Extraíde de
http://www.publico.es/espana/392426/la-reforma-electoral-pone-trabas-a-los-nuevos-partidosMás de 35.000 firmas en 20 días. Ese es el requisito que debe cumplir cualquier formación política que a día de hoy no tenga representación en el Congreso o en el Senado y quiera presentarse a las próximas elecciones generales en todas las circunscripciones del Estado. Esta es la condición que, sin hacer ruido, introdujeron los partidos que sí tienen escaños en la reforma de la ley electoral que se llevó a cabo el pasado 28 de enero por acuerdo de PSOE, PP, CiU y PNV. Una exigencia que pasó inadvertida para la mayoría de los ciudadanos y que ahora, a tres meses de las elecciones, las formaciones políticas extraparlamentarias denuncian por "antidemocrática", porque la mayoría de ellas carecen de medios para afrontar una recogida de firmas de semejante tamaño en tan poco tiempo.
El apartado 51 del artículo único de la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, exige a los partidos que no hubieran obtenido representación en ninguna de las cámaras en la anterior convocatoria de elecciones la firma de al menos el 0,1% de los electores inscritos en el censo electoral de cada circunscripción por la que pretendan presentarse. Y deben hacerlo, además, en los 20 días habilitados entre la convocatoria oficial de elecciones y la finalización del plazo para la presentación de las listas. Sin que, para mayor dificultad, ningún elector pueda prestar su firma a más de una candidatura.
Optimizar el sistema electoral
El intento de varias formaciones de paralizar el pasado febrero la reforma solicitando a la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, no surtió efecto. La responsable de esta institución defendió incluso la modificación de la ley en aras de la optimización y agilización del proceso electoral. Situar "las candidaturas presentadas en un volumen razonable y asumible" contribuirá además a "abaratar el coste económico de los comicios", razonó entonces Cava de Llano.
Según datos oficiales, el número de partidos políticos inscritos en el registro del Ministerio del Interior asciende a 3.245, aunque la mayoría no tienen actividad. La legislación anterior facilitó que en las elecciones de marzo de 2008 se presentaran 97 candidaturas diferentes. Pero con la entrada en vigor de la nueva ley sólo 11 formaciones políticas tendrán asegurada su presencia en las elecciones generales.
Para hacer frente a esta situación, algunos partidos han comenzado a agruparse en torno a una plataforma digital (yoavalo.org) en la que no sólo buscan dar a conocer la reforma de la ley, que tachan de antidemocrática y una nueva traba al pluralismo político, sino que también tratan de conseguir apoyo para preparar la inevitable recogida de firmas que se les viene encima. En el caso de Madrid, por poner un ejemplo, cada partido extraparlamentario deberá reunir 4.500 firmas si quiere tener derecho a que la suya sea una de las papeletas presentes en los colegios electorales del 20-N.
Un obstáculo a la pluralidad
A falta de tres meses para los comicios, la Junta Electoral Central (JEC) ni siquiera ha comunicado cuáles serán los requisitos para la verificación de las firmas. La JEC "se ha negado a concretar los requisitos exigibles a las fuerzas extraparlamentarias", denuncia Esteban Cabal, portavoz de Los Verdes.
Desde Equo, Pepa López, responsable de Comunicación, destaca el hecho "paradójico" de que los partidos tradicionales "blinden el bipartidismo justo cuando millones de personas indignadas salen a la calle reclamando precisamente que se abra la democracia". Detrás de la reforma, subraya, no está la racionalización de los costes, sino el deseo de los partidos tradicionales de "mantener su situación de privilegio".
Ángel Vázquez, secretario general del Partido Pirata e impulsor de la iniciativa yoavalo.org, denuncia que la medida condiciona su estrategia electoral "y ocasiona enormes costes logísticos, económicos y humanos a partidos pequeños".
Estabilidad versus pluralismo
Algunas voces, sin embargo, se muestran comprensivas con la reforma. Jaime Ferri,profesor titular de Políticas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), apela al modelo parlamentario electoral español para justificarla: "Se hizo conscientemente así para no repetir errores del pasado", explica. "Se eligió un modelo menos representativo, donde no se necesitaran grandes coaliciones para gobernar, opuesto, por ejemplo, al sistema italiano", recuerda.
Benito Aláez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, reconoce que la reforma "aumenta las limitaciones para que los ciudadanos entren en el sistema y favorece la permanencia de los políticos profesionales", pero también comprende las razones de los promotores de la medida. "Es una reforma de tendencia racionalizadora que busca estabilidad parlamentaria, aunque no avanza en una mayor democratización del sistema", admite.
Las opiniones, sin embargo, están lejos de ser unánimes. Hay también quien ve en la reforma un nuevo obstáculo a la representación real de los ciudadanos. "Todo lo que limite la posibilidad de que los partidos se presenten a las elecciones es una traba al pluralismo y la democracia", afirma rotundo Fermín Bouza, catedrático de Sociología de la UCM.
Enrique Álvarez Conde, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, no duda en calificar la reforma de "barbaridad", aunque no cree que sea inconstitucional. "Existen otros preceptos en la ley en los que se trata de forma desigual a los distintos partidos y no son inconstitucionales", argumenta.
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