Ea, ea, ea, el leka se cabrea.
Sobre la ley de partidos:
MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un informe redactado por el Relator Especial de la ONU para la promoción de los derechos humanos recomienda que la ilegalización de toda organización política se realice desde el respeto "irreprochable" a la ley. Así, en un análisis del caso español, apunta que la Ley de Partidos contiene expresiones "vagas" que pueden motivar la ilegalización de formaciones que no apoyen la violencia pese a compartir la "orientación política" de una organización terrorista.
El informe, recogidos por Europa Press, recoge las impresiones obtenidas por el Relator de la ONU durante un viaje realizado a España en mayo de 2008 y en el que tuvo oportunidad de visitar Madrid y el País Vasco, donde se reunió con numerosos dirigentes políticos y sociales como los ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia, Miguel Ángel Moratinos y Mariano Fernández Bermejo, el 'lehendakari', Juan José Ibarretxe, o el entonces presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando. Además, visitó la cárcel de Soto del Real (Madrid) para entrevistarse con presos terroristas.
Entre las conclusiones obtenidas, aborda la ilegalización de partidos políticos y muestra su "preocupación" por la redacción de la Ley de Partidos. A su juicio, determinados artículos podrían incluir a "todo partido que por medios pacíficos trate de alcanzar objetivos políticos similares a los que persiguen los grupos terroristas".
En este sentido, recomienda que la ilegalización de una organización se realice "en el marco de un respeto irreprochable de las condiciones requeridas para restringir la libertad de asociación y de expresión". "La ilegalización de una organización, junto con la aplicación en materia de terrorismo de normas formuladas de forma vaga y general, no hacen en última instancia sino socavar el firme mensaje moral que transmiten las decisiones rigurosas basadas en la naturaleza inexcusable de todos los actos de terrorismo", argumenta.
De esta forma, el Relator continúa su análisis sobre la ilegalización de partidos próximos a ETA y recuerda que el pluralismo político desempeña "un papel fundamental" en una sociedad "verdaderamente democrática", por lo que reitera la necesidad de que las actuaciones en este sentido sean de carácter "estrictamente excepcional".
Por ello, recomienda a España adaptar las expresiones "vagas" que a su juicio alberga la Ley de Partidos para evitar el riesgo de ilegalizar formaciones que, aunque compartan la "orientación política" de una organización terrorista, no apoyen el empleo de medios violentos.
Además, subraya que la ilegalización formaciones políticas debe realizarse a través de las garantías procesales "más rigurosas" especialmente cuando se trata de agrupaciones que se han creado especialmente para presentarse a las elecciones, "y de cuyas actuaciones anteriores no se tiene prueba alguna". Este es el caso de D3M, que se creó para las próximas elecciones autonómicas del País Vasco.
ERRADICACIÓN DE LA DETENCIÓN INCOMUNICADA
El Relator también realiza un estudio de la situación de los detenidos por terrorismo y cuestiona la detención en régimen de incomunicación, que a su juicio puede facilitar que se cometan actos de tortura y malos tratos y "debilita la legitimidad de las medidas antiterroristas".
De esta forma, aconseja "la completa erradicación" de la detención incomunicada y reitera que aumenta el riesgo de que se inflija un trato prohibido a los detenidos. Así, para evitar los casos de malos tratos, reclama que se apliquen medidas de videovigilancia de las instalaciones de detención y el examen de los detenidos por médicos de su elección.
"CASO OMISO" DE LAS AUTORIDADES A LAS DENUNCIAS DE TORTURA
Sobre este asunto, el Relator reconoce que le preocupan "hondamente" las denuncias de torturas y malos tratos presentadas por los detenidos por terrorismo y el "caso omiso" que, a su juicio, las autoridades españolas hacen de esas denuncias. "Recomienda firmemente a las autoridades españolas que, siempre que haya motivos para creer que se han infligido malos tratos, se proceda a una investigación pronta, independiente, imparcial y completa".
Asimismo, considera "problemático" que un único tribunal como la Audiencia Nacional tenga competencia exclusiva en esta materia. Así, analiza los posibles recursos que pueden presentar los condenados y considera que no hay lugar para el examen de todos los aspectos de la sentencia y la pena impuesta.
Por ello, pide al Gobierno que considere la posibilidad de trasladar la competencia para los delitos de terrorismo a los tribunales ordinarios, "en lugar de reservarla a un solo tribunal central especializado", la Audiencia Nacional.
DISPERSIÓN DE PRESOS
Además, respecto a la política penitenciaria española, analiza la política de dispersión de presos etarras y apunta que esta medida constituye "un riesgo y una carga económica" para los familiares, así como "un obstáculo práctico para la preparación de la defensa en los casos en los que los internos provisionales están a gran distancia de sus abogados".
De esta forma, considera que la política penitencia española respecto a los sospechosos y condenador por terrorismo, en la incluye la doctrina Parot, puede dar lugar a situaciones "incompatibles" con los objetivos de rehabilitación y reinserción social "que ha de perseguir el sistema penitenciario".
El Relator de la ONU incluye en su informe un análisis de la situación de las víctimas del terrorismo y aprueba las medidas del Gobierno para atender tanto su situación económica como otorgarles el apoyo moral necesario.
La ONU dice que la Ley de Partidos vulnera derechos fundamentales
Redacción - publicado 06/02/2009 | eitb.com |
El relator especial de la ONU Martin Scheinin ha señalado que la ley permite considerar como terroristas conductas que no lo son. Además, afirma que impedir la participación de un partido en las elecciones debería de ser algo "excepcional".
La ONU ha criticado la Ley de Partidos ya que entiende que su ambigüedad permite al Estado vulnerar derechos fundamentales. En su opinión, esta ley da pie a considerar como terroristas conductas que no lo son.
El Relator Especial de la ONU sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, ha destacado en un informe de 26 páginas que la Ley de Partidos puede ser aplicada a todo partido político que trate de alcanzar unos objetivos similares a los perseguidos por ETA aunque lo haga por medios pacíficos.
Por eso, desde la ONU recomiendan adaptar las expresiones poco precisas de la ley a los principios internacionales de libertad de expresión.
También piden medidas procesales más rigurosas a la hora de impedir a un partido participar en las elecciones. De hecho, el relator espacial considera que impedir la participación electoral debe ser "de carácter estrictamente excepcional y estar previsto en la ley".
Audiencia Nacional, incomunicación, tortura
Otra de las recomendaciones que hace el representante de la ONU se refiere a la Audiencia Nacional. Pide al Gobierno español que "considere la posibilidad de trasladar la competencia para los delitos de terrorismo a los tribunales ordinarios, en lugar de reservarla a un solo tribunal central especializado, la Audiencia Nacional".
Denuncia asimismo que el actual sistema jurídico no permite revisar la sentencia de una persona que haya sido absuelta en la Audiencia Nacional y condenada posteriormente en el Tribunal Supremo.
Igualmente, recomienda al Estado que reduzca el recurso a la prisión provisional en los casos asociados a la "noción de terrorismo", pide la "completa erradicación de la detención incomunicada, que se apliquen "sistemáticamente" medidas de prevención de la tortura y malos tratos, y que siempre que "haya motivos para creer que se han infligido malos tratos, se proceda a una investigación pronta, independiente, imparcial y completa y se lleve ante la justicia a los autores de esas infracciones".
Este informe es el resultado de la visita que Martin Scheinin realizó del 7 al 14 de mayo al Estado español y a Euskal Herria para evaluar si las medidas "antiterroristas" adoptadas por el Gobierno español afectan a los derechos humanos.
Pero venga, va, vamos a decir que la Ley de Partidos es legítima. Vamos a suponerlo.
Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual.
Vamos, la persecución política y por razones idelógicas que estamos sufriendo los que secundamos la iniciativa, al margen de la persecución y el atosigamiento directo hacia los candidatos por parte de políticos y medios de comunicación. Les falta hacer una llamamiento al linchamiento.
Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas.
Como aquellos que sostienen el gasto militar y se dedican a dar palmaditas en la espalda al talibán, al afgano, al libanés, al keniata o al kosovar. Aquellos que legitimaban la violencia yendo a ver a Villanueva a la cárcel por crímenes de estado. O aquellos que no condenan el régimen anterior, más que nada por ser subproductos humanos del mismo y estar donde están por ello.
Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, tratando de someter a un clima de terror a los poderes públicos, a determinadas personas o grupos de la sociedad o a la población en general, o contribuir a multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo y la intimidación generada por la misma.
La pescadilla que se muerde la cola, la ilegalización de partidos contribuye a multiplicar los efectos de la violencia terrorista y provoca pavor a quienes son investigados con la lupa del estado.
Vamos, que la ley de partidos vale para ilegalizar a todos y cada uno de ellos de una forma u otra, peeeeero, es una ley ad hoc expresamente para ilegalizar a la IA, lo cual debería ser ilegal en sí mismo, porque se está haciendo la jugada contraria a lo que sería la justicia. Como algo molesto no es ilegal, hagamos que la ilegalidad cubra a lo molesto para librarnos de ello.
Parece que te han traumatizado las palabras de Ocampo, menos duras que las que dices tú cuando dices que justificas intervenciones militares. Y si las justificas es porque los españolitos tienen derecho a decidir cuando y como se defienden con su puntal armado y violento, el ejército.
··· 
