Guatemala: Ocho activistas opuestos a Unión Fenosa asesinados en seis meses
El conflicto entre Unión Fenosa y comunidades afectadas por los altos precios y los cortes de suministro llevaron al Gobierno de Guatemala a declarar el estado de sitio en el departamento de San Marcos. Desde octubre de 2009, ocho lÃderes sociales destacados en la lucha por la expulsión de la multinacional han sido asesinados, cuatro de ellos en marzo de 2010. Señalan vÃnculos de la compañÃa con el narcotráfico.
El 24 de octubre de 2009, VÃctor Gálvez recibió 32 impactos de bala cuando salÃa de la oficina donde atendÃa a los vecinos damnificados por DEOCSA, una de las dos filiales de Unión Fenosa en el paÃs. El asesinato de este destacado opositor local a la eléctrica española conmovió Malacatán, un municipio situado en el departamento de San Marcos, a 250 kilómetros de la capital, cerca de la frontera con México.
El conflicto habÃa comenzado mucho antes. La oposición a la gestión de Unión Fenosa y la lucha por la nacionalización del sector eléctrico, iniciada con su privatización en 1999, habÃa alcanzado a finales de 2009 la dimensión de un conflicto abierto. Ya en noviembre de 2004, la Corte de Constitucionalidad guatemalteca habÃa determinado que Unión Fenosa, a través de su filial DEOCSA, estaba realizando cobros indebidos mediante un impuesto ilegal, y que debÃa devolver cerca de 200 millones de euros a los usuarios. Algo que nunca hizo.
90.358 demandasEl 8 de julio de 2009, una carta de 30 organizaciones, movimientos sociales, sindicatos y partidos polÃticos del Estado español, con motivo de la adquisición de Unión Fenosa por parte de Gas Natural, denunciaba las prácticas habituales de la multinacional en Guatemala. Entre las irregularidades recogidas, además de la violación del dictamen de la Corte, el texto documentaba “cobros indebidos en las facturas (…), represalias de Unión Fenosa contra la población dejando sin suministro eléctrico a las comunidades que protestan por las altas tarifas y la mala calidad del servicioâ€. Sólo en los primeros cinco meses de 2009, la Comisión Nacional de EnergÃa guatemalteca recibió 90.358 denuncias contra la compañÃa. “Las tarifas eléctricas para el consumidor final comenzaron a incrementarse de forma exponencial, y el servicio no ha dejado de empeorar. Han sido presentadas innumerables denuncias por los usuarios ante los cobros desproporcionados, los cortes de energÃa sin aviso previo y el abuso de autoridad de sus funcionarios ante los reclamos de las poblaciones ruralesâ€, relata a DIAGONAL Jesús Carrión, del Observatorio de la Deuda en la Globalización.
Después de una consulta popular para exigir la salida de la filial de Unión Fenosa, numerosas comunidades del departamento de San Marcos se organizaron para no pagar las facturas de la eléctrica española. Las demandas: la expulsión de la multinacional del paÃs, la nacionalización del sector, la creación de empresas municipales de energÃa y la reforma de la Ley General de Electricidad.
La respuesta de Unión Fenosa, según denuncian las organizaciones sociales, fue el corte del suministro de electricidad a partir del 15 de diciembre del año pasado. “Tras una semana sin energÃa, los habitantes se quedaron también sin agua, colocados ante el riesgo de enfermedades infecto-contagiosas. En los hospitales y en los centros de salud del área se perdieron alrededor de 40.000 vacunas destinadas para los niños y niñas de los municipios afectadosâ€, relatan desde el Frente Nacional de Lucha por la Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales (FNL). A pesar de que Unión Fenosa adujo problemas técnicos, para la prensa guatemalteca la causa del corte del fluido eléctrico en varias comunidades de San Marcos, entre ellas Malacatán, habÃa que buscarla en los 7,5 millones de euros que los vecinos debÃan a la compañÃa: 60.000 personas llevaban un año en huelga de pago como forma de protesta por los “abusos†de Unión Fenosa.
El corte de suministro eléctrico dÃas antes de Navidad encendió a las comunidades. Tras pasar tres dÃas sin luz, centenares de vecinos bloquearon las rutas que comunican México con Guatemala. Se sucedieron tomas de carretera, plantones, marchas y cientos de asambleas informativas. El Gobierno de Colom no tardó en acusar al Frente de Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (FRENA), organización a la que pertenecÃa VÃctor Gálvez antes de ser asesinado, de ser responsable de conexiones ilegales, una práctica muy común en la región. El 22 de diciembre, el presidente guatemalteco decretaba el estado de prevención en San Marcos, una especie de estado de sitio, todavÃa vigente, con el que quedaron suspendidas la mayorÃa de las libertades y derechos civiles.
Hasta el momento el estado de prevención, decretado en principio para 15 dÃas, ha sido prorrogado en seis ocasiones. “De los ocho dirigentes populares que han sido asesinados, siete lo han sido en el marco del Estado de sitio. La población no puede reunirse para articularse, porque es delito que se reúnan más de tres personasâ€, denuncia a DIAGONAL Roberto Madriz, de la Comisión PolÃtica del FNL. “Los sicarios del narcotráfico recorren armados las aldeas, diciéndole a la población ‘o pagan o los matamos’. Al dÃa siguiente de que se decretara el estado de sitio, Unión Fenosa abrió oficinas justo en el edificio desde donde opera el capo del narco de la zona, en un edificio que todo el mundo sabe que es de su propiedad. Con ello, lanza un claro mensaje al puebloâ€.
Mantener el negocioPara la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), el Estado de sitio sólo puede entenderse “como un mecanismo del Estado para resolver el ‘problema’ del servicio eléctrico en el Departamento y la posibilidad de que DEOCSA-Unión Fenosa pudiera mantener su negocioâ€.
El 13 de enero de 2010, Evelinda RamÃrez, presidenta del Comité de FRENA en Chiquirines (Retalhuleu), volvÃa en coche de la capital hacia su casa, en el municipio de Ocós, en San Marcos. Durante dos dÃas se habÃa reunido con diferentes autoridades del Gobierno para reclamar el esclarecimiento del asesinato de VÃctor Gálvez, la suspensión del estado de sitio y la expulsión de Unión Fenosa del paÃs.
Entre los kilómetros 206 y 208 de la Carretera del PacÃfico, una camioneta Ford Pick Up blanca con los vidrios polarizados interceptó el coche. Los disparos mataron a Evelinda RamÃrez e hirieron a dos de sus acompañantes. También en Malacatán, era asesinado el 29 de enero Pedro GarcÃa, miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Municipalidad y activista por la nacionalización de la energÃa en su pueblo, San Pablo. Pocos dÃas atrás, GarcÃa habÃa denunciado irregularidades cometidas por el Consejo Municipal de Malacatán.
La historia se repiteUn final parecido le esperaba a Octavio Roblero, católico de base, integrante del FRENA, del FNL y uno de los principales lÃderes de San Marcos en la lucha por la nacionalización del sector energético y la expulsión de Unión Fenosa. El asesinato de su cuñado, VÃctor Gálvez, y las amenazas de muerte recibidas, le llevaron a presentar un recurso de protección a la Corte Suprema el 20 de enero. En la tarde del 17 de febrero, mientras Roblero cerraba la puerta de su negocio en la estación de autobuses de Malacatán, fue acribillado por desconocidos desde un coche. Este cuarto asesinato volvió a trascender las fronteras de Guatemala.
El 21 de febrero, una nueva carta de 50 organizaciones, sindicatos y partidos españoles fue enviada a los presidentes Ãlvaro Colom y RodrÃguez Zapatero, a los directivos de Unión Fenosa-Gas Natural y a los principales accionistas de la eléctrica, La Caixa y Repsol. El documento señalaba que estos asesinatos se debÃan a la “actividad social†de las vÃctimas y a “su lucha contra los apagones y los cobros excesivos de DEOCSAâ€, asà como “al intento de silenciar la actividad de los movimientos sociales y de los defensores de los derechos humanosâ€.
Al mismo tiempo, la carta apuntaba a “la responsabilidad del Gobierno español en la impunidad de estos asesinatos†ya que ante estas denuncias “no ha puesto en marcha todas las medidas diplomáticas y polÃticas necesarias para esclarecer y frenar esta situaciónâ€. Exactamente un mes después de la difusión de la carta, el 21 de marzo, tres lÃderes comunitarios eran “salvajemente asesinados a bala y machete†en el municipio de Ocós, en el departamento de San Marcos, según un comunicado conjunto del FNL, Plataforma Agraria y la organización ecologista Ceiba. Carlos Noel Maldonado Barrios, de 60 años, Leandro Maldonado, de 78 años y Ana MarÃa Lorenzo Escobar, de 40 años, habÃan dedicado su activismo a la expulsión de Unión Fenosa del paÃs y al derecho de las comunidades al libre acceso al agua potable.
Intervención del EjércitoAl dÃa siguiente, en la cercana aldea de Las Brisas, también en San Marcos, el activista Santiago Gamboa era asesinado por “balas del Ejércitoâ€, según el FNL. Gamboa era dirigente del Comité de Vecinos en lucha por la nacionalización de la energÃa eléctrica en la comunidad de Santo Domingo. Aquel dÃa por la mañana, según el mismo comunicado, diez empleados de una subcontrata de Unión Fenosa habÃan acudido a desconectar el fluido eléctrico. La reacción de la comunidad fue retenerlos y denunciar el hecho a las autoridades. El Gobierno envió 250 soldados para “rescatar a las personas secuestradas por una turbaâ€. Los soldados abrieron fuego contra los manifestantes. Además de Gamboa, que murió en el acto, otros seis vecinos fueron alcanzados por las balas de los soldados.
El operativo del Ejército en Las Brisas fue seguido, según denuncia el FNL, por la persecución de lÃderes sociales: “Cubiertos con el argumento de que se trata de acciones contra el narcotráfico, han allanado las viviendas de los dirigentes locales del movimiento contra Unión Fenosa, han inundado las calles con tropas amedrentadoras, han creado una situación de terror entre la poblaciónâ€. La organización de derechos humanos UDEFEGUA señala la complicidad entre la multinacional, el Estado y el crimen organizado: “Es inaceptable que en pleno Estado de excepción implantado por el Gobierno para proteger los intereses de una transnacional que roba y viola la ley, las bandas de criminales, al servicio del narcotráfico, del Gobierno y de Unión Fenosa, actúen con total impunidadâ€.
“La PolicÃa y el Ejército han jugado el papel de matones armados al servicio de Unión Fenosaâ€, sostiene Roberto Madriz, del FNL. Sin embargo, admite que hasta ahora no hay pruebas que valgan ante un tribunal: “No existe ninguna evidencia que pruebe la complicidad de Unión Fenosa en la ola de asesinatos de dirigentes que se le oponen. Pero ante la ausencia de evidencia que apunte en cualquier otra dirección, no puede tampoco descartarse como sospechosa. De hecho, no hay nadie, en absoluto, implicado como autor material o intelectual. La más absoluta impunidad rodea cada uno de estos hechosâ€.
Enlace a la noticia:
http://www.kaosenlared.net/noticia/ocho-activistas-opuestos-union-fenosa-asesinados-seis-meses-guatemala
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