28/10/2014
El Gobierno está dispuesto a reconocer a Cataluña como nación
Lo incluirá en una reforma de la Constitución que Soraya Sáenz de Santamaría está consensuando con Duran i Lleida y el PSC. Las competencias en financiación, lengua y cultura quedarán blindadas
La búsqueda de una salida al desafío soberanista de Cataluña ya está en marcha. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría lidera discretamente una negociación con Duran i Lleida y el PSC para avanzar en una reforma de la Constitución que no solo otorgue más competencias a la Generalitat, sino que contemple incluso el reconocimiento de Cataluña como nación.
Sáenz de Santamaría y Duran Lleida conversan en el Congreso ante la atenta mirada de Rajoy.Sáenz de Santamaría y Duran Lleida conversan en el Congreso ante la atenta mirada de Rajoy.
“El Gobierno no está en absoluto cerrado a retocar la Constitución”, aseguró la semana pasada el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y precisamente ante el líder del PSOE, Pedro Sánchez.
Pero condicionó cualquier cambio en la Carta Magna a los tiempos que decida marcar Mariano Rajoy. “El debate en el PP sobre la reforma de la Constitución sí o no, la debe adoptar el presidente cuando considere que es el momento oportuno”, zanjó el ministro.
Se plantea reconocer a Cataluña como nación
Según ha sabido El Confidencial Digital, este proceso ya está en marcha. Rajoy está dispuesto a abordar ahora una reforma de la Constitución que resuelva el encaje de Cataluña en España. Será, en todo caso, siempre después del 9-N.
Entre las propuestas que sopesa el Gobierno para solucionar el conflicto se encuentra, incluso, el reconocimiento de Cataluña como nación. Los ajustes en la Constitución que se están discutiendo van, por tanto, en la dirección de reconocer la singularidad catalana.
En esta línea, el Ejecutivo está abierto también a negociar con la Generalitat el blindaje de competencias en diversos ámbitos: financiación, la lengua y la cultura.
Contactos de Soraya con Duran i Lleida y el PSC
Los contactos con importantes empresarios y políticos catalanes para debatir esta solución ya han comenzado. Las gestiones están lideradas por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien lleva varias semanas en contacto con el lider de UDC, Josep Antoni Duran i Lleida, y del PSC, Miquel Iceta.
Los empresarios y los responsables políticos en Cataluña han llegado a la conclusión de que hay que encauzar la situación con cierta urgencia. La mayoría admite ya en privado que la solución pasa inevitablemente por un acuerdo del Gobierno central con la Generalitat para desbloquear el conflicto.
La medida tiene que recoger un amplio consenso
Eso sí. Rajoy no está dispuesto a ‘abrir este melón’ sin garantías de que servirá para resolver definitivamente el problema. De ahí, las intensas conversaciones de la vicepresidenta en las últimas semanas, según ha confirmado ECD, con amplios sectores de la sociedad catalana para pactar esta reforma.
Algunas de las respuestas que ha recibido el Gobierno son positivas. Se le ha asegurado desde altas instancias del poder económico catalán y los sectores más moderados de CiU, entre los que se sitúa el propio Duran i Lleida, que esta solución puede satisfacer la demanda de una parte muy importante de los ciudadanos de Cataluña.
Pero también han advertido a la vicepresidenta que siempre quedará otro segmento menos numeroso que continuará reclamando la independencia.
Dar imagen de que el sistema no es inamovible
Uno de los aspectos que Rajoy ha tenido en cuenta para suavizar su postura en contra de la reforma constitucional es la necesidad de lanzar otro mensaje a la opinión pública: la Carta Magna ha sido muy útil durante 30 años, ha permitido el periodo de mayor prosperidad de la historia española reciente, pero que no es inamovible.
El Gobierno es consciente de que el sistema actual está en profunda discusión y está favoreciendo el ascenso imparable de formaciones como Podemos. Por eso, cualquier guiño al cambio del sistema establecido, que contribuya a dar la sensación de que no es intocable, puede resultar ahora positivo.
Rajoy sostiene que puede ser el momento de reformar la Constitución para mejorar el encaje de Cataluña, buscando siempre el mayor consenso posible.
Sin embargo, el presidente trabaja para evitar a toda costa que estos cambios puedan ser interpretados en el resto de España como una “cesión a los nacionalistas”, lo que le perjudicaría electoralmente a pocos meses de las autonómicas.
Fernández Díaz confirmó este plan a los empresarios
El Foro Puente Aéreo, un nutrido conjunto de empresarios de Madrid y Barcelona que organizan reuniones con políticos de primer nivel, cenó el pasado jueves con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Este encuentro surgió a raíz de los contactos empresariales de alto nivel mantenidos la semana pasada para organizar una cumbre en Madrid sobre Cataluña la víspera del Real Madrid-Barça, aprovechando el viaje de la mayoría de los directivos a la capital de España para presenciar el partido en el Bernabéu.
La cita iba a celebrarse originalmente la noche del viernes pero, al final se optó por oficializar el encuentro a través del Foro Puente Aéreo y adelantar el encuentro al jueves por motivos de agenda de muchos de los convocados.
El acto tuvo lugar en la Casa de América y contó con la asistencia, entre otros dirigentes empresariales, de Antonio Brufau, presidente de Repsol; Florentino Pérez, presidente de ACS; Salvador Alemany, presidente de Abertis; Javier Monzón, máximo responsable de Indra; Antoni Massanell, vicepresidente de CaixaBank; Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles, y Mª Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter.
Pues bien. Según confirman a ECD algunos de los asistentes al cónclave, durante la sobremesa el ministro confirmó a los directivos estos planes en los que trabaja discretamente el Gobierno. La mayoría de los presentes habían preguntado si el Ejecutivo tenía una hoja de ruta alternativa ante el difícil escenario que habrá que gestionar tras el 9-N.
El ministro intentó tranquilizarles explicando algunas de estas propuestas que impulsa ahora el Gobierno para alcanzar una solución de consenso.
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