Los años de la II República fueron decisivos para la maduración del regionalismo castellano. Un regionalismo que comenzó como reacción airada contra las pretensiones catalanas de autogobierno, pero que consiguió llegar a 1936 abanderando un proyecto propio. Sin embargo, la sublevación militar de julio de 1936 y la Guerra Civil desencadenada como consecuencia de la misma interrumpieron los titubeos regionalistas. Estos hechos privaron a la actual autonomía de Castilla-León de los antecedentes históricos que esgrime la disposición transitoria segunda de la Constitución de 1978 para acceder a la autonomía por la vía rápida del artículo 151.
El 14 de abril de 1931, horas antes de ser proclamada la II República en Madrid, Francesc Maciá anunciaba de manera unilateral
"la República Catalana com a Estat de la Federació Ibérica". Era todo un desafío al nuevo régimen. Una vez más, la sensibilidad castellanista despertaba a impulsos de lo que en estas tierras se recibía como un auténtico atentado contra la unidad de España, y ni siquiera la reconducción de la República Catalana hacia la Generalitat de Cataluña (cuya definición pretendía recuperar la fórmula medieval de Diputació del General) sosegó a los más exaltados.
Como señala el historiador Juan Andrés Blanco, tres etapas concitan ahora las arengas regionalistas castellanas:
-De abril a diciembre de 1931 (cuando se debate en las Cortes el modelo de Estado)
-De mayo a septiembre de 1932 (momento en que se discute el Estatuto catalán)
-A partir de febrero de 1936 (cuando el triunfo del Frente Popular reabre la posibilidad de acceder a la autonomía)
Tres etapas recorridas por dos tendencias: el anticatalanismo feroz de los primeros momentos (básicamente hasta septiembre de 1932) y el progresivo aumento del sentimiento regionalista castellano (hasta mayo de 1936).
En efecto, la posibilidad abierta a la autonomía catalana suscitó, dentro del regionalismo castellano, dos tipos de respuestas: la de quienes, partiendo de una postura claramente defensiva y (vinculándose en nombre de los sectores tradicionalistas que postulaban la identificaicón de Castilla con España) se dolían de las arengas anticastellanas de los nacionalistas periféricos y consideraban que cualquier descentralización fomentaría el separatismo, generaría injusticias y perjudicaría gravemente los intereses económicos y políticos de la tierra; y, por otro lado, aquellos que pretendían acceder a la autonomía y trabajar en pro de la identidad castellana, pero eludiendo el federalismo.
Sin duda alguna, el político que más se esforzó por combatir las pretensiones catalanistas fue el aragonés
Antonio Royo Villanova, catedrático de Derecho Administrativo y diputado agrario. Éste, al poco de escuchar las arengas de
Francesc Maciá, le dijo:
"Habéis cometido la falta de cordialidad de traer un Estatuto a una República que acaba de nacer". Es más, cuatro días después de proclamada la II República, Royo Villanova desafiaba de esta manera al veterano catalanista:
"Para que Cataluña sea independiente, no basta con que lo quiera el señor Maciá, es menester que lo consienta España, y ningún elector republicano ha propugnado con su voto ni siquiera si la República ha de ser federal. Mucho menos se le ha pasado por la imaginación a ningún votante republicano autorizar, sin más ni más, la independencia de Cataluña...El señor Maciá tiene derecho a pedir la independencia de Cataluña. Pero no puede posesionarse de ella sin antes obtener el fallo favorable y soberano de las Cortes Constituyentes. Y de seguro que los republicanos de Castilla podrán aceptar o aprobar la autonomía o el federalismo, pero la República independiente que siempre ha defendido el señor Maciá no la apoyará en el Parlamento ningún diputado español". Este texto, publicado en
El Norte de Castilla, fue uno de los muchos que sacó a la luz para combatir las pretensiones autonomistas catalanas, bastante elevadas cuando, en 1932, se aprobó el Estatuto de Nuria:
"La nación catalana es incompatible con la española. Decís que España no es una nación, sino un conjunto de nacionalidades, yo digo que sobre esa base no puede haber solución. La nación española es una realidad". A pesar de las mofas que otros políticos hacían de él (como Manuel Azaña) lo cierto es que Royo Villanova tenía el apoyo de un importante sector social de Castilla la Vieja. Así lo demuestra, por ejemplo, el multitudinario homenaje a su persona realizado por la Unión General de Clases Medias, en agradecimiento a "su gesta españolista". Más de 3000 personas, en el vallisoletano Hotel Nacional, oyeron a Royo Villanova clamar contra
"la labor desespañolizadora que se realiza en Cataluña" y el intento universitario de
"sustituir con la cultura catalana la española y con la lengua catalana la de Cervantes". Falange Española, creada en 1933, hizo un acto de "afirmación españolista" en el Hotel Bilbao de Torrelavega, en que José Antonio afirmó que
"Royo Villanova es el último ejemplar de la fauna liberal".Pero la de Royo no era ni mucho menos la única postura que mezclaba castellanismo y anticatalanismo. Los diputados agrarios de Castilla la Vieja insistían en que la autonomía catalana provocaría la desintegración de la unidad nacional, el rotativo católico
Diario Regional respondía a la constitución de la Generalitat con un sentido editorial titulado "La personalidad de Castilla y León", el Diario de Burgos hacía lo mismo en multitud de textos, y una Asamblea de Ayuntamientos reunida en esa misma ciudad instaba a la unión de todas las provincias de Castilla la Vieja y León en contra del estatuto catalán y a favor de legislación regional:
"Que Castilla lo pida cuando no tenga más remedio, pero mientras tenga un resquicio no debe ir a la cabeza para pedir la desmembración de España. Con Estatutos o sin ellos queremos la unidad de España". Esta era su propuesta, publicada en el Diario de Burgos el 14 de diciembre de 1931.
Mucho más comedidos y, en cierto modo, progresistas (a pesar de las posturas defensivas de sus propuestas) se mostraron en sus escritos otros líderes regionalistas como Ignacio Carral, defensor de una gran autonomía castellana que comprendiese las provincias de Castilla la Vieja y Castilla la Nueva (prescindiendo de tierras leonesas) o los catedráticos
Misael Bañuelos y
Narciso Alonso Cortés. Aunque entregado a la actividad literaria y ensayística, éste último nunca ocultó sus aspiraciones políticas y desde el primer momento entró el la polémica autonomista defendiendo la unidad de Castilla la Vieja con León, así como un federalismo gradual. Reconocía límites a la acción de las autonomías, pero partiendo de unos presupuestos homogéneos, y salvaguardando la unidad de España.
Defensor de una región formada por las 11 provincias de Castilla la Vieja y León, un mes después de proclamada la II República, Narciso Alonso Cortés fundamentaba unos presupuestos básicos en los que la región no debería quedarse atrás en relación con el autogobierno de vascos y catalanes:
"1º La región estará integrada por todas las provincias de Castilla la Vieja y León. No obstante, cualquier medida sobre este transcendental problema ha de basarse en la voluntad del pueblo y no en una simple consulta a los Ayuntamientos.
2º Ante el proyecto futuro (unitario/federal) pendiente de las Cortes Constituyentes, los castellanos deberán aprestarse a defender el punto de vista más favorable a su región.
3º El grado de autonomía para Castilla y León no será ni más ni menos que el de otras regiones. Si Cataluña y Vasconia han sufrido daños por la malaventurada absorción centralista madrileña, muchos mayores los ha sufrido Castilla." Preocupado por el mortecino espíritu regionalista de sus convecinos, Narciso Alonso Cortés no dejaba de difundir su castellanismo, a la vez que combatía el yugo del centralismo:
"Seguir como antes, o casi como antes, es tanto como seguir sometidos a la oligarquía madrileña y a sus delegaciones provincianas. Debemos proclamar la inquebrantable unidad nacional, pero junto a ello, la emancipación de todo centralismo funesto", aseguraba el 5 de mayo de 1931 desde las páginas de
El Norte de Castilla.Tampoco se quedaba atrás su amigo Misael Bañuelos, catedrático de Medicina en la Universidad vallisoletana, oriundo de Burgos y hombre de ideas avanzadas.
"Castilla no debe entorpecer este movimiento, sino reconstruir su personalidad perdida en los campos de Villalar y presentarse en igualdad de condiciones ante el problema de hacer valer sus derechos", escribía en el mismo periódico el 19 de mayo de 1931, y hasta apostaba por la estructuración de España como una Federación de Estados. En junio de aquel año, Bañuelos era aún más claro en sus propuestas:
"Jamás hubiéramos proclamado nuestras ideas regionalistas y autonómicas de no haber habido una región o dos, otres, que se lanzaron por el camino de una amplísima autonomía regional" escribía en
El Norte de Castilla el día 13 (en respuesta a las arengas centralistas y unitarias de Arturo Pérez Martín, catedrático de Derecho) mientras reconocía que
"las regiones que sigan sujetas al centralismo de Madrid" no podrían gozar de
"una vida tan plena de posibilidades, materiales y espirituales, como las regiones gobernadas autonómicamente". Su idea era bastante clara: la unidad del estado se había roto, pero no la unidad nacional. Y lo más importante: en lugar de atacar cerrilmente al catalanismo, Bañuelos (y Alonso Cortés) atacarán al cantralismo, verdadero enemigo (en su opinión) de las tierras castellanas. Este mensaje será retomado por los castellanistas de la década de 1970.
Narciso Alonso CortésLos castellanoviejos más preocupados por el movimiento regionalista, además de seguir estas disputas periodísticas entre centralistas y autonomistas, tuvieron la oportunidad de escuchar al mismísimo
José Ortega y Gasset defender las teorías de Narciso Alonso Cortés y Misael Bañuelos. En un acto que tuvo lugar en el Teatro Principal de León, el 26 de junio de 1931, Ortega y Gasset pronunció un discurso del que merece la pena leer algún fragmento:
"Si...Suponemos reunida la región leonesa a Castilla la Vieja se llega a una población de tres millones de hombres. Con tres millones de hombres, ocupados en una vida de tipo muy semejante y preocupados de problemas iguales, se puede hacer mucho; con todos estos hombres reunidos en una gran región, a la cual se otorgue su asamblea, su sufragio universal y su gobierno local. Entonces os sentiríais capaces y responsables de la existencia local de vuestros terruños, dentro del gran grupo estatal de España. Entonces se resolvería el tremendo problema de la tierra castellano-leonesa". Si Ortega y Gasset (que sería elegido diputado por León días después) culminaba su discurso con una arenga de tal calibre, era por algo. Bien sabía él que en León prendía con fuerza la propuesta de construir una región castellano-leonesa, aun sin menoscabo del leonesismo que promovían personas como Miguel Bravo Guarrida, Miguel Díez Canseco, José González, Mariano Domínguez Berrueta, Manuel Fernández Núñez o el alcalde José Eguigaray, instiuciones como el Ateneo Leonés, Centro Leonés, Vida Leonesa, Sociedad de Estudios Leoneses e Institución de Estudios Leoneses y asociaciones como Amigos de León, Tradiciones Leonesas, el Grupo Pro-León o el Orfeón Leonés.
El 2 de mayo de 1931, un editorial del
Diario de León titulado
"Mirando el horizonte debemos prepararnos" animaba a los municipios leoneses a
"unificar posturas con Castilla salvaguardando los derechos de León", mientras las páginas interiores del periódico reproducían artículos de Narciso Alonso Cortés. Fue precisamente el Diario de León el responsable de la primera propuesta estatutaria para Castilla-León. El 9 de junio de 1931, este diario publicaba un artículo titulado
"Estatuto Castellano-Leonés". Inspirado por las ideas del Centro Autonómico Leonés, el texto apostaba por una región castellano-leonesa bajo la fórmula de una federación de provincias, con plena autonomía para los asuntos de alcance regional y relativa para los de alcance provincial y municipal. Gobernada la nueva entidad por una junta o consejo regional elegido por los ciudadanos, en él estarían representados los municipios, las corporaciones y las clases profesionales.
Este periódico publicaría (los días 4,5,7,18 y 19 de diciembre de 1931 y 8 de enero de 1932) el famoso
Catecismo Regionalista Castellano-Leonés, cuyo autor era el sacerdote
Eugenio Merino (oculto bajo el pseudónimo de F. Gómez Campos). Con un estilo didáctico, esta obra estaba estructurada en tres partes:
-Ideas Generales
-Fundamentos del Regionalismo
-Los deberes de un buen regionalistaEn la segunda parte, Merino definía el proyecto regionalista como
"un sentimiento o aspiración política que defiende los respetos, autonomías y adaptaciones al ser y al espíritu de cada región, cuando gobierna o legisla un Estado para regiones distintas". Cercano al tradicionalismo de Juan Vázquez de Mella, el sacerdote defendía la unidad nacional, reconocía la cuenca del Duero como núcleo central de Castilla-León y aportaba un completo catálogo de fundamentos regionalistas: la lengua castellana (
"verdadero vehículo de expresión en 22 naciones"), instituciones históricas como los concejos o las Cortes, la pobre y oprimida economía, y (desde luego) las inmensas aportaciones culturales de Castilla-León.
El Catecismo Regionalista Castellano-Leonés de Eugenio Merino llegaba en un momento nada casual: aprobada ya la Constitución republicana (que decretaba el
"Estado integral compatible con la autonomía de los municipios y regiones") faltaba poco para retomar el debate en torno al Estatuto catalán, anunciado en agosto de 1931 pero retrasado hasta marzo de 1932. De hecho, ya en aquel primer momento, el anunció concitó, aparte de las arengas encendidas de Royo Vilanova, otras no menos virulentas en
el Norte de Castilla,
Diario de León,
Diario Regional y, sobre todo, en el
Diario de Burgos. Y a finales de año, una Asamblea de Ayuntamientos burglases echaba más leña a la hoguera anticatalanista, reafirmándose en la unidad española y señalando, de paso, que las importaciones de trigo realizadas por catalanes
"habían determinado la ruina de Castilla".
Una de las conclusiones de esta reunión fue la propuesta de preparar, en la misma ciudad, una Asamblea para el mes siguiente. Así se hizo: el 13 de enero de 1932, el consistorio burgalés lograba reunir a representantes de Ayuntamientos y Diputaciones procendentes de todas las provincias de Castilla la Vieja y León, pero también de Logroño, Santander, Zaragoza, Ciudad Real, Málaga, Toledo, Huesca, Cuenca, Ciudad Real, Santander, Logroño, Albacete, Córdoba, Jaén , Murcia, Cádiz, Sevilla, La Coruña, Oviedo y Pamplona. Presidida por García Lozano, su objetivo era
"hacer un análisis y crítica de los artículos del Estatuto Catalán que se considerasen más separatistas y atentatorios contra la soberanía del Estado Español y la propia Constitución".
Cinco días estuvieron debatiendo los representantes en la capital burgalesa, cinco días de reunión que entre sus principales conclusiones (publicadas de manera puntual por el Diario de Burgos) recogieron el rechazo al Estatuto catalán
"tal y como había sido redactado y presentado a las Cortes" por permitir la desmembración del país, recortar las atribuciones del poder central, desarticular económicamente la Hacienda Española...Propusieron los allí congregados divulgar dichas conclusiones por todo el país, proponer que todas la provincias españolas se pronunciasen al respecto y el establecimiento de una cláusula que obligara a la revisión (cada cindo años) de cualquier Estatuto que fuese aprobado.
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