en su informe consta:
"Herida contusa estrellada en región frontal izquierda con hundimiento óseo y salida de masa encefálica; fracturas de ambas muñecas, con luxación interfalángica en dedo medio de la mano derecha; pérdida de conocimiento". Además, su abogado, el militante secreto del PCE Amandino Rodríguez, no puede visitarle. En el colmo del cinismo, a Grimau se le llega a abrir otro proceso por intento de suicidio, mientras que a una comisión de tres médicos franceses se le deniega el permiso para visitarle.
Lo cierto es que Grimau ha tenido malísima suerte. Ha sido apresado en unos momentos en que la agitación social se ha reactivado considerablemente y el fantasma del comunismo reaparece por fábricas y facultades. Por ello, el franquismo decide dar un castigo ejemplar, y Grimau será su chivo expiatorio
Durante los mese previos al Consejo de Guerra que juzgará a Grimau y en las semanas posteriores a su ejecución, las autoridades se esfuerzan en convencer a la opinón pública española (y a la comunidad internacional) de las presuntas atrocidades cometidas por Grimau en Barcelona durante la Guerra Civil. Se le acusa de haber torturado personalmente a varios presos antes de enviarlos al paredón, castrando a uno de ellos.
Se desata en el extranjero una campaña de solidaridad con el apresado, y el Ministerio de Información intenta contrarrestarla con folletos como
Julián Grimau o el arte de fabricar una víctima, donde se resaltan sus presuntas actividades en la checa barcelonesa y se denuncia una campaña comunista para derribar el régimen.
Finalmente, el 18 de abril de 1963, a las 8:20 horas, se abre el Consejo de Guerra contra Julián Grimau. Lo preside Valentín Bulnes Alonso (coronel de Caballería). Como vocales actúan los capitanes Francisco Bravo Serrano, José Domínguez González y Luis Valín Gómez. El vocal ponente es el comandante Manuel Fernández Martín. La Fiscalía está representada por Enrique Amado, cuñado del secretario general del Movimiento (José Solís).
La sala del juicio está llena de periodistas españoles y extranjeros. Como el reglamento establece que en un Consejo de Guerra el acusado debe ser defendido por un militar, el abogado de Grimau (Amandino Rodríguez) es sustituído por el capitán Alejandro Rebollo Álvarez-Amandi, integrante de Acción Católica y futuro diputado por la UCD.
Quizá la figura más controvertida del proceso a Grimau sea el vocal ponente, comandante
Manuel Fernández Martín, perteneciente al cuerpo jurídico militar, antiguo director de los campos de concentración franquistas en Extremadura. Ejercía su cargo desde marzo de 1937, había participado en cerca de 4000 procesos, contando en su haber con casi 1000 penas de muerte. Fernández Martín no tenía la licenciatura de Derecho (sólo había aprobado tres asiganturas del primer curso) y había ejercido su cargo alegando que su título se destruyó en la Guerra Civil. Parece ser que al principio de la contienda se hizo pasar por médico y actuó en la sanidad militar, pero le debió parecer más interesante (o menos comprometedor) el mundo del Derecho. Era sabido que, antes de juzgar a un enemigo político, leía textos sobre los crímenes republicanos para "calentarse".
A pesar de la inquina de Fernández Martín hacia Grimau, éste no encuentra ningún testigo directo de los supuestos despropósitos cometidos por el acusado, y todos los testimonios se basan en rumores o declaraciones de terceras personas ya fallecidas (o desaparecidas). Podía haber convicción moral de las atrocidades cometidas, pero no pruebas concluyentes. Fernández Martín solicita la pena capital para el acusado. Pero hay un problema jurídico: las brutalidades que se imputan a Grimau habrían sido cometidas en 1938, por lo que tras haber transcurrido 25 años ya habían prescrito, según el código de justicia militar vigente.
Para solventar este inconveniente se desempolva el viejo código de 1894, que eleva la prescripción a 30 años, y Grimau es acusado de rebelión militar continuada, lo que significa que durante la posguerra habría seguido luchando en armas contra el régimen, cosa imposible dado su prolongado exilio.
Lo único que queda probado en el juicio es que el acusado había sido jefe de la Brigada de Investigación Militar en Barcelona, y que desde hacía unos años estaba al servicio del PCE. Su abogado defensor alega que no existen denuncias ni sumarios abiertos contra Grimau al cabar la Guerra, al mismo tiempo que niega la acusación de rebeíón militar continuada. Pide la absolución de su defendido o, como mucho, tres años de prisión.
Pero la suerte de Grimau está echada de antemano. El Consejo de Ministros del día siguiente (19 de abril) delibera sobre la sentencia. Sin duda es una reunión tensa y compleja, pues dura nada menos que diez horas. Sólo
Fernando María Castiella (ministro de Exteriores) viendo la repercusión que podría tener la ejecución de Girmau en el ámbito internacional, pone reparos. Si había pocas posibilidades de entrar en el Mercado Común, tras la condena a muerte éstas quedan reducidas a cero. Es posible que los tres ministros del Opus Dei (
Ullastres, López Bravo y Navarro Rubio) también se mostrasen reticentes pero, no obstante, cuando Franco reclama una votación individual nadie se atreve a disentir.
Sólo queda la presión internacional. No sólo su abogado y los comunistas, sino todas las personalidades políticas de la dictadura que habían virado hacia posiciones aperturistas (como
Ruiz Jiménez) tratan de influir en la medida de los posible. Son horas de febril actividad, con continuas vitias a personalidades que pudiesen influir en Franco, y conferencias al extranjero para tratar de que todos los dirigentes inundasen de peticiones de clamencia el palacio del Pardo. Más de 800000 telegramas llegan a Madrid pidiendo que Grimau no sea ajusticiado, entre ellos uno del papa
Juan XXIII y otro del dirigente soviético
Nikita Jruschov, lo cual supone que, por primera vez, un dirigente de la URSS se dirige personalmente a Franco, tratándole de "Excelencia".
También piden clemencia un gran número de estadistas, religiosos e intelectuales europeos, entre los que figuran
J.F.Kennedy,
Willy Brandt,
Harold Wilson,
Aldo Moro,
el cardenal Montini o
Jean Paul Sartre. Franco responde desabridamente a todos ellos, diciendo que los crímenes horrendos perpetrados por Grimau impiden cualquier clemencia hacia él.
El día 20 de abril, a las 6:00 de la mañana, se produce la ejecución. Tras pasar la noche en el madrileño cuartel de Campamento junto al capitán Rebollo, Grimau escribe una carta para su esposa. A continuación, es trasladado al campo de tiro de Carabanchel).
El capitán general de Madrid, García Valiño, pide un piquete de guardias civiles para el fusilamiento, pero el general de la Benemérita (Luis Zanón) se niega, no queriendo hacer el trabajo sucio del Ejército, o quizás temiendo las importantes repercusiones.
Al final el fusilamiento será llevado a cabo por soldados de reemplazo de la División Brunete. Esposado ante el paredón y alumbrado por faros de camiones, Grimau se niega a que le venden los ojos, espera con serenidad a la Muerte. Suena la descarga de 27 disparos, pero los soldados yerran el tiero, y el reo sólo cae herido, por lo que el teniente ordena que le peguen los tiros de gracia.
Todo ha acabado. Grimau se convierte en el último asesinado de la Guerra Civil. Durante las semanas siguientes prosiguen las manifestaciones y mítines antifranquistas por toda europa.
No obstante, quedan varias preguntas en el aire, que los enemigos del PCE pronto empiezan a airear. Se plantea por qué
Santiago Carrillo había enviado a España a alguien con tantos antecedentes, con mucho riesgo de ser ejecutado por su pasado en la Guerra Civil...¿Acaso para librarse de un rival político incómodo que había caído en desgracia, para crear un mártir que sirviese a la causa o ambas cosas?
Esta tesis de acusar a Carrillo de propiciar la detención (y muerte) de Grimau la defenderá también
Enrique Líster cuando se marcha del PCE, acusando al partido de revisionista por criticar la invasión soviética de Checoslovaquia. Acusa a Carrillo de ser un irresponsable y de utilizar a todos los militantes para afinazar su poder personal, sin que le importe enviarlos a misiones poco menos que suicidas a España. También Jorge Semprún Maura comparte esta opinión. Más tarde, el propio Carrillo acusará a Semprún de provocar la caída de Grimau, por regresar precipitadamente a Francia por motivos personales y tener que ser relevado urgentemente por éste último al frente de las actividades en el centro de España.
Sobre las causas de la presunta disidencia de Grimau que le harían incómodo ante Carrillo, se habla de que estarían relacionadas con la división del movimiento comunistas en prochinos y prosoviéticos, Grimau se habría identificado con los primeros, o simplemente en contra de las posturas de Carrillo. Podría ser posible, pero no hay pruebas, nada hacía pensar que Grimau (que mantuvo hasta el final su adhesión inquebrantable al PCE y a la URSS) pudiese ser un crítico con los dirigentes de su organización.
Lo único que podemos decir con certeza es que la ejecución de Grimau fue utilizada por los dirigentes comunistas aquí mencionados como arma arrojadiza, y para sacarse los respectivos trapos sucios cuando llegó la hora de las expulsiones, de dejar el partido o de encabezar escisiones. Todo queda en meras especulaciones, que, probablemente, nunca se resolverán...
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