El juez José Sierra, titular del juzgado número 47 de Madrid, lleva más de un año instruyendo el caso contra la clínica de abortos Isadora. Tres de sus médicos están imputados.
No se sabe cuáles son los hechos de los que se les acusa -sólo se habla, en genérico, de abortos ilegales- y esta fase del procedimiento, iniciado por la acción de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, está a punto de concluir. Si el fiscal no presentaba acusación, se iba a cerrar. Pero
el juez, en contra del criterio del Ministerio Público, ha aceptado a un partido político autodenominado de "defensa de la familia" como parte en el procedimiento en un auto dictado el pasado 3 de junio. Y no cabe duda de que el partido -que en sus escritos falta a la verdad sobre aspectos como la edad gestacional de los fetos-, presentará la acusación.
En definitiva, el juez va a dejar en manos de un grupo político de ultraderecha católica -que tendrá derecho a ver todas las diligencias, incluyendo las historias clínicas de las mujeres- la decisión de que estos médicos se sienten en el banquillo de los acusados. Los abogados de Isadora van a apelar la decisión ante la Audiencia Provincial.
No es la primera vez que un grupo antiabortista intenta ser parte en este procedimiento como acusación popular.
Ya lo quisieron antes, sin éxito, el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro y el Partido Social Europeo. El magistrado les denegó la petición. Pero en esta ocasión, próxima al fin de la instrucción, el juez ha cambiado de criterio. Alternativa Española es un partido fundado en 2004 cuyos objetivos son, según consta en su página web (
www.alternativaespañola.es) dar "una oportunidad a la Vida y a la Familia, asegurar el derecho de los padres a decidir el modelo educativo y garantizar la continuidad de España", entre otros. Sobre el aborto, dicen que "AES aspira a conseguir, y no cejará en su empeño, la derogación de la criminal normativa". Y continúan: "Mientras no se consiga la derogación de la ley recurriremos a los tribunales cuantas veces sea necesario". En las últimas elecciones generales el partido obtuvo 7.300 votos. Su secretario general, y cabeza de lista por Madrid, es un abogado de 48 años llamado Rafael López-Diéguez.
Alternativa Española presentó una querella contra los tres médicos imputados y contra la directora del centro, Marisa Castro.
La querella, que ha servido de base al juez para admitirlos como personados, refiere algunos datos falsos aparecidos en la prensa. Entre otros, que Isadora "tiraba a la basura ordinaria" fetos de gran tamaño y que había fetos de más de 22 semanas.
Los análisis del Instituto Anatómico Forense han determinado que no había fetos de más de 22 semanas. Y la Agencia de Protección de Datos ha señalado, dentro del marco de una investigación sobre estos hechos, que
los residuos no estaban en la basura ordinaria sino en contenedores cerrados herméticamente que iban a ser trasladados para su incineración a una empresa de gestión de residuos. Estos hechos son los que sirven de base a los querellantes para deducir que se ha producido un delito de "abortos ilegales".
El caso Isadora empezó el 16 de febrero de 2007. Los agentes del Seprona acudieron a la clínica para hacer una inspección. Allí encontraron varios contenedores que iban a ser recogidos por la empresa de gestión de residuos. Los inmovilizaron y acudieron al juez de guardia de Madrid. Querían abrirlos. El juez no les dio permiso y archivo el caso, conminando a los agentes a que se abstuvieran de seguir "elucubrando sobre abortos ilegales". Los agentes acudieron entonces a la Comunidad de Madrid hablando de mala gestión de residuos. Con un técnico sanitario de la Comunidad se llevaron los contenedores a un tanatorio de Alcobendas y los abrieron. Sin autorización judicial. Llamaron por teléfono a la juez de guardia de Alcobendas, pero ésta les remitió a los juzgados de Madrid.
En los contenedores se habían encontrado restos de fetos. Los agentes del Seprona dijeron al nuevo juez de Madrid que eran muy grandes y pidieron que se abriera una investigación. El juez les hizo caso. Más de un año después, el caso se sigue instruyendo. Aún no ha habido una imputación de hechos concretos a ninguna persona, sino que sólo hay una causa general por abortos.
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Una vez el fascismo ataca las libertades de las mujeres a abortar /y a decidir) y el Estado judicial, lo permite.
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