El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) solicita al Ayuntamiento de Burgos la Declaración de Lesividad de los Consorcios del Ferrocarril y Villalonquéjar.
El Partido Castellano (PCAS-Burgos), considera insostenible para la ciudadanía burgalesa e impagable financieramente la deuda municipal creada por los Consocios del Ferrocarril y de Villalonquéjar IV, y reclama al Ayuntamiento de Burgos que inicie un proceso administrativo que reparta las cargas de estas entidades entre sus socios, que solicite la declaración de lesividad de los acuerdos municipales que ratificaron su creación, y previo a la negociación en el seno de los órganos de gobierno de estos Consorcios, para el reparto de su Deuda y de sus Activos y que finalmente avance en implicar al Ministerio de Fomento y Junta de Castilla y León en su solución.
http://partidocastellano.org/content/2016/10/10/el-partido-castellano-pcas-solicita-al-ayuntamiento-de-burgos-la-declaraci%C3%B3n-deLos castellanistas, primero, y con carácter de urgencia, exigen que el Pleno del Ayuntamiento de Burgos apruebe una “Declaración de Lesividad” de todos los acuerdos municipales relativos a la creación o modificación de los Consorcios del Ferrocarril y de Villalonquéjar IV, así como los acuerdos aprobados para la ejecución de la Variante Ferroviaria, al ser manifiestamente dañinos para los intereses públicos y generales, probablemente nulos de pleno derecho ya que sitúan en indefensión a la ciudadanía burgalesa e incurren en una desviación de poder que perjudica a la corporación municipal en beneficio de las otras partes firmantes, y como paso previo a una renegociación de los mismos, si es necesario con intervención de la Justicia. Desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) se considera que es abiertamente contrario a la Ley intentar desviar las responsabilidades de CaixaBank e Ibercaja en el Consorcio del Desvío en entidades como las Fundaciones de Caja Círculo y Caja de Burgos, ya que carecen de la solvencia necesaria, así como en Villalonquéjar IV con respecto a CaixaBank e ICO.
La propuesta de reestructuración de la Deuda del Desvío que plantean las entidades acreedoras y el PP en el Ayuntamiento es manifiestamente perjudicial para los intereses de los burgaleses, y solo beneficia a la banca, ya que le garantiza a lo largo de 15 años el cobro íntegro de 167 millones de euros más sus intereses, a través de la ficticia obtención de 119 millones de euros por los solares que posee el Consorcio y el pago mediante amortización de otros 48 millones de euros (más 20 millones de intereses). Los castellanistas reclaman la división de activos y deuda del Consorcio del Desvío entre CaixaBank, IberCaja Dexia Sabadell y Ayto. de Burgos.
Igualmente el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) considera impagable la deuda de 112 millones de euros que mantiene el Consorcio de Villalonquéjar IV y reclama su reparto a partes iguales entre CaixaBank, el ICO y el Ayto. de Burgos.
El PCAS denuncia como insostenible la Deuda Global que acumula el Ayuntamiento de Burgos, tanto de titularidad propia, como la correspondiente a los Consorcios del Desvío del Ferrocarril y Villalonquéjar IV, así como a los sobrecostes del Desvío del Ferrocarril. Un Ayuntamiento con presupuestos anuales inferiores a 220 millones de euros, con inversiones que rondan los 24 millones de euros, no puede permitirse casi 120 millones de Deuda Presupuestaria, más otros 280 millones de euros de la deuda de los Consorcios, que es impagable en los periodos de tiempo establecidos en 15 años más, salvo que se reduzcan las prestaciones sociales y públicas del Ayuntamiento a la ciudadanía a condiciones de miseria colectiva.
Para el PCAS, y a pesar de las grandilocuentes declaraciones de su alcalde, Javier Lacalle, el consistorio de la ciudad de Burgos es uno de los más endeudados de la geografía española, pero oculta gran parte de su deuda, externalizándola en organismos jurídicamente ajenos al Ayuntamiento burgalés, pero de cuya deuda responde en última instancia el municipio de Burgos, y que superaría los 500 millones de euros, que supone que cada burgalés, de sus 180.000 habitantes es responsable de una deuda municipal de 2.778 €, cuando la de Madrid, que pasa por ser uno de los municipios más endeudados de España es de 2.000 € por habitante.
Los castellanistas consideran que la demanda y las valoraciones económicas efectuadas tanto por los suelos urbanos del Desvío Ferroviario, como por los terrenos industriales de Villalonquéjar IV, estaban sobrevaloradas de manera estratosférica y no respondían a la realidad ni en los momentos más álgidos de la burbuja inmobiliaria, con lo que existe una responsabilidad, probablemente incluso penal, por parte de los políticos que las aceptaron y por los responsables de las entidades financieras que las aceptaron como garantía de sus préstamos.
Además, el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) reclama al alcalde, Javier Lacalle, que se ponga en contacto inmediato con el Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, para que otorgue a Villalonquéjar IV la misma consideración que a otros polígonos industriales de la Comunidad Autónoma de su titularidad donde, el pasado mes de Mayo ha reducido el precio del suelo industrial un 42%, con bonificaciones adicionales de hasta el 15%, adaptando sus tarifas a la realidad del mercado, con el objetivo de atraer inversiones y crear empleo en Castilla y León. Los castellanistas consideran razonables esta asimilación, ya que la Junta de Castilla y León no oferta suelo industrial público en Burgos, capital industrial de Castilla y León, al no ubicarse en la misma ninguno de los 27 polígonos industriales que posee. Esta medida, reduciría la deuda del Consorcio de Villalonquéjar IV en unos 56 millones de euros aproximadamente y activaría la puesta en el mercado de su suelo industrial.
Finalmente, la formación castellanista de Burgos insta a Javier Lacalle a que, de forma inmediata requiera al Ministerio de Fomento a que dé por liquidado desde el punto de vista económico el Convenio de Financiación de la Variante Ferroviaria de Burgos, de 1998, cuyos sobrecostes parecen ser de unos 115 millones de euros, que según el texto del citado documento serían imputables en exclusiva también al Consistorio burgalés, para mejorar la solvencia financiera del Ayuntamiento y reconociendo que esos sobrecostes son imputables a RENFE, Fomento y Adif exclusivamente ya que las modificaciones del proyecto las decidieron ellos.
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