ESPAÑA
¿Quién teme a las balanzas fiscales?
balanzas fiscales
@Carlos Sánchez.-10/04/2008 06:00h
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El anuncio realizado por el presidente del Gobierno sobre la próxima publicación de las balanzas fiscales ha provocado un considerable revuelo en algunos medios. Hay quien piensa que estamos ante el principio del fin de la solidaridad interregional, y de ahí que se considere un atropello su publicación. La alarma podría estar justificada, pero no parece que vayan por ahí los tiros. Tanto Pedro Solbes como el presidente Zapatero -ambos en funciones- han dejado claro que el resultado de las balanzas fiscales no se tendrá en cuenta a la hora de negociar el nuevo modelo de financiación autonómica.
Habrá quien piense, por lo tanto, que se trata de un debate estéril, ya que si no se van a aplicar las conclusiones, carece de sentido polemizar sobre algo que se presenta únicamente en el plano teórico. Se trata de una verdad a medias. Parece evidente que cuando se conozcan los resultados, éstos van a entrar como un obús en el debate político, y de ahí que parezca equivocado pensar que su publicación será intranscendente. Todo lo contrario, cuando se conozca -ahora de forma oficial- que la solidaridad interregional descansa en apenas cuatro regiones (Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares), se armará un considerable revuelo. ¿Quién tiene razón? ¿Para qué sirve conocer las balanzas fiscales? Este artículo pretende responder a esas preguntas.
El debate sobre las balanzas fiscales nació en España en los 60, y Cataluña fue prácticamente desde el inicio de las discusiones la punta de lanza. No se trata, por lo tanto, de un debate nuevo, sino de largo recorrido, que va más allá del oportunismo político que en cada momento histórico han esgrimido las formaciones políticas. Las bases teóricas sobre las que se asientan las balanzas fiscales son bien simples. La acción del sector público -en este caso la Administración Central del Estado- se manifiesta a través de dos componentes: los ingresos y el gasto. Es decir, las balanzas fiscales no son más que el saldo entre lo que recauda una determinada administración en un territorio vía impuestos y lo que retorna a esa jurisdicción vía transferencias, subvenciones o inversiones.
Una función informativa
Las balanzas fiscales tienen, por lo tanto, una función estrictamente informativa. Tratan de conocer cómo funcionan los flujos financieros entre comunidades autónomas y gobierno central. O dicho en palabras del profesor Guillem López Casasnovas, “la función de una balanza fiscal no es la de valorar si esta distribución es justa o no, sino la de hacerla explícita”.
Con este objetivo, en los últimos años se han constituido muchos grupos de trabajo que tratan de analizar en qué medida actúa la acción inversora del Estado en función de cada uno de los territorios. La última Comisión –de carácter oficial- fue creada hace poco más de un año en el seno del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), y su misión fundamental era poner orden al galimatías metodológico que habitualmente arrastra este asunto. Tras meses de discusión, los expertos llegaron a un acuerdo sobre las distintas metodologías a utilizar; pero, por el momento, nadie ha puesto números (al menos que se sepa) a las conclusiones.
Se trata de un asunto peliagudo, pero sí hay consenso entre los especialistas en utilizar dos enfoques, el llamado enfoque monetario y el llamado flujo del beneficio.
Según el enfoque del flujo monetario, se atribuye el gasto público a la región en la que se materializa el gasto, o dicho de otra manera, donde se localiza el personal, el uso de bienes corrientes y servicios, la percepción de las transferencias y la realización de las inversiones. Esto supone dar al criterio de flujo monetario un sentido ‘real’ frente a la alternativa de darle un sentido de ‘flujo de tesorería’, que llevaría a atribuir el gasto público en la región en la que el sector público efectúa el pago. Por ejemplo, en el caso de las compras de bienes y servicios se imputan en la región donde se utilizan, y no en la región donde se han adquirido y en el caso de las inversiones se imputan en la región donde se materializan.
Según el enfoque del flujo del beneficio, la asignación del gasto se realiza en la región donde reside el beneficiario, independientemente de donde se produce el servicio público o se realiza la inversión. En este caso,
es necesario establecer hipótesis sobre el ámbito de los beneficiarios y sobre la cuantificación de los beneficios que los bienes y servicios les proporcionan.Un clavo ardiendo
Es evidente que la aplicación práctica de ambas metodologías dará resultados distintos, y de ahí que la elección de uno u otro enfoque sea un asunto crucial. Hasta el punto de que quienes se oponen a que se publiquen las balanzas fiscales se agarran a este argumento como un clavo ardiendo. En realidad se trata de una argucia dialéctica. Es obvio que cualquier metodología -incluida la que se utiliza para elaborar el IPC o la EPA- está sujeta al principio de contradicción, pero existe un consenso entre los expertos en que la metodología aceptada es la más correcta, por lo que no deja de ser una convención el uso de cualquiera de los enfoques. O incluso de los dos.
La regionalización de las cuentas públicas tampoco parece que sea un problema. El INE publica anualmente la Contabilidad Regional de España y nadie se tira de los pelos por ello. La metodología está inspirada por Eurostat, lo que permite evitar cualquier suspicacia sobre a quién beneficia Estadística. Hacienda, igualmente, delimita las fronteras regionales a la hora de repartir el IVA o los impuestos especiales, ya que las comunidades autónomas cuentan con un porcentaje de participación relevante. La regionalización de las cuentas públicas, no es, por lo tanto, un problema desde el punto de vista metodológico. En Alemania se publican periódicamente las balanzas fiscales y no se arma el guirigay español.
Otra cosa bien distinta es su utilización política. Parece evidente que el conocer los flujos entre comunidades autónomas y Gobierno central es un instrumento de política económica razonable toda vez que permite garantizar la cohesión. Si no se supiera cuánto destina ‘el Gobierno de Madrid’ a Extremadura o Murcia, no se podría conocer la eficacia de su política redistributiva, en última instancia una de las funciones clásicas del Estado.
Andalucía, el caso más espectacular
Los datos más recientes sobre balanzas fiscales fueron publicados por la Fundación BBVA a partir de un trabajo de los profesores Barberán y Uriel, dos autoridades en la materia, y los resultados no dejan lugar a dudas. La Comunidad de Madrid tiene un saldo negativo (diferencia entre lo que contribuye y lo que recibe) equivalente a 12.304 millones de euros, prácticamente el doble de los 6.934 millones de euros que acumula Cataluña. Baleares se sitúa muy lejos de esos territorios (-770 millones), mientras que la Comunidad Valenciana tiene un saldo negativo de 228 millones de euros. Sobre estas cuatro comunidades recae realmente la solidaridad del sistema fiscal, ya que son las únicas que pagan más de lo que reciben. El resto tiene un saldo positivo.
El caso más espectacular es el de
Andalucía, que recibe 10.237 millones de euros más de los que aporta. A continuación se encuentran Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura y Asturias, con saldos positivos que se sitúan entre 4.000 y 2.000 millones de euros.
Cuando los saldos se miden respecto al PIB, el orden es muy similar al obtenido por el saldo per cápita. Los valores para las comunidades que tienen saldo negativo son: Madrid (-10,2% de su PIB regional), Cataluña (-5,2%) y Baleares (-4,3%). Las comunidades con saldo positivo y ratio más elevada son las mismas que en los saldos per cápita: Melilla (22%), Extremadura (22%), Ceuta (19,4%) y Asturias (14,5%).
Destaca, sin embargo, la significativa alteración de posiciones de las comunidades con régimen foral de financiación. Así, Navarra, que está en la segunda posición por PIB per capita (es la segunda región más rica del país), se coloca en la posición siete por saldo per capita en cuanto a solidaridad. En tanto que País Vasco pasa de la tercera a la novena posición.
Estos son los datos. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato?
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