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Autor Tema: Cuando Segovia pudo ser una comunidad autónoma (1978-1983)  (Leído 14819 veces)
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« : Enero 26, 2011, 09:57:46 »


Transición y autonomismo


El fallecimiento de Franco y la Transición hacia la democracia parlamentaria avivarían en España las demandas de autonomía regional. El régimen franquista había reprimido cualquier asomo de regionalismo, a la vez que el mantenimiento de la unidad nacional frente a las amenazas separatistas servía como pilar para justificar la dictadura. Por el contrario, los nacionalismos vasco y catalán habían sido perseguidos por la dictadura, a la vez que justificaban sus actuaciones por la represión sobre sus respectivas culturas, especialmente en el campo lingüístico.



A principios de 1977, la cuestión regional y la descentralización del Estado eran dos cuestiones de importancia en la agenda política española. Al calor de la efervescencia del autonomismo, surgieron en Castilla-León dos plataformas para la consecución de una comunidad autóma castellano-leonesa: la Alianza Regional de Castilla-León (ARCL) y el Instituto Regional de Estudios Castellano-Leoneses (IRCL). La Alianza nació en la localidad vallisoletana de Herrera de Duero; estando liderada por los catedráticos Alfonso Prieto y Gonzalo Martínez Díez; vallisoletano y burgalés, respectivamente. Entre sus miembros figuraban procuradores franquistas como Jesús Esperabé de Arteaga (Salamanca), Alberto Cercós (Soria), Adolfo Sánchez García (Valladolid) y el montañés Santiago López González, ex-alcalde de Valladolid; y otras personalidades como el abogado santanderino Martínez de la Pedraza o Dionisio Llamazares, director del Colegio Universitario leonés y futuro presidente socialista de las Cortes de Castilla-León. El Instituto, por su parte, celebró una asamblea "pre-constituyente" en Lerma (Burgos) y se presentó oficialmente en Paredes de Nava (Palencia). Entre sus miembros estaban el medievalista salmantino José Luis Martín; el periodista y escritor palentino César Alonso de los Ríos; el abogado Manuel Conde, uno de los "resucitadores" del PSOE vallisoletano; el historiador y candidato independiente del PCE Julio Valdeón; y Demetrio Madrid, socialista zamorano. Como es evidente, el IRCL tenía una marcada orientación progresista, sirviendo de instrumento de acción a las fuerzas de la izquierda.



Y así, el movimiento por la autonomía de Castilla-León fue avanzando; con hitos tan significativos como la Mancomunidad de Diputaciones de Castilla la Vieja y León, constituida en Burgos; el Plenario Regionalista de Partidos Políticos y Entidades Regionalistas, que convocaría actos de exaltación regionalista y manifestaciones como las de Valladolid (75.000 personas) y Burgos (5.000); y, por supuesto, las populares concentraciones de Villalar, que alcanzaran en 1978 su mayor éxito de convocatoria: entre 150.000 y 200.000 personas hicieron acto de presencia en aquel histórico lugar.
La provincia de Segovia participaría activamente en estos movimientos autonomistas, así como en la formación de la Mancomunidad. No obstante, la peculiar situación geográfica de Segovia hacía que esta provincia castellana no sólo mirase a la Submeseta Norte en busca de su futuro regional, sino que había que contar con su potente vecino sureño: Madrid. Al contrario que la inmensa mayoría de las provincias de la España interior, Madrid había experimentado un extraordinario aumento de población y había síntomas de que la capital estaba llegando a un grado de congestión alarmante. No sólo esto: provincias limítrofes como Segovia se habían beneficiado poco o nada del crecimiento madrileño, e incluso para los regionalistas había sido más bien su víctima.
Dado que la descentralización del Estado parecía próxima, algunos tecnócratas pensaron a mediados de los 70 que Madrid podría formar un ente con las provincias limítrofes e integrarlas en su desarrollo, a la vez que éstas podían contribuir a evitar la congestión de la capital. El 24 de agosto de 1976, el Boletín Oficial del Estado recogía una orden de la Presidencia del Gobierno por la que se creaba la Comisión Gestora de la Región Centro. En dicho organismo quedarían encuadradas las provincias de Madrid, Segovia, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Ávila. No obstante, este intento de construcción regional dirigido desde las altas esferas no llegaría a cuajar y, al igual que otros proyectos de la época, se esfumaría por completo.


Nace el Consejo General de Castilla y León


El 22 de julio de 1978 se constituyó en el restaurado castillo de Monzón de Campos (Palencia) el Consejo General de Castilla y León, siendo elegido por unanimidad el ucedista burgalés Juan Manuel Reol Tejada como Presidente de este órgano autonómico. Sin embargo, no acudieron al Consejo los representantes de Santander, Logroño y León. El hecho resultó un duro varapalo para quienes pretendian crear una comunidad autónoma con las once provincias de León y Castilla la Vieja. Pese a las dificultades, el Consejo General fue creando su estructura institucional, y en una reunión celebrada en la Diputación de Salamanca se repartieron las Consejerías existentes:

Presidente - Juan Manuel Reol Tejada (UCD-Burgos)
Vicepresidente primero y consejero de patrimonio - Vicente Gutiérrez Pascual (PSOE-Palencia)
Vicepresidente segundo y consejero de trabajo - Francisco de Vicente Dominguez (UCD-Salamanca)
Consejero de Interior y administración local - Modesto Fraile Poujade (UCD-Segovia)
Consejero de Economía y Hacienda - Eduardo Moreno (UCD-Valladolid)
Consejero de Industria y Energía - Jesús Hervella García (UCD-Palencia)
Consejero de Educación - Alberto Dorrego González (UCD-Ávila)
Consejero de Comercio y Turismo - José Luis González Marcos (PSOE-Salamanca)
Consejero de Urbanismo y vivienda - Demetrio Madrid López (PSOE-Zamora)
Consejero de Seguridad Social - Enrique Granado Bombín (PSOE-Burgos)
Consejero de Sanidad - Pedro Carazo Carnicero (UCD-Burgos)
Consejero de Agricultura, Ganadería y Montes - Modesto Alonso Pelayo (UCD-Zamora)
Consejero de Obras Públicas - José María García Royo (UCD-Soria)

Las ponencias de Ordenación de Territorio y Desarrollo Regional y de Cultura quedaron compuestas por el Presidente del Consejo y los dos representantes de las Diputaciones: Julio Rodríguez (Presidente de la de Salamanca) y Santiago Aparicio (de la de Soria). Hemos de anotar que el tema de la capitalidad regional fue sistemáticamente soslayado para evitar suspicacias, al final se decidió que tanto el Presidente y cada uno de los Consejeros residirían la sede de sus áreas de responsabilidad en sus respectivas provincias. Así, la Presidencia del Consejo General de Castilla y León se instaló en Burgos (en la Diputación primero y en el Palacio de la Isla después).
Prestemos ahora una especial atención al ucedista segoviano Modesto Fraile, Consejero de Interior y Administración local. Natural de Cuéllar, fue alcalde de esta villa entre 1967 y 1970, ocupando después la presidencia de la Diputación de Segovia, siendo además procurador en las Cortes. Entre 1974 y 1976 sería designado Gobernador Civil de Santa Cruz de Tenerife. Ingresaría luego en la UCD, obteniendo un escaño en las Cortes por Segovia y llegando a ser Vicepresidente del Congreso. Acérrimo defensor del poder de las Diputaciones y sus prerrogativas, recelaba de un posible centralismo vallisoletano y simpatizaba con los planteamientos de Comunidad Castellana, una asociación política afín al carreterismo. Pero...¿En qué consiste el carreterismo (o castellanismo carreterista)? Vamos a verlo.


Comunidad Castellana y el carreterismo


El carreterismo tiene su origen en los escritos del ingeniero industrial segoviano Luis Carretero y Nieva, que junto a otros intelectuales de la provincia (el abogado Mariano Quintanilla, el catedrático Celso Arévalo, el periodista Ignacio Carral) fundó en 1918 el Centro de Estudios Regionales Castellanos. Un año antes, había editado su obra La cuestión regional de Castilla la Vieja (El regionalismo castellano), en la que se ofrece una teoría sobre lo castellano que en realidad es, como afirma el catedrático Jesús María Palomares, "una interpretación sesgada sobre Castilla y el castellanismo", opinión que comparte quien estas líneas escribe. Se trata, en primer lugar, de una obra impregnada de un arbitrismo tardío e inspirada, fundamentalmente, en La Administración local. Reconocidas causas de su lamentable estado y remedios heroicos que precisa del político y boticario soriano Elías Romera, obra que inicia el espíritu fraccionador entre lo castellano y lo leonés y que se basa en unos muy débiles andamiajes históricos y jurídicos.
En su libro sobre Castilla la Vieja, Luis Carretero proponía la creación de una Mancomunidad de Diputaciones compuesta integrada por Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia y Ávila. Una de sus tesis principales es la afirmación de que León y Castilla son dos identidades totalmente distintas; con territorios, culturas, economías e intereses dispares. Para este ingeniero, no había que confundir a Castilla con la llanura leonesa de Tierra de Campos: Carretero se empeña en que Castilla no es llana, es montañosa y escarpada, obsesión muy curiosa en un hombre de cultura superior (en el caso de Segovia, por ejemplo, la montaña es sólo un 20% de la superficie provincial). Muy aventuradas son las incursiones de Carretero por la Historia, pues comienza a buscar sus fuentes en el pasado arqueológico, explicando el irreconciliable contraste entre lo leonés y lo castellano en base a disquisiciones raciales, cuestiones étnicas, etc. Atribuye a los castellanoviejos orígenes celtíberos, mientras que las gentes del territorio leonés (Palencia, Valladolid, Zamora, Salamanca, León) serían celtas. Igualmente desafortunadas son sus incursiones por la Edad Media, lo que obliga a Sánchez Albornoz a decir del autor que estaba "no muy adentrado en las sutilezas de la historia medieval".



Uno de los aspectos más llamativos de la obra de Luis Carretero son los furibundos ataques a Valladolid, haciendo una descripción de los agravios que esta ciudad habría cometido contra Castilla la Vieja (desde la página 183 a la 203). Es un verdadero alegato contra Valladolid, a la que sitúa en el Reino de León y a la que atribuye todo tipo de engaños y sutilezas para hacerse pasar por castellana. Según este ingeniero, la oligarquía vallisoletana habría logrado concentrar en su provincia la red decimonónica de ferrocarriles, perjudicando a Castilla la Vieja. Además, esa misma burguesía pucelana habría confundido lo leonés con lo castellano para crear un regionalismo que sirviera a su intereses. Muy ingenuas y elucubrantes son estas afirmaciones para entrar en polémica, incluso con los testimoniales partidarios del carreterismo, máxime cuando (al parecer) su inquina hacia Valladolid no estaba movida por argumentos científicos, sino por recelos hacia los éxitos de la industria harinera vallisoletana (recordemos que los Carretero se hallaban ligados a la producción de la harina). En posteriores obras, el ámbito territorial de la Castilla carreterista se ampliaría: estaría formada por las provincias de Ávila, Burgos, Cuenca, Guadalajara, Logroño, Madrid, Santander, Segovia y Soria; aunque también serían parte de Castilla las tierras de Utiel-Requena (Valencia), cierta parte de la provincia de Valladolid (Peñafiel, Olmedo, etc.), el Campoo palentino y los partidos de Taracón, San Clemente y Belmonte. Según Carretero, Toledo y Ciudad Real formarían "el país toledano-manchego".



La obra de Luis Carretero (fallecido en México, allá por 1950) sería continuada por su hijo Anselmo, también segoviano e ingeniero industrial. De militancia socialista, tras la Guerra Civil marchó al exilio hispanoamericano, donde entró en contacto con otros exiliados (entre ellos nacionalistas catalanes y vascos). Participó en la Agrupación de Universitarios Españoles en México, cuyos miembros definieron a España como "una comunidad de pueblos" (1945) y una "nación de naciones" (1956). Formó parte del grupo editor de la revista Las Españas, creada por José Ramón Arana y Manuel Andújar, publicación ésta que (con su continuación Diálogo de las Españas) fue durante casi dos décadas un referente cultural del exilio español. Ya en los últimos años del franquismo, Anselmo Carretero fue miembro del Comité Nacional del PSOE, representando a la organización socialista de México, siendo uno de los principales defensores la configuración federal de España. Fallecería en México DF el 12 de marzo de 2002.



Tomando como base la ideas carreteristas, el 27 de febrero de 1977 surgió en Segovia la asociación Comunidad Castellana, animada por el abogado e historiador Manuel González Herrero, autor de obras como Memorial de Castilla o Segovia; Pueblo, Ciudad y Tierra. Para Comunidad Castellana, los entes preautonómicos de Castilla-León, Madrid y Castilla-La Mancha no eran más que inventos carentes de base histórica que unían a tres pueblos diferentes: manchegos, leoneses y castellanos. Esta asociación (que leyó su manifiesto fundacional junto a la tumba de Fernán González) tomaría como símbolos el pendón carmesí de Castilla y la figura de San Millán de la Cogolla, patrón de los castellanos. Entre las primeras actividades que llevó a cabo este grupo carreterista cabe destacar la Semana de la Cultura Castellana, organizada en Segovia a finales de abril del 77. Manuel González aprovechó el evento para disertar sobre la personalidad de los castellanos, un pueblo libre y democrático opuesto al Reino de León (que sería el representante del centralismo y el autoritarismo). No obstante, Comunidad Castellana todavía no tendría el protagonismo que alcanzaría pocos años después, cuando algunos trataron de convertir a Segovia en una comunidad autónoma.

« Última modificación: Junio 19, 2015, 21:30:35 por Maelstrom » En línea
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« Respuesta #1 : Enero 26, 2011, 10:08:04 »


Los representantes de Segovia abandonan el Consejo General


A mediados de octubre, se desencadenó la tormenta a raíz de un hecho en teoría baladí, con Modesto Fraile como principal protagonista. La Junta de Consejeros celebrada en Burgos el 15 de octubre de 1979 fue el origen de la ruptura. El diputado segoviano se retiró de la reunión por que, según él, los anfitriones (es decir, los parlamentarios burgaleses, incluido Reol Tejada) no habían acudido a recibirle y se habían retrasado. Una cuestión de protocolo que dio lugar a una enérgica reacción de Modesto Fraile. El presidente de la Diputación de Segovia, Rafael de las Heras, leyó un comunicado en el Pleno del Consejo en nombre del ofendido Modesto Fraile:
 
"1.- Que Don Modesto Fraile Poujade pide que no se excuse su asistencia, sino que se diga que ha estado presente en la Sala de Juntas de la Diputación de Burgos a la hora señalada en la citación y que ha abandonado la misma por el retraso de algunos Consejeros.
2.- Que entiende que no es excusable la desconsideración de que ha sido objeto y que se haga constar su enérgica protesta por no haber encontrado, a su llegada, a nadie que le recibiese, sobre todo aquellos que, por ser anfitriones, estaban más obligados a ello.
3.- Que conste también su protesta por haber sido incluido en el Orden del Día de la Junta de Dirección un tema que tenía que haber tenido la condición de reservado a la Junta de Consejeros, dado su carácter eminentemente político.
4.- Que se reserva el derecho de impugnar los acuerdos que se adopten en esta Junta."

 
Dos días después (el 17 de octubre de 1979) los cinco parlamentarios de la UCD segoviana anunciaron su salida del Consejo General de Castilla y León. Modesto Fraile fue el encargado de justificar la decisión. Para el hombre fuerte de la UCD en Segovia la causa del abandono era la falta de solidaridad que había habido en el Consejo General con las propuestas segovianas, afirmando que si Segovia entraba en una autonomía castellano-leonesa tendría "que ser en condiciones de absoluta igualdad, lo que no podemos es compromenter a la provincia y mucho menos cuando estamos en condiciones de inferioridad respecto a otras provincias de la región, con lo cual caemos en el centralismo regional, mucho peor que el que hemos venido padeciendo hasta ahora". Sin decirlo explícitamente, Modesto Fraile tachaba de centralista a la ciudad de Valladolid. No obstante, en esas mismas declaraciones parecía dejar entrever que la salida de los parlamentarios ucedistas era provisional, y que el Consejo General de Castilla y León podría incluso salir fortalecido de aquella crisis.



Existen diversas interpretaciones sobre la salida de los centristas segovianos del Consejo General. El supuesto detonante habría sido el desacuerdo por el futuro reparto de los beneficios obtenidos por la Confederación Hidrográfica del Duero y por el canon energético. Según Modesto Fraile y sus correligionarios, dicha Confederación había asignado 200 millones de pesetas en obras a Valladolid y sólo 12 a Segovia. Sin embargo, esta discrepancia no parecía tener el calado suficiente como para provocar semejante disidencia en el Consejo General. El Presidente del mismo, Reol Tejada, confiaba en la pronta vuelta de los parlamentarios segovianos. Desde El Norte de Castilla (con Maribel Rodicio, su especialista en cuestiones regionales) se dieron otras versiones sobre la salida de los ucedistas segovianos. En un polémico artículo periodístico, la periodista palentina calificó de "prepotente" a Modesto Fraile y culpó a los propios políticos segovianos del desigual reparto del presupuesto de las obras de la Confederación Hidrográfica del Duero, causado por un flagrante error administrativo de éstos. Para esta periodista, el señor Modesto Fraile sería una especie de "Caballo de Troya" de Comunidad Castellana en el Consejo General de Castilla y León. La citada asociación política, por cierto, se congratuló de la retirada de los centristas segovianos...
Desde la prensa de ámbito nacional también se ofrecieron explicaciones en torno a la defección segoviana. Según El País, habrían sido los acuerdos alcanzados en octubre entre la UCD y el PSOE regional los detontantes de la salida de los centristas de Segovia. Estos acuerdos disgustaron a Modesto Fraile, ya que ponían en peligro el poder de las Diputaciones y dotaban a la autonomía castellano-leonesa de un poder considerable. Del mismo modo, se especuló con que esta acción de los ucedistas segovianos fuera una maniobra del Gobierno para retrasar el acceso a la autonomía de Castilla y León, en unos momentos de intensa "carrera autonómica".
Por otro lado, el geógrafo Crespo Redondo apuntó la idea de que Modesto Fraile defendía la formación de una Mancomunidad de Diputaciones. La autonomía no tendría que suponer una pérdida de poder de unas administraciones tan queridas para él como lo eran las Diputaciones. Para este geógrafo, la maniobra del político segoviano era la de "un típico movimiento localista, semejante, aunque no idéntico, al leonesismo [...] En octubre de 1979, el segovianismo se manifestaba como un provincianismo en estado puro al no haberse revestido aún con el ropaje historicista del castellanismo de los Carretero".
Es importante matizar esta última aseveración, dado que de considerar simples provincianismos a los movimientos leonesistas o segovianistas, podríamos hacer lo mismo con los grupos autonomistas cántabros y riojanos. La maniobra política de Modesto Fraile hay que contextualizarla en un momento de incertidumbre sobre la cuestión de las autonomías. El político segoviano seguía anclado en la idea de las Diputaciones como pilar básico de la administración: en realidad defendía el modelo vascongado de construcción autonómica, en el cual las Diputaciones tenían un peso importantísimo y cada provincia enviaba el mismo número de representantes a las Cortes regionales. Al otro lado, estaba el modelo autonómico catalán, que suponía una fuerte centralización en torno a la Generalitat y a la capital, la ciudad de Barcelona. Tal vez la causa del abandono de los ucedistas segovianos fuese el temor de que la autonomía castellano-leonesa derivase hacia este último modelo...
La dimisión de Modesto Fraile y sus compañeros marcó el punto más bajo del Consejo General de Castilla y León en la etapa preautonómica. A mediados de octubre de 1979 se habían negado a entrar en este organismo (o habían abandonado) cuatro de las once provincias que inicialmente componían la preautonomía. Existían temores a que las provincias de Ávila, Soria, Salamanca y Zamora siguieran el ejemplo de las anteriores. A todo esto había que unir la falta de representatividad del propio Consejo General, dado que la segunda fuerza política de la región (el PSOE) no estaba integrada en su seno. El desasosiego de Reol Tejada ante la posibilidad de que el proceso hacia la autonomía resultara inviable parecía más que justificado...
 

Crisis en la UCD segoviana


El 22 de octubre de 1979 tuvo lugar la IV Asamblea Provincial de la UCD segoviana. En dicha convención quedaron constituidos el Comité Ejecutivo y el Consejo Político Provincial. En el primero, la Presidencia de Honor fue para Modesto Fraile, mientras que la Presidencia Provincial fue a para a Carlos Gila y la Secretaría a Atilano Soto. Éste órgano contaba con 22 miembros, entre los que estaban los parlamentarios del partido, el alcalde de Segovia y el presidente de la Diputación. En cuanto al Consejo Político Provincial, la Presidencia y la Secretaría fueron también para Carlos Gila y Atilano Soto, respectivamente.
Tras esta Asamblea, y al lado de Modesto Fraile, el diputado Carlos Gila González quedaba encuadrado como líder de la UCD segoviana. Amigo de Adolfo Suárez y carente de vinculaciones políticas anteriores a su ingreso en la UCD, este destacado centrista fue escalando posiciones en el partido y en las organizaciones de la patronal segoviana. No obstante, su carrera política acabaría salpicada de incidentes, expedientes disciplinarios y polémicas variadas.



Carlos Gila no tardaría en adquirir protagonista como el miembro más díscolo de la UCD segoviana. Este diputado (junto con una serie de compañeros de partido de Castilla-León, Galicia y Castilla-La Mancha) abandonó la Cámara Baja en protesta por un artículo de los Presupuestos Generales del Estado que beneficiaba exclusivamente a Extremadura, Canarias y Andalucía. Modesto Fraile, al ser Vicepresidente del Congreso, no pudo secundar esta iniciativa. Este hecho rompía la disciplina de partido, por lo que se afirmó que Carlos Gila sería sancionado. No obstante, el suceso al que nos referimos no tuvo mayores repercusiones, aunque dejase entrever las dificultades del grupo parlamentario de la UCD.
Y es que la verdadera crisis estaba por venir. A finales de enero de 1980, el periódico El Adelantado de Segovia publicaba en su portada un editorial titulado "Claridad", en el que se decían las siguientes cosas:
 
"Desde hace algunos días, la ciudad sabe que existen problemas en la relación que sostienen el Ayuntamiento de Segovia y el partido en que la representación municipal es más numerosa. Esas relaciones se ven turbadas por la estimación que el propio partido hace de las actitudes públicas tomadas por una parte del Ayuntamiento de UCD. Resulta indiscutible que unas relaciones armónicas entre el partido y el Ayuntamiento son de mayor interés para los segovianos, puesto que UCD es el que gobierna el destino de todos.
[...]
EL ADELANTADO DE SEGOVIA desea, y cree tener derecho a pedirlo, que los segovianos estén informados de las decisiones del partido mayoritario. Creemos cumplir con un servicio esencial para la vida ciudadana, haciéndolo así".

 
En aquellos días era un secreto a voces las crecientes discrepancias (en torno a cuestiones como la subida de tasas municipales o la instalación de un polígono de tiro) que tenían lugar entre Carlos Gila y un grupo de concejales de la ciudad del Acueducto, por un lado; y entre el alcalde José Antonio López y el resto de la corporación ucedista, por otro lado. Pese al llamamiento de El Adelantado de Segovia, la tensión no dejó de crecer. Tuvo lugar una crispadísima reunión del Comité Ejecutivo ucedista, durante la cual Carlos Gila amenazó con presentar su dimisión. Al día siguiente (y en rigurosa rueda de prensa) Carlos Gila presentó su dimisión irrevocable como Presidente Provincial de la UCD, junto a seis concejales del Ayuntamiento de Segovia que abandonaban el partido (Ramón Escobar, Primitivo Martín, María José Reguera, Ramón Fernández, Javier Gómez y Emilio Monedero). El salmantino recordó la historia de la UCD segoviana, atribuyéndose el mérito de haber puesto en marcha el partido y afirmó que él habría podido ser el alcalde de Segovia si lo hubiese pretendido. Atacó a José Antonio López por su actuación en aquellas circunstancias y aseveró que algunos de los miembros del Comité Ejecutivo ucedista tenían un pasado "netamente autoritario". Tampocó se libró de sus críticas el Consejo General de Castilla y León, al que calificó de "inútil".
Las dimisiones de los seis concejales ponían en un grave aprieto al alcalde López, ya que su formación política quedaba en minoría frente a la izquierda (7 concejales de la UCD frente a 7 socialistas y un comunista). La reacción a la dimisiones por parte de la oposición fueron muy duras: los socialistas calificaron la actuación de Carlos Gila como una "rabieta infantil", mientras que el único regidor del PCE (Luis Peñalosa) afirmó que "cuando los concejales dicen que han dimitido por cuestiones personales, me dan ganas de reír". Sin embargo, pronto quedó claro que la izquierda no iba a aprovechar aquellos momentos de tensión para hacerse con el Consistorio de Segovia.



La crisis de la UCD segoviana provocó la intervención de Rafael Arias Salgado, Secretario General del Partido. El 8 de febrero de 1980, en una reunión entre éste y el Comité Ejecutivo provincial, se decidió que no sería aceptada ninguna de las dimisiones. Pocos días después, los ucedistas díscolos volvieron a integrarse en el pleno del Ayuntamiento, de manera provisional primero y definitiva después. Por el momento la crisis quedaba cerrada.
Sin embargo, Carlos Gila seguiría dando de qué hablar. A mediados de abril tuvo lugar otra reunión del Comité Ejecutivo, acudiendo a ella los representantes segovianos de la UCD y el ministro Salvador Sánchez Terán, Presidente del Comité Regional del partido en Castilla-León. Esta visita estaba relacionada con la cuestión de la autonomía uniprovincial segoviana (que trataremos más adelante), pero también con la dimisión presentada por Carlos Gila, que no acudió a la asamblea. Este Comité decidió aceptar la dimisión del hasta entonces Presidente Provincial del Partido, lo cual provocó que el Secretario Provincial (Atilano Soto) pusiera su cargo a disposición del Comité Ejecutivo. Días después, Carlos Gila envió una carta a los ucedistas segovianos con términos muy duros para la dirección del partido:
 
"[...] desde la elección del nuevo comité ejecutivo, éste ha sido inoperante, convirtiéndose, por aspiraciones de varios miembros, en un lugar de enfrentamientos dialécticos [...] el partido no debe tolerar rebeldías de personas que han ido a las elecciones en las listas de UCD, y que si no se está de acuerdo con el partido o sus órganos, se debe abandonar el puesto y luego rebelarse. [...]
Carlos Gila seguiría trabajando por Segovia y los segovianos, sin emigrar a Madrid en busca de puestos políticos o financieros".

 
El acto final de la profunda crisis existente en la UCD segoviana fue la elección de la nueva directiva del Comité Ejecutivo provincial. Modesto Fraile, el candidato que parecía tener más apoyos, decidió no aceptar la Presidencia y aconsejó la elección de Julio Nieves Borrego. Tras una larga sesión, este senador resultó elegido Presidente provincial, mientras que Luis Pérez de Cossío asumía la Secretaría del partido. En sus primeras declaraciones, Nieves Borrego afirmó que no había enfrentamientos considerables en el seno de la UCD provincial. El tiempo se encargaría de demostrar lo inexacto de estas palabras....
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« Respuesta #2 : Enero 26, 2011, 10:26:14 »


Segovia sale del proceso autonómico castellano-leonés


Cuando, a mediados de 1979, los parlamentarios segovianos de la UCD se retiraban del Consejo General de Castilla y León, pocos podían imaginar que sus dimisiones desembocarían en la retirada de Segovia del proceso autonómico castellano-leonés. Precisamente, a fines de ese mismo mes, el Consejo General se reunió en la Diputación de Palencia y ponía en marcha el proceso por el cual Castilla y León debería obtener la autonomía. A este histórico pleno acudieron los representantes del PSOE (incluido el senador segoviano Santiago Ballesteros) aunque no los parlamentarios ucedistas de Segovia. Tras un duro debate, el pleno del Consejo decidió iniciar el proceso autonómico por la vía del artículo 143 de la Constitución, renunciando de esta forma (y pese a la oposición de la izquierda) a la complicada fórmula del artículo 151. La adopción del artículo 143 había sido un éxito para la UCD regional, que de esta forma parecía garantizar un proceso autonómico más gradual, con lo que los ucedistas pensaban aliviar tensiones como las que habían llevado a la salida de Modesto Fraile y sus colegas. A partir de aquellos momentos, las Diputaciones y Ayuntamientos debían sumarse (o no) a la iniciativa autonomista: aquel mismo día, siete Diputaciones (Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora) votaban afirmativamente la propuesta. Los distintos Ayuntamientos de la región se fueron sumando al movimiento autonómico, dentro de un plazo de seis meses para recabar adhesiones al proceso, plazo que parecía suficiente para que el Consejo General negociase la vuelta de Segovia al proyecto castellano-leonés.



Comunidad Castellana, por su parte, seguía oponiéndose a la creación de una autonomía castellano-leonesa y, sobre todo, a una posible capitalidad vallisoletana. La asociación carreterista no había dejado de mostrar su alegría porque los representantes de Segovia hubiesen abandonado el Consejo General. En el último editorial de su revista Castilla del año 1979, Comunidad Castellana atacaba al ente castellano-leonés por considerarlo una falsa región, y alertaba sobre un "neocentralismo" instalado en Valladolid. Por lo tanto, los seguidores de Luis y Anselmo Carretero pedían a los Ayuntamientos de la "auténtica" Castilla:
 
"[...] que permanezcan en su personalidad actual, que trabaje para incrementar su autonomía municipal y los recursos que necesita para el cumplimiento de sus fines, y que SE ABSTENGA DE INCORPORARSE A ESE RÉGIMEN DE CASTILLA Y LEÓN, ES DECIR, A UN NUEVO PODER EXTRAÑO QUE NO ES EL NUESTRO".
 
Muy diferentes eran las propuestas de la izquierda y la izquierda revolucionaria segoviana. Así, el Movimiento Comunista lanzó duras acusaciones contra la UDC provincial, a la que tachaba de centralista y contraria a la autonomía. Del mismo modo, hizo una llamada a las masas para obligar a sus dirigentes a que iniciaran el proceso autonomista. Y por otro lado, desde Salamanca, el IRCL pidió la dimisión de Modesto Fraile como integrante del Consejo, dada su actitud. El PSOE presentó una propuesta en el Ayuntamiento de Segovia para que éste se sumara a la iniciativa autonómica, afirmando el alcalde que lo mejor era mantenerse a la espera. Además, fue objeto de polémica entre la UDC y los socialistas el reparto de fondos realizado por la Confederación Hidrográfica del Duero: el regidor de Segovia advirtió de los peligros de caer bajo un nuevo centralismo, y el ejemplo evidente habría sido la distribución de fondos por parte de la Confederación. Sin embargo, para los socialistas la culpable de esta desigualdad habría sido la Diputación de Segovia, ya que no había enviado proyectos que pudieran ser financiados.
Con el discurrir del tiempo, la posición de Modesto Fraile se fue radicalizando. En un artículo publicado por El Adelantado de Segovia volvió a defender las prerrogativas de las Diputaciones y las de los municipios frente a la construcción de una futura autonomía. Igualmente, alertó sobre la posibilidad de caer en un nuevo centralismo, y puso énfasis en hablar de una verdadera autonomía castellana frente a lo que sería un artificio de Castilla. El discurso del político ucedista empezaba a parecerse notablemente al de Comunidad Castellana. Igualmente, Modesto Fraile dejó de acudir a la Junta de Consejeros. Pese a todo, la Consejería de Interior de la que era titular (y que por lo tanto radicaba en Segovia) siguió funcionando, e incluso presentó sus presupuestos para el año 1980.



La cuestión autonómica segoviana se enquistó aún más a mediados de febrero de aquel año. La periodista palentina Maribel Rodicio y nuestro diputado segoviano fueron los protagonistas de una sonada polémica. Rodicio publicó, a comienzos del mencionado mes, un artículo en el que culpaba a los ucedistas segovianos del retraso de una UCD castellano-leonesa. Les acusó también de no haber iniciado el proceso autonómico en Segovia y de seguir cobrando los sueldos como miembros del Consejo General de Castilla y León. La respuesta de Fraile fue inmediata: el 19 de febrero presentó su dimisión como Consejero del Interior y la formalizó en una carta dirigida a Reol Tejada. En aquella misiva aprovechó para rebatir las afirmaciones de la palentina, afirmando que no había cobrado ningún emolumento del Consejo General por que él mismo (una vez presentada su dimisión) había especificado que no se hiciera así. Poco después, Fraile escribió un artículo en El Norte de Castilla (titulado "El asalto a Segovia") en el que denunciaba un ataque mediático contra la provincia y contra su persona. Por supuesto, a la cabeza de la supuesta arremetida figurarían Maribel Rodicio y el propio Norte de Castilla. El político segoviano defendió su honorabilidad (llegó a plantear la posibilidad de acudir a los juzgados) y se comprometió a defender los intereses de Segovia frente al "centralismo regional". Era palpable que con la dimisión de los ucedistas y las declaraciones de Modesto Fraile la brecha entre el Consejo General y la UCD de Segovia se había agrandado, y las esperanzas de un retorno de esta provincia al proceso autonómico empezaban a esfumarse...
El tiempo se agotaba, y los partidarios de la inclusión de Segovia en Castilla y León no se desanimaban. El PSOE dedició hacer una campaña en pro de esta integración bajo el lema "para que Castilla-León no quede atrás". Los socialistas segovianos pensaban que la política autonómica de la UCD estaba conduciendo a la creación de pequeños reinos de taifas por parte de algunos caciques: " El caciquismo quiere fronteras más cortas mejor, por que el control se ejerce más fácil así, que cuando se diluye en áreas más grandes", afirmó el socialista segoviano Miguel Ángel Trapero.
El 22 de marzo de 1980 tuvo lugar un encuentro decisivo para el futuro autonómico de la provincia segoviana. El Consejo Provincial de la UCD decidió que "Segovia se quede de momento como está, a ver qué pasa...". Tres días después, el Consejo Provincial hizo público un comunicado en el que aclaró la decisión tomada. En primer lugar, expuso que la UCD segoviana siempre había tenido una postura de prudencia en torno al proceso autonómico castellano-leonés. Del mismo modo, recordó que en la Asamblea Provincial del 10 de junio de 1979 había establecido las condiciones de adhesión de Segovia a la autonomía de Castilla-León:

"1º) Respeto absoluto a la provincia y al Municipio y a sus órganos de representación (Ayuntamiento, Diputación Provincial, así como Comunidades de Villa y Tierra).
2º) Igualdad de representación, en todos y cada uno de los órganos del futuro ente regional, de todas las provincias integradas; sin que pueda discriminarse ninguna por su demografía, riqueza o cualquier otra circunstancia.
3º) Evitar en el futuro ente regional cualquier tipo de centralismo que favorezca a una de las capitales de la región en perjuicio de las demás.
4º) Que exista y se articule la solidaridad regional imprescindible para que de la actuación regional se beneficien las provincias más deprimidas y las comarcas con mayor desarrollo."


En opinión de los ucedistas segovianos, estas premisas no se habían cumplido, y los intereses de Segovia no estaban garantizados. La cuestión autonómica necesitaba de una decisión reposada, e incluso habría que plantearse cuál era la auténtica región donde los segovianos deseaban inegrarse, es decir, se ponía un interrogante sobre si Castilla y León era una realidad regional auténtica. De paso, acusaban a los socialistas de Segovia de dejarse arrastrar por el Comité Regional de su partido (con sede en Valladolid) hacia posiciones que podían hacer el juego a un nuevo centralismo. Para terminar, los socialistas recomendaban a la Diputación y a los Ayuntamientos abstenerse de tomar decisiones sobre el proceso autonómico castellano-leonés.
La izquierda segoviana reaccinó con duras críticas a estos planteamientos. Los socialistas consideraron que las manifestaciones de la UCD eran insidiosas y no correspondían a la realidad: apartar a la provincia del proceso autonómico por temor a un presunto centralismo era injustificable. Además, el partido que fundara Pablo Iglesias hacía un llamamiento contrario al de los centristas: es decir, que la Diputación y los Ayuntamientos de Segovia se unieran al proceso autonómico castellano-leonés. Aparecieron en El Norte de Castilla una serie de críticas hechas por socialistas y comunistas a la UCD segoviana: para ellos, lo único que pretendían Modesto Fraile y sus compañeros era seguir manteniendo sus privilegios. Incluso Mundo Obrero (órgano de expresión del PCE) pidió en un editorial el fin de las actitudes caciquiles en Castilla-León:

"UCD, fuerza política mayoritaria en la región, aparece día a día, cada vez más claramente, como la administradora de los mezquinos intereses de una oligarquía regional casi parasitaria, continuadora de la opresión tradicional a que se han visto sometidos castellanos y leoneses".


El llamamiento de la izquierda a los municipios segovianos para que se sumaran al proceso autonómico castellano-leonés apenas tuvo eco. De los 210 Consistorios segovianos, tan sólo tres se sumaron a la opción de Castilla y León: Santa María la Real de Nieva, Castroserracín y San Ildefonso. El PSOE intentaría, allá por abril de 1980, que el Ayuntamiento de Segovia manifestase su adhesión al proceso autonómico castellano-leonés, pero el Consistorio rechazó pronunciarse sobre la cuestión.


Modesto Fraile y Carlos Gila


Con el ministro de Administración Territorial Martín Villa decidido a configurar definitivamente el mapa autonómico y ante la evidente posibilidad de que el ejecutivo tomara decisiones firmes en pro de la integración de Segovia en Castilla y León, Modesto Fraile decidió pasar a la acción. Él y Carlos Gila presentaron un escrito en el Congreso en el que rechazaban la utilización del artículo 144 para resolver la cuestión segoviana. Al mismo tiempo, Fraile abandonó las comisiones parlamentarias de Administración Territorial, Presidencia e Interior. Para el diputado segoviano sólo había dos soluciones: "una de dos, o esperamos cinco años [para repetir la iniciativa autonómica de integración en la autonomía de Castilla y León] o si no nos dejan ser provincia autónoma, tendremos que estudiar la posibilidad de convertirnos en una región como Cantabria, Rioja, etc. a ver si nos lo admiten..."



Modesto Fraile [en la imagen, en su puesto de Vicepresidente de las Cortes] y Carlos Gila ponían sobre el tapete una propuesta que hace ya tiempo había formulado Comunidad Castellana, y a la que se había sumado el colectivo "Juan de Solier" (cercano a los carreteristas). Desde el verano, el boletín de Comunidad Castellana había propugnado que la provincia de Segovia se constituyera en Diputación Foral. La asociación carreterista quería convertir Segovia en un "reducto castellanista" y afirmaba que la proliferación de las demandas de autonomías uniprovinciales en el espacio castellano se debía a que provincias como Logroño, Santander, Segovia o Guadalajara no estaban dispuestas a integrarse en los falsos entes regionales de Castilla-León y Castilla-La Mancha. De esta forma, Comunidad Castellana equiparaba el proceso autonómico de Logroño y Santander con los problemas surgidos en Segovia y Guadalajara. Lo que hacían los carreteristas era formular una pregunta que ya habían hecho los grupos leonesistas: si Logroño y Santander habían optado por la vía uniprovincial...¿Por qué no Segovia?
Mientras tanto, la crisis que padecía la UCD segoviana seguía recrudeciéndose. En la reunión que tuvo lugar para elegir a los representantes que asistirían al II Congreso de la UCD, el "sector crítico" (encabezado por Carlos Gila) consiguió imponerse a la lista de los "oficialistas", encabezada por el senador Sánchez Reus, el Presidente de la Diputación, el también senador Emilio Zamarriego, el Alcalde de Segovia, el Secretario Provincial del partido e incluso la esposa del que había sido Vicepresidente del Gobierno, Fernando Abril Martorell. Pese al apoyo prestado a los "oficialistas" por Rafael Calvo Oretga, Secretario General del partido, los de Gila consiguieron hacerse con doce compromisarios, frente a los diez de los "oficialistas". Quedaba patente, de esta forma, que Carlos Gila contaba con el apoyo de las bases centristas segovianas. Por otra parte, una decena de notables ucedistas (entre los que destacaban Modesto Fraile, Emilio Zamarriego y Rafael de la Heras) abandonaría el Comité Ejecutivo provincial a fines de 1980; Modesto Fraile afirmaría que tanto él como el resto de dimisionarios constituían una tercera vía entre "oficialistas" y "críticos". Sin embargo, en sus juicios sobre la UCD nacional parecía estar a favor de éste último sector del partido. Un pie de foto de El Adelantado de Segovia expresó de forma rotunda estos hechos: "Modesto Fraile y Carlos Gila, otra vez juntos". De esta manera, quedó formada una pareja política de importancia singular para la vida política de Segovia.



Ya en febrero de 1981, Rodolfo Martín Villa respondió por escrito a una pregunta del socialista Luis Solana [en la imagen], diputado por Segovia, acerca del futuro de su provincia en la España autonómica. Para el Ministro de Administración Territorial era evidente que la mejor solución sería la incorporación de Segovia a Castilla y León. Modesto Fraile rechazó los planteamientos de Martín Villa, y demostró que estaba cada vez más decidido a convertir la provincia de Segovia en una autonomía. De esta forma, la provincia podría establecer los acuerdos que más la interesaran con Madrid, Castilla-León y Castilla-La Mancha. A partir de esos momentos, la UCD segoviana empezó a maniobrar decididamente para lograr una comunidad autónoma de Segovia.
En una entrevista a El Adelantado de Segovia, Modesto Fraile ratificó la defensa de la autonomía uniprovincial segoviana. Pese a todo, dejaba la decisión final pendiente del estudio encargado por la Diputación de Segovia. Si éste daba luz verde a la autonomía segoviana, él la apoyaría con todas las consecuencias. Esto incluiría abandonar la UCD, por que no admitiría presiones de nadie, sólo se debía a sus electores. De paso, atacó a los socialistas segovianos y al PSCL por acudir a Rodolfo Martín Villa "pidiéndole que nos ponga firmes". Un poco más tarde, sería Carlos Gila el que dio argumentos en pro de la vía uniprovincial, y para ello utilizó las tesis de Comunidad Castellana: atacó al "centralismo vallisoletano" y desvirtuó el proyecto castellano-leonés. Igualmente, parafraseó a Modesto Fraile cuando explicó que los Ayuntamientos segovianos no habían secundado la iniciativa autonómica castellano-leonesa y que el Gobierno no podría ir contra una decisión tomada por los municipios de la provincia. Por último (como ya había hecho anteriormente) volvió a criticar la gestión del Consejo General de Castilla y León, afirmando que sólo había servido para generar gastos, sin haber realizado nada importante.
Los ucedistas segovianos no estuvieron sólos a la hora de defender la conversión de Segovia en una comunidad autónoma. En abril de 1981, un grupo de ciudadanos y entidades a favor de la autonomía uniprovincial tuvo un encuentro en la Estación de Autobuses de Segovia, con el objetivo de constituir una plataforma para defender aquel objetivo. Entre los asistentes estaban los dirigentes de Comunidad Castellana (Manuel González Herrero, Antonio Lucio Cuesta, José María Herrero); los presidentes de la Cámara de Comercio, la Cámara Agraria y la Federación Empresarial de Segovia; y varios empresarios de líneas de autobuses, ganaderos y representantes de la Federación de Amas de Casa. Esto significaba que la élite empresarial segoviana era partidaria de la autonomía uniprovincial defendida por Modesto Fraile, Carlos Gila y Comunidad Castellana. Frente a ellos, la izquierda segoviana y diversos grupos culturales (como el "Nuevo Mester de Juglaría") defenderán la integración de Segovia en Castilla-León.

« Última modificación: Junio 19, 2015, 21:28:51 por Maelstrom » En línea
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« Respuesta #3 : Enero 26, 2011, 10:38:24 »


El proceso autonómico frente a la cuestión segoviana


Tras la dimisión de Adolfo Suárez, el 23 de febrero de 1981 L. Calvo Sotelo pasó a convertirse en el segundo Presidente del Gobierno de la democracia española. Los problemas a los que se debía enfrentar eran múltiples, y entre ellos estaba el de la formación del Estado de las autonomías, que había servido de pretexto para la intentona gopista. Rodolfo Martín Villa siguió al frente del Ministerio de Administración Territorial: junto con el nuevo Presidente del Gobierno, estaba decidido a reconducir la instauración de la España autonómica, aunque contando ahora con la oposición socialista.



Y precisamente con la colaboración del PSOE, el Gobierno decidió encargar a una comisión de profesores de Derecho (bajo la presidencia del catedrático montañés Eduardo García Entrerría) un dictamen sobre la situación del proceso autonómico y las medidas necesarias para lograr su armonización. El "Informe Entrerría" y sus expertos dejaron claro que todas las provincias españolas debían estar dentro de comunidades autónomas. Sin nombrar a Segovia, este dictamen parecía dejar entrever (en su punto primero) que la mejor solución era la aplicación del artículo 144. Las Cortes deberían sustituir a la iniciativa autonómica que, según el artículo 143, pertenecía a los Ayuntamientos y a la Diputación de Segovia. Así, mientras Luis Solana y Felipe González se mostraron de acuerdo con las apreciaciones del equipo encabezado por García Entrerría, Modesto Fraile consideró que este informe no era infalible: opinó que llegaba tarde y que la construcción del Estado autonómico no se había hecho correctamente.
Como es bien sabido, el 31 de junio de 1981 el Gobierno y el PSOE firmaron los llamados "Acuerdos Autonómicos", que establecían un cauce definido por el que habría de pasar el proceso autonómico, fijándose ya un mapa definitivo de las comunidades autónomas, entre las cuales se encontraba Castilla-León con sus nueve provincias. En el texto de estos acuerdos existía un párrafo muy significativo: "la solución constitucional que permita la integración en una Comunidad autónoma de las provincias que aún no estuvieran incorporadas a ninguna región. Esta Ley Orgánica deberá estar en vigor antes del 30 de abril de 1982". En España sólo había una provincia que estuviera en esa situación, y era Segovia...
Con el pacto autonómico UCD-PSOE (que recibió las críticas de Modesto Fraile y Manuel González Herrero, como no podía ser de otra manera) parecía que se cerraban las puertas a una posible autonomía uniprovincial segoviana. No sería así: contra viento y marea, los dirigentes de la UCD segoviana (apoyados por importantes sectores empresariales y los carreteristas de Comunidad Castellana) se lanzaron en pos de una Segovia autónoma.
 

Hacia la comunidad autónoma de Segovia


Manuel González Herrero calificó la iniciativa de convertir a Segovia en una autonomía como "el acontecimiento colectivo, de dimensión nacional, más importante ocurrido en nuestra tierra desde la revolución de las Comunidades. Lo cierto es que comenzar el proceso autonómico segoviano con la oposición del Gobierno, de la dirección nacional de la UCD y de toda la izquierda de Segovia era una apuesta muy fuerte para los ucedistas de esta provincia. Sin embargo, Modesto Fraile y Carlos Gila (secundados por el senador Emilio Zamarriego) empezaron a recabar firmas de apoyo a su autonomía uniprovincial entre los diputados por Segovia y los alcaldes y concejales de toda la provincia. La iniciativa contó con el apoyo de la "Plataforma Segovianista", un colectivo promovido por Comunidad Castellana, que contaba con el apoyo del empresariado segoviano. El escrito estaba dirigido a la Diputación y constaba de tres puntos básicos:

"1º) Que se haga llegar al Gobierno de nuestra nación el rechazo absoluto y total de la provincia de Segovia a un acuerdo político a nivel nacional por el que, violando la libertad y la voluntad democrática de sus ciudadanos, se integre a la misma, por la fuerza, anticonstitucionalmente, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, cuya iniciativa ya fracasó por acuerdo mayoritario de los municipios de la provincia.

2º) Que la Diputación ejercite el derecho a la autonomía ejercido en la Constitución, iniciándose el proceso correspondiente por la vía del artículo 143, para que la provincia de Segovia acceda a su autogobierno como Comunidad Autónoma Uniprovincial, y a tales efectos elabore y presente a las Cortes Generales un Estatuto de Autonomía, al igual que han hecho otras provincias españolas, para la mejor defensa del futuro de Segovia en un Estado que se configure como autonómico.

3º) Que el Estatuto deberá responder a los principios de máximo respeto y potenciación de la autonomía de los municipios y de las comunidades, así como a la cooperación y colaboración con las comunidades autónomas limítrofes, y, desde luego estará inspirado unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y a la que los segovianos nos honramos en pertenecer por encima de cualquier otra cosa.
Que también podrá contener el Estatuto las previsiones precisas para la unión de la Comunidad Autónoma de Segovia con otra de las que vayan a existir o ya existan, si los intereses de la provincia de Segovia así lo aconsejan."


Sin embargo, este texto no iba a concitar el apoyo unánime de los ucedistas segovianos. El alcalde de Segovia (López Arranz) junto con varios concejales, decidió no respaldarlo. El sector "oficialista" de la UCD, encabezado por Nieves Borrego, quiso reaccionar. Este senador envió una carta a los Ayuntamientos en manos de los centristas para que evitaran pronunciarse sobre la autonomía segoviana. Del mismo modo, Juan Manuel Reol Tejada hizo llegar un telegrama a los alcaldes y diputados del partido en Segovia, advirtiendo a todos ellos que podrían incurrir en graves responsabilidades si firmaban el documento que solicitaba el inicio del proceso autonomista segoviano, sin instrucciones concretas de la dirección nacional ucedista o del Gobierno.
Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, el Comité Ejecutivo Nacional de la UCD empezó a negociar con los miembros de su partido que estaban promoviendo la vía uniprovincial. Martín Villa se reuniría con Agustín Rodríguez Sahagún (presidente del partido) y Juan Manuel Reol Tejada (secretario de política territorial) para aclarar el asunto de los defensores de la autonomía segoviana y tratar sobre la crisis interna del partido en esta provincia. Una semana después, el Ministro de Administración Territorial recibía en su despacho a los diputados de la UCD segoviana; tuvo lugar una reunión muy tensa en la que salieron a relucir las posturas enfrentadas: mientras Modesto Fraile y Carlos Gila atacaron de forma muy dura al político leonés, Nieves Borrego y Pérez de Cossío afirmaron que eran partidarios de barajar otras opciones que no fuera la autonomía uniprovincial. Modesto Fraile, ante lo que consideró como intransigencia de Martín Villa, amenazó con abandonar el partido. Fue necesaria la intervención de dos destacados ucedistas como Landelino Lavilla y Rafael Calvo Ortega para hacerle desistir de su empeño.



Desde mediados de julio de aquel año de 1981, aparecían anuncios en las páginas de El Adelantado de Segovia con el lema "Segovia unida, Segovia autónoma". Y en El País apareció un artículo de opinión (firmado por el periodista madrileño Pedro Altares) con el sugerente título de "Segovia: sin sonrisas, por favor". En éste se rechazaba que la petición una comunidad autónoma segoviana fuera tomada a broma. Pedro Altares utilizó los argumentos de Comunidad Castellana, afirmando que Segovia no hubiera pedido la autonomía uniprovincial si hubiese existido una auténtica autonomía castellana. Otro de los argumentos era que los partidos políticos habían dado vía libre a las autonomías de Asturias, Cantabria, Madrid, Navarra, Murcia e incluso Ceuta y Melilla... ¿Por qué no Segovia?, se preguntaba. Para terminar, decía que "o nos reímos todos o aquí no tiene derecho a reírse nadie".
A pesar de todo, no era ya tiempo de veleidades autonomistas. Las dos grandes fuerzas políticas españolas (UCD y PSOE) habían decidido racionalizar el proceso autonómico, y los medios de comunicación ya no se mostraban tan receptivos con las demandas de autonomía, mostrándose inmisericordes con el intento uniprovincial segoviano. Sólo hace falta ojear las viñetas de humoristas gráficos como Antonio Mingote, "Forges", Máximo o Domingo Criado para comprender que (pese a la llamada al respeto de Pedro Altares) la cuestión segoviana fue tomada como una broma o puro capricho de Modesto Fraile. A finales de julio del 81, el ABC dedicó un editorial a la autonomía segoviana: para este diario, Modesto Fraile había entablado una "curiosísima guerra comunera, Fraile encarnaría el papel de Juan Bravo y, antagónicamente, Martín Villa el de Adriano de Utrecht". Aquel editorial dejaba claro que la autonomía de Segovia era pura quimera.
Las advertencias, consejos y presiones no sirvieron de nada, y el 28 de julio el diputado Carlos Gila presentaba en la Diputación el escrito a favor del inicio del proceso autonómico uniprovincial. Según Gila, aquella demanda de autonomía había sido avalada por cuatro parlamentarios ucedistas, 22 diputados provinciales y un total de 843 concejales (que no sólo eran centristas, sino también del PSOE, PCE, AP, ruralistas e independientes). Al día siguiente, Modesto Fraile respondía al editorial del ABC, afirmando que tan sólo pretendía salvaguardar la Castilla real y auténtica, recurriendo una vez más a las argumentaciones de los Carretero y Manuel González Herrero.
Y precisamente para respaldar las aspiraciones de uniprovincialidad, la Diputación de Segovia había encargado una serie de estudios de carácter histórico, jurídico y socioeconómico. El informe histórico y el jurídico fueron presentados el día 20 de julio de 1980. Como era de prever, ambos estudios respaldaban el derecho de Segovia a la autonomía uniprovincial.
La necesidad de un informe histórico la daba el artículo 143.1 de la Constitución española, que exigía que el territorio que aspirara a la autonomía debía tener una entidad regional histórica. En el caso segoviano, el estudio había sido realizado por el llamado "equipo García Ruiz de Castro". Esta firma era un pseudónimo, y tomaba el nombre de un historiador segoviano del siglo XVI. Titulado "Estudio sobre la entidad histórica de la provincia de Segovia", el informe constaba de 77 hojas mecanografiadas, divididas en siete capítulos. Entre otras cosas, se dedicaban tres capítulos a justificar la existencia de un supuesto Reino de la Extremadura Castellana, que comprendería el territorio de la provincia segoviana, y se nombraban 39 documentos que atestiguarían la existencia de tal entidad territorial. El trabajo terminaba con cinco conclusiones:

"Primera.- La actual Provincia de Segovia, a pesar de las modificaciones de límites impuestas por la moderna división provincial en 1833, se corresponde e identifica en lo fundamental con la antigua provincia o territorio histórico segoviano.
Segunda.- La región o reino de la Extremadura castellana, con fueros e instituciones propios y peculiares, fue una entidad histórica diferenciada dentro de la Corona de Castilla.
Tercera.- La mencionada región o reino de la Extremadura castellana coincide básicamente con el territorio y tradiciones institucionales y culturales de la provincia de Segovia.
Cuarta.- La capital de la Provincia, la ciudad de Segovia, es cabeza de reino: capital del reino de la Extremadura castellana o segoviana.
Quinta.- Consecuentemente, estimamos que la provincia de Segovia ostenta el carácter de entidad regional histórica, a los efectos del número 1 del artículo 143 de la Constitución Española".


El catedrático segoviano de Historia Económica Ángel García Sanz criticó, en una serie de artículos publicados por El Adelantado de Segovia entre el 21 de enero y el 13 de marzo de 1980, los planteamientos de este informe histórico. No dejó García Sanz de incidir sobre el anonimato de la obra, para desvelar (aunque sin decirlo explícitamente) que el autor no podía ser otro que Manuel González Herrero, dirigente de Comunidad Castellana. El catedrático negó que la sociedad segoviana medieval fuera igualitaria y democrática (como pretendían los carreteristas), por el contrario, habría sido una sociedad jerarquizada por el privilegio y la riqueza. Mientras que para el informe del "equipo García Ruiz de Castro" la propiedad comunal era algo preponderante en Castilla, para García Sanz esta propiedad tenía todavía más peso en los territorios leoneses. Y lo que era más importante: la Extremadura castellana nunca había constituido un Reino. No dudó García Sanz en atacar los planteamientos de Luis y Anselmo Carretero, carentes de toda validez científica y plagados de errores. Además, señaló el origen del odio que los Carretero sentían por Valladolid: una vez perdidos los mercados coloniales de 1898, el mercado se saturó de las harinas producidas tanto en Tierra de Campos como en Castilla la Vieja. Sin embargo, la ventaja competitiva fue para Tierra de Campos, que producía más y a menor coste, lo que perjudicó gravemente a los productores de Castilla la Vieja, entre quienes se hallaban los Carretero. Este catedrático segoviano, por otra parte, atacó también a Comunidad Castellana por pretender pulverizar Castilla con la transformación de Segovia en autonomía uniprovincial.



Al estudio histórico del equipo "García Ruiz de Castro" hubo que sumar el informe jurídico, realizado en este caso por el abogado constitucionalista Manuel Gonzalo. Constaba de 49 páginas, y en él se analizaban la trayectoria seguida por Segovia dentro del proceso autonómico castellano-leonés (y su posterior salida del mismo); la posibilidad constitucional de convertir a la provincia en autonomía y una serie de aspectos relacionados con la posibilidad uniprovincial: competencias, relaciones con el Estado y otras comunidades autónomas... En definitiva, el informe jurídico daba luz verde a la comunidad autónoma segoviana. Por lo demás, el informe socioeconómico fue realizado por la Asesoría EYSER, que sopesó en 38 folios los datos a favor y en contra de las diversas opciones autonómicas de Segovia (ser comunidad autónoma uniprovincial, integrarse en Castilla-León, permanecer como provincia de régimen común o pasar a formar parte de la Región Centro). Para EYSER, lo ideal sería una autonomía formada por Segovia y Madrid, pero si esto no era posible, lo mejor sería constituirse en autonomía uniprovincial.
Con los tres informes en sus manos, los responsables de la Diputación segoviana decidieron poner en marcha la iniciativa autonómica uniprovincial, justo el mismo día en que UCD y PSOE firmaban los Acuerdos Autonómicos que incluían a Segovia en Castilla y León. Aquel 31 de julio de 1981, la Diputación aprobaba (por 20 votos contra uno) la petición de autonomía uniprovincial. El socialista Sastre Rivera quedó como el único representante de la Diputación en desacuerdo con las tesis de Modesto Fraile y Carlos Gila. Comunidad Castellana felicitó a la Diputación provincial por la aprobación de aquella moción, mientras la Hoja del Lunes de Valladolid dedicó un duro editorial contra el movimiento autonomista segoviano. El PSCL-PSOE confiaba en que los Acuerdos Autonómicos acabarían por integrar a Segovia en Castilla y León.
A partir de aquella fechas, se iniciaba la carrera por conseguir la adhesión de los Ayuntamientos a la propuesta de la Diputación. En aquellos momentos, sobre un total de 210 Consistorios; 168 estaban en manos de la UCD, 24 contaban con alcaldes independientes, 13 del PSOE, 4 del Partido Ruralista y uno de Alianza Popular. Así que la UCD podría superar sin problemas la barrera de los dos tercios de adhesiones necesarios para lograr la autonomía uniprovincial. En poco más de quince días (y de forma más o menos oficial) 132 Ayuntamientos mostraron su adhesión a la causa uniprovincial, mientras que sólo 14 municipios (la mayoría con alcaldes socialistas) apoyaron la opción castellano-leonesa. Las votaciones se realizaron con normalidad, aunque también hubo algunas tensiones. A comienzos de septiembre, sólo eran 20 los municipios que se habían adherido a la opción de Castilla y León, contra los 173 partidarios de la opción uniprovincial. La iniciativa de Modesto Fraile, Carlos Gila, Emilio Zamarriego, Rafael de las Heras y Comunidad Castellana estaba a punto de triunfar.
La ciudad de Segovia, por su parte, ofreció su apoyo al movimiento en favor de Castilla y León, votando a esta opción los concejales de PSOE, PCE, parte de los de la UCD y el propio alcalde, José Antonio López Arranz. No obstante, todavía no se había pronunciado el Ayuntamiento de Cuéllar, la segunda localidad más importante de la provincia de Segovia. Cuéllar era la villa natal de Modesto Fraile, que llegó a ser su alcalde, así como el municipio donde Rafael de las Heras (presidente de la Diputación) ejercía como concejal. Si Cuéllar votaba a favor de la moción respaldada por la Diputación, Segovia se convertiría en una comunidad autónoma.
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« Respuesta #4 : Enero 26, 2011, 10:46:23 »


La hora de Cuéllar


La villa de Cuéllar está situada a 60 kilómetros de Segovia capital, a escasa distancia del límite con la provincia de Valladolid.  Lugar de renombre histórico e importante foco del arte mudéjar castellano, fue el centro de una importante Comunidad de Villa y Tierra bajo la advocación de Nuestra Señora del Henar. Esta villa, además, celebra cada mes de agosto los encierros más antiguos de España, documentados ya en el año 1215.
Pues bien, esta histórica localidad (que por aquel entonces contaba con un censo electoral próximo a los 6500 ciudadanos) iba a resultar decisiva para el éxito (o el fracaso) de la iniciativa autonomista lanzada por la Diputación segoviana. A principios de septiembre de 1981, sólo quedaban diez Ayuntamientos por pronunciarse, entre ellos el de Cuéllar. En principio, el resultado de la votación parecía fácil de adivinar, ya que la UCD tenía una cómoda mayoría absoluta. Además, Rafael de las Heras y Modesto Fraile tenían fuertes vínculos con Cuéllar.



No obstante, la fecha de la definitiva votación fue retrasándose hasta primeros de octubre. Esto permitió a los partidarios de Castilla y León iniciar una serie de presiones tendentes a conseguir que el Ayuntamiento cuellarano rechazase la propuesta uniprovincial. Todos los concejales ucedistas de la villa habían rubricado el escrito a favor de la vía uniprovincial; y lo demás, según ellos, no era más que una campana de intoxicación de los partidarios de Castilla y León. Con el tiempo, la presión sobre el consistorio de Cuéllar siguió aumentando: 41 profesores enviaron un escrito al Ayuntamiento pidiendo la inclusión de Segovia en Castilla y León, arguyendo razones históricas y socioeconómicas. Por otra parte, surgió el "Colectivo Cuellarano pro Castilla y León", que convocó el 2 de octubre un acto en apoyo de la causa castellano-leonesa. En aquel acto de tintes progresistas intervinieron el salmantino José Luis Martín (miembro del IRCL) y el catedrático de Estructura Económica Juan Muñoz, que hablaron a las 1200 personas allí concentradas. El mitin terminaría con un recital del Nuevo Mester de Juglaría.



En la tarde del 7 de octubre de 1981, y ante un público expectante en el Salón de Plenos, el Consistorio cuellarano mostró su apoyo a la vía uniprovincial, por 7 votos contra 6. El pleno finalizó casi a medioanoche, y en la calle los ánimos se encresparon entre los partidarios de Castilla-León: gritos de "traidores" y "caciques" se escuchaban cada vez más altos, la actitud agresiva de este grupo hizo que Modesto Fraile y sus correligionarios tuvieran que permanecer dentro del Ayuntamiento. Las fuerzas del orden público no pudieron despejar la salida de Modesto Fraile y compañía hasta las 3 de la madrugada.
Los comentarios de la prensa nacional seguían sin ser favorables a Modesto Fraile. Según El País, pretendía crearse una autonomía a su medida; mientras que para el ABC "Don Modesto Fraile y sus leales han ganado (por los pelos, pero han ganado) la primera batalla de una guerra que seguramente perderán". El diario Deia (impulsado por el PNV) calificaba de "curioso" este proceso, al tiempo que La Vanguardia criticaba la inactividad del Gobierno para impedir la creación de la autonomía segoviana.





Los socialistas segovianos, por su parte, barajaron la posibilidad de impugnar el acuerdo de Cuéllar por creer que había habido defectos de forma a la hora de realizar las votaciones. El "Colectivo Cuellarano pro Castilla y León" se manifestó en las calles: bajo los lemas "Cuéllar no se rinde" o "Cuéllar no se doblega", entre 700 y 800 personas hicieron un recorrido que terminó en la Plaza Mayor. Los manifestantes (entre ellos el socialista José Luis Romera) pidieron la rectificación del acuerdo (ya que, por cierto, el acta no estaba firmanda ni se había enviado a la Diputación). Además, el Consistorio recibiría 1800 firmas apoyando la integración de Segovia en Castilla y León. Estando así las cosas, el Ayuntamiento decidió convocar un nuevo pleno, anunciando la posibilidad de reconsiderar las posturas que habían tomado.
El histórico pleno tendría lugar en la tarde del 3 de diciembre de 1981, y el resultado sería inverso al del 7 de octubre: esta vez, 7 votos pedían a las Cortes la incorporación de Segovia a Castilla-León, frente a los 6 que apoyaban la vía uniprovincial. Aunque el plazo de la iniciativa autonómica no terminaba hasta el 31 de enero, todo parecía indicar que la iniciativa uniprovincial no cumpliría los requisitos establecidos por el artículo 143.1. Un sólo voto había sido decisivo para la revocación del acuerdo de octubre, y tanto Modesto Fraile como Carlos Gila acusaron al corregidor cuellarano de ser el causante del cambio de opinión. Era especialmente significativo que Cuéllar, localidad natal de Modesto Fraile, pareciese haber dado la espalda a los postulados de este político.
Los partidarios de la autonomía segoviana no se darían aún por vencidos. El 20 de enero de 1982, la Diputación de Segovia (con los votos en contra del PSOE) decidió recurrir el acuerdo del 3 de diciembre del Ayuntamiento de Cuéllar. Días antes, había tenido lugar en la ciudad del Acueducto una concentración en apoyo a la vía uniprovincial. Aquel acto estuvo convocado por Comunidad Castellana, y a él acudieron representantes del movimiento leonesista e incluso militantes de extrema derecha, que portaban enseñas y banderas nacionales. Asistieron unas 1000 personas, aunque para los organizadores la cifra se acercó a 3000. Se sucedieron una serie de discursos en tono muy duro: las descalificaciones al alcalde de Segovia y los ataques al centralismo vallisoletano fueron constantes. Casi al final de la concentración se produjo un pequeño altercado con miembros del Movimiento Comunista, que colocaron una pancarta a favor de Castilla-León. Días antes, este partido había lanzado octavillas en contra de esta manifestación con el lema: "Ni caciques ni fascistas, Segovia en Castilla-León". El incidente no pasó a mayores, pero era una muestra de las tensiones que se vivían en Segovia allá por 1982.


A modo de epílogo


La incorporación de Segovia a Castilla-León se materializaría tras la victoria del PSOE en los comicios generales de 1982. La amplia mayoría obtenida por los socialistas en el Congreso y en el Senado hacía que el proyecto de una autonomía segoviana fuese más que incierto. Como es bien sabido, el recién constituido Gobierno de Felipe González enviaría al Congreso un Proyecto de Ley para la incorporación de la provincia a la comunidad castellano-leonesa. Y, tras un debate intenso, aquel Proyecto de Ley cosechó los siguientes resultados: 190 votos a favor, 98 en contra y 12 abstenciones. Como no podía ser de otra manera, el resultado de la votación en el Senado no contradijo al de la Cámara Baja; con 124 votos a favor, 45 en contra y 18 abstenciones. Algunos meses después, el Grupo Popular del Senado presentaría un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 5/1983 sobre incorporación de Segovia a la comunidad autónoma de Castilla-León, por considerar que se infringían los artículos 2, 143.3 y 144.c) de la Constitución española... Pero la sentencia del Tribunal Constitucional desestimó el recurso en su totalidad, declarando que la mencionada Ley Orgánica se hallaba dentro de lo constitucional.
Terminaba así la época en que Segovia pudo haber sido una comunidad autónoma.

« Última modificación: Junio 19, 2015, 21:39:23 por Maelstrom » En línea
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« Respuesta #5 : Enero 26, 2011, 10:57:16 »


Vaya Maelstrom, veo que has colgado el mapa de la Castilla carreterista que creé para la Wikipedia...  icon_wink
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« Respuesta #6 : Enero 26, 2011, 11:05:06 »


Muchas gracias por tus aportaciones, Maelstrom.
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« Respuesta #7 : Enero 26, 2011, 11:20:37 »


Por cierto, ahora que leo bien hay una cosa que está mal. Se dice en el texto que también forman parte de la Castilla carreterista los partidos conquenses de Tarancón, Belmonte y San Clemente, lo cual no es cierto, sino todo lo contrario. La parte castellana de Cuenca serían aquellas zonas que pertenecieron a los comunes de Cuenca, Huete y Alarcón más algún pequeño añadido.
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« Respuesta #8 : Enero 26, 2011, 12:33:11 »


Por cierto, ahora que leo bien hay una cosa que está mal. Se dice en el texto que también forman parte de la Castilla carreterista los partidos conquenses de Tarancón, Belmonte y San Clemente, lo cual no es cierto, sino todo lo contrario. La parte castellana de Cuenca serían aquellas zonas que pertenecieron a los comunes de Cuenca, Huete y Alarcón más algún pequeño añadido.


¿es que te has pasado el bando carreterista?  icon_twisted
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« Respuesta #9 : Enero 26, 2011, 12:54:08 »


Como siempre genial  icon_idea , maelstrom  90


Desde luego que por todo lo que expones las dos opciones que se mostraban en segovia eran penosas: por un lado la opción uniprovincialista que habría dejado a Segovia presumiblemente tan invisible y "despreciable" (desde el punto de vista geopolítico) en el conjunto del estado como a La Rioja o Cantabria. Por otro la adhesión al "plan" de diseño autonómico dibujado por las mentes pensantes de las leyes de preautonomía.

Lo que queda claro es que el pueblo castellano tiene muy poca visión de conjunto, con marcadas visiones localistas de sus problemas, sin ninguna conciencia nacional y, por todo ello, a merced de lo que se quiera hacer con nosotros por quienes manejan la política: los partidos estatales y sus alianzas con quienes sí tienen conciencia nacional y partidos propios que les representen.
« Última modificación: Enero 26, 2011, 13:02:38 por Donsace » En línea

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