Bueno, aunque en 1980 La Rioja encajase con alguna dificultad dentro del concepto constitucional de "provincia con entidad regional histórica" no cabe duda de que ahora después de treinta años como comunidad autónoma uniprovincial sí entra dentro de ese concepto, sin ningún género de dudas, por lo que su existencia, hoy, es plenamente constitucional. Es lo que se llama política de hechos consumados, y del mismo modo que en su día el condado de Castilla se desgajó del del reino de León para iniciar una andadura en solitario sin tener todavía por entonces una "entidad regional histórica", pues lo mismo ha hecho La Rioja respecto a Castilla. La historia es lo que tiene, que es dinámica y que se repite.
En cualquier caso el tema este de la reordenación autonómica se ha quedado en una simple llamada al orden para tratar de controlar el gasto entre todos y aquí paz y después gloria. Ni el PP ni el PSOE están por la labor de perder sus feudos ni de exponerse a perder votos en favor de los partidos regionalistas y nacionalistas.
Las comunidades rechazan cualquier paso atrás en el modelo autonómico pero ven que los ajustes son necesarios
Las comunidades rechazan cualquier paso atrás en el sistema autonómico, aunque ven necesarios algunos ajustes, sobre todo para evitar duplicidades.
Las comunidades rechazan cualquier paso atrás en el sistema autonómico convencidas de que el actual modelo de Estado ha permitido el desarrollo económico y social del país, aunque ven necesarios algunos ajustes, sobre todo para evitar duplicidades, y mayor coordinación con la administración central.
Esta es la opinión de la mayoría de los gobiernos regionales consultados por EFE sobre manifestaciones como las del expresidente del PP José María Aznar, que cuestionó la viabilidad política y financiera del Estado autonómico, o la del vicesecretario de Comunicación de ese partido, Esteban González Pons, quien planteó un pacto que permita al Estado recuperar competencias.
Pero también han reaccionado a la advertencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que el Ejecutivo actuará si los gobiernos regionales no cumplen con el control del gasto.
En general, las comunidades rechazan una revisión a la baja del Estado autonómico, no están dispuestas a devolver competencias, ven indiscutible el papel que han jugado en la consecución de mayores cuotas de bienestar y reiteran su compromiso con la reducción del déficit público.
No obstante, el cruce de declaraciones de los últimos días sobre la revisión o no del modelo ha suscitado preocupación en muchos gobiernos, como el catalán, porque puede crear un estado de opinión "favorable a la recentralización".
Además, su nuevo presidente, Artur Mas (CiU), ya ha replicado, tanto al Gobierno como al PP, que Cataluña se defenderá ante sus "intentos armonizadores". Su portavoz, Francesc Homs, ha sido tajante y ha dicho que las advertencias de Zapatero se le pueden volver en contra como un "bumerán".
De "auténtico disparate" ha calificado el presidente canario, Paulino Rivero (CC), la posibilidad de "recentralizar" el Estado y ha recordado los avances que el modelo ha supuesto para territorios como el suyo, que estaban "absolutamente abandonados" por el centralismo.
Y si hay algo que revisar, el presidente navarro, Miguel Sanz, apunta: el funcionamiento de las diputaciones provinciales, que consumen "más recursos de lo que aportan"; el "excesivo" número de entidades locales; las televisiones autonómicas, que "desangran" los presupuestos, y las "embajadas" de las comunidades.
Las comunidades del PP han reiterado su "rotunda apuesta" por el sistema, como Castilla y León, cuyo Gobierno cree que el futuro de España debe seguir escribiéndose en clave autonómica, a la vez que reconoce "excesos" en el gasto por parte de algunas regiones que no son atribuibles al modelo.
Tanto el presidente valenciano, Francisco Camps, como el gallego, Alberto Núñez Feijóo, han atribuido las "disfunciones" en el sistema a la falta de coordinación por parte del Gobierno central, algo que, según ha aseverado el segundo, se solucionaría con el proyecto de Mariano Rajoy de perfeccionarlo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha guardado silencio estos días en relación a este debate, pero hace algunas semanas propuso un "gran pacto nacional" entre PSOE y PP para que se sepa "con claridad" qué competencias asume cada administración para evitar "despilfarros".
"Corregir lo que está asentado y lo que, de alguna manera, todo el mundo ha interiorizado, supondría más una provocación y una situación de enfrentamiento", asegura el presidente riojano, Pedro Sanz.Desde los gobiernos socialistas, el andaluz ha dejado claro que se opondrá a la pérdida de peso político de las autonomías, y el vasco ha defendido el pleno desarrollo del Estatuto de Gernika y ha aseverado que no admitirá "recortes a la baja".
Mientras, el presidente castellano-manchego, José María Barreda, ha considerado "viable" el modelo porque "está funcionando bien", aunque cree que se puede mejorar, sobre todo en coordinación.
Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, ha defendido el sistema para seguir generando prosperidad, pero ve necesarios ajustes porque no está escrito en ningún sitio que haya que "multiplicar" todo por las diecisiete comunidades.
El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, ha calificado de "desatino" cuestionar el estado autonómico, toda vez que es uno de los pilares de la democracia, y el asturiano, Vicente Álvarez Areces, ha pedido que no se confunda la necesidad de controlar el gasto con un cambio de modelo.
Por último, el Gobierno balear se niega a "podar" el estado de las autonomías y a devolver competencias.
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