Cuba, la Unión Europea y los derechos humanos
Salim Lamrani
Rebelión
El 12 de junio de 2006, el Consejo de la Unión Europea se reunió en Luxemburgo para decidir sobre el caso de Cuba. Haciendo prueba de un flagrante delito de injerencia, afirmó claramente su intención de derrocar al gobierno de La Habana. “Mediante el abanico completo de recursos de que dispone, la UE seguirá ofreciendo a todos los componentes de la sociedad un apoyo concreto al cambio pacífico en Cuba”, subraya el comunicado oficial.1
Desde el 5 de junio de 2003, la Unión Europea (UE) impone sanciones políticas y diplomáticas a Cuba por la “situación de los derechos humanos”. En 2004, esas sanciones fueron suspendidas por un año y se revalúan regularmente. La suspensión de estas medidas coercitivas se ha prolongado hasta junio de 2007, a pesar de la fuerte insistencia de la República Checa, los Países Bajos, Polonia y Suecia, a favor de una línea más dura contra el Gobierno cubano.2
“El Consejo deplora que la situación de los derechos humanos en Cuba se haya deteriorado aún más desde la última evaluación en junio de 2005”. No obstante, la toma de posición de la Unión Europea sigue siendo incomprensible y carente de crédito, pues no explica por qué Cuba es el único país del mundo víctima de estas medidas discriminatorias. En efecto, ninguna otra nación interesa a la Europa de los 25 salvo el pequeño archipiélago del Caribe, lo que lleva a pensar que las motivaciones de la UE son más bien de orden político e ideológico. Después de ganarse las iras de Washington por su posición con respecto a la invasión de Iraq, incapaz de adoptar una política extranjera independiente y racional, la Unión Europea ha decidido bajar el tono y reconciliarse con la administración Bush adoptando su política represiva para con Cuba.3
El Consejo de la UE no lo niega en la medida en que enumera formalmente lo que entiende por “violaciones de los derechos humanos”. Después de algunas generalidades sobre la importancia del respeto de las convenciones internacionales, afirma estar sobre todo “preocupado por el hecho de que el gobierno cubano haya dado marcha atrás sobre algunas reformas que llevan a una tímida apertura económica. El Consejo deploró que estas restricciones hayan reducido otra vez el ámbito de las iniciativas privadas”. En una palabra, Europa utiliza la excusa de los derechos humanos, pero en realidad busca el regreso a un capitalismo de empresa privada y la implantación de una economía de mercado en Cuba.4
La UE se permite hacer gala de su buena voluntad y “reanudaría con placer un diálogo político con las autoridades cubanas”. Este diálogo tendría que ver particularmente con la cuestión de los derechos humanos y tendría lugar sobre una base recíproca y no discriminatoria”. La “base no discriminatoria” es imposible ya que Europa estigmatiza únicamente a Cuba. En cuanto a la reciprocidad, el último informe de Amnistía Internacional (AI) permite aclarar este tema efectuando una comparación de la situación de los derechos humanos en el seno de la Comunidad Europea -que pretende dar lecciones-, y Cuba.5
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Hablando de Alemania, Amnistía Internacional denuncia graves violaciones de los derechos humanos: el 14 de junio de 2005, el tribunal regional superior de Hamburgo estimó aceptables elementos de pruebas conseguidos después de “tratos crueles, inhumanos o degradantes [...] mofándose del derecho internacional relativo a los derechos humanos”. Durante el proceso a Mounir al Motassateg, acusado de terrorismo, el tribunal comprobó que el prisionero declaró durante sesiones de tortura. De la misma forma, tres Estados regionales (Länder), Baja-Saxa, Saxa y Saxa-Anhalt, se negaron a ratificar la convención de las Naciones Unidas contra la tortura, considerándola necesaria para la lucha contra el terrorismo.
AI condena también las irregularidades cometidas contra numerosos refugiados (16.800 en 2004 y 5.897 en el primer trimestre de 2005) de Afganistán, Iraq y Kosovo, a los cuales se les retiró el estatus de manera arbitraria. Los expulsaron “hacia los países donde la situación en materia de derechos humanos seguía siendo sumamente precaria”, violando la legislación alemana. Por fin, el consejo federal (Bundesrat) se negó a adoptar una ley relativa a la lucha contra la discriminación.6
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Austria presenta un triste panorama según AI. Seis policías, tres auxiliares médicos y un médico, responsables del asesinato de Cheibani Wague –un ciudadano mauritano golpeado de forma salvaje en agosto de 2004– fueron citados ante la justicia un año después. En noviembre de 2005, el tribunal dio su veredicto y condenó a uno de los policías y al médico a siete meses de cárcel y absolvió a los demás acusados. El comité de derechos humanos de las Naciones Unidas también concluyó que Austria violó los derechos de Paul Perterer, injustamente despedido y no indemnizado.
Austria también aceptó la extradición de Abd al Rahman Bilasi Ashri a Egipto, donde “se arriesgaría seriamente a sufrir graves violaciones de sus derechos fundamentales, en particular actos de tortura”, mientras que la Corte europea de derechos humanos instó a las autoridades austríacas a que no lo extraditaran.
En lo que se refiere a las condiciones de asilo, Austria adoptó nuevas disposiciones contrarias “a las normas internacionales sobre los refugiados y los derechos humanos”, según la organización internacional. Por otra parte, AI condena las terribles condiciones carcelarias “cada vez más difíciles, en un contexto marcado por la disminución del personal y el crecimiento de detenidos que padecen enfermedades mentales”. Por fin, Austria transfirió excedentes de armas a países violadores de los derechos humanos, según AI.7
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Amnistía Internacional también señala con el dedo a Bélgica. Acusa al reino de imponer condiciones de detención no “conformes a las normas en materia de derechos humanos” con detenidos regularmente en aislamiento celular y a quienes no autoriza a leer o escribir. La situación es tan crítica que una delegación del comité europeo por la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (CTP), órgano del Consejo de Europa, efectuó en abril de 2005 su cuarta visita a Bélgica.
AI reprueba la generalización de prácticas racistas y discriminatorias contra las minorías étnicas, homosexuales y minusválidos “en materia de empleo, de integración en la sociedad y de acceso al servicio público”. La organización internacional se preocupa también por la multiplicación de las agresiones de carácter racista y por la indulgencia de la justicia. Cita el caso de tres hombres culpables de un ataque violento contra dos homosexuales en 2003 y condenados en 2005 únicamente a una multa de 100 euros.
La violencia contra las mujeres también es una plaga muy extendida en Bélgica, donde están afectados cerca de un tercio de los hogares. Por fin, en diciembre de 2005, el alto comisario de Naciones Unidas para los refugiados se conmovió con la suerte reservada a menores extranjeros refugiados cuyas condiciones de detención “consistían a menudo en un trato cruel, inhumano o degradante” 8.
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En Chipre, AI subraya las numerosas detenciones y expulsiones irregulares de extranjeros que pedían asilo. Varios de ellos han sido víctimas de arrestos arbitrarios y de malos tratos en detención preventiva. Los funcionarios de la prisión central de Nicosia profirieron palabras racistas contra esos detenidos. Unos extranjeros fueron golpeados violentamente en la comisaría de policía de Limassol y “obligados a firmar declaraciones en las que renunciaban a pedir asilo”. Un iraní que pedía asilo, en situación legal, que acudió a la comisaría para hacer un cambio de dirección, fue detenido durante 3 meses en Limassol y luego enviado a Irán.
AI estigmatiza también la excesiva violencia policial contra manifestantes y periodistas durante huelgas de camioneros del 18 de julio de 2005. Por fin, AI lamenta que Chipre no hay elaborado un plan nacional de acción contra la violencia doméstica que asola el país y la ausencia de “protección jurídica [para] las lesbianas, gays y bisexuales”.9
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El informe de Amnistía Internacional sobre España es abrumador. La violencia contra las mujeres sigue quedando impune y “sólo el 5% de las mujeres víctimas [...] presenta denuncias [pues] muchas de ellas tienen que enfrentarse a la indiferencia de las autoridades o a interrogatorios humillantes que les desaniman a ir más lejos”.
En agosto de 2005, 13 africanos cayeron bajo las balas de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes en la zona fronteriza de Ceuta y Melilla, mientras intentaban atravesar la alambrada para alcanzar territorio español, en compañía de varios centenares de candidatos a la emigración.
Hubo varias decenas de heridos. Hasta ahora no se ha llevado a cabo ninguna investigación a pesar de las promesas del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Algunos fueron asesinados, como Ayukabang Joseph Abunaw a quien los guardias civiles golpearon con las culatas de sus armas y luego lo arrastraron hasta el otro lado de la frontera, a territorio marroquí. Falleció algunas horas más tarde por una hemorragia interna el 29 de agosto de 2005.
AI denuncia también la situación de “extranjeros que lograron introducirse en las Canarias o en enclaves españoles en África del Norte [que] no recibieron ninguna asistencia cuando pidieron asilo. Muchos de ellos fueron expulsados ilegalmente”.
Además la violencia policial ocasionó al menos un muerto, Juan Martínez Galdeano, que falleció en detención preventiva en los locales de la Guardia Civil en Roquetas del Mar (Almería), después de haber sido golpeado a muerte y ahogado.
En abril de 2005, el mediador de la Comunidad Autónoma de Canarias condenó los “malos tratos infligidos a los menores detenidos en Canarias”. Las condiciones de detención son tan insalubres en Gáldar que el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa pidió el cierre de este centro.10
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En Estonia, el comité Europeo para la prevención de la tortura y penas o tratos inhumanos o degradantes (CTP) señala que las condiciones de detención en los centros de Kohtla-Järve y de Narva siguen siendo inhumanas, con detenidos “encerrados las veinticuatro horas en celdas generalmente superpobladas, sucias, débilmente iluminadas y poco ventiladas”.
El CTP denuncia también detenciones secretas, la situación de los menores encarcelados con prisioneros adultos y la falta de atención médica en las cárceles. Las minorías étnicas estonias también son víctimas de graves discriminaciones en los campos de la educación y el trabajo.11
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En Finlandia, siete objetores de conciencia están encarcelados en diferentes centros penitenciarios por haberse negado a hacer el servicio civil de reemplazo, contrario a las normas internacionales, y tienen la consideración de presos políticos.
La situación de las mujeres es trágica en este país escandinavo. Cerca del 40% han sido víctimas de violencia física o amenazas de violencia por hombres. “No se ha emprendido ninguna acción coordinada para luchar contra la violencia para con las mujeres, muy extendida”, según AI que denunció la falta de voluntad política y la incompetencia de las autoridades.12
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En lo que concierne a Francia, “patria de los derechos humanos”, las conclusiones de Amnistía Internacional son poco gloriosas. El 9 de noviembre de 2005, el gobierno de Dominique de Villepin decretó el estado de emergencia en todo el territorio metropolitano, que se prolongó hasta el 21 de febrero de 2006. Recurrió a una ley, aplicada una sola vez (durante la guerra de Argelia) desde su promulgación en 1955, después de los motines de jóvenes de barrios desfavorecidos. La instauración del estado de emergencia supone automáticamente la suspensión de algunas garantías constitucionales. Además, el ministro de Interior, Nicolas Sarkozy ordenó a prefectos que “procedieran a la expulsión inmediata de extranjeros condenados por infracciones cometidas en el marco de los motines, estuvieran o no en situación irregular”, lo que constituye una grave violación de la ley francesa.
Según AI todavía:
“Los malos tratos y los homicidios racistas imputables a los policías desde hace diez años no eran casos aislados [...]. El racismo de los policías y de otros agentes del Estado apuntaba a las personas de confesión musulmana o procedentes de una minoría étnica. Los presuntos autores de tales actos todavía no han tenido que rendirle cuentas a la justicia [...]. El sistema judicial no logra que se imponga la obligación a los presuntos responsables de rendir cuentas de sus actos, ni el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a obtener reparación. El hecho de que el gobierno siga sin responder a estas violaciones ha creado un clima de impunidad para las fuerzas del orden [...]. El resultado es una justicia a dos velocidades en la medida en que las denuncias que presentan los policías se instruyen más rápidamente que las de las víctimas de la violencia policial”.13
La organización internacional subraya también que las denuncias presentadas por violencia policial han aumentado un 38%. Por otra parte, el proyecto de ley relativo a la lucha contra el terrorismo, aprobado por la Asamblea Nacional y el Senado en diciembre de 2005, suprime las garantías existentes contra la tortura y los malos tratos y extiende el período de detención preventiva a seis días sin la presencia de un abogado durante las primeras 72 horas. A ello, se agrega a veces la ausencia de una cámara vídeo durante los interrogatorios, lo que asegura la impunidad de las fuerzas del orden que han sometido a detenidos a actos de tortura.
En cuanto a los demandantes de asilo, AI deplora la reducción, de 12 a 5 días, del plazo para pedir asilo. “En 2000, la Corte Europea de Derechos Humanos había condenado a Turquía por el uso de un procedimiento similar, juzgando que un plazo tan corto no permitía examinar correctamente las demandas de asilo”, recuerda AI. Además, para complicar la tarea a los eventuales candidatos, un decreto legalizó la práctica que consistía en negar los servicios gratuitos de un intérprete a los demandantes de asilo en los centros de detención.14
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Las violaciones de los derechos humanos se han multiplicado en Grecia. De nuevo, ha fallado en “sus obligaciones respecto al derecho internacional en cuanto al acceso a los procedimientos de asilo y la prohibición de toda medida de expulsión o de rechazo”, según Amnistía Internacional. El 1 de abril de 2005, 106 personas palestinas fueron expulsadas hacia Egipto sin haber podido presentar su demanda de asilo. Varias de ellas fueron maltratadas por los policías. El 4 de noviembre de 2005, otras 141 personas corrieron la misma suerte. Varios refugiados, entre ellos varios niños, fueron detenidos “en condiciones que constituyen de hecho un trato cruel, inhumano y degradante”. Habían sido encerrados varios días en contenedores metálicos próximos al puerto principal.
Por otra parte, la Corte Europea de Derechos Humanos concluyó, el 13 de diciembre de 2005, que Grecia había “violado las disposiciones de la Convención Europea de Derechos Humanos que prohibe la tortura y las otras formas de malos tratos, así como toda discriminación en el ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención”, en referencia al caso Belos y Koutropoulos, dos griegos de origen gitano arrestados y gravemente torturados por la policía de Missolonghi. Ninguno de los responsables de estos malos tratos ha sido requerido por la justicia que los declaró a todos no culpables. La policía es también responsable de la muerte de Vullnet Bytyci, un joven albanés de 18 años, asesinado en septiembre de 2003 mientras intentaba cruzar ilegalmente la frontera. El policía responsable fue condenado a una pena de dos años y tres meses con remisión condicional. La víctima también fue condenada post mortem a tres meses con remisión condicional y puesta a prueba durante tres años, así como a una multa.
Se señalaron varios casos de discriminaciones contra minorías gitanas. “Unas viviendas que pertenecían a gitanos estaban condenadas a la demolición en el marco de operaciones llevadas a cabo despreciando las normas internacionales”, según AI. Las autoridades provocaron varios incendios que destruyeron esas casas.
En octubre de 2005, las autoridades locales y educativas obligaron a padres de alumnos gitanos a retirar a sus hijos de la escuela elemental de Psari, en los suburbios de Atenas, como consecuencia de manifestaciones racistas de otros padres que no deseaban que sus hijos se mezclaran con jóvenes gitanos. Los obligaron a ir a una escuela situada muy lejos de su barrio y reservada a los gitanos. AI condenó severamente esta segregación racial.
En 2005, a miembros de la población musulmana de Thrasa occidental se les privó de su nacionalidad por ausentarse del territorio nacional siendo “no étnicamente griegos”. A estas personas no se les informó a tiempo de la decisión de la retirada de la nacionalidad y no pudieron apelar. Ahora ya no tienen acceso a las prestaciones sociales ni a las pensiones de jubilación.
Un objetor de conciencia fue condenado a tres años y medio de cárcel por negarse a cumplir su servicio militar. Por fin, AI ha denunciado la trata de seres humanos en Grecia así como la violencia y la discriminación contra las mujeres.15
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En Hungría los propios representantes políticos mantienen un clima de odio y racismo contra las minorías. El primer ministro, Ferenc Gyurcsány declaró en febrero de 2005 que el equipo de fútbol de Arabia Saudí contaba con “muchos terroristas”. En el mismo mes, el vicepresidente de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos, Zsolt Semjén, pronunció palabras contra los homosexuales.
«Las comunidades gitana y judía siguen siendo el blanco de ataques y otras infracciones con motivaciones racistas», según AI. Varias familias gitanas fueron expulsadas de su vivienda en pleno invierno a pesar de que existe una moratoria sobre las expulsiones durante esta estación.
La segregación contra gitanos está presente en los campos de la educación, la salud y la vivienda. A más del 25% de los niños gitanos se les obliga a asistir a escuelas especiales. El Estado ha retirado un número desproporcionado de niños gitanos sin verdadera justificación. Más de la mitad de las unidades familiares gitanas no tienen acceso al agua caliente y un 17% vive en zonas donde no existe ninguna posibilidad de atención médica. Además, la policía tiene tendencia a desatender los crímenes cometidos contra los gitanos. Por fin, la violencia doméstica es uno de los numerosos problemas que afectan Hungría.16
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AI acusa a Irlanda de no cuidar a las personas que sufren de una minusvalía mental y denuncia también “las decisiones de internamiento [...] violando las normas internacionales relativas a la privación de libertad”.
La violencia policial está muy extendida con “abusos de poder, malos tratos, racismo institucional y [una] ausencia de obligación de rendir cuentas”. AI deplora también la legislación contra el terrorismo adoptada en 2005 que atenta contra la libertad de asociación y de reunión pacíficas y la libertad de expresión.
Además el aeropuerto de Shannon sirvió de tránsito para el traslado de presuntos terroristas por Estados Unidos, quienes se arriesgaban a “ser torturados o padecer tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Por otra parte, el informe anual de la Inspección de las Prisiones denunció las condiciones contrarias a las normas internacionales. Algunos detenidos que padecen trastornos mentales todavía son enviados a prisiones y no a establecimientos especializados. Un informe del Servicio Social apuntó numerosas detenciones arbitrarias de personas sin techo o que sufren enfermedades mentales.
Los demandantes de asilo y los emigrados siguen padeciendo malos tratos de las autoridades. Los pueblos nómadas sufren todavía el racismo y las prácticas discriminatorias.
En cuanto a las mujeres, siguen siendo las principales víctimas de la violencia doméstica. Los responsables gozan de tal impunidad que el Comité por la Erradicación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas está preocupado por “la persistencia de la violencia contra mujeres y niñas, el mínimo porcentaje de autores de actos de violencia perseguidos y condenados, la alta tasa de retirada de las quejas y la insuficiencia de fondos entregados a las organizaciones que brindan servicios de apoyo a las víctimas”. El Comité critica también “la persistencia de los estereotipos tradicionales en cuanto a los papeles sociales y las responsabilidades sociales de las mujeres, los empleos que ocupan [y] su débil grado de participación en la vida política y pública”.
La situación de los niños no mejora, se sigue encarcelando a los menores en prisiones para adultos, violando la Convención relativa a los derechos del niño de las Naciones Unidas. Por fin, un informe publicado en octubre de 2005 condenó la impunidad de la que se benefician miembros del clero en la diócesis de Ferns, sospechosos de un centenar de actos de pedofilia.17
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La Italia de Silvio Berlusconi fue escenario de muchas violaciones de los derechos humanos. AI lamenta “la ausencia de legislación específicamente destinada a proteger los demandantes de asilo”, mientras que Italia ratificó la Convención relativa al estatuto de los refugiados de las Naciones Unidas. Las numerosas detenciones de los demandantes de asilo violan las normas internacionales de los derechos de los refugiados. Varios miles de personas fueron expulsadas hacia Libia, con gran preocupación del Alto Comisario por los Refugiados. Se relataron varias agresiones contra refugiados cometidas por las fuerzas del orden. A la insalubridad y la superpoblación de los centros de retención migratoria se agregaban la falta de atención médica y la ausencia de toda protección jurídica.
Las brutalidades policiales, que van de la violencia, la privación de sueño, de alimentación y de agua, pasando por la tortura y hasta el rapto de personas, se favorecen por el hecho de que Italia todavía no ha introducido en su Código Penal el crimen de tortura como lo define la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas.
La violencia contra la población penitenciaria condujo a “un gran número de suicidios y actos de automutilación”, según AI, mientras perduraban los problemas de enfermedades infecciosas y de salud mental.
Por fin, a semejanza de otros países europeos, la violencia doméstica y la discriminación de las mujeres, gangrenan Italia.18
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En Letonia las autoridades prohiben los desfiles de gays y lesbianas. El Primer ministro, Aigars Kalvïtis juzgó tales manifestaciones “inaceptables para la mayoría de nuestra sociedad”. Según el informe anual 2005 de la Dirección General de Trabajo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea, Letonia es el único país de la Unión Europea que no ha introducido en su legislación las exigencias de la directiva sobre la igualdad de trabajo. Además, la ley letona no prohibe explícitamente la discriminación fundada en la orientación sexual en materia de empleo.
Por otra parte, se notaron varios actos de torturas imputables a los órganos encargados de aplicar la ley. Entre estos malos tratos físicos se encuentran, según AI, “la asfixia mediante una bolsa de plástico, la estrangulación, golpes violentos, descargas eléctricas o la inmersión de la cabeza del sospechoso en el agua de un lago”.19
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La vecina Lituania no está exenta de reproches. La violencia en el hogar no constituye una infracción según la ley y las mujeres y las niñas son las primeras víctimas.
La trata de seres humanos para explotación sexual ha aumentado enormemente desde la entrada de Lituania en la Unión Europea en 2004. “Alrededor de 2.000 mujeres y niñas fueron llevadas ilegalmente al extranjero. Cerca de un cuarto de estas personas se encuentran en el Reino Unido donde, según Interpol, una quincena de lituanas entre 18 y 25 años se vendían cada mes”, según AI, que nota también “un crecimiento del número de víctimas menores”. AI deplora la insuficiencia de los esfuerzos gubernamentales para poner fin a este tráfico.20
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En Malta, “los demandantes de asilo seguían siendo detenidos, violando el derecho internacional”, según AI, que denuncia la política de encarcelación sistemática que puede llegar a los 18 meses. El 13 de enero de 2005, el gobierno lanzó una violenta represión sobre una manifestación de refugiados que protestaban contra sus deplorables condiciones de detención en Hal Safi. Veintiséis personas tuvieron que ser hospitalizadas.
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes expresó su preocupación en cuanto a las condiciones de detención y a los “malos tratos infligidos de manera deliberada a extranjeros particularmente patadas, puñetazos y golpes de porra”.
Por fin, la violencia contra las mujeres constituye todavía un problema de gran envergadura en Malta.21
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En los Países Bajos, AI señala con el dedo las condiciones de detención y el trato reservados a los demandantes de asilo. El 27 de octubre de 2005, 11 personas perdieron la vida durante el incendio que azotó el centro de retención del aeropuerto de Schiphol en Amsterdam, superpoblado con 350 personas. En el pasado, este centro se quemó en dos ocasiones en 2003 y 2004. A pesar de las recomendaciones que hicieron los servicios de prevención incendios, las autoridades no tomaron ninguna medida, provocando una nueva tragedia.22
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Polonia forma parte de los países que han exigido con virulencia la imposición de sanciones contra Cuba por violaciones de los derechos humanos, partiendo desde luego del principio de que ella era intachable al respecto. Pero el informe de Amnistía Internacional es abrumador.
La primera medida que tomó el nuevo gobierno, electo en 2005, fue suprimir el Buró del plenipotenciario para la igualdad de los sexos, convirtiendo a Polonia en el único país de la Unión Europa que no está dotado de este organismo. “El racismo y la intolerancia contra las minorías se observan tanto en la esfera pública como privada”, según AI.
En efecto, el actual presidente, Lech Kaczynskie, había prohibido el desfile por la igualdad en junio de 2005 en Varsovia, calificando la marcha homosexual de “obscena”. Menos de una semana más tarde, autorizaba el desfile por la normalidad organizado por un grupo extremista homófobo. Varias ciudades del país limitan los derechos de los homosexuales a la libertad de expresión, como Poznan.
La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) expresó su preocupación por el hecho de que las autoridades polacas no abrían casi ninguna investigación por odio racial y permitían la venta libre de documentos antisemitas. Denunció la clemencia de la que gozaban los autores de violencia y crímenes racistas.23
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Portugal también es culpable de graves violaciones de los derechos humanos. “Otra vez este año, casos de malos tratos imputables a policías suscitaron preocupaciones en cuanto a la falta de respeto del derecho internacional y de las normas universalmente reconocidas por parte de Portugal”, subraya AI. Un ciudadano, José Reis, falleció en detención preventiva después de que la policía lo golpeara violentamente. Lo encontraron ahorcado en su celda una hora después de su arresto. Otras tres personas perdieron la vida bajo las balas de la policía.
Por otra parte, 33 mujeres murieron a causa de violencia doméstica, 29 de ellas asesinadas por sus maridos.24
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La República Checa es el país que lleva a cabo la campaña más vindicativa contra el gobierno de La Habana. A este respecto, el ministro de Relaciones Exteriores, Cyril Svodoba, se alegró al ver “la firma checa” en la declaración común europea. Llegó a exigir una política de aislamiento de Cuba con la instauración de un embargo. Se quejó de que la Unión Europea no hubiera impuesto sanciones económicas a la Isla; sanciones que hubieran tenido consecuencias desastrosas para la población.25
Ironías de la historia, el informe de Amnistía Internacional sobre la nación checa es uno de los más terroríficos de toda la Europa de los 25. Las discriminaciones contra los gitanos se han multiplicado y tocan los campos del trabajo, de la vivienda y de la educación. “Las agresiones racistas violentas que apuntan a esta población también han sido frecuentes”, lamenta AI, que agrega:
“En junio [de 2005], el municipio de Bohumin, una ciudad situada al norte del país, pronunció una orden de expulsión contra un grupo de personas, la mayoría gitanas, que vivían en una residencia social destinada a transformarse en edificio de lujo. El municipio no hizo ninguna propuesta alternativa para alojar a esta población despojada. Al contrario, propuso separar a los hombres de las mujeres y de los niños y alojar a éstos últimos en residencias para madres aisladas. La mayor parte de los residentes del lugar se fueron pero 14 de ellos apelaron la orden de expulsión y en noviembre, una jurisdicción nacional los obligó a que desalojaran el lugar sin exigirle al municipio una solución de sustitución”.26
Por otra parte, la Corte Europea condenó al Estado checo por discriminación racial, después de que 18 alumnos gitanos presentaran una denuncia. Habían sido transferidos –a causa de su origen étnico– a establecimientos especializados reservados a enfermos mentales. AI también denunció las brutalidades policiales sistemáticas contra los gitanos, particularmente los menores, así como la impunidad de la cual gozaban los responsables de estas exacciones.
Una de las violaciones de derechos humanos más sórdidas que se cometen en República checa tiene que ver con los enfermos mentales. Según AI, el Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales “toleraba todavía [el uso de camas-jaulas] en las residencias de ayuda social” en las que estaban encerrados los pacientes. El Parlamento incluso adoptó una ley que legaliza el uso de la coacción ilimitada en todas las instituciones de ayuda social.
No obstante, la palma de la infamia corresponde a una práctica que toca otra vez a la comunidad gitana: la esterilización forzosa de las mujeres. Más de 80 mujeres presentaron una denuncia contra hospitales que procedieron a este tipo de mutilación interna. Hasta la fecha, la justicia médica no ha molestado a ningún médico.27
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El Reino Unido, aliado de Estados Unidos es sin lugar a dudas responsable de las peores violaciones de derechos humanos de la Unión Europea. Según AI, “como los años anteriores, el gobierno violó los derechos fundamentales de la persona, la primacía de la ley y la independencia de la magistratura. Así buscó poner en tela de juicio la prohibición de la tortura en el territorio y el extranjero e hizo adoptar –o intentó hacer adoptar– leyes no conformes con el derecho nacional y las normas internacionales en materia de derechos humanos”.
En nombre de la lucha contra el terrorismo, el gobierno británico detuvo durante un período indeterminado a personas sin prueba alguna. A pesar de la decisión que tomó en diciembre de 2004 el Comité de Apelación de la Cámara de los Lores que estipulaba que la detención ilimitada era ilegal, las víctimas todavía no han sido liberadas. De ahora en adelante, el poder “puede acusar, juzgar y condenar a una persona, pero sin ofrecerle las garantías de equidad exigidas en los asuntos penales”, según AI.
En junio de 2005, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CTP) concluyó que la detención indefinida había provocado trastornos mentales entre la mayoría de las personas encarceladas, y que se asimilaba a “un trato inhumano y degradante”.
Por su parte, el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa expresó su preocupación por la aceptación de pruebas conseguidas bajo la tortura, las condiciones carcelarias, el trato reservado a los demandantes de asilo, la edad poco elevada de la responsabilidad penal, la discriminación así como “la necesidad de abrir investigaciones públicas con el fin de poner en claro los homicidios perpetrados en Irlanda del Norte en los que el Reino Unido estuviera implicado”.
El Gobierno también firmó acuerdos para trasladar personas hacia países donde se arriesgarían a la tortura, particularmente hacia diferentes centros de detención estadounidenses repartidos por el mundo.
Por otra parte, la violencia policial costó la vida al menos a una persona y el fiscal se negó, en octubre de 2005, a entablar diligencias judiciales contra los responsables.
“Mofándose del derecho internacional y de su propia legislación en materia de derechos humanos, el Reino Unido participó en la detención preventiva de al menos 10.000 personas en Iraq”, según AI.
Los refugiados y demandantes de asilo también sufrieron graves atentados contra sus derechos fundamentales. Muchos de ellos fueron encarcelados en virtud de la Ley de inmigración; entre ellos figuraban familias con niños y víctimas de tortura. “Estaban ubicados en establecimientos siniestros de tipo carcelario”, según AI. Varios de ellos fueron víctimas de humillaciones racistas y maltratados.
En cuanto a las prisiones, Martin Narey, Director Nacional de la Administración Penitenciaria, denunció el aumento sin precedentes del número de personas detenidas, así como las condiciones “vergonzosas” de encarcelamiento.
Al menos tres opositores políticos, Robert Hamill, Billy Wright y Rosemary Nelson, fueron asesinados por las fuerzas de seguridad en Irlanda del Norte.
La violencia contra las mujeres ha tomado proporciones espantosas: como media, dos mujeres eran asesinadas cada semana por sus maridos. Además, las suaves condenas en los asuntos de violación favorecían el auge de estos crímenes. Según AI, “sólo el 5,6% de las violaciones denunciadas desembocaban en una condena”.28
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En Eslovaquia las discriminaciones contra los gitanos están todavía vigentes, tanto desde las instituciones estatales como en el sector privado. Esta minoría de 500.000 personas todavía tiene muchas dificultades para acceder a la enseñanza, a la vivienda, a la ayuda social y a la atención médica.
El gobierno eslovaco ha defendido el internamiento de niños gitanos en escuelas especializadas. Las autoridades de la ciudad de Dobsiná anularon un proyecto de construcción de viviendas para los gitanos, después de recibir una petición racista que emitieron personalidades políticas de extrema derecha, lo que constituye una violación de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Según AI, el alcalde de la ciudad Záhorská expropió ilegalmente a la familia Sarkosi Ves, después que su casa fuera destruida por un incendio criminal con motivaciones racistas.
De la misma manera que su hermana checa, Eslovaquia procedió a la esterilización forzosa de mujeres gitanas.29
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Eslovenia no está exenta de violaciones de los derechos humanos. Cerca de 18.300 personas originarias de la ex Yugoslavia que vivían en el país habían sido eliminadas de los registros de población eslovenos en 1992. Todavía no han conseguido reparación. Aún no gozan de todos sus derechos económicos y sociales “particularmente en materia de trabajo, salud y educación”, según AI. Cerca de 6.000 “cancelados” aún no tienen la nacionalidad eslovena a pesar de la decisión de la Corte Constitucional que declaró ilegales estas expulsiones.
Los niños gitanos todavía no están integrados en el sistema escolar, pues el gobierno esloveno alienta la apertura en ciertas escuelas primarias con aulas específicamente reservadas para ellos, con programas diferentes. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó en julio de 2005 estas discriminaciones contra gitanos.30
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Suecia es también una de las naciones europeas que exige más firmeza contra La Habana. Pero en materia de derechos humanos, este país escandinavo no tiene realmente lecciones que dar. En mayo de 2005, el Comité contra la Tortura de la ONU condenó a Suecia por haber expulsado hacia Bangladesh a una joven refugiada política que había sido violada por policías. Según el Comité, las autoridades suecas no habían negado el hecho de que había sido perseguida, encarcelada, torturada y violada, pero igual procedieron a su expulsión.
En noviembre de 2005, la Corte Europea de Derechos Humanos confirmó por unanimidad que la expulsión de cuatro sirios se asimilaba “a una violación de su derecho a la vida y de la prohibición de todo trato inhumano o degradante”. Suecia también procedió a otras expulsiones hacia países que practicaban la tortura, siendo condenadas todas por el Comité contra la Tortura. Los derechos de los refugiados y demandantes de asilo fueron sistemáticamente violados sobre todo cuando se trataba de gitanos, cuyas demandas eran consideradas por las autoridades como “manifiestamente carentes de fundamento”.
Como en numerosos países europeos, Suecia sufre la epidemia de la violencia contra las mujeres.
Por fin, la superpoblación carcelaria así como las malas condiciones de detención son motivos de preocupación para AI.31
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Aunque Estados Unidos no forme parte de Europa, es imprescindible echar un ojo a la situación de los derechos humanos en este país, en la medida en que la política de sanciones de la Unión Europea contra Cuba responde ante todo a una exigencia de Washington. Ningún país occidental presenta una situación más desastrosa que la “primera democracia del mundo”.
En Guantánamo, cerca de 500 personas de 35 nacionalidades diferentes -varias de ellas menores cuando fueron arrestadas en 2001-, están todavía detenidas sin acusación ni juicio. La mayoría no tienen ningún tipo de asistencia jurídica. En agosto de 2005, varios centenares de detenidos se declararon en huelga de hambre para protestar contra los malos tratos que sufrían regularmente. Los guardias han alimentado violentamente a varios de ellos introduciendo a la fuerza sondas alimentarias por la nariz, y los han maltratado. A pesar de esas torturas, la huelga aún sigue. En noviembre de 2005, tres expertos de derechos humanos de la ONU declinaron la invitación de las autoridades estadounidenses para visitar Guantánamo, pues iba acompañada de restricciones inaceptables.
Por otra parte, AI condenó la creación de comisiones militares que hacen las veces de tribunales que no son ni “independientes [ni] imparciales”. Entre los acusados se encuentra Omar Khadr, que tenía quince años cuando fue arrestado, y cuya “salud mental y los malos tratos” que sufre “suscita[n] una gran preocupación”.
En Iraq, las fuerzas estadounidenses han detenido a miles de personas sin acusación ni juicio. En Afganistán, en la base de Bagram, varios centenares de personas están encarceladas y “privadas – para algunas desde hace más de un año – de todo contacto con sus familias o con un abogado [...]. Varios casos de malos tratos se señalaron en tales instalaciones; consistían especialmente en desvestir completamente a los detenidos durante los interrogatorios y privarlos de comida y de sueño”.
La CIA dirige una red de centros de detención secretos por todo el mundo, incluso en Europa. Numerosas personas están detenidas fuera de todo marco legal “y se encuentran en situaciones equivalentes a desapariciones”, según AI. La organización añade que “nuevos casos de muerte en detención, de tortura y de malos tratos imputables a las fuerzas estadounidenses [...] se han revelado. Nuevas publicaciones describieron técnicas de interrogatorio que fueron aprobadas por las autoridades estadounidenses en diferentes momentos para las personas detenidas en nombre de la ‘guerra contra el terrorismo’; estos métodos incluían el uso de perros para suscitar el terror, las posiciones duras, la exposición a temperaturas extremas, la privación de sueño y el mantenimiento en aislamiento”, precisa AI.
El ejército estadounidense confirma que sus soldados cometieron al menos 27 asesinatos, muchos de ellos “a causa de actos de tortura durante o después de su interrogatorio”. Ninguno de los subalternos enjuiciados por estos crímenes recibió una pena correspondiente a la gravedad de las infracciones. Por ejemplo, siete soldados culpables de asesinato, actos de tortura y crímenes de guerra en la base de Bagram fueron condenados a penas que van de cinco meses de cárcel a una sanción administrativa. Ningún militar de alto rango ha sido enjuiciado.
Las violaciones de los derechos humanos son también numerosas en Estados Unidos. Después de más de tres años, el ciudadano José Padilla ha sido enjuiciado por complot de asesinato. “El acta de acusación no hace ninguna mención de los cargos que le habían valido ser inicialmente detenido”, según AI. En cuanto a Ali Saleh Kahlah al Marri, el ejército estadounidense lo detiene sin acusación, y sufre de “graves atentados contra [su] salud física y mental [...] a causa del trato que le infligen”.
Varios nuevos prisioneros políticos se agregan a la larga lista de personas que se encuentran en la cárcel por su opinión diferente. Kevin Benderman fue condenado a 15 meses de prisión por negarse a servir en Iraq, después de que le negaran el estatuto de objetor de conciencia. Camilo Mejia Castillo, Abdullah Wabster y Pablo Paredes también fueron encarcelados por negarse a participar en la invasión de Iraq.
AI también denunció el juicio “manchado de irregularidades” del ciudadano estadounidense Ahmed Omar Abu Ali, acusado de complot terrorista. El tribunal había aceptado recibir confesiones conseguidas bajo tortura. Abu Ali declaró que los agentes lo habían azotado y amenazado de muerte durante su detención secreta en Arabia Saudí.
Se cometen innumerables atropellos policiales contra personas procedentes de las minorías. Cerca de 61 personas murieron después de ser víctimas de pistolas paralizantes de la policía, lo que lleva el número total de fallecimientos a 141 desde 2001. Además, según AI, “la mayor parte de las personas muertas en estas circunstancias eran hombres no armados, que no parecían constituir una amenaza real cuando fueron sometidos a las descargas eléctricas”. La organización añade que “personas que sufren de trastornos mentales, individuos en estado de embriaguez, niños y ancianos figuraban entre la gente apuntada”.
En febrero de 2005, una joven de 13 años fue sometida a estas descargas eléctricas mientras se encontraba esposada detrás del vehículo de una patrulla. En el mismo mes, un adolescente de 14 años tuvo un ataque cardíaco en Chicago después de recibir descargas eléctricas de un policía. Kevin Omar, de 17 años, estuvo en coma después de recibir tres choques eléctricos en Waco en Texas, y falleció dos días más tarde.
Los derechos fundamentales de los homosexuales se violan regularmente por los servicios de policía, según AI. La organización denuncia también los tratos discriminatorios y la violencia verbal y física contra las minorías sexuales.
La aplicación de la pena de muerte causó 60 nuevas víctimas en 2005, lo que lleva a 1.005 el número total de prisioneros ejecutados en Estados Unidos desde el levantamiento de la moratoria sobre la pena capital en 1977. Por otra parte, dos personas abandonaron el corredor de la muerte después de haber sido declarados inocentes, uniéndose así a las 120 personas condenadas al castigo último y exculpadas desde 1973. Cerca de 22 menores fueron ejecutados desde 1977. La organización internacional afirma que “Estados Unidos sigue ejecutando a personas que sufren de enfermedades o trastornos mentales, prisioneros que habían sido privados de una asistencia jurídica adecuada durante su juicio y personas condenadas sobre la base de elementos cuya fiabilidad había sido contestada”.
Por ejemplo, Troy Kunkle fue ejecutado en Texas el 25 de enero de 2005, mientras sufría de esquizofrenia y acababa de cumplir 18 años en el momento del crimen. También Frances Newton fue ejecutada el 14 de septiembre de 2005, a pesar de las dudas que pesaban sobre su condena y la falta de pruebas. Nunca había dejado de clamar su inocencia.
El cataclismo natural llamado “huracán Katrina” causó más de un millar de muertes y dejó a varios miles de personas sin techo. Las autoridades gubernamentales abandonaron a su suerte a centenares de víctimas. Los guardias de la prisión Parish, en Nueva Orleans abandonaron a un gran número de detenidos, sin agua potable ni comida. Varios se ahogaron en sus celdas.
Para terminar, al menos 2.225 delincuentes menores de edad purgan actualmente penas de cárcel a perpetuidad en las prisiones estadounidenses, mientras que la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas prohibe estas condenas. Un 16% de los delincuentes tenían entre 13 y 15 años en el momento de los hechos y un 59% recibieron esta pena por su primera condena. Según AI, “un gran número de estos delincuentes fue reconocido culpable de ‘felony murder’, calificación penal que dice que la persona que participó en un acto criminal en el que se cometió un asesinato es declarada culpable de este homicidio, incluso sin prueba directa de su participación en él”.
En Estados Unidos, asistir a una persona en peligro puede llevar a la cárcel. Dos miembros de una red de voluntarios llamada No More Deaths, Daniel Strauss y Shanti Sellz, fueron arrestados por conducir a tres mexicanos perdidos en el desierto de Arizona y gravemente deshidratados a un lugar donde podrían recibir atención médica urgente. Arriesgan actualmente 15 años de cárcel por traslado ilegal de extranjeros.32
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El informe sobre Cuba de Amnistía Internacional señala “restricciones a la libertad de expresión, de asociación y de movimiento” y 70 prisioneros de opinión. Pero AI reconoce que en mayo de 2005 “una coalición de más de 350 organizaciones no gubernamentales (ONG) independientes”, que reunió un centenar de personas, “organizó la concentración de opositores más grande jamás observada en Cuba”.33
En cuanto a los 70 prisioneros de opinión, el Gobierno cubano no niega su presencia en la cárcel, pero afirma que estas personas fueron arrestadas y condenadas únicamente por haber recibido financiación de Estados Unidos. En efecto, durante los arrestos en marzo de 2003, 87 personas habían sido detenidas y 12 de ellas eran en realidad agentes de los servicios de inteligencia de Cuba, que habían infiltrado a los grupos de oposición. Las pruebas presentadas contra ellos por colaboración con una potencia extranjera fueron expuestas en los diferentes juicios. La tolerancia del congreso de la disidencia de mayo de 2005 confirma la información de las autoridades cubanas. Otra fuente que apoya esta tesis es indiscutible: Washington admite en sus propios documentos oficiales que dispone de un presupuesto de 50 millones de dólares destinado a la fabricación de una oposición interna.34
Contrariamente a lo que ocurre en los países de la Unión Europea y en Estados Unidos, Amnistía internacional no ha mencionado en Cuba ni un solo caso de asesinato político (Reino Unido, Estados Unidos), de tortura o trato inhumano (Bélgica, Chipre, Estonia, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Malta, República Checa, Reino Unido), de uso de pruebas conseguidas bajo tortura (Alemania, Chipre, Estados Unidos), de ejecución (Estados Unidos), de ejecución de niños o enfermos mentales (Estados Unidos), de desapariciones (Estonia, Estados Unidos), de violación del derecho a la vida (Suecia), de rapto de personas por las autoridades (Italia), de impunidad después de un crimen cometido por agentes del Estado (Austria, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, República Checa, Reino Unido), de tráfico de seres humanos (Grecia, Lituania), de violencia contra los menores por parte de agentes del Estado (España, Estonia, República Checa, Eslovaquia), de violencia contra las mujeres (la mayor parte de los países europeos), de violencia contra las minorías (Alemania, Estonia, Estados Unidos, Francia, Grecia, República Checa, Reino Unido, Eslovaquia), de racismo o discriminación (la mayor parte de los países europeos y Estados Unidos), de niños privados de escuela (Grecia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Letonia, Eslovenia), de internamiento de niños a causa de su origen étnico (República Checa, Eslovaquia), de esterilización forzada de mujeres procedentes de minorías (República Checa, Eslovaquia), de ciudadanos que perdieron su nacionalidad (Grecia, Eslovenia), de uso de camas-jaulas para encerrar a los enfermos mentales (República Checa), de represión de manifestantes (Chipre, Malta), de familias expulsadas de sus viviendas, a veces en pleno invierno (Hungría), de violencia contra minusválidos (República Checa), de menores encarcelados (España, Estados Unidos, Estonia, Irlanda), de enfermos mentales encarcelados (Austria, Irlanda, Italia, Estados Unidos), de suicidios en prisión (Italia), de automutilación en prisión (Italia), de falta de atención médica (Estonia, Estados Unidos, Italia, Reino Unido), de violencia policial (casi todos los países europeos), de despido abusivo (Austria), de venta de armas a países violadores de los derechos humanos (Austria), de suspensión de las garantías constitucionales (Francia), de trata de seres humanos (Grecia), de incitación al odio racial y a la discriminación por las autoridades (Hungría, Letonia) o de expulsión de demandantes de asilo (Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Grecia). Amnistía Internacional jamás ha hablado de malas condiciones de detención en Cuba, contrariamente a la situación que prevalece en la mayor parte de las prisiones europeas.
Al ver los informes de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el seno de la Unión Europea comparada con la de Cuba, la pertinencia y la legitimidad de las sanciones contra la Isla del Caribe son nulas. En efecto, la casi totalidad de la Europa de los 25 presenta una situación peor que la de Cuba. Por otra parte, a pesar de las enormes actividades de presión que Estados Unidos y la Unión Europea llevaron a cabo para impedir que Cuba integrara el nuevo Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 135 países miembros, o sea más de los 2/3 de la Asamblea general, escogieron a la Isla para que los representara. En realidad, Estados Unidos y Europa han impuesto una visión politizada de la realidad cubana que el resto del mundo no comparte de ninguna manera.
Las razones de semejante hostilidad son otras, y la Unión Europea lo expresó claramente en su comunicado oficial: el sistema político, económico y social cubano y la no instauración de una economía de mercado.
Notas
1 Conseil de l’Union européenne, «Conclusion du Conseil sur Cuba», 2737ème session du Conseil Relations Extérieures, Luxemburgo, 12 de junio de 2006.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Amnistie Internationale, «Rapport annuel 2006: Allemagne», abril de 2006.
http://web.amnesty.org/report2006/deu-summary-fra (sitio consultado el 10 de abril de 2006).
7 Amnistie Internationale, «Rapport annuel 2006: Autriche», abril de 2006.
http://web.amnesty.org/report2006/aut-summary-fra (sitio consultado el 10 de abril de 2006).
8 Amnistie Internationale, «Rapport annuel 2006: Belgique», abril de 2006.
http://web.amnesty.org/report2006/bel-summary-fra (sitio consultado el 10 de abril de 2006).
9 Amnistie Internationale, «Rapport annuel 2006: Chypre», abril de 2006.
http://web.amnesty.org/report2006/cyp-summary-fra (sitio consultado el 10 de abril de 2006).
10 Amnistie Internationale, «Rapport annuel 2006: Espagne», abril de 2006.
http://web.amnesty.org/report2006/esp-summary-fra (sitio consultado el 10 de abril de 2006).
11 Amnistie Internationale, «Rapport annuel 2006: Estonie», abril de 2006.
http://web.amnesty.org/report2006/est-summary-fra (sitio consultado el 10 de abril de 2006).
12 Amnistie Internationale, «Rapport annuel 2006: Finlande», abril de 2006.
http://web.amnesty.org/report2006/fin-summary-fra (sitio consultado el 10 de abril de 2006).
13 Amnistie Internationale, «Rapport annuel 2006: France», abril de 2006.
http://web.amnesty.org/report2006/fra-summary-fra (sitio consultado el 10 de abril de 2006).
14 Ibid.
15 Amnistie Internationale, «Rapport annuel 2006: Grèce», abril de 2006.
http://web.amnesty.org/report2006/grc-summary-fra (sitio consultado el 10 de abril de 2006).
16 Amnistie Internationale, «Rapport annuel 2006: Hongrie», abril de 2006.
http://web.amnesty.org/report2006/hun-summary-fra (sitio consultado el 10 de abril de 2006).
17 Amnistie Internationale, «Rapport annuel 2006: Irlande», abril de 2006.
http://web.amnesty.org/report2006/irl-summary-fra (sitio consultado el 10 de abril de 2006).
18 Amnistie Internationale, «Rapport annuel 2006: Italie», abril de 2006.
http://web.amnesty.org/report2006/ita-summary-fra (sitio consultado el 10 de abril de 2006).
19 Amnistie Internationale, «Rapport annuel 2006: Lettonie», abril de 2006.
http://web.amnesty.org/report2006/lva-summary-fra (sitio consultado el 10 de abril de 2006).
20 Amnistie Internationale, «Rapport annuel 2006: Lituanie», abril de 2006.
http://web.amnesty.org/report2006/ltu-summary-fra (sitio consultado el 10 de abril de 2006).
21 Amnistie Internationale, «Rapport annuel 2006: Malte», abril de 2006.
http://web.amnesty.org/report2006/mlt-summary-fra (sitio consultado el 10 de abril de 2006).
22 Amnistie Internationale, «Rapport annuel 2006: Pays-Bas», abril de 2006.
http://web.amnesty.org/report2006/nld-summary-fra (sitio consultado el 10 de abril de 2006).
23 Amnistie Internationale, «Rapport annuel 2006: Pologne», abril de 2006.
http://web.amnesty.org/report2006/pol-summary-fra (sitio consultado el 10 de abril de 2006).
24 Amnistie Internationale, «Rapport annuel 2006: Portugal», abril de 2006.
http://web.amnesty.org/report2006/prt-summary-fra (sitio consultado el 10 de abril de 2006).
25 Anna Kubista, «La diplomatie tchèque marque un point au sein de l’UE dans sa lutte contre le régime castriste», Radio Prague, 13 de junio de 2006.
26 Amnistie Internationale, «Rapport annuel 2006: République tchèque», abril de 2006.
http://web.amnesty.org/report2006/cze-summary-fra (sitio consultado el 10 de abril de 2006).
27 Ibid.
28 Amnistie Internationale, «Rapport annuel 2006: Royaume-Uni», abril de 2006.
http://web.amnesty.org/report2006/gbr-summary-fra (sitio consultado el 10 de abril de 2006).
29 Amnistie Internationale, «Rapport annuel 2006: Slovaquie», abril de 2006.
http://web.amnesty.org/report2006/svk-summary-fra (sitio consultado el 10 de abril de 2006).
30 Amnistie Internationale, «Rapport annuel 2006: Slovénie», abril de 2006.
http://web.amnesty.org/report2006/svn-summary-fra (sitio consultado el 10 de abril de 2006).
31 Amnistie Internationale, «Rapport annuel 2006: Suède», avril 2006.
http://web.amnesty.org/report2006/swe-summary-fra (sitio consultado el 10 de abril de 2006).
32 Amnistie Internationale, «Rapport annuel 2006: Etats-Unis», abril de 2006.
http://web.amnesty.org/report2006/usa-summary-fra (sitio consultado el 10 de abril de 2006).
33 Amnistie Internationale, «Rapport annuel 2006: Cuba», abril de 2006.
http://web.amnesty.org/report2006/cub-summary-fra (sitio consultado el 10 de abril de 2006).
34 Colin L. Powell, Commission for Assistance to a Free Cuba, (Washington: United States Department of State, mayo de 2004).
www.state.gov/documents/organization/32334.pdf (sitio consultado el 7 de mayo de 2004), p. 16; Roger F. Noriega, «Assistant Secretary Noriega’s Statement Before the House of Representatives Committee on International Relations», Department of State, 3 de marzo de 2005.
www.state.gov/p/wha/rls/rm/2005/ql/42986.htm (sitio consultado el 9 de abril de 2005).
Revisado por Caty R.
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