Resumiendo: proponen que las comunidades autónomas puedan definirse como "nación", "nacionalidad", "región", o "Estado", que los estatutos pasen a llamarse "constituciones", que las comunidades puedan reformarlos sin necesidad de una aprobación posterior del Congreso y del Senado y que puedan darse las competencias que quieran (excepto las que se reservaría el Estado en el artículo 148 de la Constitución española).
http://www.deia.com/2014/08/02/politica/estado/la-reforma-federal-del-psoe-pasa-por-cambiar-doce-articulos-de-la-constitucionLa reforma federal del PSOE pasa por cambiar doce artículos de la ConstituciónLos socialistas catalanes concretan una primera propuesta, que incluye el concepto de Estado plurinacional
RAQUEL UGARRIZA
BILBAO - La reforma federal de la Constitución española está en boca de todos desde que hace más de un año el PSOE aprobara su apuesta hacia una estructura federal del Estado apremiado por el tsunami soberanista en Catalunya que amenaza, aún lo hace, a los socialistas catalanes, incapaces de encontrar su sitio político en el enconado panorama de esta comunidad. Ha sido precisamente el Partit del Socialistes de Catalunya (PSC) el primero que ha concretado esta misma semana por dónde puede ir la reforma federal que plantean los socialistas. Pasaría por la reforma de al menos una docena de artículos de la Carta Magna, que entre otras cosas convertiría los Estatutos de Autonomía en Constituciones propias de la cada autonomía, por lo que solo se requeriría para su reforma la aprobación del parlamento autonómico de turno, sin la necesidad de pasar por el refrendo de Congreso y Senado.
Eso sí, la propuesta no alude ni al reconocimiento del derecho a decidir, ni a la posibilidad de convocar consultas decisorias por parte de las comunidades autónomas ni a la aceptación de ningún grado de bilateralidad entre estas y el Estado.
La propuesta de reforma federal del PSOE tomó carta de naturaleza el 6 de julio del año pasado cuando el entonces Consejo Territorial socialista -hoy Consejo Federal- aprobó con el beneplácito de todos los barones autonómicos la llamada Declaración de Granada, un texto genérico en la que se sustanció la apuesta federal socialista después de muchos tiras y aflojas entre el PSC y el entonces líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. El objetivo declarado era tratar de evitar el choque de trenes entre el inmovilismo del Gobierno del PP y la apuesta de los nacionalistas catalanes por celebrar una consulta soberanista el próximo 9 de noviembre.
Aquella Declaración de Granada contemplaba reformar la Constitución para blindar las competencias de las autonomías, sustituir el Senado por una auténtica cámara de representación territorial, incorporar los hechos diferenciales y establecer un nuevo sistema de financiación para las comunidades de régimen común. La polémica acompañó al proceso de redacción de ese texto cuando el entonces líder del PSC, Pere Navarro, llegó a pedir la eliminación del Concierto Económico vasco y el Convenio navarro. Finalmente, el documento del PSOE aprobado estipuló que el Concierto es una institución que deben seguir manteniendo reconocimiento institucional, aunque “sin perjuicio de perfeccionar algunas de sus deficiencias en su aplicación práctica”, lo que podría interpretarse como una apuesta por recalcular al alza el Cupo, esto es lo que Euskadi paga a España en concepto de las competencias no transferidas.
UN AÑO SIN AVANCES Desde aquella fecha, poco se ha concretado de la propuesta federal, con un PSOE inmerso en sucesivas crisis, que han pasado por un nuevo batacazo electoral, el adiós forzoso de Rubalcaba y Navarro, y el convulso periodo de primarias que ha llevado a Pedro Sánchez de diputado raso a nuevo líder del socialismo español. Un año sin avances que ha hecho preguntarse al portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, “en qué se materializará exactamente” la reforma federal que Pedro Sánchez ha trasladado esta semana a Mariano Rajoy, y que ha caído de momento en saco roto ya que el presidente del Gobierno español no ve las “condiciones políticas necesarias” para llegar a un “consenso similar” que tuvo la Constitución. Traducción: el PP no quiere saber nada.
La casualidad hizo que el mismo día en que Erkoreka reclamaba concreciones, desde Barcelona el PSC de Miquel Iceta presentaba una iniciativa en el Parlament catalán en la que por primera vez los socialistas ponen negro sobre blanco en su apuesta federal. Lo hacen en una petición para impulsar una comisión mixta en el Congreso, formada por parlamentarios autonómicos, y representantes del Gobierno español y de las comunidades, además de expertos, para que estudie una reforma constitucional.
En la exposición de motivos los socialistas catalanes aluden a la conveniencia de “modernizar el fundamento del propio Estado”, introduciendo en el artículo 2 de la Constitución la base de la “pluralidad nacional de España”. En concreto el PSC pide reconocer que “España es una nación que a su vez está integrada por otras naciones, nacionalidades y regiones”. Esta reivindicación de la plurinacionalidad del Estado ha causado problemas al PSC en su relación con el PSOE, de forma que es pronto para decir si esta inclusión de las “naciones” sería aceptada por la formación que dirige Pedro Sánchez. Por lo pronto, la Declaración de Granada no recogió ni el carácter plurinacional de España ni las consultas territorializadas, como ya entonces reclamaban los socialistas catalanes. Más recientemente, en plena campaña electoral interna Pedro Sánchez tuvo que retractarse después de referirse a Catalunya como “nación”.
DE COMUNIDAD A ESTADO Pero, el PSC va más allá en su propuesta, al proponer que “cada pueblo de España, organizado hasta ahora como comunidad autónoma debe elegir su denominación” tanto en la vertiente identitaria, por lo que podrá decantarse entre “nación, nacionalidad o región”, como en la institucional. Es aquí donde los socialistas catalanes introducen la posibilidad de que las comunidades que lo deseen puedan configurarse también como “Estados”.
La propuesta del PSC alude a un modelo de federalismo asimétrico, en el que las autonomías deciden si ejercen o no una competencia y la Constitución consagra “el reconocimiento de los hechos diferenciales existentes en algunas comunidades autónomas”. En concreto alude al Concierto vasco y el Convenio navarro, ya reconocidos en la Constitución a través de la disposición adicional que reconoce los derechos históricos, pero reclama que este blindaje sea extensivo a otras materias, fundamentalmente a las lenguas propias, que son “competencias exclusivas en sentido estricto”.
La iniciativa presentada este semana en el Parlament pide modificar los artículos 148 y 149 para estipular las competencias que corresponden al Estado, dejando todas las demás a las comunidades históricas. Así se evitarían las reclamaciones de transferencias de las comunidades y, sobre todo, el abuso del Gobierno español de las leyes orgánicas con ánimo recentralizador. Propone asimismo crear un consejo federal -también podría ocuparse de esto el nuevo Senado- a imagen y semejanza del alemán, donde se ven representados los estados o länder en las decisiones federales (reforma de los artículos 69 y 90 de la Constitución).
Para evitar casos como el portazo del Congreso en 2005 a la propuesta de nuevo estatuto del lehendakari Ibarretxe, los socialistas catalanes proponen configurar los Estatutos de Autonomía como “la Constitución de las comunidades autónomas”, de forma que su reforma solo requeriría la aprobación del parlamento de la comunidad correspondiente (artículos 81 y 147).
Al PSC no se le escapa la importante función que tiene el Tribunal Constitucional respecto a los litigios abiertos entre el Estado y las comunidades autónomas, por lo que propone que estas elijan a la mitad de los magistrados, como ocurre en Alemania (art. 159). Plantea asimismo recoger una serie de principios sobre la colaboración entre autonomías (art. 145) así como la participación de estas en la Unión Europea.
ORDINALIDAD Los socialistas abordan asimismo uno de los problemas originales del conflicto actual en Catalunya, que es la falta de financiación. Para ello solicitan reformar los artículos 156, 157 y 158 de la Constitución, de forma que esta recoja los principios fundamentales del sistema de financiación de las comunidades de régimen común -no las forales-, fundamentalmente la capacidad de ingreso y criterios de solidaridad que incluyan los principios de igualdad social y el de ordinalidad. Este último concepto -que el PSOE en su conjunto ya aceptó en la Declaración de Granada por la presión de los socialistas catalanes- significa que cada comunidad autónoma debe mantener la misma posición que dicte su renta per cápita después de aplicarle la financiación o los fondos de solidaridad. Dicho de otra manera, que Catalunya no quede por debajo del PIB de, pongamos el caso, Extremadura porque a esta se le haya sobrefinanciado por razones de solidaridad o igualdad.
··· 
