Batasuna e IzCa en ABC

[Cienfuegos2]

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Se presentó por ANV, sucesora de la sucesora de la sucesora de HB.

Repetimos, como en el anuncio de las natillas; se presentó en varias ocasiones en listas de la izquierda abertzale, entre ellas ANV, antes de que fueran ilegalizadas. ¿Y qué? Si fuera delito ya estaría en el talego.

Luis Ocampo no se si irá pero un tio que suelta frases como esa....blanco y en botella.

Blanco y en botella ¿QUÉ? Repetimos, ¿es ilegal no condenar a ETA si te pregunta un periodista por las causas que sean? Te puede gustar o no gustar, ¿pero es ilegal? Como si justifica el asesinato de Don Pimpón. Y te he puesto muchos textos y videos, entre ellos cuando Ocampo contesta a la pregunta que le hacen sobre ETA.

No veo yo que al Mayor Oreja por decir que en el franquismo los españoles de bien vivían plácidamente le imputen en nada ni ilegalicen su basura de lista electoral.

[John Graham]

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Joder que inocente eres Cienfuegos2.

Ningún candidato/concejal de HB... ha estado en la cárcel por pertenecer a la rama política de ETA. NINGUNO. Otra cosa es que tendrían alguna relación con ETA militar..entonces van directos a prisión.

Yo creo que sabiendo que el amigo Sastre ya estaba marcado, no ha sido muy inteligente dejarle figurar en la lista, pero ahora ajo y agua.

[Cienfuegos2]

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Ricardo Rodríguez

Estado de Derecho

Desde que en el siglo XIX Robert von Mohl formulara la primera concepción fundamentada del Estado de Derecho, la noción ha vivido innumerables vicisitudes a lo largo de más de ciento cincuenta años. Ya el jurista alemán le añadía una vertiente sociológica inexistente en la teoría puramente liberal kantiana y, de entonces para acá, fue sometida a crítica por su excesivo formalismo, se le sumaron los calificativos de social y democrático e incluso fue usada para sus fines bastardos por notables juristas nazis. Pero hasta en su significación más vaga –siempre que sea legítima-, y sin entrar en profundidad alguna, el Estado de Derecho nace por oposición al oscurantismo absolutista y se caracteriza por la preservación de la libertad ciudadana frente al arbitrio de un poder sin control. Es el Estado de la razón, nos diría Robert von Mohl; en la Ilustración se halla su fuente inspiradora.

Desde luego, no podemos incurrir en la crueldad de exigir a los políticos profesionales que ostentan altos cargos que se anden con cuidado al usar las palabras. Para ellos, al igual que para Humpty Dumpty, el personaje de Carroll, el significado de las palabras no importa; lo que importa es quién manda. E invocarán los «instrumentos del Estado de Derecho» -curiosa perífrasis- igual para ordenar el apaleamiento de jóvenes que reivindican el derecho a una vivienda digna en las calles de Madrid que para justificar que se asesine a personas y se abrasen sus cadáveres en cal viva. Sin remordimientos, sin titubeos. Y es una grave prostitución de las palabras. Pero cuando la estructura misma del Estado puede, a plena luz del día, vulnerar los derechos constitucionales básicos de miles ciudadanos y hacer pasar el fraude por limpia acción democrática ante una mayoría social anestesiada, cuando ya ni siquiera se hace necesario disimular la indecencia, es que se ha dado un salto de gigante hacia el abismo. La decisión del Tribunal Supremo, a petición de la abogacía del Estado y del Fiscal General, de anular la candidatura de Iniciativa Internacionalista a las elecciones europeas se encuentra a mi juicio en este nuevo peldaño de degradación.

La desvergüenza de los argumentos empleados para motivar el atropello ha alcanzado cotas inéditas. El hecho en sí constituye un hito del esperpento: se pretende ilegalizar una candidatura electoral y suprimir de tal forma el derecho de sufragio activo y pasivo de miles de personas que no han cometido ningún delito por el que sentencia judicial alguna los haya inhabilitado se dice que con el fin de salvaguardar la democracia. Sería para reírse si todo fuese una mala pesadilla. Pero no lo es.

En un artículo reciente, el escritor Santiago Alba Rico denunciaba que el conjunto de los llamados «indicios» de la vinculación de la candidatura con la izquierda abertzale nos hacen retroceder a la época siniestra de las ordalías medievales, lo cual es cierto. Pero se pueden encontrar también llamativas referencias más próximas, en el pasado siglo. Hubiera henchido de orgullo al senador Joseph McCarthy la investigación llevada a cabo sobre las andanzas de cada uno de los miembros de la candidatura en la que se vuelve sospechosa cualquier declaración, la presencia en actos o reuniones, cualquier sombra de relación próxima o remota con quienquiera próxima o remotamente relacionado con la izquierda nacionalista. Se alcanza lo grotesco cuando se menciona la asistencia de Doris Benegas al funeral de un parlamentario de HB en 1989, año en el que por cierto HB era una formación política legal. Tendríamos que preguntarnos dónde se sitúa el límite, porque tal vez habría que ilegalizar al PP por haber designado al ex militante de ETA Jon Juaristi como director de la Biblioteca Nacional. Por no hablar de la exigencia de declaraciones expresas de condena. Los representantes de la candidatura han manifestado su voluntad inequívoca de perseguir sus fines por procedimientos estrictamente pacíficos y legales, con lo que queda fuera de lugar la estupidez proferida por el ministro Rubalcaba de emplazar a elegir entre los «votos o las bombas». Rechazada la violencia como medio para alcanzar metas políticas, que es el requerimiento incluso de la Ley de Partidos, ¿qué más? ¿Una condena concreta de la violencia de ETA? ¿Y por qué no del asesinato del joven antifascista Palomino, por qué no de la invasión de Iraq, por qué no de los bombardeos de hospitales y caravanas de refugiados por la OTAN durante la guerra de Yugoslavia? Éste es el problema, ¿no es cierto? Basándose en una interpretación estricta de la Ley de Partidos se podrían prohibir todos. Lo que quiere decir que solamente se prohibirán aquellos que decida el poder establecido. No hay ley a la que se deban someter todos los ciudadanos; es ley lo que al príncipe le plazca. No existe el Estado de Derecho, sólo la autoridad; no hay fuerza de la razón, únicamente la razón de la fuerza.

La idea de la «contaminación» de la candidatura por la presencia en ella del dramaturgo Alfonso Sastre es sin más totalitaria, repugna a la conciencia jurídica más laxa. Da lugar al absurdo de que un ciudadano que no ha cometido ningún delito y está en uso pleno de sus derechos civiles y políticos «contagie» involuntariamente la criminalidad a otros ciudadanos por el mero hecho de asociarse a ellos para una empresa, la de presentarse a unas elecciones, que a su vez es completamente legal. Recuerda a los folletos que se repartían en los hogares norteamericanos en la década de la caza de brujas dando instrucciones a los padres patriotas para que supiesen detectar si sus hijos se habían vuelto comunistas. A los que añadió la revista reaccionaria Commentary un sesudo estudio psiquiátrico en el que se explicaba cómo podía llegar uno a transformarse en un comunista sin darse cuenta. Por lo visto, Alfonso Sastre y otros portan sin saberlo un germen que difunde la maldad con independencia de lo que ellos hagan.

Y, como todo puede empeorarse, el auto del Tribunal Supremo ha incorporado una nueva perversión extraordinariamente peligrosa, que es la de basar la anulación en que por proximidad ideológica la candidatura puede ser tomada como referencia para los votantes de la izquierda abertzale. Ya en las demandas del abogado del Estado y de la Fiscalía General se señalaba acusadoramente la coincidencia de ideas. ¿Se referían quizá a la defensa del derecho de autodeterminación o a la búsqueda de una salida negociada a la violencia en el País Vasco? Pero ¿no habíamos quedado en que todas las ideas podían ser defendidas de manera pacífica? Ahora, la sentencia amplía de manera inaudita el arco de lo que podrá ser censurado limitándose a estirar según el gusto la noción de proximidad. Ni siquiera será imprescindible detectar, aunque sea de forma falaz, coincidencia alguna. En un país en el que poderosos medios de comunicación y destacados dirigentes del PP han tildado de extremistas de izquierdas a Gaspar Llamazares y al mismísimo Zapatero, las posibilidades que abre el auto del Alto Tribunal son como para echarse a temblar.

En otros tiempos se reprimió a los disidentes, más que ahora; en otros tiempos la libertad fue pisoteada, con muchísima más ferocidad que hoy en día. Lo que en la actualidad es diferente y nuevo y de lo que viene a ser una muestra infame el caso de Iniciativa Internacionalista es de la inversión descarada y absoluta del significado de las palabras. Aquellas ideas que fueron alumbradas para la emancipación humana y para luchar contra el oscurantismo –libertad, democracia, Estado de Derecho- son invocadas con el fin cabalmente de retornar al oscurantismo y de volver a los ciudadanos a un estado de temerosa servidumbre. Es preciso desenmascarar la trampa y moralmente obligatorio no guardar silencio.

Y hablando de casualidades: la página Kaosenlared, medio que más coba está dando a IISP, ha sido atacada y lleva varios días sin poderse actualizar. ¡Qué bien funcionan los resortes del sistema!

Joder que inocente eres Cienfuegos2.

¿Por qué no me ignoras de una vez?

[Cienfuegos2]

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Pascual Serrano

Izquierda Unida y la ilegalización de Iniciativa Internacionalista

El Tribunal Supremo español ha prohibido a los ciudadanos que integran la lista electoral para las elecciones europeas Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (IISP) ser candidatos.

Los argumentos de la Abogacía General del Estado y el Ministerio Público contra esta candidatura son que se trata de una lista "pilotada" por ETA para "elevar la moral" de sus bases. Tanto la Fiscalía como el Gobierno sostienen que el número uno de la candidatura de IISP, el dramaturgo Alfonso Sastre, es el "banderín de enganche" elegido por ETA para enviar "una clara señal a sus votantes" de cuál es la lista que deben apoyar para obtener un escaño en el Parlamento Europeo. La demanda ha sido interpuesta “tras analizar a los promotores, avalistas, representantes y las conexiones entre los integrantes de la lista con el entorno de ETA”. El diario El País detallaba esas relaciones que consistían en que Alfonso Sastre había sido alguna vez candidato de Batasuna o que Doris Benegas había participado en mítines de la izquierda abertzale o en homenajes a algún militante. De esta forma se acusa a una candidatura integrada por ciudadanos cuyo origen ninguno es vasco, de estar al servicio de un grupo armado que lucha por la independencia vasca.

Como en anteriores prohibiciones de candidatos, se trata de personas que no están implicadas en ningún procedimiento penal ni pesa sobre ellos acusación ni delito alguno, pero que, en aplicación de la Ley de Partidos, para ellos no existe el derecho a ser elegido como representante ciudadano para ninguna institución.

Otras organizaciones de izquierda que se presentan a las elecciones europeas, como Izquierda Anticapitalista y el Partido Comunista de los Pueblos de España, han expresado su indignación por la prohibición. En cambio, en el seno de Izquierda Unida no parece haber unanimidad de criterios. Mientras que Kontxi Bilbao, candidata a las elecciones europeas de EB (la marca vasca de IU), ha mostrado su desacuerdo con la decisión judicial y ha añadido que la ley de partidos "persigue ideas" y tiene "consecuencias muy negativas para la democracia"; el cabeza de lista, Willy Meller, ha dicho que acata la sentencia "a la espera de lo que diga el Constitucional" y ha puntualizado que, en un Estado de Derecho, "por encima de posiciones políticas lo que prevalece es la interpretación judicial". Por su parte, ningún órgano de dirección de IU se ha pronunciado, tampoco su coordinador Cayo Lara y en la página web de la organización no existe ninguna referencia a la prohibición de una candidatura a las elecciones europeas.

En la dirección de Izquierda Unida, donde como es sabido se integra el Partido Comunista de España, no parecen recordar que Alfonso Sastre militó en ese partido o que Ángeles Maestro, también candidata de Iniciativa Internacionalista, fue diputada nacional por la coalición. Es evidente que ninguno de los dos ha cambiado sus ideas políticas aunque ahora se sitúen en una lista diferente a la de IU o del PCE.

Vale la pena también recordar que la lucha de Alfonso Sastre por la democracia le llevó a estar en prisión durante los últimos años de la dictadura. Con la supuesta democracia actual, aquellos ministros franquistas no tuvieron obstáculos para ser diputados o presidentes autonómicos mientras que Sastre hoy no puede presentarse a las elecciones.

Si el sistema de censura previa para ser candidato electoral previsto en la Ley de Partidos, aplica criterios de prohibición a quienes han tenido “relación” con Batasuna, asistido a algún homenaje de alguien considerado terrorista o un mitin de esa organización, o no haber condenado la violencia de ETA, probablemente, como señalaba el candidato de Izquierda Anticapitalista, Carlos Fernández Liria, seamos miles los que no tenemos el derecho a ser elegidos en unas elecciones. Si de condenar violencia y terrorismo se trata, condenar las acciones de ETA no es más importante y decente que condenar los crímenes de ejércitos como el de Estados Unidos, Israel o Colombia, y no se establece ello como condición para ser candidato en España. Lo sucedido ahora es algo que no consideró adecuadamente Izquierda Unida cuando se abstuvo en la votación de la Ley de Partidos, y que ahora tiene la oportunidad de enmendar parte de aquel error. No pronunciarse ante la prohibición, bien formalmente como organización o a través de su coordinador general, convierte a Izquierda Unida en otra pieza más de la deriva totalitaria del sistema político español. Muchos de los votantes de Izquierda Unida no compartimos ni la lucha armada de ETA ni comprendemos las demandas independentistas de la izquierda abertzale pero pensamos que esta ilegalización es el mayor atentado a la democracia española en muchos años. Ignorarlo supondría el absoluto desprecio a los miembros o ex miembros de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España que tanto lucharon por las libertades en España. Entre ellos, Alfonso Sastre. Hasta hoy, muchos militantes comunistas y de Izquierda Unida estábamos orgullosos de pertenecer a la organización que más había luchado por la democracia en España, quisiéramos seguir estándolo.

www.pascualserrano.net

Luis Alegre Zahonero

Aquí sí se encarcela a Voltaire

El descomunal atropello contra derechos fundamentales que implica la ilegalización de Iniciativa Internacionalista hace especialmente indignante que estas tropelías traten de justificarse apelando al Estado de derecho, el respeto a las leyes y la independencia de la Justicia.

Comencemos por el principio y tratemos de recordar por un instante el origen de la Ley de Partidos: desde el momento mismo de su tramitación parlamentaria, nadie trató de ocultar que se trataba de una ley expresamente diseñada para la ilegalización de Batasuna. Es fácil comprender que eso de elaborar una ley para regular un caso concreto supone por sí solo un atentado contra la división de poderes. En efecto, si el Parlamento decide no sólo cuál es la norma sino también cuál es el caso al que hay que aplicarla ¿qué es exactamente lo que les queda por decidir a los tribunales? Sin duda es cierto que el poder judicial colabora con entusiasmo en esta farsa, pero, si por algún motivo decidiese no hacerlo, tampoco lo tendría fácil. Ciertamente, imaginemos que, en su momento, el Tribunal Supremo hubiese dictaminado que Batasuna no incurre en los supuestos de ilegalización previstos en la Ley de Partidos. El Parlamento habría podido decir: ¡¿cómo que no?! ¿es que no se han dado cuenta de que son los supuestos los que se diseñaron para ajustarse a Batasuna y no la actividad de Batasuna la que se tendría que ajustar a los supuestos?.

Ahora bien, recordemos también por qué hizo falta recurrir a esa Ley de Partidos para lograr ilegalizar a Batasuna: no bastaba con el código penal para lograrlo. Y no es que el código penal no prevea la posibilidad de suspender asociaciones encaminadas a cometer delitos (eso es algo que, como es evidente, contempla cualquier código penal). De hecho, ETA misma es perfectamente ilegal sin necesidad de aprobar, ad hoc, ninguna especie de Ley Orgánica para la Ilegalización de ETA. Como su actividad contraviene lo previsto en la legislación penal, se trata de una asociación ilícita. No hay más que hablar. Nunca han hecho falta leyes muy originales para disolver organizaciones que tuviesen cualquier tipo de comportamiento delictivo. Si para lograr la ilegalización de Batasuna hizo falta una ley tan descabellada como la Ley de Partidos es, precisamente, porque su actividad no sólo no era delictiva según el código penal vigente sino que no lo era según ningún código penal posible. Si se hubiese podido imputar algún delito por la actividad de la organización o si se hubiese podido al menos tipificar como delito parte de su actividad, es decir, si se hubiese podido aplicar el código penal a la actividad de Batasuna o, al menos, ampliar el código penal para incluir como delito parte de su actividad, sin duda se habría hecho. Y se ha intentado, pero no es posible llegar tan lejos como para introducir en la legislación penal, por ejemplo, la negativa a sumarse a rituales de condena.

En cualquier caso, una vez consumada la ilegalización por la vía estrafalaria de la Ley de Partidos, resulta ya casi automático declarar ilegal (tal como prevé la propia ley en su única disposición transitoria) cualquier “partido político que continúe o suceda la actividad” del ilegalizado. A partir de aquí, basta que una determinada formación política pueda atraer al electorado de Batasuna para que el Ministerio del Interior la considere sucesora de su actividad, pues conviene notar que continuar la actividad de una organización que no cometía ningún delito no puede significar nada más que representar al electorado que votaba por esa opción.

Así pues, el resultado de todo esto son varias decenas de miles de ciudadanos a los que es imposible imputar nada -y que, por lo tanto, mantienen supuestamente intactos todos sus derechos políticos- pero que, sin embargo, se ha decretado que deben carecer de expresión electoral. El resultado, como es evidente, no puede ser otro que el escandaloso atropello al que estamos asistiendo: Alfonso Sastre (el mejor dramaturgo vivo en lengua castellana, dos veces Premio Nacional, de Teatro -en 1985- y de Literatura -en 1993-, y un hombre de una honestidad implacable) encabeza una candidatura que, como quizá pudiera “continuar la actividad” de Batasuna (es decir, como quizá pudiera resultar una opción posible para su electorado), es ilegalizada. Ni sé ni me importa si el electorado y la militancia de Batasuna tenían previsto dar su apoyo o no a la candidatura encabezada por Alfonso Sastre. Lo que no puede dejar de importarle a nadie comprometido con los derechos políticos más elementales es la lógica del asunto: decenas de miles de personas que no tienen ninguna causa judicial pendiente (y, por lo tanto, mantienen en principio intactos sus derechos políticos, tanto para votar como para pedir el voto), tienen la capacidad de colocar fuera de la ley a cualquier opción política a la que pudieran apoyar. No se trata de que, como pudiera quizá pensarse ingenuamente, sólo estén dispuestos a votar y a pedir el voto para organizaciones que se hallen fuera de la ley sino que, por el contrario, es la simple posibilidad de obtener su voto lo que coloca fuera de la ley a la opción política de la que se trate. No pesa sobre sus derechos restricción formal alguna y, por lo tanto, pueden votar lo que quieran excepto, eso sí, lo que el Ministerio del Interior sospeche que pretenden votar.

Este atentado contra el gigante literario que es Alfonso Sastre (al que se están permitiendo tratar como a un delincuente común), y contra la candidatura que encabeza, demuestra que no están dispuestos a respetar nada en este proceso de desmantelamiento de derechos y libertades. En un momento de extraordinaria tensión política, De Gaulle decidió no emprender acciones legales contra el desafío de Sartre: “a Voltaire no se le encarcela”, declaró. La derecha española (que en este caso parece ir desde el PP hasta, como mínimo, Willy Meyer) no parece que tenga ninguna intención de detenerse ante gigantes de dimensión universal como Alfonso Sastre. Así pues, es tarea de todas y todos (tanto quienes localizan su opción política en Iniciativa Internacionalista como quienes la localizamos en otro sitio) resistir contra esta barbarie.

Democracia CERO.

[TAROD]

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Se presentó por ANV, sucesora de la sucesora de la sucesora de HB.

Se presentó por una candidatura legal, que posteriormente fue criminalizada y declarada ilegal por el aparato judicial  del Estado.

Imaginate, el Partido castellano es declarado ilegal mañana que las notas de prensa son de caracter probatorio como refleja la STS, ¿somos ilegales todos los que escribimos aqui? Es obvio, la respuesta es NO. Este tipo de sentencias no tienen caracter retroactivo, como parece que están haciendo ver con la STS anterior de Batasuna

[Cienfuegos2]

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Asturianos:

UNA refuga la impugnación de la candidatura d'Iniciativa Internacionalista

Con motivu de la decisión del Tribunal Supremu d'anular la candidatura d'Iniciativa Internacionalista–La Solidaridad entre los Pueblos , Unidá Nacionalista Asturiana quier facer pública la so refuga a esa decisión:

- Entendemos qu'al marxe de los fechos que'l Tribunal Supremo pudiera tener en consideración pa entamar esa acción, el fechu d'anular cualquier candidatura pa participar nun procesu eleutoral supón un recorte evidente de los derechos civiles, yá que dexa fuera de la participación política y institucional a un sector importante de la sociedá, que va siendo cada vuelta mayor gracies a la teoría de les "llistes contaminaes".

- Consideramos por tanto que la llei de partios políticos vixente actualmente supón una vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos que nun se da en nengún otru país d'Europa, y polo tanto creemos imprescindible la so derogación.

Antonio Álvarez-Solís

Los votos y las bombas

España es un país intoxicado por un lenguaje legionario. Ahora resulta que don Alfonso Sastre es un «banderín de enganche» de ETA y ha sido elegido por ETA para enviar «una clara señal a sus votantes». Lo del «banderín de enganche» suena a percepción bélica, a descalabro de la libertad consciente e informada. Para acrecentar el sonido marcial de la frase el ministro del Interior ha decidido acotar el campo democrático con otra definición urgente: «O se está con los votos o con las bombas». Los votos quedan así definidos como los votos autorizados, ya que Iniciativa Internacionalista trataba de pelear sus ideas en las urnas, es decir, con votos, pero estos votos no son sino coartadas de «los acólitos, satélites y todo el entorno de Batasuna». Y avanza que «esto será ya siempre así». O lo que es igual, tras una declaración de lógica facciosa se sigue una afirmación prevaricadora propia de la Santa Inquisición: «Siempre será así».

Pero ¿a dónde han ido a parar los socialistas? Así como el Real Madrid estropea a los jugadores, España pudre a los ciudadanos. Si Europa fuera una propuesta de mejora humana y política habría de levantar su voz frente a Madrid, pero Europa prefiere que el Sr. Sastre o Doris Benegas no se sienten en su Parlamento, poblado de representantes de Sarkozy, de Berlusconi, de Merkel y de socialistas de aquí y de allí. No hay ya protección transnacional, se acabó el derecho de asilo. El Sr. Barack Obama anuncia ahora también que los torturados de Abu Ghraib serán juzgados por los tribunales militares que ideó el Sr. Bush. Quizá contra estas cosas se alzarían en el Europarlamento la voz del Sr. Sastre o de la Sra. Benegas. Pero el Sr. Sastre y la Sra. Benegas han optado por las bombas, según denuncia el Sr. Pérez Rubalcaba, que dice tener informes sesudos de las Fuerzas de Seguridad. ¿Qué hubieran hecho hoy el Tribunal Supremo y el Gobierno de Madrid con el Sr. Voltaire?: un bombero.

Empieza a ser urgente un catálogo de comportamientos prohibidos

Cuando empezaron las ilegalizaciones, la Fiscalía y la Abogacía del Estado presentaban pruebas de que los partidos o agrupaciones electorales eran meros instrumentos al servicio de ETA. Documentos de la banda terrorista donde se hablaba del partido en cuestión, conversaciones grabadas que ponían al descubierto la operación, declaraciones de la propia izquierda abertzale (salvo en los casos de EHAK y Askatasuna).

En el caso de Iniciativa Internacionalista no existen este tipo de pruebas. Así que las demandas detallan “indicios” de la “vinculación” de los candidatos o promotores del partido con ETA y Batasuna. Por ejemplo, que Doris Benegas asistió “el 22 de noviembre de 1989 al funeral del dirigente y parlamentario de HB Josu Muguruza”. O que Carlo Fabretti escribe en Gara, “donde ha dejado reflejado su ideario coincidente con las tesis de la denominada Izquierda Abertzale”.

Los Estados tienen derecho a decidir que determinados partidos quedan fuera del juego político, si apoyan la violencia o fomentan la xenofobia, por ejemplo. Pero los ciudadanos también tienen derecho a saber exactamente cuáles son los comportamientos prohibidos. Si asistir a un entierro en 1989 puede ser utilizado 20 años más tarde como prueba judicial para cercenar los derechos políticos de alguien, lo mínimo es que lo sepa con antelación.

Así que el Supremo tiene una oportunidad de oro para dejar claro, de una vez por todas, cuál es el catálogo de comportamientos susceptibles de provocar una ilegalización futura.

[John Graham]

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¿Por qué no me ignoras de una vez?

Ahora mismo no me viene bien... 

[Leka Diaz de Vivar]

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Se presentó por ANV, sucesora de la sucesora de la sucesora de HB.

Se presentó por una candidatura legal, que posteriormente fue criminalizada y declarada ilegal por el aparato judicial  del Estado.

Imaginate, el Partido castellano es declarado ilegal mañana que las notas de prensa son de caracter probatorio como refleja la STS, ¿somos ilegales todos los que escribimos aqui? Es obvio, la respuesta es NO. Este tipo de sentencias no tienen caracter retroactivo, como parece que están haciendo ver con la STS anterior de Batasuna

Coño, es que algo es legal hasta aque lo ilegalizan, si ANV, donde él estaba, fue declarada ilegal es de lo mas logico que si aparecen miembros suyos en otra lista pues se les extirpe, básicamente porque son gente que defiende el terorrismo y eso no tiene espacio en nuestro sistema legal.

[castilla1521]

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Con todos mis respetos, pero curioso cuanto menos que digas precisamente tú esto.

 

Sí, lo que dijiste, a mí también me causo la misma impresión que a ti esto. 

[TAROD]

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Coño, es que algo es legal hasta aque lo ilegalizan, si ANV, donde él estaba, fue declarada ilegal es de lo mas logico que si aparecen miembros suyos en otra lista pues se les extirpe, básicamente porque son gente que defiende el terorrismo y eso no tiene espacio en nuestro sistema legal.

Leka, si estas personas han cometido delito de enaltecimiento del terrorismo que sean enjuiciados por ello, y si procede que sean condenados, pero sin sentencia firme yo seguire apoyando publicamente el Derecho de lxs compañerxs castellanxs a tener las relaciones sociales y políticas que sean necesarias para la construción de la nacionalidad castellana, pero si no ha sido así o no pueden probarlo, la mera sospecha no es constitutiva de delito. PRESUNCION DE INOCENCIA. Art. 24.2 de la CE de 1978 "Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia"

Es cuanto menos curioso, que un auto proclamdo liberal  sea quien se pasa por el forro la Declaración de los Derechos Humanos.
"Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa.

Artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos"


En fin, que ahora mas que nunca y hasta que alguien no me demuestre que las personas citadas en la STS 61 de 16 de mayo de 2009, han comentido un delito por enaltecimiento del terrorismo, reunión secreta o cualquier percepto de las Leyes españolas, mi apoyo sera incondicional a ellxs, no sólo a nivel político sino personal y social.