Como es bien sabido, durante las dos primeras décadas del siglo XX tuvieron lugar en las tierras de Castilla la Vieja y León una serie de reacciones contra el afán autonomista de Cataluña, que se produjeron siempre con el objetivo de salvaguardar la unidad española. Si la puesta en marcha de la Mancomunidad Catalana provocó ataques y protestas en las tierras de la Submeseta Norte, las Bases para la autonomía catalana promulgadas por Francesc Cambó en 1918 suscitaron aún más rechazo. No es de extrañar que en Burgos tuviera lugar una manifestación de estudiantes de Bachillerato y Magisterio “por la unidad de España”
, y que el Secretario de la Diputación provincial arengase a los manifestantes con estas palabras:“Castilla vive, y mientras Castilla viva, vivirá España en su gloriosa integridad.”
Fue entonces cuando el Presidente de la Diputación de Burgos, Amadeo Rilova, propuso el 29 de noviembre de aquel año la celebración de una asamblea de las Diputaciones de Castilla la Vieja y León para protestar contra las pretensiones catalanistas. La propuesta fue recogida por Emilio Gómez Díez (Presidente de la Diputación de Valladolid y ex-alcalde de la ciudad del Pisuerga), quien telegrafió a Burgos y a las demás provincias de la región en apoyo de estas iniciativas y pidiendo su adhesión a ellas.
Respondiendo a tal convocatoria, el día 2 de diciembre se reunieron en el palacio provincial de Burgos los representantes de todas las Diputaciones de Castilla la Vieja y León, a excepción de Salamanca, que envió su adhesión. Emilio Gómez Díez explicó así al periódico burgalés El Castellano su papel determinante en esta magna asamblea:“Al tener noticia de lo que se preparaba, yo fui el que lancé la idea de que la Asamblea se celebrara en Burgos, porque ninguna otra provincia castellana por su historia y por su valer, debía merecer mejor esa gloria. Valladolid está muy compenetrado con nosotros y en esta labor que se inicia está muy orgullosa de marchar a vuestro lado.”
De aquella reunión, en apretada sesión de trabajo, los asambleístas acordaron la entrega en mano al Gobierno de un documento que recogiese una declaración de principios y unas conclusiones. Este documento sería conocido en lo sucesivo como “el Mensaje de Castilla”, y su ideario lo expondría El Norte de Castilla con un titular en estos términos:“Ante el problema presentado por el nacionalismo catalán, Castilla afirma la nación española.”
La afirmación de la unidad patria, la descentralización económico-administrativa de municipios y provincias (solas o mancomunadas), y la oposición a las regiones puedan obtener un grado de autonomía que merme la soberanía española son los tres principios básicos de este “Mensaje de Castilla”. Los asambleístas hicieron públicas las conclusiones de tal declaración de principios en Burgos, en medio de un intenso clamor popular; y poco después partieron por ferrocarril a Madrid para entregar su documento al Gobierno de Romanones, visitando luego al rey Alfonso XIII.
Pues bien, he aquí el texto íntegro de aquel célebre “Mensaje de Castilla”:“Viene Castilla, desde hace muchos años, sufriendo en silencio toda clase de vejámenes, ultrajes y menosprecios de elementos importantes de Cataluña, donde políticos sectarios, literatos, colectividades y periódicos que representan a aquellos parecen haberse conjurado para hacer odioso el nombre castellano, comprendiendo en este calificativo todo lo que es español.
Allí se ha escarnecido nuestro hermoso idioma, que ha dado al mundo tantas obras inmortales que hoy hablan muchos millones de seres al otro lado del mar. Se nos ha dicho que somos una raza inferior digna de ser sojuzgada por otros más capacitados. Se nos ha inculpado de ser responsables de la decadencia española por causa de nuestro imperialismo, y como si todo esto fuera poco, a diario se nos zahiere con las notas rencorosas de un himno insultante, himno de gloria en que se conmemora como jornada gloriosa una infame matanza de castellanos; y a todo ha callado, sacrificándose en aras de la unión; pero hoy ya no es posible callar.
La propaganda corrosiva que disfrazándose con los nombres de regionalismo, autonomismo y nacionalismo encubría más hondos fines, se ha arrancado la máscara, concretando en un proyecto de autonomía sus aspiraciones, y esas aspiraciones vulneran de tal modo la soberanía de España, que no pueden pasar sin la enérgica protesta de todo el que se llame español. Por muchos que fueran los recelos que el programa catalanista despertara entre los castellanos nunca creímos que llegase a tal extremo de osadía.
No era posible creer que después de haberse señalado en la historia patria como uno de los más memorables y faustos acontecimientos la unidad nacional bajo el cetro augusto de los Reyes Católicos; que después de haberse cobijado bajo una única bandera los que la tremolaron en lejanas y desconocidas tierras, dando al mundo un nuevo continente; que después de haberse mezclado en cien combates la sangre de astures y gallegos, cántabros, vascos, andaluces, catalanes, aragoneses, navarros, extremeños, valencianos, leoneses y castellanos para acrecentar la gloria de la patria española, única e indivisible, llegara un tristísimo día en que una parte de esta patria grande en la historia e inmortal en ella, dirigiera sus esfuerzos a desgarrar aquella gloriosa bandera, y encubriéndose en vistoso ropaje y pregonando ansias de progreso y bienestar para todas las provincias españolas, aspirara a deshacer la unidad nacional.
Preséntase a Cataluña en ese proyecto como una nacionalidad oprimida, ganosa de recobrar su libertad y de quebrantar las cadenas que la sujetan; y ante esta cómoda actitud de víctima, ocurre preguntar qué clase de opresión sufren provincias que disfrutan el mismo régimen e idénticos derechos que los demás. Ellas cuentan con aranceles protectores para sus industrias, tienen seguro un amplio mercado para sus manufacturas, que acaso no pudieran resistir la libre concurrencia de las de otros centros fabriles; reciben del Estado mercedes tan cuantiosas como la prórroga de exención tributaria del ensanche barcelonés y la espléndida subvención de diez millones de pesetas para la proyectada Exposición de industrias eléctricas; al amparo de estas y otras ventajas ha podido ser Cataluña la región más próspera de España, y Barcelona una urbe de primer orden, con esplendores y fastuosidades que jamás pudieron soñar las restantes poblaciones españolas. Una región pues, que se ufana de ser la más progresiva y floreciente de España y funda en ello su pretendida superioridad, ¿cómo pudede decir que está oprimida y aherrojada?. Una opresión así quisieran muchos países de Europa.
Dos aspectos distintos, aunque íntimamente enlazados entre sí, presenta a partir del proyecto de autonomía el llamado problema catalán; el patriótico que afecta a la soberanía del Estado español, y el económico que interesa no sólo al conjunto nacional, sino también en particular a las demás regiones españolas.
Pudiera Castilla en lo segundo ser tolerante y sufrida como ha venido siéndolo; pudiera allanarse a determinadas demandas en cuanto a descentralización y aun autonomía administrativa, pero en materia de soberanía no debe Castilla, no debe España, contestar la exigencia catalana más que con una rotunda negativa. La soberanía no es cosa que se pueda compartir con nadie, a no pactarse con otra nación que aporte una soberanía semejante, y aquí estamos precisamente en el caso contrario. La soberanía es algo intangible y sagrado, es el dogma que ha de acatar sin distingos, limitaciones ni salvedades todo el que quiera llamarse español.
En ese documento destinado a tener en los anales de la patria una triste celebridad, se propone una desigualdad tan irritante, tan ofensiva para el resto de España, que su sola enunciación está evidenciando el inadmisible absurdo. Cataluña tendría su Parlamento, sin intervención alguna de los españoles, y España contaría con otro Parlamento al que irían los Diputados catalanes para decidir no sólo sobre los asuntos laterales, sino también sobre los privativos de las demás provincias. Soberanía absoluta para regir su propio territorio y participación en la soberanía española para regir el territorio ajeno: he aquí lo que Cataluña solicita.
Por eso no se habla ya de recabar análogas ventajas para otras regiones, a las que se juzga ahora incapacitadas para la autonomía; por eso no se amenaza ya con “cortar las amarras” como en otro tiempo. Lo que ahora se pide es algo más grave que la independencia absoluta, porque es la independencia de hecho, dejando un hilo que permita utilizar las ventajas rehuyendo los inconvenientes.
No se busca una federación de verdad. No se busca la igualdad de todos los ciudadanos y de todas las provincias. Se aspira a la supremacía de una región sobre las demás; se anhela una situación de privilegio, una hegemonía económica que haga posible el continuar la explotación del mercado sin temor a ruinosas competencias, y con tal objeto de reservan a España los gravámenes para convertir la nación toda en una colonia catalana.
Honda pena produce ver cómo el movimiento autonomista, irradiando de Barcelona, se va extendiendo por diversas provincias, y estremece pensar lo que sería de nuestra patria si a ejemplo de Cataluña obtuvieran su autonomía cuantas regiones lo solicitasen. Dividido el territorio en multitud de naciones de taifa, con sus Parlamentos y Gobiernos autónomos, España, cuarteándose como edificio ruinoso, caída en el abismo de un cantonalismo atómico, sería presa de la anarquía o despojo codiciable para la rapacidad de los poderosos.
He aquí, excelentísimo señor, por qué Castilla, que calló tanto tiempo, alza hoy su voz para oponerse a ese proyecto nefasto que representa, no ya un retroceso de cuatro siglos, sino una inversión completa del sentimiento histórico de nuestra patria.
Castilla, que se despojó de su personalidad, fundiéndose gustosa en el seno de la nación española y perdió sus fueros peculiares y su típica legislación, y que jamás ha soñado con imperialismo y hegemonías, no se resigna a ser colonia. Depauperada y modesta, pero conservando su dignidad, no ha caído tan hondo que se preste a ser esclava de nadie.
Las Diputaciones Provinciales de Castilla y de León, reunidas en el viejo solar de sus mayores, allí donde se aspira el aroma de las tradiciones patrias, comienzan por afirmar una vez más la unidad intangible de España, con plena e indivisible soberanía.
No por eso desconocen las realidades presentes, ni confunden la unidad con la uniformidad, como se ha dicho. Atentas a las exigencias de los tiempos, no cierran los oídos a justas reivindicaciones, siquiera se formulen con las estridencias que sirven de diapasón al llamado problema catalán, problema que más bien debiera calificarse de barcelonés; pero creen firmemente que con aflojar tan sólo los lazos del Poder central; con alguna elasticidad del régimen provincial y local; con una bien entendida descentralización administrativa, que también anhela Castilla, quedarían sobradamente satisfechas las necesidades reales y las reivindicaciones justas.
No puede deliberarse sobre esa solicitud depresiva. Resultaría, excelentísimo señor, una lastimosa verdad el injurioso supuesto de algún paladín del separatismo catalán de que España está muerta, si ante la osada pretensión de esa aparente autonomía con Cámaras legislativas, Poder ejecutivo y moderador, pero conservando la protección para sus industrias y gozando de los beneficios del Estado Español y de su representación diplomática y comercial en el mundo entero, no se levantara unánime el resto de la nación para poner coto a tamañas audacias.
Las provincias que representamos abrigan la seguridad completa de que el Gobierno de Su Majestad ha de velar por el decoro de la nación y se colocan incondicionalmente a su lado, cualquiera que sea la gravedad de la determinación que se requiera y las consecuencias que de ella se originen, y terminan depositando en manos de V.E. Las siguientes conclusiones, aprobadas unánimemente por la Asamblea celebrada en Burgos en este día:
1ª – Afirmación de la unidad nacional, conservando el Estado íntegras e intangibles todas las facultades inherentes a la soberanía.
2ª – Amplia descentralización económico-administrativa que permita el desenvolvimiento libre de los municipios y de las provincias, solas o mancomunadas, asignándoles, a este efecto, fines y medios propios dentro de su peculiar esfera de acción.
3ª – Oposición terminante y categórica a que ninguna provincia o región de España obtenga autonomía que envuelva merma en el poder único y soberano de la nacionalidad española. En este sentido, Castilla considera el separatismo disfrazado como una gran desgracia nacional y por ello, antes de consentir o pasar por disgregaciones simuladas de parte del territorio español apelará, en defensa de su integridad, a cuantos medios las circunstancias impongan.”
Enrique Berzal de la Rosa -
La larga marcha hacia la autonomía (El Mundo, 2008)
Luis Castro Berrojo -
Burgos, capital de la Cruzada (Crítica, 2006)
Enrique Orduña -
El Regionalismo en Castilla y León (Ámbito, 1986)
··· 
