Vuestras pensiones futuras

[Tizona]

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De una fuente que no os gustará. Leed y luego os digo de donde lo corté y pegué

"Los sistemas de pensiones públicos o de reparto como base del sistema de bienestar y de redistribución de renta.
Una de las exigencias principales que están haciendo a los gobiernos para, supuestamente, poder solucionar la crisis de la deuda, volver a crecer y a generar empleo es la reforma de los sistemas de pensiones públicos o de reparto como el español.

Un sistema de reparto es aquel en que se da una contribución y un pago anual simultáneo, esto es, las prestaciones de cada año se pagan con lo que se ingresa por las cotizaciones del mismo periodo a cambio de conceder a cada cotizante el derecho a percibir una pensión futura con cargo a los trabajadores futuros.


Sin embargo este sistema no guarda relación directa con el sistema fiscal como en estos momentos se pretende hacer creer, ya que existe una caja única en la que se ingresan las aportaciones de empresarios y trabajadores para sufragar las pensiones contributivas.


En realidad, el hecho de intentar atribuir las causas de la crisis a quienes no las han causado, ni tienen relación con ella, como son los sistemas de pensiones públicos, no es más que la constatación práctica que las reformas del sistema de pensiones, de la sanidad y de la educación no son el instrumento que se usa para salir de esta crisis, sino que esta crisis (cuya gravedad no es más que la consecuencia del sistema económico establecido estas últimas décadas) es la excusa para lograr el objetivo último de desmantelar el estado del bienestar que posibilita la existencia de los estados nacionales, con la desaparición de estos y la instauración de organizaciones supranacionales en los que manden sean los intereses del gran capital, en nuestro caso la Unión Monetaria Europea.


Unión Monetaria Europea que a inicios de este año mando al gobierno español realizar una reforma elevando a los 67 años la edad de jubilación y aumentando el periodo para calcular la pensión desde los 15 hasta los 25 años, cambios que provocarán una importante disminución en la cuantía de las pensiones a percibir por los pensionistas futuros.


Sin embargo tras la justificación inicial de que esta reforma mejoraba la contributividad del modelo, (la relación entre lo que aporta y lo que se cobra) enseguida se pasaba a afirmar que esto tan solo era un remedio temporal, mientras se solucionen “los problemas de fondo”, esto es, mientras modifican la naturaleza del sistema de pensiones.


De esta manera las reformas legales que oficialmente tratan posiciones exclusivamente paramétricas (periodo de cálculo, edad legal… etc.), son utilizadas para cuestionar y modificar de manera implícita y oculta lo sistémico (el propio sistema de reparto), acompañando a todas lar reformas medidas fiscales extra para impulsar cada vez más las pensiones compensatorias privadas voluntarias.


Sistemas privados de pensiones complementarios que se han desarrollado ampliamente por el temor propagado desde finales de los ochenta cuando junto a la introducción de estos sistemas privados se empezó a desprestigiar ideológicamente los sistemas públicos sin que la propia población se diese cuenta de que la inicial sustitución parcial del método de reparto por el de capitalización acaba abocando a un predominio total del de capitalización.


La reducción progresiva de las pensiones públicas es imprescindible para que pueda crecer a su vez progresivamente el sector privado mediante una transformación del actual sistema hacia uno mixto de dos pilares, primero un pilar  financiado individualmente y gestionado de forma privada mediante la proporción del sueldo que antes eran cotizaciones sociales, eliminando estas.


Y un segundo gestionado públicamente y financiado vía impuestos dirigido básicamente a proporcionar asistencia social para los que no pueden pagar un fondo privado.


Ya a propósito de esta última reforma se ha empezado a leer y oír, en sus medios de desinformación y control de masas, el que estos seguros privados pasen a ser en un futuro obligatorios.


Un cambio del sistema de reparto por uno de capitalización que según sus propios defensores, elevaría el desarrollo de los mercados financieros posibilitando el aumento del crecimiento económico por la reducción de los tipos de interés que implicaría ese aumento de la tasa de ahorro.


Ya en el primer artículo sobre las pensiones se trató que lo se busca es la constitución de un único mercado de capitales dentro de la zona euro, para lo que es necesario los grandes flujos de capital que permanentemente proporcionarían los fondos privados de pensiones; así como las consecuencias que tendría la incidencia del tipo de crecimiento económico que nos ha llevado a esta situación.


Enlace al primer artículo sobre la reforma de las pensiones.


En el fondo, la lucha política e ideológica sobre el modelo de pensiones, con la crisis económica de fondo, no es más que una manifestación más de la lucha por la distribución de la riqueza social producida en la que la que la progresiva implantación de los sistemas privados no es más que un paso más en la preeminencia de los intereses del capital financiero en detrimento del los trabajadores asalariados que definitivamente quedarán desprotegidos e indefensos ante la desaparición de los estados nacionales por la imposición del gobierno de los mercados financieros globales, no elegidos, ni controlados por la población.


De este modo partiendo de un hecho real como es el envejecimiento de la población se pretende hacer creer que el sistema de reparto es en si mismo una estafa piramidal, algo que en primer lugar es injusto porque el que ha disminuido drásticamente el número de nacimientos de la población española es el propio sistema político con la continua erosión de la institución familiar y el holocausto abortivo de la población blanca (y en este caso concreta de la población blanca española) durante las últimas décadas.


Y es que en segundo lugar tampoco es cierto porque el sistema de pensiones públicas español puede y es sustentable en la medida que se desarrolle y proteja sus cuatro variables fundamentales en el que el número de afiliados solo es una de ellas, las otras tres variables son el nivel óptimo de los salarios base de las contribuciones, número de pensiones y el volumen de prestaciones a cobrar. De esta forma el sistema de reparto tiene una rentabilidad implícita derivada no solo del crecimiento demográfico (número de cotizantes), sino también de su base de cotización, crecimiento económico (productividad).


Por el lado de los ingresos el modelo es sustentable en la medida que el empleo crezca, y cuanto más crezca mayor y mejor será la relación afiliados/pensionistas. El modelo es sustentable en la medida que los salarios sobre los que se calculan las cuotas sean lo más altos posibles, de forma que el volumen de las cotizaciones puedan cubrir mejor el volumen total de las pensiones a pagar.


Por tanto, “el problema de las pensiones públicas” no es tal, sino tan solo un problema laboral, en concreto, el problema específico del sistema de pensiones públicas español en comparación con otros países europeos es que se basa en niveles salariales relativamente menores que gran parte de los países europeos por lo que el sistema de pensiones español genera beneficios más bajos: las tasas de reemplazo reflejan la capacidad de sustitución del salario que tiene el sistema, pero no su capacidad comparativa de compra. Esto explica la divergencia entre la generosidad del sistema en términos de la tasa de reemplazo teóricas y el nivel comparativamente bajo de gasto per cápita en paridades de poder de compra, con los otros países europeos.


De ahí que sea precisamente la polarización en la distribución de la renta, en todos los países en general y especialmente en España por la continua y acelerada disminución de las rentas del trabajo a costa del incremento de las rentas de capital que ha propiciado la estancia en el Euro y la irrupción de millones de inmigrantes que como mano de obra barata han destrozado el mercado laboral español, (y lo va a seguir destrozando aún más con la nueva reforma laboral, de hecho esa es la razón del manteniendo en este momento de crisis a tantos millones de inmigrantes claramente innecesarios y altamente costosos en términos de gato público).


El reemplazar los afiliados nacionales no nacidos por inmigrantes, no es más que una solución cortoplazcista al problemas del número de afiliados (el cual solo es una de las cuatro variables del sistema de reparto) ya que esos nuevos cotizantes hoy son los nuevos pensionistas del mañana, cuando por otro lado son precisamente la inmigración masiva y descontrolada la que en términos económicos al hundir de forma continua los salarios base del sistema de pensiones público los que más en riesgo lo han puesto.


Puesto que la mayoría de los fondos a la Seguridad Social proceden de las rentas del trabajo, la disminución de este tipo de rentas ha afectado a los ingresos a la Seguridad Social de ahí que la cuestión clave del mantenimiento del sistema de pensiones público sea el establecimiento de un sistema económico en el que haya una justa redistribución de las rentas del trabajo y del capital mantenible en el tiempo, lo contrario a lo que sucede ahora.


Pero incluso, con este condicionamiento, las pensiones públicas podrían seguir siendo sustentables mediante otras vías de financiación vía impuestos generales, la excusa que a tal propuesta se da para no hacerlo, el que  “tal aumento tendría efectos muy negativos sobre el empleo y la inversión”, es claramente debatible con ejemplos prácticos de países que con elevada carga fiscal, tienen tasas de desempleo muy bajas.


En algún momento las pensiones públicas podrían ser financiadas vía impuestos generales, en el ámbito público no siempre es necesario que los ingresos y los gastos específicos sean iguales. El resto de gastos del sector público no tienen unos ingresos correspondientes concretos dirigidos a financiarlos, sino que se financian con los presupuestos públicos vía impuestos. Acaso a los gastos de justicia, obras públicas, los de la casa real, senado…etc se les exige un presupuesto propio equilibrado con sus propios ingresos.  ¿Por qué todos estos gastos no pero los gastos en pensiones públicas si?.  En la crisis actual, ¿Cómo se van a financiar los ingentes gastos de rescate de los capitales financieros?.


Además otro aspecto que no se tiene en cuenta es que el incremento de la riqueza producida de la cual puede extraer el estado ingresos vía impuestos es fruto de la actividad del conjunto de la sociedad pasada, y en especial del trabajo de los que hoy ya son pensionistas, una mayor riqueza que se traduce tanto en rentas del trabajo como del capital, nadie puede dudar de que la productividad de un empleado de hoy es sustancialmente más elevada que la de un trabajador de hace treinta o cuarenta años, básicamente por los avances tecnológicos, ¿no están los propietarios del capital disfrutando también de los resultados de inversiones pasadas realizadas debido a la actividad de los mayores actuales?.


No es verdad que no haya dinero para los servicios públicos, nuestras sociedades  producen cada vez más riqueza, sino la cuestión es como se distribuye esta nueva riqueza, ya que en la sociedad actual con la precarización laboral  y la extensión de desempleo, cada vez es más difícil para el conjunto de la población asalariada acceder a un salario relativamente digno y por lo tanto el poder acceder a una pensión de jubilación en el futuro.


Al ser las estas pensiones la fuente de renta más importante de los jubilados por su incompatibilidad con la actividad laboral obligará en el futuro a tener que alargar la vida laboral casi hasta la muerte al no poder acceder a una pensión de jubilación digna rompiendo el acuerdo o contrato intergeneracional por el que las generaciones activas dan soporte a las jubiladas a cambio de un compromiso de que cuando alcancen la edad de jubilación también ellos recibirán la pensión. El compromiso social implícito en el que se basa el sistema público de pensiones que es el único que puede proteger a los perceptores futuros de la capacidad adquisitiva de su pensión al protegerlas frente a la inflación por el mantenimiento de los salarios reales constantes."