Mirad que cosas más bonitas decía Pedro J.....
Domingo, 19 de julio de 1998 EL MUNDO periodico
Carta del DirectorPEDRO J. RAMIREZ
Delinquen las personas, no las rotativasLA condescendencia con que la mayoría de los medios de comunicación y partidos políticos han aceptado, cuando no aplaudido, el cierre cautelar de Egin demuestra la erosión que treinta años de odioso terrorismo etarra han causado en nuestras nunca demasiado perfiladas convicciones liberales.
Por muchas y -a veces- muy cualificadas que sean las voces de los ministros, ex ministros, jueces, catedráticos o tertulianos que se han apresurado a proclamar tajantemente que lo ocurrido no tiene nada que ver con la libertad de expresión, lo cierto es que desde el pasado jueves, y por primera vez tras la muerte del general Franco, se viene bloqueando desde los poderes del Estado el derecho de varias decenas de miles de ciudadanos a recibir información por el medio de su preferencia. A estos efectos nada importa que la iniciativa tenga o no que ver con un delito de opinión, pues si la Constitución protege a los periodistas es en realidad para proteger a los lectores y el perjuicio a éstos es idéntico tanto si se invoca como causa del cierre la apología del terrorismo a través de sus páginas, la pertenencia a banda armada de sus administradores o el alzamiento de los bienes de la empresa.
Es de sentido común que si el Tribunal Constitucional sentenció que ningún juez podía decretar cautelarmente el cierre de un periódico ni siquiera al amparo de una legislación excepcional como la Ley Antiterrorista, por el daño que causaría a derechos fundamentales de terceros, esa misma doctrina debe ser aplicada por analogía para excluir a las empresas periodísticas de la «clausura y suspensión de actividades» prevista en el artículo 129 del actual Código Penal, tan embarullada y apresuradamente impulsado por Belloch.
Causa vergüenza intelectual escuchar la cantinela de que hay que tratar a un periódico como a cualquier otra empresa que colabore con los terroristas, de labios de personas con formación jurídica y teórica sensibilidad constitucional: ni una agencia de viajes, ni una exportadora de bacalao -por poner ejemplos relacionados con esta trama- desarrollan actividades que supongan la materialización de derechos individuales recogidos en el título primero de la Carta Magna. El ánimo de los constituyentes de proteger de forma especial a las empresas informativas es evidente cuando cataloga la libertad de expresión como uno de los derechos que sólo podrá suspenderse decretando el Estado de Excepción, lo cual concuerda además con otros privilegios como la cláusula de conciencia o el secreto profesional de los periodistas.
Los más ecuánimes y bienpensantes coinciden estos días con los más calculadores y oportunistas en abrir un compás de espera hasta conocer cuáles son las pruebas de que dispone el juez. En mi opinión eso es trascendental desde el punto de vista de la solidez de los cargos contra personajes tan importantes como Xabier Alegría -a quien nuestro periódico ya presentó como una suerte de primer ministro del órgano de coordinación entre ETA y KAS- o José Antonio Etxeberría, pero relativamente irrelevante en relación al cierre cautelar del periódico.
Garzón podrá ser un tal o un cual, pero no es un juez que se tire a la piscina si no hay agua. Cuestión distinta es luego en qué dirección nade. Además todo indica que en este caso la Comisaría General de Información ha hecho un trabajo más que notable, descifrando claves, cotejando información nueva con antigua, rastreando pagos en España y en el extranjero y desentrañando toda una maraña de sociedades interpuestas. Por lo tanto doy por hecho que vamos a encontrarnos con documentos muy elocuentes que probarán que los administradores de Egin recibían instrucciones de ETA y rendían cuentas a la banda. También es probable que aparezcan sólidos indicios de que el periódico era utilizado como vía de comunicación entre la dirección etarra y sus comandos.
Pero todo eso sólo servirá -y no es poco- para poder imputar delitos de colaboración o incluso de pertenencia a banda armada a los once detenidos.
Es un principio general del derecho que son las personas físicas, no las instituciones, quienes cometen los delitos. Y
es absurdo pretender que el periódico como tal era la herramienta delictiva, pues la principal plasmación de las instrucciones etarras sería su propio contenido editorial y eso nos remitiría a lo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando sostiene que en los delitos cometidos a través de la imprenta sólo los ejemplares impresos y sus matrices o moldes pueden ser incautados como instrumentos del ilícito penal. Es obvio que se trata de impedir que haya un juez que secuestre no una edición con sus correspondientes planchas, sino la rotativa entera. Exactamente lo que ha sucedido en este caso.
¿No es además altamente sospechoso que cuando se habla globalmente de que Egin actuaba bajo la «obediencia» de ETA o incluso «pertenecía» a ETA no haya sido detenido ninguno de sus directores, ninguno de sus columnistas, ninguno de los jefes de las secciones en las que supuestamente se insertaban los mensajes cifrados? Si el periódico como tal era parte de la banda y su edición constituía por lo tanto una actividad delictiva que el juez se ha visto obligado a suspender, ni una sola de las personas que intervenían en la tarea debería continuar en libertad. Sensu contrario el mero hecho de que se admita siquiera como hipótesis que ni los altos cargos de la redacción estuvieran en el ajo, desemboca en la perogrullada de que una cosa es que en Egin o a través de Egin sus administradores cometieran delitos y otra muy distinta que la edición de Egin como tal fuera delictiva.
Lo ocurrido es tan grave que trasciende incluso a la flagrante limitación de la libertad de expresión. ¿A dónde llevaría a la Audiencia Nacional la congruente aplicación de esta subyacente nueva filosofía según la cual toda actividad patrocinada, coordinada, tutelada o supervisada por ETA debe ser perseguida penalmente,
si además resulta que ETA ya no es sólo ETA sino también KAS?Empezaría disolviendo las Gestoras pro Amnistía, seguiría cerrando ikastolas y terminaría persiguiendo a los organizadores de acampadas y concursos de bertsolaris. Todo ello partiendo, naturalmente de la previa ilegalización de Herri Batasuna, en base -por ejemplo- al propio tronco documental del que se han desgajado las ramas que van a servir para argumentar el cierre de Egin.
Nada desearía tanto ETA como ver consumado todo esto. Poder alegar ante el nacionalismo vasco que el Estado español está criminalizando no los atentados terroristas sino el conjunto de las formas de expresión del independentismo. Que la perseguida no es ella sino la totalidad del llamado Movimiento de Liberación Nacional.
No se trata de caerse de un guindo, pero sí de conservar la calma. Es lógico que Aznar, Mayor y el propio Atutxa le tuvieran muchas ganas a un diario con una línea editorial y una jerarquización informativa tan repulsiva como la de Egin. Lo mismo cabe decir de las actitudes políticas de HB. Por desgracia uno y otra no son el problema sino el síntoma, manifestaciones genuinas de la dislocada escala moral de una parte de la población vasca.
El reconocimiento de la complejidad y del trasfondo político del asunto no implica que el Estado se quede inerme. Tenemos leyes que permiten perseguir tanto a quienes aprietan el gatillo como a quienes les ayudan. Si todos los miembros de la mesa de HB colaboraron con ETA, bien encarcelados están. Y no es otro el rasero por el que hay que juzgar ahora a los administradores de Egin.
Pero cerrar un periódico o ilegalizar un partido es otra cosa. Es acercar la forma en que España enfoca la cuestión vasca a la forma en que Turquía enfoca la cuestión kurda.
Sería terrible que algunos hechos empezaran a dar la razón al teniente general Bir cuando, cargado de galones, en la Sala de Juntas del Alto Estado Mayor en Ankara me llamó hipócrita por no aceptar que los mismos reproches sobre violación de derechos humanos que yo formulaba a su Gobierno podrían dirigirse contra el de mi país.
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