El Gobierno ha decidido subir los impuestos al azúcar. Los productores de remolacha reaccionan entre la estupefacción y la indignación. Se preguntan si es esta una nueva senda de penalizaciones y si peligran las subvenciones de las que depende la continuidad del cultivo.
“El sector se mantiene con muchos costes. El impuesto nos hará mucho daño”, lamenta el secretario de agricultura de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Ignacio Senovilla.
La producción de azúcar en España se concentra en un 70% en la Sociedad Azucarera y en un 30% la cooperativa Acor de productores. Mientras que la primera tiene un contrato cerrado, en el caso de la cooperativa el impacto del nuevo tributo es directo, ya que dependen del precio de mercado.
EL HÁNDICAP DE ESPAÑA
El problema es que la remolacha en España es de regadío, al contrario que en el resto de Europa. Por ello, las subvenciones del Gobierno central, de los comunidades autónomas y de la Unión Europea son esenciales para el sector.
“En un mercado globalizado, si un país aumenta el precio de un producto por la subida de los impuestos, los compradores acuden a otros productores”, recuerda Senovilla. Los productores de bebidas azucaradas son los principales clientes de los agricultores de remolacha, pero no los únicos. Los fabricantes de turrones y otros dulces podrían pasar a importar azúcar francés o brasileño si la tasa se extiende también al edulcorante.
OBESIDAD Y DÉFICIT: AVALES DEL GOBIERNO
El Gobierno justifica el afán recaudatorio por el compromiso de reducir el déficit contraído con la Comisión Europea. El nuevo tributo representará 200 millones para las arcas públicas.
Además, cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que pidió a los países europeos que tomaran medidas para reducir la obesidad y otras enfermedades derivadas del abuso el azúcar, como la diabetes. Todo ello ha dado alas al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y el Congreso de los Diputados ya ha dado luz verde a la medida.
Senovilla asegura “estar de acuerdo con la tesis de evitar la obesidad” pero critica la criminalización del azúcar. Los que la UPA califica de “ideólogos anti-azúcar” plantean “la trampa de considerar que un alimento, por sí sólo, es perjudicial para la salud” cuando es un alimento necesario.
AGRICULTURA: LA CULPA ES DE HACIENDA
La UPA dirigió una carta a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, cuando se conocieron los planes del Gobierno, para exponer el perjuicio que generará el impuesto en el sector, en especial en el empleo. Pero “la ministra se lava las manos y le pasa las culpas a Hacienda”, según la UPA. “Un ministro tiene que defender a su gente, en este caso los productores”, lamenta.
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