El Partido Castellano exige firmeza a la Junta en la nueva batalla por el control del río JúcarDOMINGO, 24 DE FEBRERO DE 2013
La Agrupación Provincial en Cuenca del Partido Castellano (PCAS) exige
firmeza e ideas claras a la presidenta Cospedal
en el conflicto abierto por el control del río Júcar que vive estos días una encarnizada batalla entre las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.
Tradicionalmente, pese a que es Castilla quién aporta la mayor superficie y caudal al río, son los valencianos quienes mandan y extraen beneficios económicos y políticos del mismo.
Con la excusa de que el agua es de todos, la realidad es que se la quedan ellos y que no pagan un euro a Castilla por la misma. El nuevo Decreto de Demarcación Hidrográfica del Júcar así como el Plan Hidrológico de Cuenca que se negocia estos días, debe dejar claro de una vez por todas que ríos y cuencas hidrográficas son Júcar y cuáles no, debe cumplir escrupulosamente la sentencia del Tribunal Supremo de 2004, actuar en consecuencia y separar la gestión de todos los ríos independientes del Júcar. Entendemos que no hacerlo contribuye a perpetuar lesivamente los intereses del interior castellano (Cuenca y Albacete).
Y es que a nadie se le escapa que tradicionalmente se han unido a la Confederación Hidrográfica del Júcar, ríos independientes del mismo, ríos que no son afluentes del mismo tanto por el norte (Castellón) como por el sur (Alicante), triplicando la superficie y la población de la misma de forma artificial por conveniencia política de la costa. El caso más clamoroso es el Turia, pero también el Palancia, el Cenia, etc. La razón que explica esto, a juicio del Partido Castellano (PCAS), es un
intento de la costa de añadir territorios y población y poder así hacerse con el control político efectivo del río. Así, el lago de la Albufera (sito mayoritariamente en el término municipal de Valencia) es, según la propia confederación y la legislación valenciana, una cuenca hidrológica independiente tanto del Turia como del Júcar, pese a lo cual se incluye administrativamente en el Júcar no por casualidad ni de forma inocua. Por la ciudad de Valencia, además, discurre el Turia, que como todo niño sabe es independiente del Júcar.
En el Partido Castellano (PCAS) exigimos igualmente a la Junta de Comunidades que denuncie y exija daños y perjuicios al Ministerio de Medio Ambiente por incumplir durante años la sentencia del Júcar emitida por el Tribunal Supremo en octubre de 2004 y por dedicarse a darle la vuelta a la situación, mediante informes ‘técnicos’ que interpretan torcidamente la ley para no asumir las consecuencias de su aplicación.
En el Partido Castellano (PCAS) creemos igualmente que
ha llegado la hora de reclamar la gestión de todos nuestros ríos y de olvidarse del criterio nacional que solo favorece al vecino. No es de recibo que en la práctica, no podamos ni utilizar aquí ni vender el agua, solo dejar que corra y otros sí la utilicen. Que cada cual gestione su tramo y emplee sus recursos para su propio desarrollo económico y social. Esta opción es la más coherente con la de un Estado Federal no asimétrico real y auténtico al que se supone que vamos. Si a Portugal no le dejamos que gestione más que sus tramos de los ríos compartidos, no vemos por qué no hemos de hacer lo mismo por el Este. El criterio actual de solo ceder a las autonomías la gestión de aquellos ríos que solo trascurren por su territorio es claramente perjudicial para Castilla, por cuanto eso supone que sus ríos son de ellos y los nuestros (que obviamente todos acaban en el mar) son de todos, es decir, que los periféricos consiguen aplicar su vieja máxima de ‘lo mío es mío y lo vuestro de todos’, convirtiéndonos de facto en una colonia interior con permiso del Estado. Pero es que además, ese criterio ha sido violado, por ejemplo, en el Guadalquivir, donde la superficie de Extremadura y Castilla la Nueva, fue cedida a Andalucía por el gobierno de Zapatero.
En el Partido Castellano (PCAS) entendemos que
el marco jurídico-administrativo hidrográfico actual es claramente injusto y perjudicial para los intereses de Castilla. Basta comprobar cómo los trasvases de agua, por cuanto no recibimos compensación económica efectiva real alguna (y si muchos perjuicios económicos en forma de valles expropiados, inundados y comarcas aisladas condenadas a la emigración), son un claro expolio auspiciado por el Estado para mayor gloria de la periferia. Consideramos que el actual modelo solo ha favorecido a la periferia, donde incluso se toleran miles de hectáreas de regadío ilegales, mientras aquí se ha prohibido de facto todo tipo de uso del agua.
En el Partido Castellano (PCAS) proponemos a la sociedad castellana aprovechar la ocasión que brinda la actual negociación y rediseño del Plan Hidrológico,
exigir que se desempolven los planes de construcción de regadíos en La Manchuela conquense y albacetense, que en tiempos de Felipe González un ministro nacionalista valenciano de Agricultura (el señor Albero acabó militando en un partido separatista ‘porque es lo que él siempre había sido’), enterró definitivamente. Los castellanistas exigimos además que dicha transformación en regadíos de tierras se financie con fondos del Estado, a cuenta de una
deuda histórica pendiente con los castellanos, por todos los hectómetros cúbicos de agua que han sido trasvasados tanto del Tajo como del Júcar, durante décadas. Creemos que esa deuda es fácilmente cuantificable tomando como base las propias series estadísticas oficiales de las confederaciones del Tajo y Júcar.
El Partido Castellano (PCAS) exige al gobierno de Cospedal que
no reconozca ni el actual plan del Júcar ni el convenio para la gestión del embalse de Alarcón y pide a todos los ayuntamientos conquenses y albacetenses (tal y como ya hace el ayuntamiento de Albacete), que se nieguen a pagar a los regantes valencianos por el suministro de aguas superficiales del río Júcar procedentes del pantano conquense.
Solicitamos, además, que dicho pantano, ya amortizado, sea expropiado, pase a ser gestionado por la Junta de Comunidades y se ponga fin a décadas de política hidráulica franquista pro periferia.
Igualmente, en el Partido Castellano (PCAS)
pedimos para Cuenca la sede de la nueva Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), hecho que entendemos nos corresponde por cuanto somos la única ciudad importante por la que discurre directamente el río, con el consiguiente traslado de funcionarios, empleo, rentas y poder administrativo, político y económico que eso supondría para nuestra ciudad.
Por último, en el Partido Castellano (PCAS)
queremos alertar a la sociedad conquense de los riesgos geopolíticos y las consecuencias económicas para nuestra tierra que supone entregar sistemáticamente aquí el poder al PPSOE (lo ocurrido con las aguas del Júcar no es sino uno de tantos ejemplos), por cuanto este tiene hipotecas electorales más cuantiosas y atractivas que satisfacer fuera de Cuenca que dentro, y mucho nos tememos que acabarán dando prioridad a sus intereses electorales en otros sitios sobre los de Castilla en general y Cuenca en particular. Los castellanistas conquenses proponemos un
proyecto político propio que piense globalmente en Castilla (apostando por la unidad e integración de todas las provincias castellanas de ambas submesetas en un mismo ente administrativo o CCAA),
y actúe localmente en Cuenca (y todas y cada una de las provincias castellanas). Proponemos superar así tanto el estéril localismo e individualismo provincial (que jamás nos conducirá a nada) como la dilución nacional que por separado todas las provincias castellanas padecemos. Y todo porque entendemos que juntos, no solo recuperaremos el peso específico político y económico que nunca debimos perder en el contexto español, sino que podremos superar el estado de postración, abandono, irrelevancia y ninguneo actual.