Vitoria. El primer Pleno parlamentario desde el asesinato del guardia civil Juan Manuel Piñuel quebró ayer la unidad escenificada por las formaciones vascas tras el atentado de Legutiano. Cada bancada recuperó con fidelidad sus postulados y cargó contra los adversarios políticos en una disputa que situó, por un lado, al PSE y PP y, por otro, al tripartito, EHAK y Aralar.
Este último partido fue el encargado de llevar de manos de su representante Aintzane Ezenarro el polémico asunto hasta la Cámara. En su propuesta reprobaba el "amparo sistemático" del Gobierno español a las fuerzas policiales cada vez que se registra una denuncia por torturas y reclamaba la apertura de investigaciones internas para paliar esta situación. El texto, al que se sumó la petición del tripartito para frenar la concesión de indultos a los condenados por el citado delito, salió adelante a pesar de la oposición del bloque constitucionalista.
Antes de que la proponente tomara la palabra, José Antonio Pastor (PSE) demandó la retirada de la "obscena" proposición no de ley dada la cercanía con los luctuosos hechos acaecidos en el cuartel de la Guardia Civil de Legutiano. Esta petición no tuvo su efecto entre los grupos que, a la postre, apoyaron la iniciativa, ya que rechazaron que la actividad de ETA pudiera condicionar la actividad del Legislativo autonómico.
La propuesta toma como punto de partida las denuncias presentadas por los presuntos miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola, ambos detenidos en Arrasate, así como el silencio de las autoridades estatales, con el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba a la cabeza, tras conocer que los guardias civiles encargados de la custodia de los presuntos activistas habían sido imputados por el juez.
La iniciativa demanda la apertura de una investigación interna -de forma paralela a la judicial- con el fin de aclarar lo sucedido en este caso. Pero el texto va más allá. Con el objetivo de evitar nuevas sospechas de malos tratos se demanda poner fin a la incomunicación.
En su argumentación, el tripartito, EHAK y Aralar recordaron informes de organismos internacionales que muestran su posición contraria a la limitación de medidas para evitar cualquier sospecha de existencia de torturas. Estos grupos consideran que el Gobierno español no ha desarrollado los medios necesarios para acatar estas recomendaciones, por lo que instan al Ejecutivo de Zapatero a aceptar que existe un vacío pendiente al que hay que poner remedio, tal y como valoró la parlamentaria del PNV, Gemma González de Txabarri. En la misma línea, el dirigente de EA Rafa Larreina destacó que cualquier violación de derechos humanos, "por grave que sea", no puede "excusar" otras violaciones, mientras que Oskar Matute (EB) criticó que los indultos a los condenados por torturas sean "aceptados como medidas ejemplares".
Desde EHAK, Itziar Basterrika anunció su postura favorable ante la propuesta, pese a considerarla escasa. Su grupo presentó una enmienda de adición que denunciaba la actitud de la Ertzaintza en una manifestación contra la tortura celebrada el 22 de febrero, pero no contó con el respaldo de la Cámara.
En el bando de los opositores, Pastor consideró que el único objetivo de la iniciativa es "sembrar dudas" sobre la forma de actuar de las fuerzas policiales y aseguró que la denuncia de torturas forma parte de la práctica habitual de los integrantes de ETA cada vez que son detenidos. Carlos Urquijo (PP) compartió este punto de vista y completó un alegato a favor de la Guardia Civil en vista de que, a su juicio, se había cuestionado su honor.
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Veo que no andaba tan desencaminado
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